José Manuel Salcedo Ledesma

Expediente 1064/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1064/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
22/12/2017

Partes del expediente

  • José Manuel Salcedo Ledesma

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de siete de diciembre del dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Finalmente, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito que suscribe **********, por su propio derecho, mediante el cual cumple con la prevención de veintiuno de noviembre del año en curso, lo que hace en la forma y términos de su ocurso. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la legislación en comento, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que establecen: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "(.)" De las citadas disposiciones legales, la última interpretada en sentido contrario, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos cuyos efectos sean susceptibles de reparase por afectar derechos adjetivos, con el dictado de una resolución posterior. Asimismo, se advierte que se estableció que por actos de imposible reparación debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, los actos procesales únicamente tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, cuya afectación no podría repararse aun obteniendo una resolución favorable, por haberse consumado irreversiblemente la violación del derecho fundamental de que se trate y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por ello, de no afectarse materialmente derechos sustantivos, el juicio de amparo indirecto que se promueva contra actos dentro del juicio será improcedente. En el caso, la parte quejosa reclama esencialmente la audiencia de desahogo de pruebas que presidió el Presidente y la Secretaria General de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, en el incidente de sustitución patronal, tramitado dentro del juicio laboral 1547/2016/LI/CB/IND. Dicha actuación es parte de una serie de actos procesales que deberán concluir con el dictado de una sentencia interlocutoria; empero no es impugnable de manera inmediata en esta vía constitucional. En su caso, podrá hacer valer las violaciones que le afecten en el amparo que se intente en contra de la resolución final con la que culmine dicho procedimiento incidental, habida cuenta que sus efectos sólo podrían, en determinado caso, traducirse en violaciones procesales emitidas, que afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución dentro del incidente promovido si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa. En caso contrario, de resultar desfavorable pueden ser reclamadas junto con la sentencia que haya decidido la incidencia, mediante el juicio de amparo indirecto. Por tanto, se hace patente que la violación procesal que aduce el quejoso, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, ni afecta a las partes en grado predominante o superior, siendo precisamente estos supuestos en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V en concatenación con la fracción IV, de la citada ley de la materia y de los criterios jurisprudenciales antes referidos. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la parte quejosa haya señalado como diversos actos reclamados los siguientes: "A) Del SECRETARIO DE LA MESA B, ADSCRITO A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, reclamo la violación del artículo 1, 14 y 16 Constitucionales en mi perjuicio, toda vez que en fecha 23 de Octubre de 2017, durante la audiencia de desahogo de pruebas del incidente de Sustitución Patronal, la autoridad señalado como responsable, infringió en mi perjuicio lo establecido en la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como las reglas del debido proceso, cometiendo un ABUSO DE AUTORIDAD, Y VIOLENTANDO GARANTÍAS INDIVIDUALES, AL HOSTIGAR QUE PAGARAMOS AL TRABAJADOR, CUANDO NO ES NUESTRA RESPONSABILIDAD HACERLO, HOSTIGAMIENTO QUÉ SE DIO DE LA SIGUIENTE MANERA: El citado funcionario, en contra de la equidad procesal que debe guardar entre las partes, mostro su clara inclinación hacia la parte actora, realizando acciones que se encuentran fuera de sus funciones; solicitando hablar antes de iniciar el juicio con mi testigo de nombre **********, a quien invito a entrar en su oficina, y al término de su conversación con él testigo, este se mostraba notoriamente contrariado, nervioso, e incluso enojado. Y posteriormente se dirige al que suscribe, previo a que desahogue las pruebas, y hace lo mismo me hace pasar a su oficina, donde me dice que para que alargamos más las cosas, que mejor le pague ya. El hostigamiento fue al grado de que no entendía, por la indignación más que por enojo, la actuación imparcial e incluso manipuladora del Secretario de Mesa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Que mi testigo no estaba en aptitud de declarar, por que comenzaba a levantarle la voz al Secretario, por lo molesto que se encontraba por la misma provocación que la autoridad responsable había hecho tiempo antes del desahogo de las pruebas. B) DE LA ACTUARIA ADSCRITA A LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE; RECLAMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, es que hasta el día 23 de Octubre de 2017,cuando solicite copias de todo el expediente, me di cuenta que la diligencia de fecha 29 de mayo de 2017, misma que da origen a la controversia laboral, se encuentra plagada de inconstitucionalidades, esto en razón de que el requerimiento de pago se BASA EN EL AUTO DE FECHA 04 DE MAYO DEL 2017, MISMO QUE ORDENA EJECUTAR UN LAUDO INEXISTENTE, DENTRO DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR TAL MOTIVO RECLAMO DE LA ACTUARIA LA VIOLACION A LOS ARTICULOS 14 Y 16, TODA VEZ QUE EMBARGO BIENES QUE SON MOTIVO DE TRABAJO DEL QUE SUSCRIBE, Y ME RECLAMO EL PAGO DE UN LAUDO INEXISTENTE EN EL PROCEDIMIENTO QUE SE RECLAMA C) DEL PRESIDENTE Y LOS H. MIEMBROS DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, RECLAMO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, SU FALTA DE CUIDADO EN LAS ACCIONES DE SUS SUBALTERNOS, Y QUE ELLOS AVALAN LOS LAUDOS Y ACUERDOS RESPECTIVOS, Y SU INOBSERVANCIA AFECTO AL SUSCRITO." Toda vez que en relación al acto marcado en el número a), se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, primer párrafo, de la ley de la materia, al no ser el Secretario de Acuerdos una autoridad para los efectos del juicio de amparo, por carecer de facultades de decisión o de ejecución, ya que si bien se encuentra investido de fe pública y autoriza las resoluciones o acuerdos dictados por el Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, ello no se traduce en que realice actos de decisión o de ejecución, pues únicamente aparece que en relación a los actos reclamados dio fe y los autorizó, por lo cual, se surte la causal de improcedencia precisada. En otro orden, por lo que ve al acto indicado en el inciso b), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que, en lo que interesa, estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los citados numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Ahora, de las manifestaciones vertidas por la propia parte quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se advierte que la demanda en estudio es extemporánea, toda vez que en el apartado de antecedentes del acto reclamado manifiesta que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la diligencia de embargo por la actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a fin de dar cumplimiento al laudo emitido en el juicio de origen, misma que fue atendida por el aquí quejoso . Por ende, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento del embargo de los bienes muebles desde el veintinueve de mayo del presente año, por lo que el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia ha transcurrido con exceso, al haber pasado más de seis meses de que ejecutado. De lo anteriormente vertido, resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. Finalmente, respecto de los actos que atribuye al Presidente e integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por ser inherentes al funcionamiento interno del Tribunal señalado como responsable, el suscrito considera que escapan del control constitucional, pues no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo al no estar contemplados en los presupuestos de procedencia de la ley de la materia, por lo que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I y 107 fracciones IV, V y VI de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" Como se ve, el juicio de amparo procede contra actos de autoridad que afecten los derechos humanos, de modo que si los aquí atribuidos al Presidente e integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, por referirse a la disciplina y profesionalismo internos de ese órgano, no son susceptibles de afectar derechos sustantivos del quejoso, por lo que, el presente juicio de amparo resulta improcedente en torno a dichos actos.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Salcedo Ledesma, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1064/2017-III. En la especie, primeramente se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: "La audiencia de desahogo de pruebas del incidente de sustitución patronal celebrada en fecha 23 de Octubre de 2017, misma que fue presidida por el Secretario del cubículo B, en la que se violentaron mi derecho al debido proceso, y a la igualdad procesal entre las partes, situación que se origina desde el auto de fecha 4 de mayo del 2017, y como consecuencia del mismo la diligencia de embargo levantada por la actuaría en fecha 29 de mayo de 2017, y de la cual devienen la sentencia del incidente de tercería de fecha 22 de septiembre de 2017, y el incidente de sustitución patronal en la cual se desahogó la audiencia que constituye el acto reclamado, y que en todo momento se ha plagado de violaciones procesales, que vulneran mis derechos fundamentales, concretamente durante la audiencia del incidente de sustitución patronal, el Secretario del cubículo B, adscrito a la Junta Local de Conciliación y arbitraje, manifestó hablar con el testigo de nombre **********, y le indico que pagara la cantidad de $40,000 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), para terminar el problema, que ya lo tenían perdido, que no importaba a que se dedicaran, o desde cuándo, que el simple hecho que su actividad económica lleva agua, bastaba para condenarlo al pago, acosándolo de tal manera, que para el momento de rendir su testimonio, se encontraba tan molesto y nervioso, que fue indispensable que me desistiera de su testimonio, ya que incluso quería gritarle al Secretario de la Junta, quien previamente le había señalado que él tendría que pagar al final todo." Sin embargo, el acto reclamado como lo plasma en su ocurso de demanda, se estima ambiguo, dado que no se precisa con claridad qué es lo que reclama en específico a cada una de las autoridades que señala como responsables, a fin de que éstas se encuentren en aptitud de rendir el informe que se les solicite. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos del acto reclamado, también lo es que omitió expresar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía, lo cual torna oscuro el libelo actio. Dato que al constituir antecedente del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resulta determinante para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las omisiones por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracción II y V, en relación con el diverso 114, de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise en específico los actos que señala como reclamados y a qué autoridades, a fin de que éstas se encuentren en aptitud de rendir el informe que se les solicite. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que señale como reclamados. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada María Celia Hurtado Soto, al contar con cédula profesional número 4920342, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las personas restantes, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  4. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por José Manuel Salcedo Ledesma, por su propio derecho, contra actos del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1064/2017-III. En la especie, primeramente se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción IV del aludido numeral 108 de la legislación en comento establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es el acto de autoridad que reclama y haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en el apartado relativo al acto reclamado señaló como tal: "La audiencia de desahogo de pruebas del incidente de sustitución patronal celebrada en fecha 23 de Octubre de 2017, misma que fue presidida por el Secretario del cubículo B, en la que se violentaron mi derecho al debido proceso, y a la igualdad procesal entre las partes, situación que se origina desde el auto de fecha 4 de mayo del 2017, y como consecuencia del mismo la diligencia de embargo levantada por la actuaría en fecha 29 de mayo de 2017, y de la cual devienen la sentencia del incidente de tercería de fecha 22 de septiembre de 2017, y el incidente de sustitución patronal en la cual se desahogó la audiencia que constituye el acto reclamado, y que en todo momento se ha plagado de violaciones procesales, que vulneran mis derechos fundamentales, concretamente durante la audiencia del incidente de sustitución patronal, el Secretario del cubículo B, adscrito a la Junta Local de Conciliación y arbitraje, manifestó hablar con el testigo de nombre **********, y le indico que pagara la cantidad de $40,000 (Cuarenta Mil Pesos 00/100 M.N.), para terminar el problema, que ya lo tenían perdido, que no importaba a que se dedicaran, o desde cuándo, que el simple hecho que su actividad económica lleva agua, bastaba para condenarlo al pago, acosándolo de tal manera, que para el momento de rendir su testimonio, se encontraba tan molesto y nervioso, que fue indispensable que me desistiera de su testimonio, ya que incluso quería gritarle al Secretario de la Junta, quien previamente le había señalado que él tendría que pagar al final todo." Sin embargo, el acto reclamado como lo plasma en su ocurso de demanda, se estima ambiguo, dado que no se precisa con claridad qué es lo que reclama en específico a cada una de las autoridades que señala como responsables, a fin de que éstas se encuentren en aptitud de rendir el informe que se les solicite. Por otro lado, la segunda irregularidad advertida emerge de lo dispuesto en la fracción II del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracción V, de la ley de la materia que dispone: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación;." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que la solicitante del amparo en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos del acto reclamado, también lo es que omitió expresar la fecha en que tuvo conocimiento de los actos cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía, lo cual torna oscuro el libelo actio. Dato que al constituir antecedente del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resulta determinante para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de su procedencia. Conclusivamente, ante las omisiones por la parte quejosa, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracción II y V, en relación con el diverso 114, de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito, y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise en específico los actos que señala como reclamados y a qué autoridades, a fin de que éstas se encuentren en aptitud de rendir el informe que se les solicite. Manifieste bajo protesta de decir verdad la fecha en que tuvo conocimiento de cada uno de los actos que señale como reclamados. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el quejoso es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo quejoso debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detectaron en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo, a la licenciada María Celia Hurtado Soto, al contar con cédula profesional número 4920342, inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las personas restantes, en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita, por así haberlo solicitado. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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