José Manuel Victoria Mendoza
Expediente 877/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 877/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José Manuel Victoria Mendoza
Actuaciones
- Principal
PRAL 877/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Tribunal acusa recibo. Agréguese el oficio firmado por la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con residencia en esta localidad, mediante el cual acusa recibo de las constancias remitidas por este Juzgado para la sustanciación del recurso de queja interpuesto por el quejoso **********, contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés por la cual se desechó su demanda de amparo. Admisión del medio de impugnación. De la comunicación de cuenta se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el medio de impugnación interpuesto, quedando registrado como recurso de queja 277/2023. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 877/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Remisión al Tribunal de Alzada Vistos los autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado para su envío al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en este municipio, para sustanciar el recurso de queja interpuesto por el quejoso ******************** contra la resolución de trece de septiembre de este año, en la que se desechó la demanda de amparo. Lo anterior, en razón que el veinticinco de este mes la parte quejosa quedó notificada del proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se dio trámite al medio de impugnación. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja y envíese el I) expediente físico y electrónico, así como II) el escrito de interposición del recurso, para la sustanciación del citado medio de impugnación. Por lo anterior, instrúyase a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que habilite los permisos necesarios para efectuar la vinculación electrónica de este expediente y el que se radique en el Tribunal Colegiado. Cuaderno de antecedentes Para efectos del control de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se ordena formar cuaderno de antecedentes únicamente con las constancias físicas que se generen a partir de este acuerdo; de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 877/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Recurso de queja Agréguese a los autos una copia del escrito firmado por el quejoso ********; en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se le tiene interponiendo recurso de queja contra la resolución de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se desechó la demanda de amparo. En esas condiciones, una vez que el quejoso quede notificado de este proveído, acuérdese lo relativo a la remisión de las constancias correspondientes al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del referido recurso. Sin que resulte necesario dar vista a la parte quejosa para que señale constancias que deberían remitirse al Tribunal de Alzada; en razón que se enviará todo lo actuado, debido a que no existen más actuaciones en este juicio que la demanda y el auto inicial, con su respectiva constancia de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL 877/2023 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo depositada el once de septiembre de este año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y recibida en este órgano jurisdiccional el doce siguiente, promovida por ********************, por propio derecho, contra un acto que atribuye a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca; fórmese expediente con el registro 877/2023. 2. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. Se comunica a las partes procesales que, en lo conducente, la integración de este juicio de amparo se regirá por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 3. Desechamiento. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; es decir, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, septiembre de 2004, página 1631, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo (interpretado en sentido contrario), que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De los artículos y fracciones citados se advierte que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. De tal modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación reclamada, distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales, al afectar derechos adjetivos, ya que éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica. La razón de dichos derechos encuentra su fin último, precisamente, en la obtención de una resolución a su favor; por lo que, si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen de la realidad; estableciéndose así los lineamientos básicos que han de tomarse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. A fin de dar claridad a la determinación que se emite, es conveniente tomar en cuenta lo expuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), en concordancia con la reforma al artículo 107 constitucional, y lo relativo a los actos de imposible reparación. De la jurisprudencia en cita se obtienen las siguientes premisas: A. Previo a la emisión de la actual Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia, determinaba en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. B. En el artículo 107, fracciones III y V, de la Ley de Amparo vigente se establece el alcance de la expresión de los actos de imposible reparación. C. Un acto será calificado como de imposible reparación si produce una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no, necesariamente, llegará a trascender al resultado del fallo; además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Caso concreto. En el caso, de lo expuesto bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo y de las documentales anexas a la misma, se advierte que: I. ******************** demandó diversas prestaciones a la Secretaría de Administración y a la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de Oaxaca, entre ellas, el despido injustificado. II. Por acuerdo de seis de enero de dos mil veinte la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, admitió la demanda laboral, radicándola bajo el registro ********************. III. Por escritos fechados el dos de febrero y veintiuno de marzo de dos mil veintitrés el quejoso ofreció pruebas supervenientes y solicitó una diversa en vía de informe a cargo de las demandadas. IV. En auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés la autoridad responsable determinó: ".no ha lugar a admitir las documentales que ofrece con el carácter de supervenientes, asimismo no ha lugar a admitir las pruebas documentales en vía de informe que hace referencia.". -Determinación que constituye el acto reclamado-. En esas condiciones, se estima que la resolución de ocho de agosto de dos mil veintitrés en la que se negó la admisión de pruebas supervinientes y tampoco se admitieron las ofrecidas en vía de informes, no es un acto de imposible reparación, ya que no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como la vida, la integridad física, las posesiones o propiedades, ya que únicamente existe un perjuicio procesal que pudiera resentir la parte quejosa en sus derechos adjetivos. Lo anterior, debido a que el acto que se reclama corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que surgen y se generan durante el trámite del juicio, de tal forma que pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte agraviada. Sin que lo anterior signifique que la parte quejosa no tenga oportunidad de que se estudie la violación adjetiva en cuestión, dado que, en caso de que no obtenga sentencia o laudo favorable, puede hacer valer su inconformidad como violación procesal a través del juicio de amparo directo, en términos de los artículos 171 y 172, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable, la tesis aislada 2a. XLVIII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 1070, Libro 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 2015, Décima Época, Registro 2009478, con rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." Aunado a lo anterior, debe tenerse presente lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al explicar que los derechos sustantivos son de naturaleza antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, toda vez que la afectación de estos últimos no es actual sino que depende de que llegue o no a trascender al resultado del juicio, momento en el cual sus secuelas podrían consumarse en forma efectiva. Es aplicable, en lo conducente, la tesis aislada XXI.1o.28 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 768, Tomo IV, Septiembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 201562, con rubro y textos siguientes: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal, el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a la infracción de derechos sustantivos." Determinación. Ante ello, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; se desecha, de plano, la demanda de amparo promovida por ********************, por notoriamente improcedente. Se impone destacar que esta determinación no es contraria al principio de progresividad en relación al derecho de recurso judicial efectivo, dado que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo no eliminó un derecho, ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, ya que ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal. 4. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su escrito de demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por ser la parte trabajadora quien acude a esta instancia constitucional. 5. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de la resolución que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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