José Manuel Sepúlveda Quiroz

Expediente 1354/2014 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1354/2014
Año
2014
Actuaciones
11
Última actuación
08/05/2015

Partes del expediente

  • José Manuel Sepúlveda Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de nueve de abril de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, se ordena devolver al 1. Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas de la averiguación previa 5424/14/311/, que remitió al rendir su informe justificado. Se solicita a la referida autoridad el acuse de recibo al recepcionar las citadas constancias. Notifíquese

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa y tercero interesada el auto de nueve de abril de dos mil quince, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 3259 (foja 104), 5645 (fojas 108 a 112) y 8204 (fojas 128 a 131), las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada y el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, manifestaron haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridades responsables -en lo que interesa- al Titular del Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos y al Comandante de la Policía Ministerial del Estado de Zona Ensenada, de quienes reclamó la orden de detención o presentación decretada en su contra, y su ejecución. Ahora bien, mediante sentencia definitiva firmada el doce de enero de dos mil quince, este órgano jurisdiccional otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria mediante auto de cuatro de febrero del citado año. EFECTO DE LA SENTENCIA AMPARADORA Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que las autoridades responsables vinculadas quedaron constreñidas a cumplir con lo siguiente: [.] el (1) Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, declare insubsistente la orden de localización y presentación de fecha diez de octubre de dos mil catorce, dictada en la averiguación previa 5424/14/311/AP de su índice, y en su lugar, con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios formales detectados, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente fallo. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución que se reclama de la autoridad responsable (5) Comandante de la Policía Ministerial del Estado (Zona Ensenada), debido a su carácter de ejecutora y en tanto que dicho acto no se le reclama por vicios propios. [.]" ACTO DE LA AUTORIDAD EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO Por oficios que constan a fojas (104, 108 a 112 y 128 a 131), el Comandante de la Policía Ministerial del Estado (Zona Ensenada), informó que ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que se evidencia por el hecho de que en su calidad de autoridad ejecutora, su actuación se encuentra supeditada a lo que en su momento le ordene la diversa autoridad; por su parte, el Titular del Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, mediante acuerdo pronunciado en la averiguación previa 5424/14/311/AP el veinticinco de febrero de dos mil quince, dejó sin efectos la orden de presentación del ahora quejoso, y el veintitrés de marzo de la presente anualidad, pronunció una determinación en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de la cual remitió copia certificada. ANÁLISIS EVALUATIVO En las relatas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente asunto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. Lo anterior se evidencia por el hecho de que la autoridad responsable Titular del Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, en principio, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en la orden de presentación del ahora quejoso, dentro de la averiguación previa 5424/14/311/AP; luego, con plenitud de jurisdicción emitió la determinación de veintitrés de marzo de dos mil quince, de la que se advierte que cumplió con los lineamientos establecidos en la ejecutoria. Así, con apego a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable expresó en el acto de autoridad el precepto legal que regula el hecho motivo de indagatoria, además, expuso las razones por las cuales justifica su proceder. De lo anterior se obtiene que -dentro del acto de autoridad- emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten los presupuestos de fundamentación y motivación, pues se reitera que no obstante de citar el precepto aplicable, lo relacionó con los hechos narrados en la denuncia, lo que denota que demostró la aplicabilidad del precepto legal invocado a los hechos de que se trata. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a la parte quejosa y al tercero interesado"

  3. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa y tercero interesada el auto de veinticinco de marzo de dos mil quince, que dice: "Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta, mediante el cual se informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente asunto y que obran agregados en autos, lo anterior por el término de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento. Notifíquese personalmente"

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, en que se hizo constar que de las constancias que integran el presente asunto, no se desprende que la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, haya dado cabal cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; pues no obstante que mediante auto de veintisiete de febrero del año en curso, se ordenó dar vista a las partes con el cumplimiento que manifestó haber dado, corresponde a este órgano judicial verificar que la sentencia esté debidamente cumplimentada, sin exceso ni defecto, atendiendo, además, a que el cumplimiento de la sentencia en el procedimiento de amparo es de orden público, por lo que la suscrita procede analizar las constancias que integran el presente asunto. Si bien es cierto mediante pronunciamiento de veinticinco de febrero del año en curso (foja 110), dejó sin efecto la orden de presentación decretada el diez de octubre de dos mil catorce, dentro de la averiguación previa 5424/14/311/AP, también lo es que con plenitud de jurisdicción, purgando los vicios formales detectados, se le conminó a que pronunciara la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podría ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo; de ahí que tal actuación es insuficiente para considerar cumplida la ejecutoria en comento. Pues en el caso, no basta dejar insubsistente la determinación impugnada, pues al haberse otorgado el amparo para efectos, en el que se dejó plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, conlleva a evidenciar que se le dejó en aptitud de emitir una nueva resolución, subsanando las irregularidades procesales o formales que dieron lugar a la protección constitucional, de la cual no obra constancia alguna en el presente asunto. En ese sentido, la declaración de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, está condicionada por la determinación del núcleo esencial del derecho que debe ser respetado, lo cual en la especie se traduce, como se indicó, en la reparación de la violación cometida, consistente en dejar insubsistente el acto reclamado (circunstancia que ya realizó), formalmente ilegal y con plenitud de jurisdicción emita una diversa de acuerdo a los lineamientos establecidos en la referida ejecutoria; debido a que la concesión de amparo pronunciada en el presente juicio fue por la falta de fundamentación y motivación de la resolución reclamada, siendo que los efectos de la misma, son los de constreñir a la autoridad responsable a dejarla sin efectos y a emitir una nueva subsanando la irregularidad cometida, es decir, que el acto sin fundamentación y motivación se sustituya por otro sin esas deficiencias. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VII.2o.C. J/5 (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 1922, tomo III-libro 3, febrero de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es del tenor siguiente: "INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DE NO ESTIMARSE CUMPLIDA LA SENTENCIA AMPARADORA, DEBE PRECISARSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EL ALCANCE DE LA CONCESIÓN Y REQUERIRLA PARA QUE EN EL IMPRORROGABLE TÉRMINO DE TRES DÍAS DÉ CUMPLIMIENTO, EN ARAS DE UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA. Si el Juez de Distrito estima que la sentencia amparadora que emitió no se encuentra debidamente cumplimentada, o bien, que hubo exceso o defecto, dado que se trata de una resolución jurisdiccional que en ocasiones es factible apreciar las consideraciones de una sentencia que ampara a la luz de la litis sometida a consideración de forma distinta, en virtud de que los diferentes puntos de vista jurídicos sobre determinados tópicos y atendiéndose a las circunstancias de que cada caso puede llevar a diferentes conclusiones, a menos de que los efectos del amparo sean claros y precisos, que no den lugar a desplegar una resolución divergente; debe requerir a la autoridad responsable, precisándole los alcances del amparo, en atención al principio de expeditez en la impartición de justicia contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal. Pues, de no estimarse cumplida la sentencia amparadora, bajo la premisa de que ello pudo derivar de que los términos en que se pronunció no fueron concretos, dicha autoridad, con fundamento en el cuarto párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, de oficio, está en condiciones de definir y concretar la forma y términos de su cumplimiento, para efectos de que en el lapso de tres días a que se contrae el numeral 192 del citado cuerpo normativo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, conforme a la interpretación sistemática de los numerales 193, cuarto párrafo y 198, segundo párrafo, de la propia ley y a los principios de economía procesal y tutela efectiva, establecidos en el citado artículo 17 que conllevan a la determinación de que en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en tratándose del cumplimiento de sentencias amparadoras por autoridades jurisdiccionales, es más ágil efectuar ese requerimiento que abrir un incidente." De lo anterior es dable concluir que la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, ha realizado los actos tendentes a cumplir con la ejecutoria de amparo, sin que hasta la presente fecha haya atendido los puntos medulares de la garantía individual cuya restitución en su goce se ordenó a favor del quejoso, por lo que resulta procedente de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, del artículo 192, de la Ley de Amparo, requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable Titular de la Agencia del Ministerio Público Investigadora de Delitos de Robo de Vehículos, para que dentro del plazo de tres días, remita la resolución correspondiente en que exprese los motivos y/o las circunstancias especiales de acuerdo a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues es preciso que el acto indebidamente fundado y motivado se sustituya por otro sin esas deficiencias, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta zona geográfica, en términos de los ordinales 238 y 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, con sede en Mexicali, en turno, para continuar con el trámite ahí previsto para la inejecución. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, tomo I-libro 12, noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, cuya sinopsis es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso."

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