José Manuel Vargas Melo

Expediente 550/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
550/2015
Año
2015
Actuaciones
6
Última actuación
18/12/2015

Partes del expediente

  • José Manuel Vargas Melo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el auto de uno de diciembre de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el referido acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver al Juez Tercero de lo Penal, con sede en esta ciudad, un legajo en copias certificadas correspondientes a la causa penal 411/2015 de su índice, que remitió al rendir su informe justificado.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el 2. Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas que remite la autoridad responsable, consistente en copias certificadas relativas a la causa penal 0411/2015, de su índice. Ahora bien, atendiendo al grosor de los anexos acompañados al oficio de cuenta que remite la autoridad responsable en mención; para un mejor manejo del expediente, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado. Por otra parte, del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que les reviste el carácter de tercero interesado a Luis Carlos Olague Muñoz, en consecuencia, se ordena al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, a efecto de se constituya en el domicilio ubicado en: Calle Primera y Vega, Colonia López Portillo Lote B, Maneadero, de esta ciudad. A fin de que realice la primera notificación del presente juicio de amparo, al mencionado tercero interesado, le corra traslado con copia de la demanda, auto admisorio, e informe justificado rendido por la autoridad responsable, con lo cual le dará vista de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, y la requiera para que dentro del término de tres días contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la presente notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, apercibido que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por lista, de acuerdo a la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    Se tienen por recibidos y se ordenan agregar a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Receptora Maneadero, y 4. Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Plaza Ensenada. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la ley de la materia, se tiene como delegados de la responsable 4. Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Plaza Ensenada, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. Por otra parte, se ordenan agregar a los autos para los efectos legales procedentes, las razones signadas por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, en la que informa que no le fue posible entregar los oficios 39456/2015 y 39458/2015 dirigidos a las autoridades que el quejoso denominó como "3. Comandante de la Policía Ministerial del Estado y 5. Director de Seguridad y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California", ambas de esta ciudad, por las razones que ahí expone. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede un plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que la parte quejosa indique la denominación correcta de las citadas autoridades responsables, apercibido que de no hacerlo, se tendrán por inexistentes a las referidas autoridades.

  4. Incidental

    Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, estando en audiencia pública Minerva López Constantino, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, quien actúa asistida de la Secretaria que autoriza y da fe, Yesica Karina Amador González, declara abierta la audiencia incidental en el incidente derivado del juicio de amparo 550/2015-I-B, sin la comparecencia de las partes ni de sus representantes. Acto seguido, la Secretaria da cuenta con los informes previos rendidos por las siguientes autoridades: 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Receptora Maneadero (foja 16). 2. Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad (foja 17). 4. Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Zona Ensenada (foja 18). La Juez acuerda que se agreguen los informes de cuenta para que obren como correspondan; lo anterior, sin que haya lugar a diferir la presente audiencia, considerando que el incidente de suspensión se rige por el principio de celeridad, tal como lo establece la Jurisprudencia P./J. 119/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Diciembre de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, foja 22, de rubro siguiente: SUSPENSIÓN EN AMPARO. NO PROCEDE DIFERIR LA AUDIENCIA INCIDENTAL SI EN ELLA SE DA CUENTA CON EL INFORME PREVIO. De conformidad con el artículo 19 de la ley de amparo abrogada, se tiene como delegados de la responsable 4. Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Zona Ensenada, a las personas que señala en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el mismo. A continuación se da cuenta con la razón signada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, en la que informa que no les fue posible entregar los oficios 39494/2015 y 39496/2015 dirigidos a las autoridades que el quejoso denominó como "3. Comandante de la Policía Ministerial del Estado y 5. Director de Seguridad y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California", ambas de esta ciudad, por las razones que ahí expone. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de once de noviembre de dos mil quince y se tienen por inexistentes a dichas autoridades. Acto seguido, la Secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, de las que se advierte que el expediente está debidamente integrado, ya que las partes fueron correctamente notificadas y obran en autos los informes previos rendidos por las autoridades que se celebrará la presente audiencia. PERIODO PROBATORIO Se declara abierto el periodo probatorio, la Secretaria hace constar que las partes no ofrecieron medios de pruebas. Con lo anterior, se cierra la presente etapa. PERIODO DE ALEGATOS Se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO La Secretaria hace constar que el Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado, no formuló pedimento. CIERRE DE AUDIENCIA Se declara cerrada la presente audiencia, procediendo a emitir la resolución correspondiente. Visto para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 550/2015-I-B; y, RESULTANDO PRIMERO. José Manuel Vargas Melo, promovió demanda de amparo por violación a los artículos 1, 14, 16, y 17 constitucionales, y solicitó la suspensión contra las autoridades y actos que a continuación se indican: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Agente del Ministerio Público Receptora Maneadero, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 2. Juez Tercero de lo Penal de Primera Instancia. 3. Comandante de la Policía Ministerial del Estado. 4. Comandante de la Policía Estatal Preventiva. 5. Director de Seguridad y Tránsito Municipal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California. ACTO RECLAMADO La orden de detención dictada en contra del quejoso. SEGUNDO. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil quince, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, se pidieron los informes previos a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional del acto reclamado y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia incidental. La audiencia tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 122, 124, 124 bis y 131 de la Ley de Amparo abrogada, toda vez que conoce del juicio de garantías del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo en las disposiciones relativas que prevé la citada legislación de la materia. SEGUNDO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El 1. Agente del Ministerio Público del Fuero Común Titular de la Agencia Receptora Maneadero (foja 16), al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado. En esas condiciones, toda vez que la parte quejosa no exhibió prueba alguna que permita desvirtuar tales negativas, sobre el particular no existe materia para la suspensión, procediendo negar la definitiva respecto de las aludidas autoridades. Resulta aplicable la Jurisprudencia VI.2o. J/19 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Julio de 1995, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, foja 133, que establece: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable 2. Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad (foja 17), aceptó la existencia del acto reclamado, que le atribuyó el quejoso. Por otra parte, el 4. Comandante Operativo de la Policía Estatal Preventiva Zona Ensenada, (foja 18) (foja 24), al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, dicha negativa se desvirtúa al haber aceptado la existencia del acto reclamado la autoridad ordenadora 1. Juez Tercero de lo Penal, de esta ciudad, tal y como se especificó en el párrafo que antecede CUARTO. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Se concede la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión dictada en contra del aquí quejoso por el delito de violación equiparada. Lo anterior por reunirse los requisitos de los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 124, 136, y 138 de la Ley de amparo, que exige para la concesión de la suspensión, tales como: 1) Solicitarlo el agraviado; 2) No se siga perjuicio al interés social; 3) No se contravengan disposiciones de orden público; y, 4) Se pondere la apariencia del buen derecho. El primer requisito está acreditado, ya que de las constancias se advierte que el incidente fue abierto a petición de parte. En cuanto al segundo y tercer requisito, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, ya que el acto reclamado no encuadra en alguna de las hipótesis que desglosa el artículo 124 de la norma multicitada, ni se puede catalogar como alguno similar en sus consecuencias. Sin que haya necesidad de realizar el estudio de la ponderación sobre la apariencia del buen derecho, en razón de que el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada establece expresamente la concesión la suspensión para este tipo de actos. QUINTO. EFECTOS. Se concede la suspensión definitiva para los efectos, términos y condiciones que enseguida se establecen: a) Si la orden que reclama el quejoso no se ha ejecutado, se concede la suspensión para el efecto que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se prive de la libertad a la parte quejosa, quien queda a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal, esto hasta que cause ejecutoria la sentencia que resuelva el juicio principal del cual deriva el presente incidente. b) Si el delito atribuido al peticionario de amparo por el que se dictó la resolución que se reclama, se refiere a algún ilícito que conforme a la ley no permita el otorgamiento de la libertad provisional bajo caución, la suspensión solo producirá el único y exclusivo efecto que la parte quejosa quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal se refiere precisamente en el lugar en que deba ser recluido, y a disposición de la autoridad responsable que corresponda para la inmediata continuación del procedimiento penal respectivo. SEXTO. FIJACIÓN DE GARANTÍA. La medida cautelar otorgada surte sus efectos desde luego, de conformidad con la interpretación a los artículos 125, 130 y 139, párrafo primero, de la Ley de Amparo abrogada ; sin embargo, para que continúe surtiendo efectos, la parte quejosa deberá, exhibir una garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos, moneda nacional). Monto que se fija con base en lo establecido en el artículo 124 bis de la Ley de Amparo abrogada, tomando en consideración que en autos no existe constancia alguna para determinar las modalidades y características del delito o delitos que se imputan a la quejosa, su situación económica y si existen o no indicios que hagan presumir fundadamente que pretenda sustraerse de la acción de la justicia, sin que sea factible retardar el pronunciamiento sobre la suspensión solicitada, toda vez que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para la quejosa. Se hace saber al solicitante del amparo que la garantía fijada podrá ser presentada en cualquiera de las formas establecidas por la ley . SEPTIMO. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su 2º numeral, se indica al quejoso que deberá comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado, para la continuación del proceso o procedimiento penal respectivo; en el entendido que dicho plazo iniciará a partir de que se tenga la certeza en autos de dicha circunstancia y sea notificado para tal efecto. Con el apercibimiento que de no hacerlo se revocará la medida otorgada. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 149/2007, registro 170432, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, enero de dos mil ocho, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, en la página 371, de rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión provisional debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso. OCTAVO. SUPUESTOS EN QUE SE REVOCARÁ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. Se hace la precisión de que la medida cautelar concedida no surtirá efecto alguno en los siguientes casos: a) Si se pretende privar de la libertad a la parte quejosa en cumplimiento de una orden de aprehensión librada en su contra por autoridad judicial distinta a las señaladas como responsables; b) Si se le sorprende en la comisión flagrante de delito; y, c) Si deja de cumplir con la obligación de comparecer ante la autoridad responsable ordenadora dentro de los tres días siguientes al que tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 131 y 132 de la Ley de Amparo abrogada se: RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Manuel Vargas Melo, en contra de los actos reclamados a la autoridad precisada en el segundo considerando de esta resolución, por los motivos y fundamentos ahí expuestos. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por José Manuel Vargas Melo en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables que quedaron precisadas en el considerando tercero, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando cuarto y quinto de esta resolución.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano