José Manuel Victoria Mendoza

Expediente 813/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
813/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2021

Partes del expediente

  • José Manuel Victoria Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL.813/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. 1°. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, particularmente la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso José Manuel Victoria Mendoza interpusiera recurso de queja contra la determinación de doce de agosto del año en curso, en la cual se desechó la demanda de amparo. 2°. Firmeza resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 3°. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto en el que se desechó la demanda de amparo, estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de dicha determinación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4°. Instrucción Secretaría y Actuaría. Por otra parte, se instruye a la secretaria (o) y actuario (a), que se atiendan los lineamientos precisados en la circular DGGJ/STG/17/2020, de quince de octubre de dos mil veinte, para que la versión pública del acuerdo de desechamiento sea consultable por internet. 5°. Archivo. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 21, inciso b), y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6°. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21 y 24, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es destruible, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", por lo cual será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes, este órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda destruible. 7°. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula de este expediente obre la leyenda referida en párrafos precedentes (destruible) y, como se precisó en el auto inicial, b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. 8° Anotaciones. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL.813/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Manuel Victoria Mendoza, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el pasado dos de agosto, aclara la demanda de amparo en los términos siguientes: No haber recibido notificación de no admisión o descalificación por parte de las autoridades señaladas como responsables en el correo electrónico que proporcionó en su registro electrónico para participar en el segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación. Precisa en qué hace consistir la discriminación de que fue objeto al no habérsele incluido en la lista de aspirantes aceptados al referido concurso. Anexa las copias que le fueron solicitadas. 2° Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional y escrito aclaratorio, de los que se advierte se reclaman los siguientes actos, que la parte quejosa atribuye a las responsables que a continuación se indican, a saber: 1. La exclusión de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno. Atribuido a la Escuela Federal de Formación Judicial. 2. El acuerdo por el que se determina la lista de los aspirantes aceptados al referido concurso. Atribuido a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que en el capítulo relativo a los antecedentes de los actos reclamados refiere, bajo protesta de decir verdad, que: - En la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de actuario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, fue aceptado y aparece identificación con el número 1442. - A través de la plataforma de internet de la Escuela Federal de Formación Judicial, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno se registró al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, generándose el número de folio 1426. - Fue excluido de la lista de aspirantes aceptados al aludido concurso abierto para designación de secretario de juzgado, desconociendo el motivo y fundamento legal para no haber sido admitido. Lo antes expuesto evidencia que la parte quejosa reclama la exclusión de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, vulnerándose, dice, el derecho a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, administración de justicia, debido proceso, derecho al trabajo y su retribución, derecho a la no violencia y la no discriminación. Planteada la demanda de amparo de esa forma, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.". Esa causa de improcedencia refiere que el juicio de amparo es improcedente contra "actos" del Consejo de la Judicatura Federal; por su parte, el artículo 1º de la ley invocada prevé la procedencia de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se ve, en tal connotación se incluye cualquier acto que se reclame, sea éste positivo, negativo u omisivo, dado que la intención del legislador al establecer dicha causal de improcedencia, es en el sentido de que ningún acto del Consejo de la Judicatura fuera reclamado a través del juicio de amparo. En la especie, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó habérsele excluido de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, desconociendo el motivo y fundamento legal de dicha determinación, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Así, el quejoso impugna las determinaciones adoptadas por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. El artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. - - -- - . Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley. - -- ." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, conforme a esa disposición constitucional, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del órgano de referencia, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Con la salvedad de los señalados casos de excepción en que sí procede el recurso de revisión administrativa ante el Pleno del Máximo Tribunal del país. Resulta aplicable a la anterior determinación, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2a. XCVI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 300, del tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LEGALMENTE LE HAN SIDO CONFERIDAS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, emitidas dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las atribuciones que legalmente se le confirieron, revisten la naturaleza de terminales e inimpugnables, esto es, son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las normas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, contra los actos y resoluciones del consejo indicado no procede el juicio de garantías ni recurso alguno, salvo cuando se trate de los señalados casos de excepción en que sí procede el recurso de revisión administrativa ante el Pleno del Máximo Tribunal del país". De igual manera, cobra aplicación al caso la tesis P. XIII/2015 (10a.), del Pleno, consultable en la página 242, del Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 2009919, de contenido siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre los alcances del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la voluntad de su Órgano Reformador, conduce a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones -por ser la forma en la que en ese precepto constitucional se dispone que funciona dicho órgano-, con excepción de las que se refieran a las materias de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales son impugnables a través del recurso de revisión administrativa que se haga valer ante este Alto Tribunal. Ahora bien, debe precisarse que conforme a la disposición constitucional citada las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del citado órgano, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Considerar lo contrario, implicaría dar un carácter definitivo e inatacable a decisiones que, si bien son emitidas por el propio Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, tienen efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se abre la posibilidad de que, como excepción a la regla general, el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que puedan afectar derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación, lo que deberá valorarse en cada caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, de acuerdo con el planteamiento que haga el quejoso." En el caso, aunque el quejoso reclama que fue excluido de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, atribuido a la Escuela Federal de Formación Judicial y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; se estima no es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, por no ser impugnables las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la Judicatura Federal, en Comisión o en Pleno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, lo que en el caso no acontece. Pues aun cuando el quejoso tiene reconocido el derecho de acudir ante los tribunales a que sus derechos sean decididos por un juez imparcial e independiente, así como de combatir, a través del juicio de amparo, los actos que estimen violatorios de sus derechos humanos, a efecto de garantizar el acceso a la justicia, tratándose de la impugnación de las decisiones que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas, ya sea funcionado en Pleno o en comisiones, opera una restricción constitucional al ejercicio de esos derechos, que el Constituyente estimó válida, atendiendo a las finalidades que se persiguen con el establecimiento de esa institución como órgano límite respecto de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como último órgano de decisión para los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. De esta manera, si bien las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, ello no debe llevar al extremo de considerar que todo acto que provenga del referido órgano sea inimpugnable, sino sólo aquellos que se emitan funcionando en Pleno o en comisiones, pues, como quedó precisado, es la forma en que puede actuar dicho órgano por disposición directa del artículo 100 de la Constitución Federal. Dicha interpretación es acorde con el principio de interpretación más favorable a la persona, que deriva del artículo 1o. de la Carta Magna, pues respetando la intención del Poder Reformador de la Constitución, de considerar inimpugnables todas las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal -con excepción de las ya mencionadas-, la improcedencia del juicio de amparo se limita sólo a las que pronuncie en el ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por la propia Constitución Federal, ya sea funcionando en Pleno y en comisiones; sin embargo, no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnar en amparo todas las decisiones del referido órgano, ya que se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que les otorga el carácter de definitivas e inatacables. En ese contexto, en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 52 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial es un órgano integrante del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, en términos del diverso numeral 82 de la mencionada Ley Orgánica. En esas condiciones, como los actos que reclama el quejoso fueron emitidos por órganos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en el ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por la propia Constitución Federal, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Manuel Victoria Mendoza. Determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA Número de expediente: 813/2021 Acuerdo: PRAL.813/2021.MESA-8 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de agosto de dos mil veintiuno. 1° Se agrega escrito. Agréguese el escrito signado por el quejoso José Manuel Victoria Mendoza, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado el pasado dos de agosto, aclara la demanda de amparo en los términos siguientes: No haber recibido notificación de no admisión o descalificación por parte de las autoridades señaladas como responsables en el correo electrónico que proporcionó en su registro electrónico para participar en el segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación. Precisa en qué hace consistir la discriminación de que fue objeto al no habérsele incluido en la lista de aspirantes aceptados al referido concurso. Anexa las copias que le fueron solicitadas. 2° Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se realiza el análisis de la promoción inicial constitucional y escrito aclaratorio, de los que se advierte se reclaman los siguientes actos, que la parte quejosa atribuye a las responsables que a continuación se indican, a saber: 1. La exclusión de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno. Atribuido a la Escuela Federal de Formación Judicial. 2. El acuerdo por el que se determina la lista de los aspirantes aceptados al referido concurso. Atribuido a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto que en el capítulo relativo a los antecedentes de los actos reclamados refiere, bajo protesta de decir verdad, que: - En la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de actuario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, fue aceptado y aparece identificación con el número 1442. - A través de la plataforma de internet de la Escuela Federal de Formación Judicial, el dieciocho de junio de dos mil veintiuno se registró al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, generándose el número de folio 1426. - Fue excluido de la lista de aspirantes aceptados al aludido concurso abierto para designación de secretario de juzgado, desconociendo el motivo y fundamento legal para no haber sido admitido. Lo antes expuesto evidencia que la parte quejosa reclama la exclusión de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, vulnerándose, dice, el derecho a la igualdad, legalidad, seguridad jurídica, administración de justicia, debido proceso, derecho al trabajo y su retribución, derecho a la no violencia y la no discriminación. Planteada la demanda de amparo de esa forma, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal.". Esa causa de improcedencia refiere que el juicio de amparo es improcedente contra "actos" del Consejo de la Judicatura Federal; por su parte, el artículo 1º de la ley invocada prevé la procedencia de normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Como se ve, en tal connotación se incluye cualquier acto que se reclame, sea éste positivo, negativo u omisivo, dado que la intención del legislador al establecer dicha causal de improcedencia, es en el sentido de que ningún acto del Consejo de la Judicatura fuera reclamado a través del juicio de amparo. En la especie, el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó habérsele excluido de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, desconociendo el motivo y fundamento legal de dicha determinación, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Así, el quejoso impugna las determinaciones adoptadas por la Escuela Federal de Formación Judicial y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. El artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Artículo 100.- El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. - - -- - . Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la adscripción, ratificación y remoción de Magistradas, Magistrados, Juezas y Jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca esta Constitución y la ley. - -- ." El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que, conforme a esa disposición constitucional, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del órgano de referencia, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados de Circuito y jueces de Distrito. Con la salvedad de los señalados casos de excepción en que sí procede el recurso de revisión administrativa ante el Pleno del Máximo Tribunal del país. Resulta aplicable a la anterior determinación, por identidad jurídica sustancial, la tesis 2a. XCVI/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 300, del tomo XIII, junio de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece lo siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LEGALMENTE LE HAN SIDO CONFERIDAS. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Consejo de la Judicatura Federal, emitidas dentro del ámbito de su competencia y en ejercicio de las atribuciones que legalmente se le confirieron, revisten la naturaleza de terminales e inimpugnables, esto es, son definitivas e inatacables y, por tanto, no procede juicio ni recurso alguno en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las normas que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, contra los actos y resoluciones del consejo indicado no procede el juicio de garantías ni recurso alguno, salvo cuando se trate de los señalados casos de excepción en que sí procede el recurso de revisión administrativa ante el Pleno del Máximo Tribunal del país". De igual manera, cobra aplicación al caso la tesis P. XIII/2015 (10a.), del Pleno, consultable en la página 242, del Tomo I, Libro 22, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital: 2009919, de contenido siguiente: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre los alcances del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la voluntad de su Órgano Reformador, conduce a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones -por ser la forma en la que en ese precepto constitucional se dispone que funciona dicho órgano-, con excepción de las que se refieran a las materias de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales son impugnables a través del recurso de revisión administrativa que se haga valer ante este Alto Tribunal. Ahora bien, debe precisarse que conforme a la disposición constitucional citada las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del citado órgano, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Considerar lo contrario, implicaría dar un carácter definitivo e inatacable a decisiones que, si bien son emitidas por el propio Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, tienen efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se abre la posibilidad de que, como excepción a la regla general, el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que puedan afectar derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación, lo que deberá valorarse en cada caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, de acuerdo con el planteamiento que haga el quejoso." En el caso, aunque el quejoso reclama que fue excluido de la lista de aspirantes aceptados al segundo concurso abierto de oposición para la designación de secretario de Juzgado de Distrito Especializado en Materia de Trabajo del Poder Judicial de la Federación, aprobada en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, atribuido a la Escuela Federal de Formación Judicial y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; se estima no es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, por no ser impugnables las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la Judicatura Federal, en Comisión o en Pleno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, lo que en el caso no acontece. Pues aun cuando el quejoso tiene reconocido el derecho de acudir ante los tribunales a que sus derechos sean decididos por un juez imparcial e independiente, así como de combatir, a través del juicio de amparo, los actos que estimen violatorios de sus derechos humanos, a efecto de garantizar el acceso a la justicia, tratándose de la impugnación de las decisiones que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las atribuciones que tienen encomendadas, ya sea funcionado en Pleno o en comisiones, opera una restricción constitucional al ejercicio de esos derechos, que el Constituyente estimó válida, atendiendo a las finalidades que se persiguen con el establecimiento de esa institución como órgano límite respecto de la administración, vigilancia y disciplina en el Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como último órgano de decisión para los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores. De esta manera, si bien las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e inatacables, ello no debe llevar al extremo de considerar que todo acto que provenga del referido órgano sea inimpugnable, sino sólo aquellos que se emitan funcionando en Pleno o en comisiones, pues, como quedó precisado, es la forma en que puede actuar dicho órgano por disposición directa del artículo 100 de la Constitución Federal. Dicha interpretación es acorde con el principio de interpretación más favorable a la persona, que deriva del artículo 1o. de la Carta Magna, pues respetando la intención del Poder Reformador de la Constitución, de considerar inimpugnables todas las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal -con excepción de las ya mencionadas-, la improcedencia del juicio de amparo se limita sólo a las que pronuncie en el ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por la propia Constitución Federal, ya sea funcionando en Pleno y en comisiones; sin embargo, no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnar en amparo todas las decisiones del referido órgano, ya que se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que les otorga el carácter de definitivas e inatacables. En ese contexto, en términos del artículo 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 52 de la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial, la Escuela Federal de Formación Judicial es un órgano integrante del Consejo de la Judicatura Federal, así como la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, en términos del diverso numeral 82 de la mencionada Ley Orgánica. En esas condiciones, como los actos que reclama el quejoso fueron emitidos por órganos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, en el ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas por la propia Constitución Federal, con fundamento, además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por José Manuel Victoria Mendoza. Determinación que se toma, además, en cumplimiento a la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Al respecto, conviene citar el criterio jurisprudencial aprobado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, tomo XX, septiembre de mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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