José Manuel Planter González

Expediente 1386/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1386/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Planter González

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Se agrega al expediente el oficio signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; por el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 2/2023, de su índice, interpuesto por *, a través de su defensor particular, contra el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo, en cuyo punto resolutorio se establece: ".ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja.". En consecuencia, glósese a este juicio la copia certificada del testimonio adjunto al oficio de cuenta. Además, se ordena acusar recibo a la superioridad. Anotaciones. En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones respectivas tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el acuerdo que desechó la demanda de amparo, ha quedado firme (causó estado). En consecuencia, lo procedente es ordenar el archivo del presente asunto, bajo los lineamientos siguientes. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. En uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Devolución de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto; lo anterior en términos del artículo 35 del multicitado acuerdo general. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintitrés. Se agrega al expediente el oficio de cuenta, signado por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla; a través del cual comunica que, en acuerdo de dieciocho de enero del año en curso, se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por * defensor particular del quejoso *. El cual quedó radicado con el número de expediente 2/2023. De lo que este órgano judicial toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, tres de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de este juicio, se observa que ha quedado integrado el recurso de queja interpuesto por *, en su calidad de abogado defensor de *, contra el proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, donde se desechó la demanda de amparo. Entonces, se ordena enviar una impresión del ocurso de agravios (dado que fue recibido en línea), para la resolución de la queja, al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito en turno, así como otra impresión para el representante social adscrito a dicho tribunal. Lo cual implica que el envío se hará por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito. Informe para el recurso de queja. Además, en este proveído se rinde el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes1: ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo, por las razones desarrolladas en ese acuerdo. Es así, pues se estimó actualizada la causal de improcedencia prevista de la correlación de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, pues esencialmente se consideró que las acciones para preparar la teoría del caso que a cada una de las partes les corresponde, como la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación, porque está pendiente de llevar a cabo sobre el mismo, un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso. Por lo que en ese contexto, se consideró que en el caso, si bien se reclama como acto el auto de apertura a juicio oral de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal *, la parte quejosa se duele de manera destacada de la determinación en la que se precisan los medios probatorios admitidos a favor de la fiscalía y parte ofendida; por ello, debía tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, ya que se impugna la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Lo anterior es así, porque de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Se agregó que para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Se señaló que si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. Se abundó en aducir que en ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del juez de control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Se consideró además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso; por lo que se estimó inconcuso que el presente juicio de amparo por regla general es improcedente. Para justificar lo anterior y toda vez que el recurso fue interpuesto a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se procederá a vincular el expediente electrónico con la superioridad, para su resolución, por lo que resultará innecesario enviar copia certificada de la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues tendrá acceso a todas ellas, a través del expediente electrónico. Se precisa que la habilitación en cita se realizará una vez que tal medio de impugnación se radique en el tribunal colegiado correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda de amparo. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por *, en su calidad de abogado defensor de *, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla y otras autoridades. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes. Digitalización de la demanda de amparo. En virtud de que el escrito de demanda de amparo fue recibido de manera física por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Exhortación para tramitación del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1 , establece que la jueza de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: * En el caso, se observa que la demanda recibida, debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Debido a que el acto que pretende reclamar la parte quejosa consiste en: ".El auto de apertura a juicio oral de fecha 2 de diciembre del 2022, que fuera notificado a la defensa mediante correo electrónico recibido el 9 de diciembre del 2022 dentro de la causa penal * instruida en contra de mi defendido, por lo que hace a la determinación en la que se precisan los medios probatorios admitidos a favor de la Fiscalía y parte ofendida, contenida en el punto 'SEXTO' del mismo, y que debieron excluirse atendiendo a los argumentos y debate que se dio en la audiencia intermedia celebrada el 2 de diciembre del 2022.". Ahora, de los capítulos relativos a los antecedentes del acto reclamado y los conceptos de violación se observa que - en su parte conducente- se manifiesta lo siguiente: "(.) 7.- Mediante correo electrónico recibido el pasado 09 de diciembre del 2022, se notificó el auto de apertura a juicio en donde en su punto sexto se contiene la determinación impugnada (admisión de pruebas ilícitas) (.)" "(.) En el caso que nos ocupa se plantearon al Juez de control diversos argumentos por los cuales se debieron de excluir diversos medios de prueba obtenidos con motivo de la visita domiciliaria practicada a la sociedad *(.)" "(.) Después del debate correspondiente, el Juez Responsable estimó que los argumentos planteados eran infundados y admitió todos los medios de prueba (.)" Bajo ese contexto, se advierte que en el caso se actualiza un motivo manifiesto que torna improcedente el presente juicio de amparo. En efecto, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, mismos que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte; (.)". Al respecto, resultan ilustrativas las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/2021, en la cual sustancialmente sostuvo que por regla general es improcedente el juicio de amparo indirecto derivado de un proceso penal acusatorio, en contra de la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia del proceso penal acusatorio. En lo que interesa, en la ejecutoria respectiva, la Sala sostuvo: "(.) 73. En ese contexto, el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. 74. Esta Primera Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado en relación con el objetivo de cada una de las etapas. (18) Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera, de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento. (19) Asimismo, son datos que, con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. 75. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. (.) 78. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Ésta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. 79. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. 80. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. 81. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. . 87. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. 89. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba(24) en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de 'actos de imposible reparación'. Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. (.)". Lo transcrito evidencia que la sala en cita estableció que cada una de las etapas del proceso penal construyen la estructura para celebrar la etapa de juicio oral; por tanto, las acciones tendentes a construir la teoría del caso que cada una de las partes realiza a efecto de ejercer sus derechos de defensa, constituyen una preparación. Por tanto, es dable establecer que las acciones para preparar la teoría del caso que a cada una de las partes les corresponde, como la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación, porque está pendiente de llevar a cabo sobre el mismo, un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso. En ese contexto, se reitera que en el caso, si bien se reclama como acto el auto de apertura a juicio oral de dos de diciembre de dos mil veintidós, emitido en la causa penal *, la parte quejosa se duele de manera destacada de la determinación en la que se precisan los medios probatorios admitidos a favor de la fiscalía y parte ofendida. En efecto, en el presente caso, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, porque se impugna la admisión de medios de prueba y, al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente por excepción será necesario que se afecten materialmente derechos sustantivos. Lo anterior es así, porque de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos de imposible reparación, entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose del auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto, debe ser entendido el auto de apertura a juicio que admite medios de prueba, el cual es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como vehículo para trasladar los medios de prueba de la etapa intermedia al juicio oral para su valoración definitiva; vehículo que está ya protegido de manera sustancial por la institución del juez de control y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. En esa tesitura, es inconcuso que el presente juicio de amparo por regla general es improcedente. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 6/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyos razonamientos se sustenta la anterior consideración, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, libro 5, septiembre de 2021, materia penal, tomo II, página 1743; cuyo rubro es: * Sin perderse de vista que, acorde con lo expuesto en la demanda, el caso planteado por la parte quejosa no se encuentra en las excepciones planteadas en ese criterio jurisprudencial en que se esté ante una admisión de pruebas (de la contra parte del ahora promovente del amparo) en el auto de apertura a juicio que constituya un acto de imposible reparación, en la medida que implique cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos fundamentales independientemente del propio proceso penal y de la valoración de dichas probanzas en el juicio oral; pues la admisión de la que se duele en dicha demanda, contenida en el auto de apertura a juicio, se señala como ilícita, pero como se ha visto, cualquier ilegalidad o ilicitud del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque en la sentencia definitiva no se tome en cuenta, o porque se le considere sin valor jurídico, o bien porque se obtenga una sentencia favorable al quejoso. Inclusive, la parte quejosa puede hacer valer desde el inicio de la celebración de la audiencia de juicio oral, ante la jueza del tribunal de enjuiciamiento, el incidente previsto en el artículo 97, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se prevé que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. De ahí que la admisión de pruebas ofrecidas por la fiscalía y la parte ofendida que, en opinión de la parte quejosa, resultaban ilícitas, no resulta en ese caso un acto de imposible reparación; habida cuenta que serán objeto de valoración en el juicio oral e, incluso, tal como se vio, previo al desahogo de la audiencia en donde se desarrolle dicho juicio, pueden combatirse ante el juzgador natural, en términos del artículo 97 del código adjetivo nacional penal, lo que denota que son susceptibles de ser reparadas las violaciones de derechos que se vean implicadas con motivo de dicha admisión probatoria. En efecto, tal determinación del Juez de Control, relativa a la aceptación de los medios de prueba ofrecidos por alguna de las partes constituye un acto de naturaleza intraprocesal que no es susceptible de impugnarse en el amparo indirecto. Lo anterior es así, ya que con esas actuaciones normalmente no se violan derechos sustantivos contenidos en la Constitución General, sino sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, los cuales no generan la afectación extrema que obligue a efectuar un inmediato análisis de la constitucionalidad de los actos procesales en cuestión; por tanto, no se ubican dentro de los actos de imposible reparación que como categoría excepcional del juicio de amparo. Ello, habida cuenta que una de las principales funciones del juez de control durante esta etapa consiste en asegurarse de que durante la investigación no se hubieran cometido transgresiones a los derechos fundamentales del imputado y, en su caso, garantizar que las consecuencias de éstas no se trasladen a la etapa de juicio oral, por lo que esta etapa resulta el momento procesal idóneo para que éste haga valer sus inconformidades. De ahí que al momento de desahogar la prueba ante el Juez o tribunal de enjuiciamiento, dada la naturaleza híbrida del acuerdo de apertura a juicio oral, se reconoce la relación ineludible entre los aspectos vinculados con la motivación aplicada para admitir la prueba y aquellos que puedan derivar del debate para su desahogo; en consecuencia, estos últimos pueden ser valorados en la sentencia, dando lugar a una eventual declaratoria de ilegalidad o ilicitud, cuando trastoquen derechos fundamentales. Encuentra apoyo lo expuesto en la parte conducente de la jurisprudencia PC.XVII. J/29 P (10a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, en cuyos razonamientos se sustenta la anterior consideración, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de 2020, materias común, penal, Décima Época, tomo I, página 1154; del rubro siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, NO PROCEDE CONTRA LAS DETERMINACIONES DEL JUEZ DE CONTROL, CONSISTENTES EN LA ACEPTACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR ALGUNA DE LAS PARTES, EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO." De ahí que no se contravengan los criterios citados para apoyar su procedencia, en la demanda de amparo; pues como se ha visto el acto que se pretende combatir en esta vía constitucional se sustenta en la base de impugnar la admisión de pruebas propuestas por la fiscalía y parte ofendida que se consideran ilícitas, por lo que -incluso- se sostiene por la parte quejosa que debieron excluirse. Empero, tal como se ha visto, lo anterior no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, lo que deviene en la improcedencia de esta instancia de amparo. En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee respecto de los actos reclamados. Anotaciones internas Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realicen las anotaciones correspondientes al desechamiento decretado. Autorizados, acceso y notificación electrónica Se autoriza a la parte quejosa el acceso y consulta del expediente electrónico a través del usuario *. En consecuencia, y porque así fue solicitado de manera expresa por la parte quejosa en su demanda, se ordena que las notificaciones (sólo las que tengan carácter personal) le sean realizadas al promovente únicamente a través del mecanismo de notificación electrónica a través de dicho usuario; en tanto que las notificaciones ajenas a las personales, serán por medio de lista. Por tanto, instrúyase a fin de que habilite en dicho sistema la referida forma de notificación al usuario "*". Por otra parte, quedan autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo los licenciados *, porque se encuentra registrado en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho REGPROF del Poder Judicial Federal, y términos del artículo 24 de la Ley de la Materia a los licenciados *. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.

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