José Manuel Vázquez López y Otros.
Expediente 292/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 292/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Manuel Vázquez López y Otros.
- Tomás Rodríguez Lara
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de veintinueve de junio de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de la Materia, se declara que dicho auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por José Manuel López Vázquez y Tomás Rodríguez Lara, ha causado estado. Por tanto, hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno que corresponda, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto es DESTRUIBLE después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio; lo anterior, en razón de que el presente asunto carece de relevancia documental de acuerdo a lo que señala el normativo 15 de dicho Acuerdo General. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del multimencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente; acuérdese lo conducente en autos del incidente de suspensión relativo al presente juicio, en virtud de que éste se tramita por cuerda separada al juicio principal en que se actúa. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este acuerdo, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
- Principal
Visto la certificación de cuenta y el estado de autos del cual se aprecia que el término de cinco días que se le concedió a los quejosos José Manuel López Vázquez y Tomás Rodríguez Lara, para que desahogaran la prevención formulada en auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, les feneció el dieciocho de abril del año en curso, sin que lo hubieran hecho dentro del plazo concedido; por ende, se declara precluido el derecho a dichos quejosos para desahogar el requerimiento decretado en ese proveído. En consecuencia, como la parte quejosa no cumplió con dicho requerimiento dentro del plazo concedido, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintinueve de marzo de la anualidad que transcurre, y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Para los efectos de la publicidad de esta determinación en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaria de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Finalmente, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este acuerdo, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables.
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