José Manuel Ramírez Nuñez
Expediente 741/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 741/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 12/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Manuel Ramírez Nuñez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que la parte tercera interesada y quejosa se hubieren inconformado contra el auto de siete de diciembre pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio (fojas 201 a 204). En consecuencia, de conformidad con lo ordenado en dicho proveído, remítase el presente sumario al archivo definitivo de este órgano jurisdiccional. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables la determinación anterior, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvase a la Juez Interina Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal el Tomo de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado (foja 45), por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.
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MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado al quejoso y tercera interesada en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. ...En tales circunstancias, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. "
- Principal
MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, AUTO DE VEINTITRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, remitidos por la Juez Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento de trece de noviembre pasado. En consecuencia, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 196, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con copia simple del oficio y anexo de cuenta, así como el diverso signado por el Subdirector Jurídico en ausencia del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte (foja 123); por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en el entendido que de no hacerlo, se resolverá sobre el acatamiento del fallo protector con base en las constancias de autos. Sobre el particular es aplicable la jurisprudencia 247, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, Novena Época, Tomo VI, consultable en la página 203, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia."
- Principal
MESA III. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas hayan recurrido la sentencia dictada el veintiuno de octubre pasado (fojas 70 a 106), que otorgó la protección constitucional al impetrante. Por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese tenor, cabe señalar que el amparo y protección constitucional, se otorgaron al quejoso para que la Juez Interina Cuadragésimo Segundo Penal del Distrito Federal: a) Deje insubsistente el auto de formal prisión de diecisiete de julio de dos mil quince, dictado en la causa penal 15/2015; y b) Dicte una nueva resolución en la que con plenitud de jurisdicción, subsane los vicios formales destacados en la sentencia a fin de restituir al amparista en el goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, de Ley de Amparo. Enfatizando entre ellos, los siguientes: Al analizar el cuerpo del delito de DESPOJO y la agravante prevista en el artículo 138, párrafo primero del Código Penal para el Distrito Federal (que prevé una pena más para quien dirige la invasión cuando el despojo se realice en grupo de más de cinco personas) prescinda de las declaraciones de María Isabel Chávez Ochoa, José Genaro Sánchez Perfecto y María Amelia Bengochea Espitia de trece y veintitrés de abril del año en curso, en la parte en que realizan el reconocimiento del quejoso. Funde y motive suficientemente la forma de intervención del quejoso. Al analizar la probable responsabilidad de José Manuel Ramírez Núñez en el delito que se imputa, prescinda de las declaraciones de María Isabel Chávez Ochoa, José Genaro Sánchez Perfecto y María Amelia Bengochea Espitia de trece y veintitrés de abril del año en curso, en la parte en que realizan el reconocimiento del quejoso. Funde y motive debidamente la desvaloración de las documentales y deposados de descargo ofertados por el quejoso a cargo de José Manuel Gamma García y Gloria Torres Esquivel. Resta indicar que los efectos de la sentencia de amparo, al ser con motivo de diversos vicios de naturaleza formal que afectan el auto de formal prisión reclamado, no tienen el alcance de constreñir a la autoridad judicial a ordenar la libertad de la parte quejosa, sino únicamente que la juez responsable deje insubsistente la resolución reclamada y emita una nueva en que subsane los vicios referidos en la sentencia. Asimismo, el amparo se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Director del Reclusorio Preventivo Varonil Norte del Distrito Federal, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por tanto, con sujeción a lo normado por el imperativo 192, último párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena requerir a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten. Puntualizado lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 238 y 258, de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables de mérito que de incumplir con lo peticionado sin causa justificada, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Para mayor comprensión del requerimiento que se formula, este Tribunal estima pertinente reproducir el contenido del artículo 192, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga."
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