José Manuel Rodríguez Aviles
Expediente 778/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 778/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Manuel Rodríguez Aviles
Actuaciones
- Principal
MESA V. Visto el oficio con el que se da cuenta, por medio del cual el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, remite el juicio de amparo número 778/2018-V-A; así como el acuerdo dictado el dieciocho de febrero de dos mil diecinueve en el R.P. 40/2019 mediante el cual informa que trascurrió el plazo de tres días y por consiguiente ninguna parte interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve por el que se desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto contra la resolución dictada en los presentes autos; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, comuníquese a las partes, glósese al cuaderno principal las constancias generadas a partir de la remisión del recurso de revisión y acúsese recibo. Ahora bien, de la lectura de la ejecutoria emitida por el aludido Tribunal, se advierte que se resolvió el recurso de revisión e informó que desechó por extemporáneo el recurso de revisión. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción IV, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó el amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, del que se advierte que recibió los autos originales del juicio de amparo en que se actúa así como los escritos firmados por el quejoso en los que interpone recurso de revisión. Por otra parte, comunica que desechó por extemporáneo del recurso de revisión en cita, contra la resolución distada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número R.P. 40/2019, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución de dos de enero de dos mil diecinueve, que sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V Vista la demanda de amparo presentada por José Manuel Rodríguez Avilés, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 11, 18 y 22 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Manuel Rodríguez Avilés; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 778/2018-V-A. PREVENCIÓN A efecto de proveer respecto a su admisión, es importante tomar en consideración lo establecido en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Con base en la porción normativa transcrita, el Juez de Distrito al realizar el análisis de la demanda de amparo puede advertir: Irregularidades, como imprecisión o deficiencias en el acto reclamado, etcétera. Omisión de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108, de la ley de la materia. Ahora, es conveniente traer a contexto las fracciones III, IV, V y VIII el numeral 108 de la citada Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VIII. Los conceptos de violación." Del precepto transcrito, se conoce que el impetrante tiene la insoslayable obligación de precisar: Las autoridades que señala como responsables. El acto concreto y preciso que le atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. Los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado a la autoridad responsable. Los conceptos de violación. En la especie, se estima que en la demanda de amparo que nos ocupa se omitieron dichos requisitos, pues del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el ocursante no es claro ni preciso el acto que reclama, ni la denominación de la autoridad ejecutora; no narró bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen antecedentes del acto reclamado; así como omitió los conceptos de violación; lo cual, como ya se vio, de conformidad con el aludido dispositivo 108 son un requisitos que deben satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión, dado que es obligación del quejoso manifestar su relato de hechos con sujeción a la verdad. Lo anterior, dado que de la lectura integral del escrito firmado por el quejoso, no se advierte claramente, el acto que reclama, así como la denominación correcta de la autoridad ejecutora. En consecuencia, con fundamento en los artículos 108, fracciones I, II, III, IV, V, VII y 114, de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 144, tomo VI, del Apéndice de 1995, con el rubro "DEMANDA DE AMPARO OBSCURA, IRREGULAR O IMPRECISA.", requiérase al promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito y con copia de su escrito aclaratorio, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD: Precise la denominación actual, completa y correcta de la autoridad que señala como ejecutora, a efecto de realizar su llamamiento a juicio. Precise de manera clara el acto concreto que reclama a la autoridad que señale como resposnable. Precise los hechos y abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado a la autoridad responsable. Señale conceptos de violación. En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda. Cobra vigencia la jurisprudencia 88/2006 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2006, Tomo XXIV, Novena Época, visible en la página 348, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." El requerimiento que al efecto se emite, conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA LA DEMANDA. Cobra exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 161/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo II, Materia Común, página 1079, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado." En la inteligencia que, con el original del escrito de desahogo, deberá exhibir tantas copias de éste sean necesarias, para correr traslado a las partes. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para recibir notificaciones, el Reclusorio Preventivo Varonil Sur. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se instruye a los Secretarios, Oficiales administrativos y Actuarios Judiciales, en lo conducente, supervisar y/o realizar la captura electrónica de acuerdos emitidos en este juicio, así como la digitalización de las promociones, diligencias, documentos y notificaciones que obren en el mismo, a fin de que el expediente electrónico concuerde en su totalidad con el impreso; ello, en términos del numeral 3º, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, en el inciso e) del artículo 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, así como en los diversos artículos 5 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente. Así lo proveyó Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, asistido del Secretario Luis Fernando Lozano Soriano, que autoriza y da fe.
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