José Manuel Medina García
Expediente 506/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 506/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Manuel Medina García
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de trece de octubre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme. Háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
. Agréguese en autos el escrito signado por **************, autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvasele los documentos cuya devolución gestiona; se autoriza para que los recoja a la persona que menciona, previa identificación, certificación de desglose, razón que de su entrega se deje en autos y copia simple a costa del promovente que en sustitución obre en el expediente. Para la entrega de los documentos deberá generar la cita a que se refiere el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en los términos que dicho numeral precisa.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito firmado por el quejoso ******** mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el treinta de septiembre del año en curso, en la que se le requirió para que por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Indicara el domicilio dónde pueda ser emplazado el tercero interesado **********, o bien, manifestara bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Aclarara si la autoridad que pretendía llamar a juicio era la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, o bien, la Fiscalía General de la República. Señalara si por "agentes" se refería a los Agentes del Ministerio Público o a los Agentes de Investigación Criminal. Precisara cuántos y cuáles agentes enunciaba como responsables, ya sean integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, o bien, de la Fiscalía General de la República. En su caso, si lo deseaba, señalara como autoridad responsable ejecutora a los agentes de la Policía Federal Ministerial, en cuyo caso debería precisar cuántos y cuáles agentes enunciaba como responsables. Precisara los hechos o abstenciones que constituían los antecedentes de la orden de decomiso o secuestro que reclama, así como de su ejecución. Del escrito de cuenta se desprende que desahogó dicho requerimiento en los siguientes términos: Manifestó que el nombre correcto del tercero interesado es ******** e indicó su domicilio. Señaló que no es su deseo señalar como autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Guanajuato. Precisó como autoridades responsables: Agentes de la Policía Federal Ministerial y/o Agentes de la Policía de Investigación Criminal Federal, con sede en esta ciudad. Agencias del Ministerio Público Federal 1 y 2 y/o Agentes de la Investigación Criminal Federal números 1 y 2, de esta ciudad. Reiteró los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. De lo expuesto, se advierte que la prevención efectuada el treinta de septiembre pasado no fue cabalmente cumplida, ya que si bien es cierto que: Indicó el nombre y domicilio del tercero interesado. Manifestó que no era su deseo señalar como autoridad responsable al Fiscal General del Estado de Guanajuato. Designó como autoridades responsables a las Agencias del Ministerio Público Federales 1 y 2 de esta localidad. Enunció como responsables a los "Agentes de la Investigación Criminal Número 01 Federal" y "Agentes de la Investigación Criminal Número 02 Federal", adscritos esta ciudad. Reiteró los hechos narrados en el escrito inicial de demanda. También es cierto que: Omitió precisar si deseaba señalar o no como responsable al Fiscal General de la República. No obstante que se le requirió de manera expresa en los siguientes términos: "...Si las autoridades que pretende llamar al presente juicio de amparo son el Fiscal General del Estado de Guanajuato, o bien, el Fiscal General de la República, ya que, como se señaló, quienes subieron y posteriormente bajaron las máquinas tragamonedas, según lo precisó en su demanda, fueron elementos de la Policía Federal Ministerial." Se limitó a enunciar como responsables ejecutoras a los "Agentes de la Investigación Criminal Número 01 Federal" y "Agentes de la Investigación Criminal Número 02 Federal", adscritos esta ciudad, resultando ambigua dicha designación, por las razones que se le indicaron en el auto aclaratorio y que a continuación se transcriben: "...i. Si las autoridades que pretende llamar al presente juicio de amparo son el Fiscal General del Estado de Guanajuato, o bien, el Fiscal General de la República, ya que, como se señaló, quienes subieron y posteriormente bajaron las máquinas tragamonedas, según lo precisó en su demanda, fueron elementos de la Policía Federal Ministerial." "...iii. Cuántos y cuáles agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado, o bien, de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo señalado en los párrafos que anteceden, enuncia como responsables, dado que el señalamiento de "Agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato" resulta ambiguo y, como consecuencia, imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación." No precisó bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de la orden de decomiso o secuestro que reclama, así como de su ejecución. Así se considera, ya que reiteró lo narrado en el escrito inicial de demanda, a pesar de en el auto de prevención se le explicó porqué no se consideraban que fueran los hechos o abstenciones que constituyeran los antecedentes de la orden de decomiso o secuestro que reclama, así como de su ejecución, por las razones que enseguida se reproducen: "...Sin embargo, en los antecedentes que narró no expresó cuáles son las actuaciones que preceden a la emisión de las órdenes que reclama. Esto es, no indicó cómo tuvo conocimiento que el Fiscal General (del Estado o de la República) y los "agentes" emitieron la orden de decomiso o secuestro y que la pretenden llevar a cabo. Lo anterior se afirma, ya que si bien apuntó que el diez del mes y año en curso personas que se ostentaron como policías federales subieron y posteriormente bajaron del vehículo en el que se transportaban las máquinas tragamonedas que tiene en arrendamiento; lo cierto es que por ese hecho, según lo manifestó, presentó la querella correspondiente que se radicó en la Agencia del Ministerio Público 3 de la Unidad de Robo a casa Habitación, Industria y Comercio de esta ciudad. Empero, de los antecedentes narrados no se advierte dato alguno de dónde emerge el conocimiento de que el fiscal correspondiente giró una orden de decomiso o secuestro sobre los bienes que señala, porque, se insiste, lo único que se advierte de los antecedentes de la demandada son los hechos que hizo del conocimiento de la representación social, más no que la emisión y ejecución de orden de decomiso o secuestro alguno. Pues incluso, en los antecedentes narrados, en ningún momento se precisó que las personas que se ostentaron como policías federales les comentaron que la sustracción de los bienes era con base en una orden de decomiso o secuestro, sino únicamente se las llevaron." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Sin embargo, dicho criterio jurisprudencial no es aplicable al caso concreto, no obstante que no se contrapone con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece, porque el solicitante del amparo desahogó el requerimiento de que se trata el último de los cinco días otorgados para ello, como se observa de la certificación de cuenta, y la indicada tesis de jurisprudencia únicamente analiza el supuesto cuando el escrito con el que se pretende cumplir con la prevención se presenta antes del último día, tal como lo estableció la Segunda Sala del Alto Tribunal en la ejecutoria de que emergió, que en lo que interesa establece: Ahora bien, para resolver el punto de contradicción deben distinguirse dos situaciones en cuanto al escrito que pretenda cumplir con la prevención (dentro del término de los tres días hábiles): 1. Que sea presentado el primero o segundo día. 2. Que sea presentado el último día. Para efectos de resolver el punto a estudio, importa el supuesto marcado con el número 1, es decir, si el escrito que pretende dar respuesta a la prevención hecha por el Juez de Distrito se presenta el primer o segundo día de los tres señalados en el artículo 146 de la Ley de Amparo, lo anterior para el efecto de saber si en el acuerdo que recaiga sobre ese escrito deba especificarse si se cumplió o no lo solicitado; o bien, señalar que sólo se tiene por recibido y que se emitirá la calificación correspondiente al vencimiento de dicho término."
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **************, por su propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y otras autoridades; con apoyo en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 506/2020-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en las fracciones II, III y V del artículo 108 de la Ley de Amparo, como se verá a continuación: A) La fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Pues bien, en el caso concreto el promovente del amparo señaló como tercero interesado a Juan Pérez Godínez; sin embargo, soslayó indicar el domicilio dónde pueda ser emplazado, o bien, manifestar bajo protesta de decir verdad que lo desconoce; y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. B) La fracción III del aludido numeral 108 de la Ley de Amparo estatuye: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales y evitar, si es que tienen facultades para ejecutarlos, los lleven adelante argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; razón por la que es imprescindible que ante un acto concreto y específico se determine con claridad la autoridad que lo emite. En el caso concreto, el promovente señaló en la demanda de amparo como autoridades responsables a las siguientes: Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. No obstante lo anterior, en el capítulo de los antecedentes del acto reclamado manifestó que, quienes subieron y posteriormente bajaron las máquinas tragamonedas del vehículo en el que se transportaban, fueron diversas personas que se ostentaron como Policías Federales Ministeriales, sin que fueran señalados como autoridades responsables. Por tanto, resulta necesario que aclare lo siguiente: i. Si las autoridades que pretende llamar al presente juicio de amparo son el Fiscal General del Estado de Guanajuato, o bien, el Fiscal General de la República, ya que, como se señaló, quienes subieron y posteriormente bajaron las máquinas tragamonedas, según lo precisó en su demanda, fueron elementos de la Policía Federal Ministerial. ii. Si por "agentes" se refiere a los Agentes del Ministerio Público o a los Agentes de Investigación Criminal. iii. Cuántos y cuáles agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado, o bien, de la Fiscalía General de la República, de conformidad con lo señalado en los párrafos que anteceden, enuncia como responsables, dado que el señalamiento de "Agentes adscritos a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato" resulta ambiguo y, como consecuencia, imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación. Además, admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente por el término de tres días para que aclare o corrija el nombre de la autoridad o pruebe que sí existe con esa denominación, y que en caso de no cumplir, se tenga por no señalada a la autoridad. C) La fracción V del invocado precepto legal 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(...)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Pues bien, en la especie la parte quejosa esencialmente señaló como actos reclamos: Las órdenes de decomiso o secuestro de las máquinas de tragamonedas que arguye tiene en arrendamiento; y, La ejecución de la determinación anterior. Sin embargo, en los antecedentes que narró no expresó cuáles son las actuaciones que preceden a la emisión de las órdenes que reclama. Esto es, no indicó cómo tuvo conocimiento que el Fiscal General (del Estado o de la República) y los "agentes" emitieron la orden de decomiso o secuestro y que la pretenden llevar a cabo. Lo anterior se afirma, ya que si bien apuntó que el diez del mes y año en curso personas que se ostentaron como policías federales subieron y posteriormente bajaron del vehículo en el que se transportaban las máquinas tragamonedas que tiene en arrendamiento; lo cierto es que por ese hecho, según lo manifestó, presentó la querella correspondiente que se radicó en la Agencia del Ministerio Público 3 de la Unidad de Robo a casa Habitación, Industria y Comercio de esta ciudad. Empero, de los antecedentes narrados no se advierte dato alguno de dónde emerge el conocimiento de que el fiscal correspondiente giró una orden de decomiso o secuestro sobre los bienes que señala, porque, se insiste, lo único que se advierte de los antecedentes de la demandada son los hechos que hizo del conocimiento de la representación social, más no que la emisión y ejecución de orden de decomiso o secuestro alguno. Pues incluso, en los antecedentes narrados, en ningún momento se precisó que las personas que se ostentaron como policías federales les comentaron que la sustracción de los bienes era con base en una orden de decomiso o secuestro, sino únicamente se las llevaron. Por ello, es necesario que precise los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la orden de decomiso o secuestro que reclama, así como de su ejecución. Conclusivamente, ante la irregularidad incurrida por el amparista, lo procedente conforme al mencionado artículo 108, fracciones II, III y V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Indique el domicilio dónde pueda ser emplazado el tercero interesado ***************, o bien, manifieste bajo protesta de decir verdad que lo desconoce. Aclare si la autoridad que pretende llamar a juicio es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, o bien, la Fiscalía General de la República. Señale si por "agentes" se refiere a los Agentes del Ministerio Público o a los Agentes de Investigación Criminal. Precise cuántos y cuáles agentes enuncia como responsables, ya sean integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, o bien, de la Fiscalía General de la República. En su caso, si lo desea, señale como autoridad responsable ejecutora a los agentes de la Policía Federal Ministerial, en cuyo caso deberá precisar cuántos y cuáles agentes enuncia como responsables. Precise los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la orden de decomiso o secuestro que reclama, así como de su ejecución. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Téngase al promovente del amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Martín Cisnero Alanís y Diana Medina García, al contar con cédulas profesionales 7083889 y 6635174, respectivamente, registradas en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a Manuel Mora Jiménez, por así haberlo solicitado. En términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea: y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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