José Manuel Santana Rangel

Expediente 242/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 10 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
242/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
22/03/2019

Partes del expediente

  • José Manuel Santana Rangel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Juicio de amparo 242/2018 El veintidós de marzo de dos mil diecinueve, Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión transcurrió del cinco al diecinueve del mes y año en curso, sin que hubiere interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ********************; Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión; No existen pruebas por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada el ********************, en la que por un lado se sobreseyó y por otro se negó el amparo y protección solicitado; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos. Asimismo dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del referido acuerdo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria que autoriza y da fe. Vicky

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 242/2018, estando en audiencia pública Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, inició su celebración, sin contar con la asistencia de las partes. Enseguida, el secretario da lectura de las constancias que integran el presente juicio de derechos, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias; en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, rendidos los informes justificados de las autoridades responsables Gobernador, Congreso y Secretario de Finanzas, todos del Estado de Zacatecas, (fojas 38-68, 78-107 y 115-169, respectivamente). En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales exhibidas por el quejoso con su demanda de amparo (fojas 24-27), con la remitida por el Congreso del Estado, consistente en un disco en formato DVD (foja 108), con las documentales allegadas por el Secretario de Finanzas del Estado (fojas 170, 171, 294 y 295), así como con la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, que hizo valer este último en su informe justificado (foja 168). A lo que el juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos, el secretario relaciona los vertidos por la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado mediante el pedimento registrado con el folio 4538 (fojas 70-77); a lo que el juez acuerda: ténganse formulados los alegatos referidos y precluído el derecho de las demás partes para expresarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 242/2018; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de enero de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, José Manuel Santana Rangel y Margarita Hernández Hernández, demandaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridades que enseguida se describen: Autoridades responsables: Congreso del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. Actos reclamados: "- Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 20 de diciembre de 2017, en el suplemento 2 al No. 101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en vigor a partir del 1° de enero de 2018; en específico el artículo 1, no. 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4 y 3 de la referida ley. El Decreto Numero 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y Colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los derechos y defensas del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Articulo 99 de la ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los Artículos 78 al 89 de la misma Ley de Hacienda. Lo anterior, toda vez que de los artículos 78 al 89 y 99 todos de la Ley de Hacendaria del Estado de Zacatecas, constituyen una verdadera unidad o sistema normativo, cuya base tributaria se vincula directamente con el Artículo 99 de la referida Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; además la obligación de pago, el cobro y su consecuente aplicación deviene de Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, Publicado el 20 de diciembre de 2017, en el suplemento 2 al No.101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en vigor a partir del 1° de enero de 2018. En estos términos, se reclama de cada una de las autoridades responsables lo siguiente: Del H. Congreso del Estado de Zacatecas, se reclama la discusión, aprobación y expedición: De la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 20 de diciembre de 2017, en suplemento 2 al No. 101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en vigor a partir del 1° de enero de 2018; en específico el artículo 1, no. 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4, y 3 de la referida ley. Del decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los derechos y defensa del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del Estado de Zacatecas y de la ley de obligaciones, empréstitos y deuda pública del estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del Articulo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los Artículos 78, 79, 80, 81, y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del C. Gobernador del Estado de Zacatecas, se reclama la expedición, promulgación y la orden de publicación: De la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado el 20 de diciembre 2017, en el suplemento 2 al No. 101 del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas, en vigor a partir del 1° de enero de 2018; en específico el artículo 1, no. 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4 y 3 de la referida ley. Del decreto Número 273, por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, de la Ley de coordinación y colaboración financiera para el Estado de Zacatecas y sus Municipios, de la Ley de los derechos y defensas del contribuyente del Estado de Zacatecas y sus municipios, de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria del estado de Zacatecas y de obligaciones, empréstitos y deuda pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, en específico del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas vigente a partir del 01 de enero de 2018 y de los efectos que causa en los Artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la misma Ley de Hacienda. Del C. Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, se reclama la aplicación de las leyes referidas mediante la recaudación y cobro del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la Infraestructura y del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas." Actos que, a su parecer resultan violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1º, 16, 25, 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de amparo. La demanda de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas y, en proveído de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho se admitió a trámite por las autoridades y actos señalados en el escrito inicial, por lo que se solicitaron los informes justificados; se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se citó a las partes a la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el doce de abril de dos mil dieciocho (foja 178) y, el seis de julio de la citada anualidad se dictó la sentencia correspondiente (fojas 179 a 206). TERCERO. La anterior resolución fue recurrida por el Gobernador del Estado de Zacatecas, en sesión de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativo 603/2018, resolvió revocar la sentencia recurrida, reponer el procedimiento, para el efecto de dejar insubsistente la audiencia constitucional de doce de abril de dos mil dieciocho y la sentencia de seis de julio de la citada anualidad y, requerir al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que informara si obraba en sus en sus archivos, recibo en el que constara de manera fehaciente, el pago realizado por el quejoso del impuesto adicional para la infraestructura en fechas anteriores al nueve de enero de dos mil dieciocho, y en su caso, remitiera copia certificada de las constancias que lo acreditaran; hecho lo anterior, previa celebración de la audiencia constitucional, se emitiera la sentencia conforme a derecho proceda. CUARTO. En cumplimiento a esa resolución, el treinta de enero de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional ordenó reponer el procedimiento, y requirió al secretario de Finanzas en los términos señalados por el referido Tribunal Colegiado (foja 280). En atención a lo anterior, por oficio PF/0292/19 dicha autoridad comunicó que la prueba fehaciente y necesaria para acreditar la causal de improcedencia invocada por dicha responsable obraba en el informe justificado rendido con anterioridad, sin embargo anexó los Comprobantes Fiscales Digitales con folio X- 469328 y X-469324 a nombre de los quejosos (fojas 294 y 295). Seguido el juicio por sus trámites legales, se fijó fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se verifica en términos de la presente acta; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción I, inciso d, de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que se reclama una norma general que tiene como ámbito de aplicación el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en los actos siguientes: - Del Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas. I. Los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establecen el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. II. El Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que establece el derecho de control vehicular. III. El Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1º, 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4 y 3º de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. - Del Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas. I. La aplicación de las leyes referidas mediante la recaudación y cobo del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura y del impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados consistentes los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; y, el Decreto número 272, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico los artículos 1 numerales 1.8.1, 1.8.2 y 4.4 y 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, para el Ejercicio Fiscal 2018; que en sus respectivos ámbitos de competencia se atribuyen al Congreso y al Gobernador, ambos del Estado de Zacatecas, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados (folios 78 a 108 y 38 a 68). Además, la existencia de las disposiciones legales reclamadas se acredita en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en cuanto disponen que sólo los hechos estarán sujetos a prueba, y los notorios pueden ser invocados de oficio por el propio órgano jurisdiccional, de modo que la existencia del ordenamiento legal reclamado constituye un hecho notorio que no es objeto de prueba. Sustenta lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 260, agosto de 2000, tomo XII, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". También resulta aplicable a la consideración precedente, la tesis aislada V.2°.214 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 205, febrero de 1995, tomo XI-I, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". En el mismo sentido, es cierto el acto consistente en la recaudación y cobro del derecho de control vehicular, del impuesto adicional para la infraestructura y el adicional para la Universidad Autónoma de Zacatecas, pues así lo reconoció el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, al rendir su informe de ley (fojas 115 a 171); afirmación que se encuentra robustecida con cuatro comprobantes de pago con números de folios: V 21260 (2 L), V 21261 (2 L) y V 21262 (2 L), todos de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, a nombre del solicitante del amparo José Manuel Santana Rangel. V 21263 (2 L) de fecha nueve de enero de dos mil dieciocho, a nombre de la solicitante del amparo Margarita Hernández Hernández. De dichas documentales se advierte que la Secretaría de Finanzas responsable recaudó los impuestos y el derecho que se le atribuye (foja 28). En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Causal de improcedencia. [Hipótesis actualizada]. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causa de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que de actualizarse alguna, sería innecesario el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. El Gobernador del Estado de Zacatecas (fojas 59 a 62), al rendir su informe justificado estima actualizada la referida causal de improcedencia, en razón de que estima que de los recibos de pago V 21260 (2 L), V 21261 (2 L), V 21262 (2 L) y 21263 (2 L) se advierte que los quejosos realizaron el pago del derecho de control vehicular del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, coligiendo que no es la primera ocasión que la parte quejosa efectúa el pago por el impuesto adicional de infraestructura, por lo que, considera esa responsable, la impugnación del mismo debió ser a partir del primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, concretamente los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas que regulan el impuesto adicional para infraestructura. Por su parte la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas (fojas 82 a 85) considera actualizada la causal de improcedencia de referencia, en relación con el artículo 17, primer párrafo, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa efectuó pagos anteriores del impuesto adicional para la infraestructura, es decir, dice la responsable, consintió los actos que hoy reclama, en razón de que no impugnó el primer acto de aplicación por esta vía constitucional en el plazo previsto en la Ley de Amparo, esto es, de quince días. El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas (fojas 118 A 128), en su informe justificado señala que se actualiza la causal de improcedencia en estudio, específicamente sobre el impuesto adicional para la infraestructura porque la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones reclamadas en ejercicios fiscales anteriores al dos mil dieciocho, lo que se desprende de los tickets con folios: X 8119151 de fecha cinco de enero de dos mil diecisiete, a nombre del solicitante del amparo Margarita Hernández Hernández. 8859412 de fecha veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, a nombre de la solicitante del amparo José Manuel Santana Rangel. Correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuaron en aquél momento los solicitantes del amparo; por tanto, considera que previo al pago de las contribuciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, la parte quejosa erogó los impuestos reclamados el cinco de enero y veintinueve de noviembre del año pasado, respectivamente, cumpliendo la individualización de la norma, cuya inconstitucionalidad reclama, por ende, en esos instantes comenzó a transcurrir el plazo de quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga a los gobernados para solicitar el amparo. A fin de acreditar su dicho, el Secretario responsable exhibió una copia certificada de los comprobantes de pago números X 8119151 y 8859412 de cinco de enero y veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 170 y 171), del que se desprenden diversos conceptos de pago, entre ellos, el impuesto adicional para la infraestructura, por la cantidad de $405.00 (cuatrocientos cinco pesos con 00/100 M. N.) y $705.00 (setecientos cinco pesos con 00/100 M. N.) En esa lógica, dice la Secretaría responsable, la parte quejosa ha erogado y realizado el pago de las contribuciones en ejercicios fiscales anteriores al año dos mil dieciocho, como el relativo al impuesto adicional para la infraestructura, impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho de control vehicular, lo que se desprende de los tickets con folio X 8119151 y 8859412 que adjuntó a su informe, así como de los Comprobantes Fiscales Digitales con número de folio X-469328 y X-469324 que remitió con posterioridad junto con su oficio con número PF/0292/19, correspondientes al pago de contribuciones del ejercicio fiscal dos mil diecisiete que efectuó en aquél momento el peticionario del amparo. Para ello, señala que los tickets correspondientes al año dos mil diecisiete fueron obtenidos del Sistema Integral de Información Financiera, el cual funciona como respaldo de todos aquellos recibos que son emitidos por la propia Secretaria una vez que son pagados por los contribuyentes; por tanto, aduce que el mismo debe tener eficacia probatoria plena a efecto de tener por comprobada la causal de improcedencia denunciada. Aunado a lo anterior, afirma que el Comprobante Fiscal Digital cumple con los requisitos establecidos en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, el cual es generado como comprobante de que el Estado obtuvo dicho ingreso durante un ejercicio fiscal determinado; del cual concluye, que al ser un documento eficaz y pleno se deba tener que la parte quejosa erogó en el ejercicio fiscal dos mil diecisiete la contribución correspondiente al impuesto adicional para la infraestructura, constituyéndose así el primer acto de aplicación de dichas normas. Lo anterior resulta fundado por las siguientes consideraciones: Con el ánimo de exponer la conclusión alcanzada, es menester tener presente que los artículos 61, fracción XIV y 17 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Asimismo, cabe puntualizar que, de conformidad con la técnica del juicio de amparo contra leyes de carácter heteroaplicativo, como la que ahora nos ocupa, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne al acto de su aplicación, ya que, en principio el juzgador está compelido a examinar si el juicio constitucional resulta procedente contra el acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que se concreta en perjuicio de la parte quejosa, y si en relación con él no se justifica una diversa causa de improcedencia; de no ser así procederá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada; empero, de resultar procedente el juicio de amparo contra el acto de aplicación, debe analizarse, en primer término, la constitucionalidad de la disposición impugnada y resolverse lo conducente y, sólo en el caso de que se determine negar la protección de la Justicia de la Unión, procede abordar el estudio de los conceptos de violación dirigidos a combatir el acto de aplicación; por ende, por regla general, no es factible analizar cuestiones de legalidad antes de la constitucionalidad de la norma reclamada. Al caso, se estima aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 235, de registro 191311, cuyo contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En relación al denominado Comprobante Fiscal Digital adjuntado como prueba por la autoridad responsable mencionada, debe otorgársele valor probatorio en términos del artículo 210-A del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al cual debe atenderse preponderadamente a la fiabilidad del método en que haya sido generado y si el contenido de la información es atribuible a las personas obligadas. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia de 2ª./J. 24/2008 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 530, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ. De acuerdo con el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes deben realizar pagos y presentar las declaraciones respectivas en documentos digitales a través de los medios electrónicos señalados por el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas generales y este último, conforme al artículo 17-E del propio ordenamiento, por la misma vía remitirá el acuse de recibo que contenga el sello digital, consistente en la cadena de caracteres generada por la autoridad, la cual permita autenticar su contenido. De esa forma, si para cumplir con las indicadas obligaciones fiscales, por disposición legal, debe hacerse uso de una interconexión de redes informáticas, a través de la cual el contribuyente y las autoridades fiscales se transmiten información directamente desde computadoras, prescindiendo de constancias impresas, para valorar la información obtenida de dicha red, o sus copias simples, no debe acudirse a las reglas aplicables en cuanto al valor probatorio de documentos impresos, sino a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, conforme al cual debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Así, tratándose del cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de medios electrónicos, el método por el cual se generan los documentos digitales está previsto en la ley y, además, el propio legislador y la autoridad administrativa, a través de reglas generales, han desarrollado la regulación que permite autenticar su autoría, de manera que su impresión o su copia simple son aptos para demostrar la aplicación de los preceptos legales que sirven de base a los diversos cálculos cuyo resultado se plasma en la declaración, siempre y cuando sea indudable que las correspondientes hipótesis normativas sustentan los resultados contenidos en ella." Así, de dicho comprobante digital se advierten diversas características que tornan el mismo en un medio de eficaz de convicción, tales como la cadena de caracteres denominados sello digital y cadena original de certificación digital, ambos validados por el Sistema de Administración Tributaria, así como el registro federal de contribuyentes de la parte quejosa, la fecha y hora de pago, la forma de pago, el periodo, el impuesto y la cantidad que se pagó, llegando a la conclusión de que el mismo es idóneo para determinar que la parte quejosa en el ejercicio dos mil diecisiete erogó diversas cantidades a efecto de pagar los impuestos adicionales para la infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas. Lo cual se adminicula estrechamente con los tickets obtenidos del Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaria de Finanzas del Estado, pues los mismos refieren idénticos datos relativos a la fecha, número de recibo y cantidades erogadas por los contribuyentes, ahora parte quejosa, respecto del impuesto adicional a la infraestructura en el mencionado ejercicio fiscal; generando así, identidad y relación entre ambos documentos. Al respecto, de los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación que se desprenden, tanto de los Comprobantes Fiscales Digitales folio X-469328 y X-469324 como de los tickets con números de folio X 8119151 y 8859412, se tiene que el cinco de enero y veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete la parte quejosa erogó lo relativo a los impuestos adicional para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, por tanto, si desde el citado momento se aplicó a su esfera jurídica lo atinente a los artículos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, es indudable que este juicio constitucional no se promovió con motivo del primer acto de aplicación, sino uno ulterior. Esto es así, pues los numerales 78 a 89 de la ley hacendaria referida no sufrieron modificación alguna a través de Decreto 273, por virtud del cual únicamente fue reformado el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, quedando dichos numerales intocados desde su expedición a través del diverso Decreto 109, publicado en el Periódico Oficial el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis aislada I.7o.A.183 A emitida por el séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página 1351, Tomo XVI, septiembre de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DECLARACIONES FISCALES PRESENTADAS POR MEDIOS ELECTRÓNICOS (VÍA INTERNET). EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SE ACREDITA CON ACUSE DE RECEPCIÓN QUE CONTENGA LOS DATOS REFERENTES A LA HORA, FECHA, FOLIO Y TIPO DE OPERACIÓN, TRANSMITIDO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE. Para acreditar el primer acto de aplicación y, por ende, el interés jurídico del gobernado para acudir al juicio de amparo a reclamar una ley, basta con la exhibición de la constancia de recepción de la declaración y pago correspondiente, presentada a través de los medios electrónicos, específicamente en la página del Servicio de Administración Tributaria de la red respectiva que contenga los datos relativos a la hora, fecha, folio y tipo de operación, para considerarse acreditado el acto de aplicación de las normas reclamadas en el juicio de garantías, toda vez que las constancias de referencia son el único documento que se puede obtener para demostrar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por esa vía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación y la regla número 2.10.7. de la miscelánea fiscal vigente para el año dos mil uno." En ese contexto, en relación a los actos de aplicación relativos al pago de los impuestos adicionales para la Infraestructura y para la Universidad Autónoma de Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al materializarse la causa de improcedencia en estudio respecto de los actos de aplicación del pago del impuesto en estudio, procede sobreseer en el juicio constitucional en que se actúa, en relación de los dispositivos 78 a 89 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, pues no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que éste acto es el que causa perjuicio a la parte quejosa y no por sí sola la ley considerada en abstracto. De igual forma, por las razones antes expuestas, el sobreseimiento se hace extensivo respecto de la aplicación de los numerales 1.8. 1.8.1 y 1.8.2, 4.4 y 3° de la Ley de Ingresos del estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que su contenido se refiere a los ingresos obtenidos y destino aplicable por el Impuesto Adicional de Infraestructura. Por último, éste órgano jurisdiccional debe precisar que para que opere la suplencia de la queja deficiente a favor de la parte quejosa, tratándose de que cuando un ulterior acto de aplicación se sustente en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia, es menester que la norma legal aplicada en perjuicio del gobernado sea precisamente la declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea, a través de jurisprudencia específica o temática. En ese sentido, de la contradicción de tesis 25/2006-PL resuelta por el Pleno del más alto tribunal de nuestro país, estipuló que la jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes es aquella que determina que el supuesto normativo previsto en una disposición general impugnada, no puede tener cabida en ninguna ley, por ser contraria a la Constitución, y cuya construcción argumentativa revele un nivel de abstracción de tal índole, que evidencie el desprendimiento de una regla constitucional reconocida de manera general, frente a todo tipo de leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales. Ahora bien, si bien es cierto que éste órgano de amparo tiene conocimiento de la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 126/2013 (10a) emitida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPUESTO ADICIONAL. LOS ARTÍCULOS 119 A 125 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MORELOS QUE LO PREVÉN, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", la misma no puede considerarse como un criterio genérico aplicable a cualquier texto legal del sistema jurídico mexicano, esto es, una tesis de jurisprudencia denominada "temática", pues la misma no establece que todo aquel impuesto que grave en un segundo nivel determinada manifestación de riqueza previamente sujeta a imposición, a través de un impuesto primario, cuyo hecho imponible gira en torno a una misma actividad denotativa de capacidad económica viole el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución federal; sino más bien, se trata de una jurisprudencia especifica que versa sobre un texto legal determinado que precisa su sentido en relación con la propia Constitución Federal, con el objeto de puntualizar la conducta jurídica prohibida. Además, en la contradicción de tesis aludida, se establece la necesidad de que sea la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación quien declare que el vicio legislativo alcanza a todas las leyes que prevean las mismas figuras estimadas inconstitucionales, pues es a la propia Corte a quien le corresponde definir criterios de tal naturaleza, los cuales implican un análisis genérico de los supuestos normativos que por ningún motivo o razón podrían encontrar cobijo en un sistema constitucional que a todas luces los repele. Por tanto, no es procedente suplir la queja deficiente tratándose del ulterior acto de aplicación, en términos de lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia P./J. 104/2007 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA TEMÁTICA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER PREVALECER LA SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia de referencia resulta innecesario el estudio de diversas causales de improcedencia relacionadas con los artículos precisados. QUINTO. Causal de Improcedencia [Hipótesis no actualizada]. Fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por otro lado, la LXII Legislatura del Estado de Zacatecas (fojas 81 y 82) y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (foja 74 vuelta), a través de su informe justificado y mediante pedimento presentado el cinco de marzo de la anualidad que transcurre, respectivamente, manifestaron que el juicio de amparo resulta improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Al respecto, la Legislatura responsable estima que se actualiza dicha causal de improcedencia, porque el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, establece únicamente la enumeración de los conceptos que integran los ingresos estimados del Estado durante el referido año fiscal, entre los que se encuentran, por supuesto, el Impuesto Adicional para la Infraestructura y el Impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, sin que en tal ordenamiento se precise alguno de los elementos que integran tales ordenamientos (sujeto, objeto, base gravable, etc.); por tanto, estima dicha responsable, del contenido de la citada Ley no deriva ninguna obligación a cargo de la quejosa y, por lo tanto, no afecta su esfera jurídica. En ese sentido, dice la representación social, si bien es cierto la parte quejosa sólo arguye que dicho decreto le causa agravio al imponerle el pago de derechos por concepto de control vehicular, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 78 a 82 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas y, de manera conjunta el pago del impuesto adicional a la infraestructura, tomando como base el importe del derecho mencionado por el concepto de "control vehicular"; empero, dice la representación social, no acredita que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos otorgados por la ley. Son infundados los argumentos por las consideraciones siguientes: Se estima de tal manera, porque no asiste razón a la Legislatura responsable y la Agente del Ministerio Público Federal, toda vez que la parte quejosa tiene interés jurídico o legítimo para combatir el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas (se estudiara la causal de improcedencia solamente respecto a este artículo, dado el sobreseimiento decretado en el punto que antecede); que establecen el derecho de control vehicular. El numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." El precepto anterior engloba el principio de agravio personal y directo que rige al juicio de amparo, ya que cuando las prerrogativas que tiene el gobernado reconocidas por el derecho positivo son transgredidas por un acto de autoridad o por una ley, lo faculta a comparecer ante la Justicia Federal a solicitar el cese de la violación cometida en su perjuicio. En ese sentido, el interés que faculta a la parte quejosa para acudir al juicio de amparo se integra por: a) Un derecho jurídica o legítimamente tutelado, y b) un perjuicio que el acto reclamado ocasione en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Es sustento de lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página: 60: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". En suma, para que la parte quejosa cuente con interés para efectos del juicio de amparo (legítimo o jurídico), se requiere que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus derechos jurídicamente tutelados. La parte quejosa controvierte la constitucionalidad del artículo 99 de la ley en cita, el cual señala: "Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda......$2,350.00" El artículo anterior establece que el derecho de control vehicular debe efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda por la cantidad de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos). Ahora, la parte quejosa combate dichos preceptos en virtud de que el nueve de enero de dos mil dieciocho erogó en favor de la Secretaría de Finanzas del Estado de Zacatecas la cantidad de $3,172.00 (tres mil ciento setenta y dos pesos), $1,352.00 (mil trescientos cincuenta y dos pesos), $1,352.00 (mil trescientos cincuenta y dos pesos) y $1,352.00 (mil trescientos cincuenta y dos pesos) entre otros, por los conceptos de derecho de control vehicular, el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, tal y como se advierte de los recibos que acompañó a la demanda de amparo; por tanto, tal y como se dijo en líneas precedentes, no asiste razón a la Legislatura responsable y a la representación social de la adscripción en señalar que los solicitantes del amparo no acreditaron que el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, afectan su esfera de derechos subjetivos. Con base en lo anterior, no se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, respecto al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. En otro aspecto, por cuanto hace al argumento de la autoridad responsable Gobernador del Estado de Zacatecas, en el que refiere que de un análisis del decreto 273 que reforma diversos ordenamientos, entre ellos, la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en relación con el diverso decreto 109, vigente a partir del uno de enero de dos mil diecisiete, se tiene que al menos el impuesto adicional para infraestructura permaneció intocado; por tanto, considera dicha responsable, que si la parte quejosa no señaló como acto reclamado el decreto señalado en último término, ni hizo valer concepto de violación alguno en su contra a fin de evidenciar agravio derivado del mismo, el juicio debe sobreseerse. En ese sentido, señala el ejecutivo del estado, si bien se puede advertir la aplicación del decreto 109, también lo es que este juzgado federal se encuentra vedado para modificar los actos reclamados, pues únicamente se encuentra facultado para pronunciarse respecto de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa. En conclusión, dice esa responsable, al no acreditarse en materia del impuesto adicional para la infraestructura la aplicación del decreto 273 reclamado, sino uno diverso no hecho valer como motivo de agravio por la parte quejosa, se debe sobreseer en el juicio. Es inatendible su planteamiento, ya que como dicha autoridad lo reconoce, la parte quejosa no señaló como acto reclamado el decreto 109, a través del cual se expidió la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, publicado el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis; sino que, reclama el decreto 273 que reformó diversos ordenamientos, entre ellos, la ley antes señalada, por ende, no hace valer motivo de disenso en contra del decreto 109. Aunado a lo anterior, si la intención de Gobernador del Estado radica en demostrar que la parte quejosa no impugna el primer acto de aplicación de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, en concreto, el precepto que contempla el impuesto adicional para la infraestructura, se debe recordar que en líneas precedentes se desestimó la causal de improcedencia que al efecto establece la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que de oficio se advierta la actualización de diversa causal o alguna hecha valer por las partes, se procederá al análisis de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. SEXTO. Reproducción innecesaria de los conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación vertidos, ya que para mayor claridad de la sentencia éstos se sintetizarán al realizarse el estudio de fondo del asunto y se emitirá una respuesta puntual sobre lo planteado, en atención a los principios de congruencia y exhaustividad. Sirve de criterio orientador, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio de la inconstitucionalidad del artículo 99. En el presente considerando se analizará la constitucionalidad del Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas; al respecto la quejosa formuló los siguientes conceptos de violación: Principio de legalidad tributaria. En su primer concepto de violación dice la parte quejosa que el precepto tildado de inconstitucional contraviene el principio de legalidad tributaria, pues considera que no contiene los elementos esenciales de la contribución (derecho de control vehicular), pues no se advierte que refiera de manera específica a lo que constituye el objeto de contribución, ni tampoco precisa al sujeto obligado al pago por la recepción de esa actividad de la administración, individualizada, concreta y determinada, en su calidad de usuario, pues ninguno de esos dos aspectos se desprende del numeral en cita. De igual forma refiere que los artículos 53 y 98, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, establecen con precisión los vehículos sujetos al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o aquéllos sobre los cuales se generará el pago de derechos por el servicio de expedición de placas; y, el artículo 99, vigente para el ejercicio fiscal 2017, establecía cuáles eran los vehículos que se encontraban inmersos en el pago por el servicio de control vehicular, como son "los vehículos de servicio público y particular, remolques y motocicletas", lo que no acontece en el artículo cuya inconstitucionalidad se reclama, pues se deja a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas determinar el objeto de la contribución y a quién corresponde el pago de los derechos por el servicio de control vehicular. Son infundados dichos argumentos. En efecto, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 31- Son obligaciones de los mexicanos: . IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes." Conforme a dicho precepto constitucional todo gobernado debe aportar aquellas contribuciones al gasto público impuestas por el Estado, mismas que deben atender a los principios constitucionales de legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público; toda vez que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la Federación, de la Ciudad de México y del Estado o Municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En ese sentido, en materia de contribuciones, los derechos constituyen una cuota a cargo del contribuyente en relación con la prestación de un servicio por parte del Estado. Al efecto, los artículos 1, 2 y 3 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, establecen: "Artículo 1. En el Estado de Zacatecas y sus municipios las personas físicas y las morales, así como las unidades económicas, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Se consideran unidades económicas, entre otras, a las sucesiones, los fideicomisos y las asociaciones en participación, de conformidad con la legislación vigente en el país, o cualquiera otra forma de asociación aun cuando no sean reconocidas como personas jurídicas conforme otras disposiciones legales aplicables. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. Artículo 2. El Estado y sus Municipios, para cubrir los gastos de su administración y la prestación de servicios públicos a su cargo, percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes de los impuestos, derechos, productos, contribuciones de mejoras, y aprovechamientos que establezcan las leyes fiscales, los empréstitos o financiamientos; así como, los ingresos que establezca la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera del Estado de Zacatecas y sus Municipios. Artículo 3. Para efectos del artículo anterior, los ingresos del Estado y sus Municipios, se clasifican en contribuciones, aprovechamientos, productos y los ingresos coordinados o de colaboración administrativa, mismos que se definen según su naturaleza de la manera siguiente: I. Contribuciones: son las aportaciones económicas que impone el Estado, independientemente del nombre que se les designe, como impuestos, derechos o contribuciones de mejoras, mismas que se definen de la siguiente forma: a) Son impuestos, las contribuciones establecidas en la ley, obligatorias en el territorio del Estado para las personas físicas, las personas morales así como las unidades económicas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho, generadora de la obligación tributaria, distintas de los Derechos y de las Contribuciones de Mejoras; b) Son derechos, las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado y sus Municipios en sus funciones de derecho público; y.". De los citados preceptos se obtiene que el Estado de Zacatecas y sus municipios, para cubrir el gasto público percibirán en cada ejercicio fiscal los ingresos provenientes, entre otros, de los derechos, los cuales se definen como las contribuciones establecidas en la ley, por permitir el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado y sus Municipios en sus funciones de derecho público. Ahora bien, el artículo 99 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, cuya constitucionalidad se controvierte, dispone: "Artículo 99. El derecho de control vehicular con vigencia al 31 de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda.......................... $2,350.00". La disposición reclamada establece que el derecho de control vehicular con vigencia al treinta y uno de marzo del año siguiente, deberá efectuarse los primeros tres meses del año que corresponda, y asciende a la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos; esto es, regula la cantidad que, como cuota única, se pagará en el Estado de Zacatecas, por el derecho de control vehicular. Ahora bien, el control vehicular es un derecho que los contribuyentes pagan por el servicio que el Estado otorga para tener información vigente y actualizada del padrón de vehículos en dicho territorio, de manera que ese servicio tiene como finalidad conocer la situación de los vehículos registrados, por ejemplo, algún gravamen o reporte de robo. En ese sentido, de la naturaleza y la finalidad del servicio que presta el Estado válidamente pueden colegirse los elementos de la contribución, como son: el sujeto obligado y el objeto, dado que se encuentra dirigido a todos aquellos gobernados que soliciten ese servicio, y su objeto, es el control de la flota vehicular, esto es, vehículos del servicio público y privado, incluyendo remolques y motocicletas, para lo cual, la norma establece una tarifa única para quien solicite ese servicio, como se desprende de la exposición de motivos del Decreto que reformó ese precepto legal, el cual en lo que interesa, dispone: ".En este sentido, tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no así a la capacidad contributiva del gobernado, en específico al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas -Derecho de Control Vehicular- para los vehículos de servicios particular y público varía desde $ 1,350.00 pesos hasta $2,350.00 pesos.". Por tanto, el derecho de control vehicular previsto en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, cumple con el principio de legalidad dado que los sujetos obligados son todos aquellos gobernados que se ubican en el supuesto del aludido numeral, a quienes se les aplica la misma tarifa por el servicio prestado; y el objeto de esa contribución, son los vehículos del servicio público y privado, cuya pretensión es que se incluyan en el padrón vehicular del Estado de Zacatecas. En otro aspecto, el Ejecutivo delimitó el ámbito de aplicación del servicio de control vehicular, a fin de que la autoridad exactora no aplique a su arbitrio esa contribución, pues el artículo 15 del Decreto Gubernativo mediante el cual se otorgan Estímulos Fiscales y Reglas de Facilidades Administrativas para el Ejercicio Fiscal 2018, prevé que la obligación consignada en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas se encuentra dirigida a las personas físicas, morales o unidades económicas, propietarios, poseedores o usuarios de unidades motrices; y precisa que los vehículos sujetos a control vehicular son aquéllos de modelo reciente y anteriores, las motocicletas y los remolques. No se soslaya lo aducido por los solicitantes del amparo en relación a que los artículos 53 y 98, fracción I, de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, establecen con precisión los vehículos sujetos al pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos o aquéllos sobre los cuales se generaría el pago de derechos por el servicio de expedición de placas; y, el artículo 99, vigente para el ejercicio fiscal 2017, sí establecía cuáles eran los vehículos que se encontraban inmersos en el pago por el servicio de control vehicular, como son "los vehículos de servicio público y particular, remolques y motocicletas"; pues como ya se precisó con anterioridad, el sujeto obligado y el objeto de la contribución pueden obtenerse de la naturaleza y finalidad del servicio prestado, sin que esa circunstancia deje en incertidumbre jurídica al particular, en tanto que, la norma se encuentra dirigida a todo gobernado que solicite el servicio de control vehicular que pretenda que su vehículo se encuentre registrado en el padrón vehicular, para lo cual se estableció una cuota única por el servicio prestado, de ahí que los planteamientos en análisis sean infundados. Principios de proporcionalidad y equidad tributaria. En otra parte del segundo concepto de violación refiere la parte quejosa que el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, contraviene el principio de proporcionalidad y equidad tributaria al fijar $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos) sin que guarde una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el estado. Además, estima la quejosa que bajo el principio de equidad tributaria dicha determinación, al dar un trato igual a cierto hecho, su aplicación produce una ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre personas que se encuentran en situaciones dispares, provocando desigualdad jurídica. En ese sentido, dice que el parámetro de medición seleccionado para estimar el monto del pago del derecho de que se trata, en realidad no guarda relación directa con el tipo de servicio prestado de su costo, sino a elementos totalmente ajenos a éste, como son las ejecutorias de amparo que declararon la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2017. De igual forma, refiere que no existe fundamento que justifique establecer esa cantidad como costo del servicio, razón por la cual la considera inconstitucional. Es infundado su concepto de violación. Al respecto, debe puntualizarse que para analizar la proporcionalidad y equidad de una norma que establece un derecho, se debe tomar en cuenta la actividad del Estado que genera su pago, ya que la cuota no puede contener elementos ajenos al costo del servicio prestado sin que exista una justificación razonable, por lo que debe existir congruencia con el costo que representa para la autoridad el servicio relativo. En ese sentido, el costo por el servicio público tiene que ser individualizado al usuario atendiendo a su uso o consumo, considerando que el servicio que le da origen sea susceptible de ser dividido en unidades de consumo o de uso, es decir, individualizado en el contribuyente. Así, atendiendo a que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación por los factores inmanentes en su ejecución, las bases conforme a las cuales se debe analizar la constitucionalidad de los derechos por servicios deben ser conforme a parámetros de razonabilidad y no de cuantía. Es decir, para individualizar el costo del servicio es necesario que exista una razonabilidad entre el costo del servicio y la cuota que se cobra, ya que sería imposible que algún elemento normativo estableciera parámetros para verificar si es acorde cuantitativamente el costo del servicio con la cuota del derecho que individualiza en cada sujeto, debido a que los costos que despliega el Estado para prestar los servicios son de difícil cuantificación, dada la complejidad de su ejecución. Por tanto, la única forma en que es posible medir el costo del servicio para efecto de poder individualizarlo es mediante parámetros de razonabilidad relacionados con el tipo de servicio y las actividades que desarrolla el Estado para prestarlo, de ahí que tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, por lo que no es posible exigir un registro que proporcione información respecto del costo exacto del servicio expresado en cantidades numéricas. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la siguiente tesis: "DERECHOS POR SERVICIOS. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE RAZONABILIDAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de derechos por servicios, deben analizarse en función de la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate, a través de criterios de razonabilidad y no de cuantía, ya que para el caso de servicios divisibles prestados por el Estado, el equilibrio entre el costo del servicio y la cuota a pagar debe efectuarse mediante el establecimiento de criterios razonables, conforme a los cuales desde un análisis cualitativo, se verifique que la individualización del costo se efectúa en función de la intensidad del uso del servicio. En este sentido, el análisis de razonabilidad consiste en verificar que la unidad de medida utilizada para individualizar el costo del servicio, esto es, el referente, se relacione con su objeto y que el parámetro individualice los costos en función de la intensidad del uso, lo que conlleva a que pague más quien más utilice el servicio. Por su parte, para el análisis del parámetro debe identificarse si el tipo de servicio es simple o complejo, para con ello determinar si en la cuota debe existir o no una graduación; así, los servicios simples son aquellos en los que las actividades que desarrolla directamente el Estado para prestarlos no se ven modificadas por su objeto, mientras que en los complejos las actividades directamente relacionadas con la prestación del servicio varían con motivo de las características de su objeto; en este sentido, en el primer caso el parámetro no debe reflejar una graduación en la intensidad, pues el aumento en el uso está determinado por las veces en que se actualice el hecho imponible, mientras que en el segundo el parámetro debe reflejar la graduación en la intensidad del uso." Además de lo anterior, la contraprestación dada por un servicio prestado por el Estado no debe entenderse como en el derecho privado y su costo debe corresponder exactamente al valor de dicho servicio, ya que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, dado que tienden a garantizar derechos públicos como la seguridad, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización, etcétera. Lo anterior es así, porque el Estado no es una empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues el Estado y los servicios se organizan en función del interés general y secundariamente, en el de los particulares. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente tesis: "DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos". Ahora bien, la elección de la unidad de medida conforme a la cual se individualiza el costo, y en cómo se aplica éste, ya sea mediante cuota, tarifa o rango, es parte de la libertad de configuración de la que goza el legislador, pues en el caso de la normatividad con efectos tributarios, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplía capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias." En suma, un derecho será proporcional y equitativo mientras los parámetros elegidos por el legislador para su cálculo sean razonables y objetivos, lo que implica la correlación entre la cuota a pagar y el costo del servicio de que se trate en función de la intensidad de su uso por parte del contribuyente, sin que puedan establecerse criterios cuantitativos. En ese sentido, cuando se cuestiona la constitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, con el argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Federal, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo del servicio, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, a partir del argumento de que viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el monto por el servicio recibido es superior al costo que tiene en el mercado, inicialmente corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos, datos o pruebas, sobre los que hace descansar esa transgresión, los cuales servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo; ello porque no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado, en tanto tal proceder no es acorde con la función jurisdiccional de control de la regularidad de los actos legislativos. Lo anterior no exime a las autoridades responsables de la obligación de acreditar la constitucionalidad del acto que defienden, pues será precisamente a partir de lo aportado por la quejosa, que tendrán la carga de desvirtuar lo afirmado, a través del informe justificado y los medios legales que estimen necesarios para sustentar sus aseveraciones, inclusive periciales, exponiendo de manera motivada por qué la cantidad señalada en la norma legal cumple con los principios constitucionales que le rigen." Por tanto, no basta la sola afirmación de que el monto del derecho cuestionado es desproporcionado, para que el juzgador haga un estudio a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar la veracidad del argumento planteado. De acuerdo con lo anterior, si el legislador en el artículo 99 combatido, consideró el costo de $2,350.00 (dos mil trescientos cincuenta pesos), como contraprestación que debe pagar el gobernado por el servicio de control vehicular y, dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello, en sí mismo, no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque debe entenderse que corresponde al costo fijado por la prestación del servicio involucrado, el cual, como se expuso, no necesariamente debe corresponder de manera exacta (cuantitativa) con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio, dada la especial naturaleza jurídica de los derechos. En este orden de ideas, tal y como se anticipó, son infundados los argumentos en estudio, porque no puede exigirse una correspondencia exacta o cuantitativa de las cuotas que se fijen respecto de los derechos, sino que únicamente debe atenderse a que los elementos establecidos para el cálculo del derecho sean razonables y objetivos; y que la libertad de configuración del legislador en el ámbito tributario es amplia, por lo que si no es patente la inconstitucionalidad de las cuotas establecidas, deben estimarse acordes con los derechos tributarios; además, la norma reclamada no genera un trato discriminatorio, pues la cuota fijada es igual para todos los usuarios que requieran de ese servicio. Debe puntualizarse que si bien en el Decreto legislativo que reformó el artículo 99, se advierte que el costo aproximado que representa para el Estado de Zacatecas la prestación del servicio de control vehicular oscila entre $1,350 a $2,350, y el legislador tomó como tarifa única el monto máximo, esa circunstancia no trasgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, y la urbanización, de ahí que la cuota establecida tiene una finalidad objetiva y razonable, por tanto, el hecho de que el costo del derecho por control vehicular sea la tarifa máxima no se traduce en que no sea proporcional ese derecho, teniendo en cuenta, además, que ésta no debe tener una correspondencia cuantitativa, sino cualitativa y atento a criterios de razonabilidad. Cuotas únicas. Corolario a lo antes señalado, también resulta infundado el argumento hecho valer por la parte quejosa, en el sentido de que el legislador tomó en cuenta las ejecutorias de amparo que declararon la inconstitucionalidad del artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, para el ejercicio 2017 para modificar las tasas establecidas en ese precepto legal por cuotas únicas (foja 12). Lo anterior es así, toda vez que en relación a la tarifa, el legislador tomó en cuenta aspectos relacionados con el servicio prestado, pues al efecto, en la exposición de motivos que sustenta la reforma al citado precepto legal, se estableció lo siguiente: "De las adecuaciones en Derechos derivadas de las Resoluciones Judiciales.  En este rubro de reformas, se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de Derechos de Control Vehicular y de Derechos por Inscripciones Registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio, y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la federación, debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas. Bajo este contexto, si bien es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación fiscal, los tributos conocidos como derechos, o tasas en otras latitudes, son las contribuciones que se pagan al Estado como contraprestación de los servicios administrativos prestados, sin embargo, la palabra "contraprestación" no debe entenderse en el sentido del derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que realiza el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, venta y lucro debido, pues ésta se organiza en función del interés de los particulares. Los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y, por tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con los gravámenes correspondientes en tasas únicas no segmentadas pues lo mismo se invierte por el Estado en la prestación de un servicio u otro de la misma naturaleza, pues no debe atender a causas o condiciones ajenas a dicho servicio. . 4. Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas . c) Adecuaciones por sentencias jurisdiccionales (Control Vehicular y Derechos de Registro Público y Catastro). En este rubro de reformas, se propone el cambio de diversificación de tasas a cuotas únicas, como resultado de los amparos interpuestos por los contribuyentes en materia de Derechos de Control Vehicular y de Derechos por Inscripciones Registrales, de los que se desprenden diversos argumentos sobre la proporcionalidad de esta contribución al estar segregada por diversos componentes del servicio, y toda vez que en criterio de las autoridades judiciales de la federación, debe ser el pago de derechos a través de cuotas únicas. En este sentido, tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no así a la capacidad contributiva del gobernado, en específico al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas -Derecho de Control Vehicular- para los vehículos de servicios particular y público varía desde $ 1,350.00 pesos hasta $2,350.00 pesos. De igual forma, para cumplir con el principio constitucional de equidad tributaria, el cobro por el Derecho de Control Vehicular debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentren en ese supuesto reciben del Estado el mismo servicio.". Del contexto anterior, se desprende lo siguiente: A. Que tratándose de derechos fiscales, debe atenderse al costo que representa para el Estado la prestación del servicio y no a la capacidad contributiva del gobernado. B. Que el derecho de control vehicular para los vehículos de servicios particular y público varía desde $1,350 pesos hasta $2,350 pesos. C. Que para cumplir con el principio de equidad tributaria, el cobro por el derecho de control vehicular debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio. D. Que los derechos constituyen un tributo impuesto por el Estado a los gobernados que utilizan los servicios públicos, quienes a su vez, tienen la obligación de contribuir al gasto público; y, E. Que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, y la urbanización. En tal virtud, contrario a lo expuesto por los impetrantes, el legislador de Zacatecas sí expuso los motivos con los que sustenta la tarifa establecida en el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, monto respecto del cual ponderó tanto el servicio prestado, como aspectos de razonabilidad y objetividad en beneficio de la colectividad, por tanto, los planteamientos en análisis se desestiman por infundados. Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También es infundado el concepto de violación en el que dice que los artículos 78 a 89 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como los ordinales 1, números 1.8, 1.8.1, 1.8.2, 4.4, 2 y 3 de la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el ejercicio fiscal 2018, contravienen los postulados de crecimiento y fomento económico establecidos en el artículo 25 de la Constitución Federal, en virtud de que generan una excesiva recaudación para los contribuyentes, lo cual conlleva a que sea ruinosa esa actividad y eminentemente antieconómica. Previo a exponer las consideraciones de la determinación adoptada, es menester señalar que el argumento toral de la parte quejosa se encuentra dirigido al artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, el cual contempla el derecho de control vehicular; lo anterior, ya que como se verá en líneas subsecuentes, los solicitantes del amparo controvierten que el impuesto adicional para la infraestructura y el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas (artículos 78 a 89 de la legislación en cita) toman como base gravable el pago del derecho de control vehicular. Bien, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales deberán observar dicho principio. El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar. Asimismo podrá participar por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución." De la anterior transcripción se advierte que el artículo constitucional en estudio establece el principio de rectoría económica del Estado a fin de garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan de nación; sin embargo, dicho numeral no reconoce derecho fundamental alguno que autorice a los particulares a exigir, por medio del juicio de amparo, que las autoridades adopten medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, ya que el propósito del artículo 25 constitucional, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: "RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO EN EL DESARROLLO NACIONAL. EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO OTORGA A LOS GOBERNADOS GARANTÍA INDIVIDUAL ALGUNA PARA EXIGIR, A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE LAS AUTORIDADES ADOPTEN CIERTAS MEDIDAS, A FIN DE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS RELATIVOS A AQUÉLLA. El citado precepto establece esencialmente los principios de la rectoría económica del Estado para garantizar el crecimiento económico del país, lo que se logrará mediante acciones estatales que alienten a determinados sectores productivos, concedan subsidios, otorguen facilidades a empresas de nueva creación, concedan estímulos para importación y exportación de productos y materias primas y sienten las bases de la orientación estatal por medio de un plan nacional; sin embargo, no concede garantía individual alguna que autorice a los particulares a exigir, a través del juicio de amparo, que las autoridades adopten ciertas medidas para cumplir con tales encomiendas constitucionales, pues el pretendido propósito del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dirige a proteger la economía nacional mediante acciones estatales fundadas en una declaración de principios contenida en el propio precepto de la Ley Fundamental." En ese contexto interpretativo, tal y como se anticipó, resultan infundados los motivos de disenso planteados por la parte quejosa en los que aduce que el cobro por el derecho de control vehicular y trasgrede dicho artículo, en virtud de que la rectoría económica del Estado no se menoscaba por las leyes que contienen contribuciones, ya que si bien esas normas implican una obligación económica para los contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público, para que a su vez el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra fundamento en el artículo 31 fracción IV constitucional. Sirve de apoyo lo anterior, por analogía, la siguiente tesis: "DEPÓSITOS EN EFECTIVO. EL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE RECTORÍA ECONÓMICA DEL ESTADO (LEGISLACIÓN PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 1 DE OCTUBRE DE 2007). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que el principio aludido contenido en el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se ve menoscabado por las leyes que contienen contribuciones pues, si bien esas normas implican una obligación económica para los contribuyentes, tienen como propósito sufragar el gasto público para que, a su vez, el Estado cuente con los medios para cumplir con sus fines, lo cual encuentra fundamento en el artículo 31, fracción IV, de ese ordenamiento. En ese sentido, si el impuesto a los depósitos en efectivo contribuye precisamente a sufragar los gastos públicos, permitiendo al Estado salvaguardar el principio de rectoría económica a través de la implementación de diversas acciones, entre las que se encuentra alentar la producción, conceder subsidios, otorgar facilidades a empresas de nueva creación, estimular la exportación de sus productos, conceder facilidades para la importación de materias primas y organizar el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional; entonces, lejos de actualizarse una afectación a dicho principio, se fomenta su consecución." Las consideraciones que preceden conducen a negar el amparo solicitado en contra de lo previsto por el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, vigente a partir del uno de enero de dos mil dieciocho. Negativa de amparo que se hace extensiva a la recaudación del derecho de control vehicular que se atribuye al Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, toda vez que no se impugnó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103 fracción I y 107 constitucionales, 74, 75, 78 y 107 fracción I de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo respecto de los actos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Manuel Santana Rangel y Margarita Hernández Hernández, contra el Decreto número 273, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Zacatecas el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, en específico el artículo 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario que autoriza y da fe. Jessy*

  3. Principal

    El treinta de enero de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 1176 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, treinta de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la promoción signada por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo en que se actúa y testimonio de la resolución pronunciada por ese Órgano Colegiado; acúsese el recibo de estilo. Agréguese al presente expediente el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado, previa extracción de las copias fotostáticas con las que se integró y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito revocó la sentencia dictada por este Juzgado, y en su lugar ordenó reponer el procedimiento para los efectos indicados en dicha ejecutoria; por tanto a fin de dar cabal cumplimiento a lo anterior, se acuerda: Requiérase al secretario de Finanzas del Gobierno del estado de Zacatecas, para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este auto, informe si obra en sus archivos recibo en el que conste de manera fehaciente el pago realizado por la parte quejosa del impuesto adicional para la infraestructura, en fechas anteriores al nueve de enero de dos mil dieciocho, y en caso afirmativo, remita copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la mencionada autoridad que de hacer caso omiso al presente requerimiento, este órgano jurisdiccional resolverá el presente juicio únicamente con las constancias que obran en el expediente. Finalmente, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional celebrada, así como la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, y en su lugar, se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza. Doy fe. Vicky

  4. Principal

    El dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción con folio 16341. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en este juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Luisa*

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