Jose Manuel Taboada Antona

Expediente 468/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
468/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Jose Manuel Taboada Antona

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 468/2023-IX. Puebla, Puebla, uno de junio de dos mil veintitrés. Se informa nueva denominación de este Juzgado. Visto el Acuerdo General 3/2023 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se advierte que, a partir del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en la ciudad de Puebla, cambió de denominación a Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en Puebla, ubicado en avenida 23 Poniente, número 2509, planta baja, colonia Volcanes de la ciudad de Puebla, código postal 72410. Por tanto, se informa a las partes que todas aquellas comunicaciones oficiales y escritos relativos a los asuntos que corresponden a este órgano jurisdiccional deberán de dirigirse bajo su nueva denominación. Causa estado. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de nueve de mayo de dos mil veintitrés, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo causó estado (quedó firme). Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Anotaciones internas. Se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permite visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver a la parte quejosa. Devolución de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 468/2023-VIII. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por *******, en su carácter de defensor particular de ********, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla *******. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO1 . En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: .IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, en su doble carácter como ordenadora y ejecutora le reclamo en primer término: la determinación y/o acuerdo de fecha diez de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de la Carpeta de Investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/******/2021, acto por el que niega el acceso a la carpeta de investigación citada, mismo que me que me fue notificado vía correo electrónico con fecha veinte de abril de dos mil veintitrés.. Ahora, dado que lo anterior converge en que se le ha impedido el acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/********/2021, dicho acto se ubica en una causal indudable y manifiesta de improcedencia porque del mismo no se desprende que haya ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, ya que del contenido integral de la demanda de amparo, no se advierte que el directo quejoso ********, tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta y que se encuentre detenido ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 11a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios antes contradicción de tesis 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto detención u orden de comparecencia, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la jurisprudencia transcrita se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclame la omisión de un agente del ministerio público relativa a responderle un escrito mediante el cual pretende que se le conceda acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: 1 la detención; 2 la citación a comparecer en carácter de imputado; y, 3 cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales2 . Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del ministerio público de responderle - como en el caso- un escrito con el cual pretende tener acceso a la carpeta de investigación donde no ha sido llamada con el carácter de imputado y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta de aplicar la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, la parte quejosa reclama que se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-1/*******/2021, ante una negativa a la petición formulada el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que -de forma medular- solicita el acceso a las constancias que integran la misma. Pero del contenido integral de la demanda de amparo, no se advierte que ya haya intervenido con el carácter de imputado en la referida carpeta, ni que se encuentre detenido ante el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras. Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa al escrito que presentó el quejoso: no tiene reconocido el carácter de imputado en la mencionada carpeta, tampoco se desprenden actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra *******, derivados de la referida carpeta, pues si bien señala que ha tenido conocimiento que se han realizado actos de investigación dentro de la carpeta a que hace alusión, tales como la presencia en su domicilio de algunos agentes de investigación, quienes se han constituido para preguntar con familiares y vecinos del lugar por los horarios de salidas y llegadas al mismo, se refieren a actos de investigación, ajenos a los actos de molestia previstos en el aludido artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las mismas razones ya expuestas, son aplicables para considerar que esa causal de improcedencia prevista en la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque si el directo quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición de imputado, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del presente juicio de amparo. Habida cuenta que si aún no surge a su favor el derecho a acceder a la carpeta de investigación de cuenta, a fin de que su escrito de petición en tal sentido le sea atendido, es inconcuso que tampoco tiene la titularidad del diverso por carecer del carácter de investigado o imputado a que se emita una resolución ministerial del inejercicio de la acción penal a su favor. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que ********, tenga reconocido el carácter de imputado o investigado en la referida carpeta CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/******/2021, la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra ésta, así como el hecho de que no se le haya detenido por conducto de la persona física que la represente legalmente aún para recibir su entrevista o declaración, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en ésta, ni habérsele citado a la misma. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque ésta depende de que la negativa a un escrito en donde se pide el acceso a la carpeta de investigación sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado, o bien, que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra el directo quejoso. Incluso se advierte que el documento exhibido junto con la demanda relativos al escrito presentado ante la autoridad responsable con sello del acuse de recibo de diez de abril de dos mil veintitrés, no demuestra la existencia de actos de molestia dirigidos en su contra, sino únicamente se trata de actos de investigación relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene reconocido el carácter imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y éstas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocido aún la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se estima que los actos reclamados encuentran la causal de improcedencia que resulta de la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la jurisprudencia invocada; motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer al quejoso el carácter de imputado, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la carpeta de investigación. Pero de momento, no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco está detenido ante el agente del ministerio público que la tramita, ni ha sido citado para recabarle entrevista o se le ha dirigido un acto de molestia en su contra. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto de los actos antes señalados, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, en tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, en su carácter de defensor particular de *******, porque el acto previamente examinado, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta, con apoyo en los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señala en la demanda ubicado en la ciudad de Puebla. Luego, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********, pues se encontró el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se toma nota del correo electrónico proporcionado únicamente como medio de contacto no procesal, pues la Ley de Amparo, no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Acceso al expediente electrónico De la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico a través del usuario *******. En consecuencia, se instruye a la secretaria encargada del trámite de este expediente, habilite únicamente el acceso al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE al citado usuario, previa verificación, a efecto de que puedan consultarlo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expedita. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO ACISTO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, SIN QUE ACUDIERA A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, POR TANTO, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL SIGUIENTE ACUERDO: JUICIO DE AMPARO 468/2023-VIII. Puebla, Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda amparo, signada por *******, en su carácter de defensor particular de ********, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Violencia Familiar de la Fiscalía General del Estado de Puebla *******. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Digitalización de la demanda. Debido a que la demanda de amparo fue recibida de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico, a través del uso de la firma electrónica. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que, de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente -como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional- constarán únicamente en el expediente electrónico; pues, una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Toda vez que el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, transiten hacia la actuación del juicio desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación -donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica-. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece la obligación de examinar la demanda y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO1 . En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: .IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, en su doble carácter como ordenadora y ejecutora le reclamo en primer término: la determinación y/o acuerdo de fecha diez de abril de dos mil veintitrés, dictado dentro de la Carpeta de Investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/******/2021, acto por el que niega el acceso a la carpeta de investigación citada, mismo que me que me fue notificado vía correo electrónico con fecha veinte de abril de dos mil veintitrés.. Ahora, dado que lo anterior converge en que se le ha impedido el acceso a las constancias que integran la carpeta de investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/********/2021, dicho acto se ubica en una causal indudable y manifiesta de improcedencia porque del mismo no se desprende que haya ha sido objeto del acto de molestia que le permitiría reclamar actos relacionados con esa carpeta, ya que del contenido integral de la demanda de amparo, no se advierte que el directo quejoso ********, tenga reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta y que se encuentre detenido ante el fiscal encargado de la investigación. Por consiguiente, se actualiza la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial 1a./J. 95/2022 11a., de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que emergió de la contradicción de criterios antes contradicción de tesis 2/2022-, de la Undécima Época, que se encuentra con registro digital 2025272, como sigue: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA Y/U OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PERMITIR EL ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO DETENIDA, CITADA A COMPARECER O AFECTADA POR OTRO ACTO DE MOLESTIA REALIZADO EN SU CONTRA CON EL CARÁCTER DE PERSONA IMPUTADA DENTRO DE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN INICIAL Y SÓLO ADUCE QUE SOSPECHA TENER ESA CALIDAD. HECHOS: Los Plenos de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al sostener distintas líneas argumentativas para determinar si fue correcto o no el desechamiento de plano de una demanda de amparo promovida por una persona que sospechaba tener el carácter de persona imputada en una investigación, ello sin que previamente se le haya detenido o citado a comparecer. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto para desechar de plano la demanda relativa, cuando se promueve contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a una persona que no ha sido detenida ni citada a comparecer, ni ha sido objeto de un acto de molestia con el carácter de imputada y sólo aduce sospechar que tiene esa calidad. JUSTIFICACIÓN. Esta Primera Sala ha reconocido a los imputados el derecho de acceder a la carpeta de investigación para una mejor planificación de su defensa. Asimismo, este Alto Tribunal ha destacado la importancia que tiene el sigilo dentro de la etapa de la investigación inicial, el cual consiste en que los datos que recabe la Representación Social se deben mantener reservados al público en general, para que no se ponga en peligro el éxito de la investigación. En dichas circunstancias, para darle funcionalidad al sistema, se ha determinado que los registros de la carpeta de investigación se tendrán reservados hasta en tanto no exista un acto de molestia concreto que evidencie que la persona tiene el carácter de persona imputada, esto es, que haya sido detenida, citada a comparecer o bien, sujeta a un acto de molestia encaminado a recabar su entrevista. Así, en los supuestos en los que una persona promueve una demanda de amparo indirecto contra la negativa y/u omisión del Ministerio Público de permitirle el acceso a la carpeta de investigación, pero del escrito de demanda y sus anexos sólo se advierte la mención de tener una sospecha o temor de ser investigado y, además, no se observa la existencia de un acto de molestia concreto detención u orden de comparecencia, entonces, lo procedente será desechar de plano la demanda de amparo, ello de conformidad con los artículos 5o., fracción I, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. La simple sospecha de ser persona investigada no deriva en ningún derecho subjetivo frente a la posibilidad de acceder a la carpeta de investigación, en ese sentido, se considera que la parte quejosa tiene sólo un interés simple, el cual deriva en una causal de improcedencia indudable y manifiesta. Finalmente, se insiste en que es de toral importancia que no se pierda el sigilo dentro de la investigación, por lo que el Juez de amparo deberá ser cuidadoso de revisar las constancias para advertir la existencia, o no, de un derecho subjetivo en favor de la parte quejosa. De la jurisprudencia transcrita se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclame la omisión de un agente del ministerio público relativa a responderle un escrito mediante el cual pretende que se le conceda acceso a una carpeta de investigación, cuando aquél no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obra en la invocada tesis jurisprudencial, dado que esta determina que una persona tendrá derecho para acceder a la carpeta de investigación y solicitar respuestas a sus escritos, cuando sea objeto de un acto de molestia concreto. Ese acto de molestia puede ser: 1 la detención; 2 la citación a comparecer en carácter de imputado; y, 3 cualquier acto de molestia equivalente y encaminado a recabar la entrevista del posible responsable. Al presentarse cualquiera de los supuestos anteriores, se entenderá que la persona tendrá un derecho jurídicamente relevante para efectos de la promoción del juicio de amparo, pues podrá obtener registros de la carpeta de investigación, es decir, acceder a esta y por ende, presentar escritos en los que solicite copias o el estudio de la prescripción, por citar algunos ejemplos. Lo cual se entiende al revisar el contenido del artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales2 . Entonces, el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, recabe entrevista a una persona y le responda escritos relacionados con los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la omisión o negativa del ministerio público de responderle - como en el caso- un escrito con el cual pretende tener acceso a la carpeta de investigación donde no ha sido llamada con el carácter de imputado y de la cual tampoco ha surgido un acto de molestia en su contra, se actualizará la causal de improcedencia que resulta de aplicar la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta o todavía no haya sido objeto de un acto de molestia y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría tener acceso a la carpeta, incluso para recabarle entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, la parte quejosa reclama que se le ha negado el acceso a la carpeta de investigación CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF-1/*******/2021, ante una negativa a la petición formulada el diez de abril de dos mil veintitrés, por el que -de forma medular- solicita el acceso a las constancias que integran la misma. Pero del contenido integral de la demanda de amparo, no se advierte que ya haya intervenido con el carácter de imputado en la referida carpeta, ni que se encuentre detenido ante el agente del Ministerio Público encargado de la carpeta de marras. Lo anterior revela un escenario relevante para la negativa al escrito que presentó el quejoso: no tiene reconocido el carácter de imputado en la mencionada carpeta, tampoco se desprenden actos de molestia que se pretendan realizar o se hayan realizado a la fecha contra *******, derivados de la referida carpeta, pues si bien señala que ha tenido conocimiento que se han realizado actos de investigación dentro de la carpeta a que hace alusión, tales como la presencia en su domicilio de algunos agentes de investigación, quienes se han constituido para preguntar con familiares y vecinos del lugar por los horarios de salidas y llegadas al mismo, se refieren a actos de investigación, ajenos a los actos de molestia previstos en el aludido artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las mismas razones ya expuestas, son aplicables para considerar que esa causal de improcedencia prevista en la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Esto es así, porque si el directo quejoso no tiene reconocido el carácter de imputado en la carpeta de investigación mencionada y sólo existe la supuesta información de que se ubica en esa posición de imputado, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del presente juicio de amparo. Habida cuenta que si aún no surge a su favor el derecho a acceder a la carpeta de investigación de cuenta, a fin de que su escrito de petición en tal sentido le sea atendido, es inconcuso que tampoco tiene la titularidad del diverso por carecer del carácter de investigado o imputado a que se emita una resolución ministerial del inejercicio de la acción penal a su favor. Dicho de otro modo, la ausencia de datos para visualizar que ********, tenga reconocido el carácter de imputado o investigado en la referida carpeta CDI FGEP/CDI/FEIDVGCM/VF1/******/2021, la inexistencia de actos de molestia dirigidos contra ésta, así como el hecho de que no se le haya detenido por conducto de la persona física que la represente legalmente aún para recibir su entrevista o declaración, determinan la actualización de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis jurisprudencial invocada. Ello, porque no se ha generado el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta o haber sido objeto de un acto de molestia, emitido en ésta, ni habérsele citado a la misma. Luego, es válido afirmar que a la fecha sólo existe una supuesta información de que el quejoso es imputado en la referida carpeta de investigación; y el hecho de que la autoridad ministerial tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque ésta depende de que la negativa a un escrito en donde se pide el acceso a la carpeta de investigación sea reclamada por un gobernado reconocido con el carácter de imputado, o bien, que sea objeto de un acto de molestia en la carpeta. Supuestos en los cuales no se encuentra el directo quejoso. Incluso se advierte que el documento exhibido junto con la demanda relativos al escrito presentado ante la autoridad responsable con sello del acuse de recibo de diez de abril de dos mil veintitrés, no demuestra la existencia de actos de molestia dirigidos en su contra, sino únicamente se trata de actos de investigación relacionados con la mencionada carpeta. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no se ha generado el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramita la autoridad ministerial señalada como responsable, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente al acto delimitado en la demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida la demanda de amparo, pese a que el quejoso no tiene reconocido el carácter imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tiene el agente del Ministerio Público señalado como responsable, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado lo obligaría a que aportara constancias de la referida carpeta, y éstas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener reconocido aún la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se estima que los actos reclamados encuentran la causal de improcedencia que resulta de la conjunción del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la jurisprudencia invocada; motivo por el cual procede aplicar la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis3 del tenor siguiente: IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Asimismo, es conveniente indicar que si en el futuro se llegara a reconocer al quejoso el carácter de imputado, o bien se presentara alguno de los supuestos delimitados en la tesis jurisprudencial invocada, estará en condiciones de solicitar el acceso a la carpeta de investigación. Pero de momento, no tiene reconocido el carácter de imputado en la referida carpeta, tampoco está detenido ante el agente del ministerio público que la tramita, ni ha sido citado para recabarle entrevista o se le ha dirigido un acto de molestia en su contra. Entonces, debe imponerse la causal de improcedencia examinada con antelación, respecto de los actos antes señalados, por las razones expuestas. Lo anterior, en términos de la causal de improcedencia que resulta del artículo 5º, fracción I, en relación con el diverso 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, como se desprende de la tesis invocada, en tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, en su carácter de defensor particular de *******, porque el acto previamente examinado, encontró la causal examinada con antelación, con las características de indudable y manifiesta, con apoyo en los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Anotaciones internas Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes. Domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señala en la demanda ubicado en la ciudad de Puebla. Luego, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, ********, pues se encontró el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Se toma nota del correo electrónico proporcionado únicamente como medio de contacto no procesal, pues la Ley de Amparo, no prevé dichos medios de comunicación para oír y recibir notificaciones. Acceso al expediente electrónico De la demanda de amparo se obtiene que la parte quejosa solicita el acceso al expediente electrónico a través del usuario *******. En consecuencia, se instruye a la secretaria encargada del trámite de este expediente, habilite únicamente el acceso al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE al citado usuario, previa verificación, a efecto de que puedan consultarlo. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido de que dicha autorización podrá validarse hasta en tanto se reanuden las labores jurisdiccionales en forma presencial. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Oficial Judicial A, encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes S.I.S.E. de este juzgado, que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional pronta, oportuna y expedita. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa y cúmplase.

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