José Manuel Vélez González y Otros.
Expediente 14/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 14/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Manuel Vélez González
- José Manuel Vélez González y Otros.
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la razón elaborada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar el motivo por el cual no fue posible notificar a la parte quejosa ********************, el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en ********************toda vez que, no obstante haber recorrido dicho fraccionamiento, pues carece del número de la casa, ningún vecino dio razón de ellos. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la notificación de mérito así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, háganse por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano de control constitucional, hasta en tanto aclare la ubicación correcta de su domicilio.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 17 DE ENERO DE 2023, QUE DICE: Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la diligencia actuarial de data siete de enero de dos mil veintitrés, levantada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado federal, se advierte que hizo constar el estado físico de los quejosos menores con iniciales J.M.V.G. y G.R.P., y procedió a notifícales el auto de siete de enero del año que trascurre, requiriéndoles, en el acto, si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su nombre por Julio Cesar Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo; quienes en el momento de la diligencia, no ratificaron la demanda de amparo, pues del propio contenido del acta, se advierte lo siguiente: G.R.P. refirió: "Dame chance que mañana venga mi mamá y le pregunto si lo puedo firmar"; J.M.V.G., manifestó: "Necesito primero hablar con mis abogados". Por otra parte, glósese a los presentes autos la comparecencia de once de enero del año en curso, mediante la cual, se advierte que Concepción Piña García e Irma González Zalazar, quienes protestaron ser madres de los menores G.R.P. y J.M.V.G., respectivamente, y en representación de los menores, ratificaron la demanda de amparo presentada el siete de enero del año en curso, ante el Secretario de guardia, promovida por Julio César Cruz Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo, a favor de los indicados quejosos, solicitando se acuerde lo que en derecho proceda. Finalmente, agréguense a los autos los oficios y anexos, signados por el Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, el responsable del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Ministerial del Estado y, el Director General Jurídico, respectivamente, todos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 125 y 126, fracción I, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, téngaseles rendido sus informes respecto de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, según se desprende de su contenido, se tienen ofrecidas las pruebas que anexan las autoridades responsables a sus oficios de cuenta, mismas que serán analizadas en el presente auto y, si es el caso, serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. DECISIÓN Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone a este órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es, o no, procedente. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para determinar la improcedencia del presente juicio resulta necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como el hecho de analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, el citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la Página 1631, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, vista las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el siete de enero de dos mil veintidós, Julio César Cruz Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo, solicitaron en favor de los menores de iniciales J.M.V.G. y G.R.P., el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclaman a: a) Fiscal General del Estado de Guerrero, b) Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, c) Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero y d) Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes, Zona Centro, todas de la Fiscalía General del Estado, con residencias en esta ciudad. Los peticionarios de amparo reclamaron la incomunicación, detención, captura, retención y localización, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la razón actuarial de siete de enero de dos mil veintitrés, levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se desprende que no es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación, pues el Actuario de la adscripción localizó a los quejosos en el área de los separos de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes, Zona centro, con sede en esta ciudad. Ahora, de los informes de las autoridades responsables, se advierte que éstas negaron el acto reclamado consistente en la incomunicación de la que adujeron los promoventes del amparo, fueron objeto de los directos quejosos; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que al caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, de la diligencia practicada el siete de enero de dos mil veintitrés, por el fedatario de la adscripción, a los directos quejosos menores J.M.V.G. y G.R.P., observó que, estos se encontraban detenidos en los separos de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes Zona Centro, con sede en esta ciudad, e hizo constar que se encontraban bien, que no presentan lesiones físicas visibles en el cuello brazo, manos, espalda y abdomen, igualmente, que no fueron golpeados y que no estuvieron incomunicados, pues le permitieron la visita de sus progenitoras. Con ello, se advierte su inexistencia a la fecha de la ratificación de demanda (once de enero de dos mil veintitrés), que realizaron las progenitoras de los quejosos directos. Por su parte, de los informes rendidos por la autoridades responsables se desprende, que no realizaron actos de tortura, incomunicación o privación ilegal de la libertad de los menores de edad J.M.V.G. y G.R.P.; de igual manera, que el ocho de enero del año en curso, a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, se les decretó la libertad bajo reservas de ley por el hecho delictivo de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, en agravio de la sociedad, dentro de la carpeta 12021700300001060123, motivo por el que, fueron detenidos el día seis de enero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo al caso, por identidad, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917- 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. Por otra parte, respecto a los actos consistentes en la detención, captura, retención y localización, fuera de procedimiento que reclamaron los quejosos, las autoridades señaladas como responsables, informaron que los quejosos menores J.V.G. y G.R.P., se encontraban detenidos por el hecho delictivo contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, en agravio de la sociedad. En tal virtud, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que, de igual forma, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente. Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que los quejosos reclamaron de las autoridades responsables la detención, captura, retención y localización que realizaron en su contra el seis de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, del informe rendido por las autoridades responsables, señalaron que los quejosos menores directos J.M.V.G. y G.R.P., fueron puestos en libertad con las reservas de ley, el ocho de enero de dos mil veintidós. Circunstancia que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, cesaron los efectos de la detención, captura, retención y localización reclamada, pues se destruyeron de forma total. Máxime a que, la puesta en libertad de los quejosos, se realizó antes de que las progenitoras de los quejosos adolescentes directos, ratificaran la demanda interpuesta en su favor, pues la mencionada ratificación tuvo suceso el once de enero de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta de la responsable cesó en sus efectos, el ocho de enero de dos mil veintitrés, tal y como se aprecia con la boleta de libertar emitida por José Ángel Cabrera Diego, Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En mérito de lo expuesto, al actualizarse la citada causa de improcedencia respecto a los actos aquí reclamados, de forma manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, este órgano jurisdiccional, no pasa por inadvertido que, las autoridades responsables informaron que la Juez de Control Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero libró orden de aprehensión el ocho de enero de dos mil veintitrés, en contra de J.M.V.G. y G.R.P., con motivo de la carpeta judicial JA.01/2023; sin embargo, esto fue por un diverso delito, es decir por el de homicidio calificado en agravio de la menor con siglas P.M.J.V.; orden que fue ejecutada a las veinte horas con cincuenta minutos del día ocho de enero de del año en curso, por elementos de esa Coordinación de la Policía Ministerial adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes, poniendo a disposición a los citados adolescentes ante la referida Juez de Control; por lo tanto, dicha orden fue cumplida, considerándose ésta, irreparablemente consumada. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, ello al ser menores de edad, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la diligencia actuarial de data siete de enero de dos mil veintitrés, levantada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado federal, se advierte que hizo constar el estado físico de los quejosos menores con iniciales J.M.V.G. y G.R.P., y procedió a notifícales el auto de siete de enero del año que trascurre, requiriéndoles, en el acto, si ratificaban o no la demanda de amparo promovida en su nombre por Julio Cesar Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo; quienes en el momento de la diligencia, no ratificaron la demanda de amparo, pues del propio contenido del acta, se advierte lo siguiente: G.R.P. refirió: "Dame chance que mañana venga mi mamá y le pregunto si lo puedo firmar"; J.M.V.G., manifestó: "Necesito primero hablar con mis abogados". Por otra parte, glósese a los presentes autos la comparecencia de once de enero del año en curso, mediante la cual, se advierte que Concepción Piña García e Irma González Zalazar, quienes protestaron ser madres de los menores G.R.P. y J.M.V.G., respectivamente, y en representación de los menores, ratificaron la demanda de amparo presentada el siete de enero del año en curso, ante el Secretario de guardia, promovida por Julio César Cruz Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo, a favor de los indicados quejosos, solicitando se acuerde lo que en derecho proceda. Finalmente, agréguense a los autos los oficios y anexos, signados por el Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, el responsable del Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Ministerial del Estado y, el Director General Jurídico, respectivamente, todos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 125 y 126, fracción I, en relación con el 15 de la Ley de Amparo, téngaseles rendido sus informes respecto de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, según se desprende de su contenido, se tienen ofrecidas las pruebas que anexan las autoridades responsables a sus oficios de cuenta, mismas que serán analizadas en el presente auto y, si es el caso, serán relacionadas al celebrarse la audiencia constitucional. DECISIÓN Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone a este órgano jurisdiccional la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando, por su orden, si es, o no, procedente. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para determinar la improcedencia del presente juicio resulta necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refieren los artículos 61 o 63 de la ley de la materia, así como el hecho de analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En efecto, el citado artículo impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. De otra manera, la improcedencia manifiesta e indudable implica que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Sirve de apoyo, además, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Materia Común, visible en la Página 1631, Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, registro 180663, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Ahora bien, vista las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que el siete de enero de dos mil veintidós, Julio César Cruz Apac y Víctor Alfonso Mendoza Castillo, solicitaron en favor de los menores de iniciales J.M.V.G. y G.R.P., el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que reclaman a: a) Fiscal General del Estado de Guerrero, b) Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes, c) Coordinador de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de Guerrero y d) Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes, Zona Centro, todas de la Fiscalía General del Estado, con residencias en esta ciudad. Los peticionarios de amparo reclamaron la incomunicación, detención, captura, retención y localización, por parte de las autoridades señaladas como responsables. Ahora bien, del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como la razón actuarial de siete de enero de dos mil veintitrés, levantada por el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, se desprende que no es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación, pues el Actuario de la adscripción localizó a los quejosos en el área de los separos de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes, Zona centro, con sede en esta ciudad. Ahora, de los informes de las autoridades responsables, se advierte que éstas negaron el acto reclamado consistente en la incomunicación de la que adujeron los promoventes del amparo, fueron objeto de los directos quejosos; sin que exista prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que al caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, de la diligencia practicada el siete de enero de dos mil veintitrés, por el fedatario de la adscripción, a los directos quejosos menores J.M.V.G. y G.R.P., observó que, estos se encontraban detenidos en los separos de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial Especializada en Justicia para Adolescentes Zona Centro, con sede en esta ciudad, e hizo constar que se encontraban bien, que no presentan lesiones físicas visibles en el cuello brazo, manos, espalda y abdomen, igualmente, que no fueron golpeados y que no estuvieron incomunicados, pues le permitieron la visita de sus progenitoras. Con ello, se advierte su inexistencia a la fecha de la ratificación de demanda (once de enero de dos mil veintitrés), que realizaron las progenitoras de los quejosos directos. Por su parte, de los informes rendidos por la autoridades responsables se desprende, que no realizaron actos de tortura, incomunicación o privación ilegal de la libertad de los menores de edad J.M.V.G. y G.R.P.; de igual manera, que el ocho de enero del año en curso, a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos, se les decretó la libertad bajo reservas de ley por el hecho delictivo de contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, en agravio de la sociedad, dentro de la carpeta 12021700300001060123, motivo por el que, fueron detenidos el día seis de enero de dos mil veintitrés. Sirve de apoyo al caso, por identidad, la tesis jurisprudencial 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917- 1995 al Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". De ahí que aparezca la imposibilidad de entrar al análisis de fondo del acto reclamado por haber quedado sin efecto la detención reclamada, pues no hay materia por la cual se procediera a determinar su constitucionalidad de proseguirse el trámite del presente juicio. Por otra parte, respecto a los actos consistentes en la detención, captura, retención y localización, fuera de procedimiento que reclamaron los quejosos, las autoridades señaladas como responsables, informaron que los quejosos menores J.V.G. y G.R.P., se encontraban detenidos por el hecho delictivo contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcótico, en agravio de la sociedad. En tal virtud, no obstante la certeza del acto privativo de la libertad reclamado, en el caso a estudio se estima que, de igual forma, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente. Al respecto, es conveniente señalar que conforme a lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se estima que para que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las constancias que integran este juicio, las cuales tienen pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como ya se dijo, se advierte que los quejosos reclamaron de las autoridades responsables la detención, captura, retención y localización que realizaron en su contra el seis de enero de dos mil veintitrés. Ahora bien, del informe rendido por las autoridades responsables, señalaron que los quejosos menores directos J.M.V.G. y G.R.P., fueron puestos en libertad con las reservas de ley, el ocho de enero de dos mil veintidós. Circunstancia que se corroboran con las constancias remitidas en los oficios de cuenta, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2º de la Ley de Amparo. Por tanto, cesaron los efectos de la detención, captura, retención y localización reclamada, pues se destruyeron de forma total. Máxime a que, la puesta en libertad de los quejosos, se realizó antes de que las progenitoras de los quejosos adolescentes directos, ratificaran la demanda interpuesta en su favor, pues la mencionada ratificación tuvo suceso el once de enero de dos mil veintitrés. Precisado lo anterior, se afirma que en la especie se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la conducta de la responsable cesó en sus efectos, el ocho de enero de dos mil veintitrés, tal y como se aprecia con la boleta de libertar emitida por José Ángel Cabrera Diego, Agente del Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes. Robustece lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejo huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En mérito de lo expuesto, al actualizarse la citada causa de improcedencia respecto a los actos aquí reclamados, de forma manifiesta e indudable, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 de la Ley de Amparo. Finalmente, este órgano jurisdiccional, no pasa por inadvertido que, las autoridades responsables informaron que la Juez de Control Especializada en Materia de Justicia para Adolescentes en el Estado de Guerrero libró orden de aprehensión el ocho de enero de dos mil veintitrés, en contra de J.M.V.G. y G.R.P., con motivo de la carpeta judicial JA.01/2023; sin embargo, esto fue por un diverso delito, es decir por el de homicidio calificado en agravio de la menor con siglas P.M.J.V.; orden que fue ejecutada a las veinte horas con cincuenta minutos del día ocho de enero de del año en curso, por elementos de esa Coordinación de la Policía Ministerial adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Justicia para Adolescentes, poniendo a disposición a los citados adolescentes ante la referida Juez de Control; por lo tanto, dicha orden fue cumplida, considerándose ésta, irreparablemente consumada. Finalmente, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, ello al ser menores de edad, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.
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