José Manuel Santillán Campos
Expediente 1309/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1309/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/10/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Manuel Santillán Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
En veintiséis de octubre de dos mil quince, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del nueve al veintitrés de octubre del año en curso, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el seis de octubre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 1309//2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con estado de autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de octubre de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el seis de octubre del año en curso, por la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, devuélvase a la autoridad responsable el juicio civil ordinario 167/2015, que en su oportunidad remitió como justificación de sus actos. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, siendo las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 1309/2015, estando en audiencia pública el licenciado MANUEL AUGUSTO CASTRO LÓPEZ, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido del licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, procedió a su celebración, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Enseguida, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, en aplicación a la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 185, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo, de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, y por legalmente emplazado al tercero interesado Raymundo Valadez de Santiago. En el período de ofrecimiento y recepción de pruebas, se da cuenta con las documentales que remitió la autoridad responsable como justificación de sus actos, consistentes en el juicio civil ordinario 167/2015. Al respecto, el Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria en consulta, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, de acuerdo a su propia y especial naturaleza, las documentales ya relacionadas. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos, en el cual, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 124 de la ley de la materia invocada, se tienen por formulados los que hizo valer el quejoso en su escrito recibido en este Tribunal Federal el dos de octubre del año en curso, con registro 19486. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1309/2015; y, R E S U L T A N D O 1°. Demanda de amparo. En escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil quince, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, JOSÉ MANUEL SANTILLAN CAMPOS, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, por el acto que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. Señalo como Acto Reclamado la SENTENCIA INTERLOCUTORIA de fecha diez (10) de julio de dos mil quince (2015) QUE RESUELVE DE PLANO EL RECURSO DE REVOCACIÓN que interpuse en tiempo y forma en contra del auto dictado por la propia responsable en fecha veinticuatro (24) de junio de dos mil quince (2015) y que tuvo por contestada la demanda al C. RAYMUNDO VALADEZ DE SANTIAGO, resolución que bajo protesta de decir verdad me fue notificada por lista en fecha trece (13) de julio de dos mil quince (2015)". Preceptos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contemplados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. 2°. Trámite del juicio de amparo. La demanda de garantías de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándose bajo el número 1309/2015 y; en auto de cinco de agosto de dos mil quince, se ordenó su admisión; pedir informe justificado a la autoridad responsable; dar la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; emplazar al tercero interesado; y, se fijó día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó en términos del acta que antecede y que forma parte integral de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 114 fracción IV de la Ley de Amparo; y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Precisión y certeza del acto reclamado. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a las jurisprudencias de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo."; y, "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, de la lectura integral del libelo constitucional se advierte que el acto reclamados en la presente instancia se hacen consistir en la interlocutoria dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital, el diez de julio de dos mil quince, dentro del juicio civil ordinario 167/2015, con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, por el que se tuvo a Raymundo Valadez de Santiago, aquí tercero interesado, dando contestación a la demanda promovida en su contra. II.2. Existencia de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo reconoció expresamente en su informe justificado [f. 13]. Sobre el particular se invoca la Jurisprudencia siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto.". Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con las documentales que en apoyo a su comunicado remitió la citada responsable, consistentes en el juicio civil ordinario 167/2015; documentales a las que se confiere pleno valor probatorio, conforme lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de ésta legislación. Al respecto, es aplicable el contenido de la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena.". III. Procedencia del juicio de amparo. El estudio de la procedencia del juicio de garantías es una cuestión que debe analizarse de manera oficiosa, según lo dispone el artículo 62, de la Ley de Amparo en vigor. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Este Juez de Distrito advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, que establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". Por su parte el artículo 107, de la ley de la materia, en su fracción V, señala: "El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". Previamente conviene acotar que con base en las porciones normativas trascritas, contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, es posible colegir que, contrario a como se establecía en la Ley de Amparo abrogada, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten al quejoso trascendiendo al resultado del fallo, y como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, únicamente cuando los actos en el juicio sean de imposible reparación, entendido dicho concepto como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución de primera instancia), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, por lo que en este supuesto no pueden reparase las violaciones que en determinado caso llegasen a perpetrarse a través del amparo directo; lo que no ocurre tratándose de otro tipo de resoluciones, entre otras, aquellas que versan sobre el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas dentro del procedimiento respectivo, dado que sus efectos se contraen exclusivamente a consecuencias dentro del proceso, esto es, son de naturaleza intraprocesal, salvo que se trate de afectaciones en grado predominante o superior; de tal manera, que al ser violaciones ocurridas en la secuela procesal, deben ser reclamadas hasta que se dicte la resolución definitiva, en caso de que ésta sea desfavorable al recurrente, por medio del juicio de amparo directo, previa impugnación a través de los recursos ordinarios que establece la ley que rige el acto reclamado de que se trate. En efecto, ha sido criterio jurisprudencial reiterado, que cuando se trate de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación o cuando afecten a personas extrañas al procedimiento. Los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene sentencia favorable. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 774, consultable en la página 523, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 1995, del rubro y texto siguientes: "EJECUCION IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACION DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B, CONSTITUCIONAL). En la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, conduce a determinar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etc., porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. El prototipo de los primeros está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los que la Ley Fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los segundos, se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El diverso concepto de irreparabilidad que se ha llegado a sostener, que se hace consistir en la imposibilidad jurídica de que la violación procesal de que se trate pueda ser analizada nuevamente al dictar la sentencia definitiva, no se considera admisible, dado que contraría la sistemática legal del juicio de garantías, en cuanto que si se sigue al pie de la letra ese concepto, se llegaría a sostener que todos los actos de procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales impiden que las actuaciones que causen estado pueden revisarse nuevamente en una actuación posterior, y esta apertura a la procedencia general del amparo indirecto judicial, pugna con el sistema constitucional que tiende a delimitarlo para determinados momentos solamente; además de que la aceptación del criterio indicado, traería también como consecuencia que hasta las violaciones procesales que únicamente deben impugnarse en el amparo directo fueran reclamables en el indirecto a elección del agraviado, aunque no fueran susceptibles de afectar inmediatamente las garantías individuales, lo que evidentemente no es acorde con la sistemática del juicio constitucional; y por último, desviaría la tutela del amparo hacia elementos diferentes de los que constituyen su cometido, contrariando sus fines y su naturaleza, al ensanchar indebidamente su extensión. A guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de la correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el que conminará a una parte para que forzosamente desempeñe un trabajo, el arraigo, etc., pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedades y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de trabajo, y en el séptimo la de tránsito; y ninguna de estas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, verbigracia, en el caso del embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro y se devuelvan los bienes; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia interceptada ya no podrá volver a su secreto, etc., y en todos estos supuestos, la posible violación de garantías individuales subsistiría irremediablemente en unos, y en otros se haría cesar hacia el futuro únicamente hasta que se emitiera la sentencia definitiva..". En ese contexto, se considera que en el caso a estudio, se está en presencia de un acto que no es de ejecución irreparable, ya que con la determinación que se combate en esta instancia constitucional, no se afectan los derechos sustantivos del impetrante de garantías; tampoco en grado predominante o superior, afirmación que se sustenta en las consideraciones que enseguida se expondrán. Precisado quedó en párrafos que preceden, que del análisis integral de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado consiste en la resolución de interlocutoria dictada por el Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la Capital, de diez de julio de dos mil quince, dentro del juicio civil ordinario 167/2015, con motivo del recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de junio de dos mil quince, por el que se tuvo a Raymundo Valadez de Santiago, aquí tercero interesado, dando contestación a la demanda promovida en su contra por el aquí quejoso José Manuel Santillán Campos. Como se ve, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la determinación impugnada -es decir, durante la sustanciación del juicio de origen y antes de dictarse sentencia de primer grado- es inconcuso que no se trata de un acto que tenga una ejecución irreparable en perjuicio del quejoso, en razón de que la circunstancia de que el juez responsable declarara infundado el recurso de revocación que hizo valer, tiene la consecuencia jurídica de dejar subsistente el proveído dictado el veinticuatro de junio del año en curso, por el que se tuvo a Raymundo Valadez de Santiago, dando contestación a la demanda instaurada en su contra; y en ese contexto, es evidente que tal determinación no constituye un acto procesal cuya ejecución sea de imposible reparación, pues en todo caso se trata de la infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales; de manera tal que las irregularidades que aduce el inconforme se cometieron en su perjuicio, podrán ser reparadas si obtiene sentencia que le favorezca, sin haber dejado ninguna lesión en su esfera jurídica; y en caso de que dicho fallo le sea adverso, las afectaciones procesales generadas podrán ser impugnadas a través del medio ordinario de defensa legal que se haga valer contra la referida sentencia de primer grado, y de serle adversa la resolución respectiva, las violaciones procesales en comento, serían reparables mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia de segunda instancia, pudiendo reclamar entonces las infracciones que estime se originaron durante la secuela procesal. Es de puntual aplicación al respecto, la tesis VI.1º.123 C, publicada en la página 272, Tomo XV-II, Febrero de 1995, Octava Época, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: "CONTESTACION A LA DEMANDA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL AUTO QUE PROVEE SOBRE AQUELLA. El acuerdo que admite la contestación de demanda en el juicio natural, aun cuando es un acto de procedimiento dictado en juicio, no es de los que dejan sin defensa a la quejosa y no tiene el carácter de irreparable, pues el perjuicio que pudiera causarle, es susceptible de ser reparado, en todo caso, en la sentencia que llegare a dictarse en ese procedimiento; por lo cual, el juicio de garantías en que dicho acuerdo se reclame, indudablemente resulta improcedente en tanto que no es de los actos contemplados en el artículo 107 fracción III constitucional, ni el artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo.". En las condiciones apuntadas, y atendiendo a que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado no puede considerarse como de aquellos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa, una ejecución de imposible reparación; como tampoco implican una afectación en grado predominante o superior; por tanto, se actualiza la causal de improcedencia analizada, lo que conduce a decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de garantías 1309/2015, promovido por JOSÉ MANUEL SANTILLÁN CAMPOS, en contra del acto reclamado al Juez Tercero del Ramo Civil del distrito judicial de la capital, por los motivos indicados en el considerando III de esta sentencia. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. L/F/R J/J/M/T.
- Principal
En cinco de octubre de dos mil quince, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Juez con el escrito registrado con el folio 19486. Conste. Zacatecas, Zacatecas, cinco de octubre de dos mil quince. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por el quejoso José Manuel Santillán Campos; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, ténganse por hechas las manifestaciones que vierte el ocursante a fin de desahogar la vista que se le dio con el informe justificado del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad; sin perjuicio de tomarlas en consideración en el momento oportuno dentro del desahogo de la audiencia constitucional que al efecto se celebre. NOTIFÍQUESE POR LISTA LAS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
En siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la razón actuarial que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de septiembre de dos mil quince. Vista la razón asentada por el Actuario Judicial adscrito en el sentido de que no fue posible notificar el auto de cuatro de septiembre del año en curso, al tercero interesado Raymundo Valadez de Santiago, en razón de que no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de cinco de agosto del año en curso y se ordena realizar la notificación del proveído de que se habla y las subsecuentes notificaciones que tengan el carácter de personales a dicho tercero interesado por medio de lista que se fija y pública en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme lo establecen los artículos 27, fracción III, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo. NOTIFIQUESE POR LISTA AL TERCERO INTERESADO. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. *Rosy
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