Jose Manuel Morales Hernandez
Expediente 1129/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 18 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Morales Hernandez
- Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1129/2017, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Finalmente, toda vez que el MAGISTRADO TITULAR DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MORELOS remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I y II; y en esas condiciones, remítanse a las autoridades responsables los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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...ÚNICO. SE SOBRESEE...
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Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1129/2017-V, promovido por JOSÉ MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, por propio derecho y con el carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos y; RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el doce de julio de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos; y remitido en esa misma a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos; JOSÉ MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, por propio derecho y con el carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, solicitó el amparo y protección de la justicia federal. SEGUNDO. A través de auto de catorce de julio de dos mil diecisiete se admitió la demanda de amparo, registrándose con el número de expediente 1129/2017-V; por lo que se requirió a las autoridades responsables sus respectivos informes; se emplazó a la parte tercero interesada y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación. Finalmente, se señaló día y hora para que tuviera verificativo el desahogo de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en vigor a partir del veintiséis de junio del año en curso, que establece en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo el lugar donde se señala tienen ejecución los actos reclamados. SEGUNDO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en: La multa equivalente a veinte días de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos, impuesta por el Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente TJA/3As/196/2016, impuesta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; El procedimiento de ejecución de cobro de la multa citada en el punto anterior, incluido el embargo de la totalidad de cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realizado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; actos que reclamó de las autoridades, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos Directora General de Recaudación y Notificador Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación Dependiente de la Subsecretaría de Ingresos. Precisado lo anterior, debe decirse que son ciertos los actos reclamados, en virtud de que así lo señalaron las autoridades responsables, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Actuario adscrito (fojas 32 a 37); lo que se corrobora, además, con las fotocopias certificadas de las constancias del juicio expediente TJA/3As/196/2016, de las que se advierte que mediante auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, se impuso al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, la multa de veinte días de salario mínimo, general, diario, vigente en el Estado de Morelos (foja 49 del anexo II). A dichas constancias, se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. Por cuanto a los actos consistentes en el procedimiento de ejecución de cobro de la multa citada en el punto anterior, incluido el embargo de la totalidad de cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realizado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; actos que reclamó de las autoridades, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos Directora General de Recaudación y Notificador Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación Dependiente de la Subsecretaría de Ingresos. Son igualmente ciertos, ya que así lo aceptaron las autoridades responsables al rendir su respectivo informe justificado (fojas 48 a 51). Además, se corrobora con las fotocopias certificadas del referido procedimiento de ejecución (fojas 52 a 66), a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. TERCERO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Por lo que hace al acto reclamado consistente en la multa equivalente a veinte días de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos, impuesta por el Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en auto de dieciséis de aosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente TJA/3As/196/2016, impuesta al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos; se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". Es así, porque de las constancia del juicio expediente TJA/3As/196/2016, se desprende que UNIVERSIDAD CENTRAL HISPANA, SOCIEDAD CIVIL, a través de escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis (fojas 1 a 8 del anexo II), presentó demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, contra el Director Operativo de Protección Civil y Bomberos y Tesorero Municipal, ambos del Ayuntamiento del Cuautla, Morelos, reclamándoles las prestaciones que en dicho escrito se contienen. La demanda se admitió a través de auto de veintisiete de mayo de dos mil dieciséis, y se requirió a las autoridades demandadas, para que al contestar la demanda exhibieran el expediente administrativo del que emanaran los actos combatidos mediante el juicio de nulidad, apercibidas que de no hacerlo se harían acreedoras a una multa de hasta cien días de salario mínimo, vigente en el Estado de Morelos (fojas 21 y 22 del anexo II). Una vez emplazado el Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Cuautla, Morelos, compareció al juicio JOSÉ MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, ostentándose con dicho carácter, a dar contestación a la demanda, a través de escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, como se advierte de las constancias de las fotocopias del juicio de origen (fojas 35 a 41 del anexo II), y que por acuerdo de veintisiete de ese mismo mes y año se tuvo por admitida (foja 42 del anexo II). Este requerimiento se notificó mediante oficio en Calle Portal 1, Colonia Centro, Cuautla, Morelos, sitio que también designó el tesorero al dar contestación a la demanda el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 35 a 41 del anexo II). El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente TJA/3As/196/2016, se impuso al Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, una multa se veinte días de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos (foja 49 del anexo II), notificada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, en Calle Portal 1, Colonia Centro, Cuautla, Morelos, domicilio designado por dicha autoridad al contestar la demanda (fojas 52 y 53 del anexo II) . A dichas constancias, se les otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de tratarse de un documento público, en virtud de haber sido expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. En estas condiciones, se puede afirmar que la presentación de la demanda para combatir la multa impuesta fue extemporánea. En efecto, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, las notificaciones personales como la practicada al Tesorero Municipal del Municipio de Cuautla, Morelos, surten efectos al día siguiente en que se practican, razón por la cual la que se practicó el veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, surtió efectos el veintisiete de ese mes y año. En ese orden de ideas, el artículo 17 de la Ley de Amparo, establece que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; en tanto que el numeral 18 del mismo cuerpo normativo, establece que los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Así, el plazo de quince días con que contaba la parte quejosa, se considera que empezó a transcurrir desde el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por lo que al presentarse la demanda hasta el doce de julio de dos mil diecisiete, según aparece en el sello fechador de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, se constata la extemporaneidad de su presentación con respecto al plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que obste que la parte quejosa aduzca que no fue notificado del acto reclamado, pues como ya se reseñó, compareció al juicio desde el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis a contestar la demanda y a designar domicilio para que se le practicaran notificaciones (foja 35 a 41 del anexo II), y precisamente el sitio en el que se le notificó el acto que combate, fue el que el propio Tesorero designó. Además, al ser parte en el juicio, por haber acudido a contestar la demanda, en caso de que considerara que la notificación fue defectuosamente realizada, pudo reclamar la declaratoria de nulidad al Tribunal responsable, tal como está previsto en los artículo 33 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme al cual, la nulidad de la notificación sólo podrá ser invocada por la parte a quien perjudique y deberá reclamarse en el primer escrito o en la actuación subsiguiente en que interviniera. Por lo tanto, al no obrar constancia de que hubiera impugnado dicha notificación de la resolución que le impuso la multa que combate, para efectos del presente juicio es subsistente y válida para el cómputo del plazo para la presentación de la demanda de amparo. En tales condiciones, al no combatirse oportunamente la multa equivalente a veinte días de salario mínimo, general, vigente en el Estado de Morelos, impuesta por el Magistrado de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, en auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, dentro del expediente TJA/3As/196/2016, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo; por lo que debe sobreseerse en el juicio con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V de dicho ordenamiento. Por otro lado, en cuanto al procedimiento de ejecución de cobro de la multa citada en el punto anterior, incluido el embargo de la totalidad de cuentas bancarias a nombre del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, realizado el veintiuno de junio de dos mil diecisiete; actos que reclamó de las autoridades, Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Ingresos Directora General de Recaudación y Notificador Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación Dependiente de la Subsecretaría de Ingresos; se actualiza la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;..." Conforme a lo trascrito, el juicio de garantías es improcedente cuando: a) Se trate de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. El primer requisito se encuentra satisfecho ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de entes de la administración pública del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, en el caso, la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos, la Directora General de Recaudación y el Notificador Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación Dependiente de la Subsecretaría de Ingresos; razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del artículo 61, texto legal del que se desprende que el juicio de garantías es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. De igual forma, se advierte que la parte quejosa tiene que agotar la instancia del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de la promoción de esta vía, dado que existe la posibilidad de que el acto que reclama en esta contienda pueda ser modificado o revocado mediante el juicio de nulidad, en términos de los numerales 1, 3, 40 y 41, de la Ley de Justicia Administrativa de esta Entidad Federativa, aplicable a la fecha en que se emitió el acto reclamado, cuyo contenido textual es el siguiente: "ARTÍCULO 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTÍCULO 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones. ARTÍCULO 40. El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer: I. De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares. ARTÍCULO 41. Serán causas de nulidad de los actos impugnados: Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución; II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso; III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada; IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, y V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.". De las anteriores disposiciones, resulta evidente que la persona moral quejosa, tiene la posibilidad de impugnar los actos que reclama consistentes en el procedimiento administrativo de ejecución de la multa que le fuera impuesta y su ejecución, traducida en el embargo de cuentas bancarias el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, a fin de que puedan ser anulados en términos del citado artículo 41 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Sirven de sustento las jurisprudencias P./J. 3/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 190367, consultable en la página 08, del Tomo XIII, Enero de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA." y la diversa 2a./J. 116/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193141, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 447, de la Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia número 2ª-/J.115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 193142, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 448, Novena Época, del rubro "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO)." Cabe argumentar, que no obsta que el amparo es promovido por una persona moral oficial, para combatir el embargo de sus cuentas bancarias; ya que por un lado el artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa, dispone que en el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos; y aunque el artículo 40 prevé como competencia del Tribunal de Justicia Administrativa tendrá competencia para conocer, de acuerdo a la fracción I, de los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares; también es cierto que el embargo de cuentas bancarias, derivado de la ejecución de una multa impuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, coloca a dicha entidad municipal, en ese supuesto, en condiciones esencialmente iguales a los de los particulares a quienes se les fija una sanción pecuniaria, al verse sometida a la decisión de una autoridad diversa que goza de fuerza vinculante y que impacta directamente en su esfera patrimonial, cuya efectividad no se ve desvirtuada por la naturaleza pública del destinatario de ese acto; de ahí que la parte quejosa, entidad pública municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, sí estaba obligadas a promover, previamente al juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el tribunal contencioso administrativo, a fin de que se examinara si el proceder de las autoridades fiscales del Estado de Morelos, señaladas como responsables, habían o no infringido disposiciones legales con su proceder. Es aplicable para apoyar el criterio expuesto, la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2009665, Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 85/2015 (10a.), Página: 1045, que se cita enseguida: "PERSONAS MORALES OFICIALES. TIENEN LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, EN LA VÍA QUE CORRESPONDA, CONTRA LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE LES IMPONE UNA MULTA O LA SENTENCIA RECAÍDA AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROMOVIDO EN SU CONTRA. Acorde con los artículos 9o. de la Ley de Amparo abrogada y 7o. de la vigente, las personas morales de derecho público pueden ejercitar, excepcionalmente, la acción constitucional, en los casos en que la ley o el acto que reclamen afecte sus intereses patrimoniales, en aquellas relaciones en que se ubiquen en un plano de igualdad con los gobernados. En ese contexto, cuando una autoridad impone a otra una multa derivada de la infracción a la normativa a la que está sujeta, surge una situación particular que, aun cuando se entabla entre dos entes oficiales, dista de aquella en la que ambos actúan en un margen de colaboración. Consecuentemente, la persona moral oficial afectada por la imposición de una multa, con independencia de si la infracción que la generó encontró su génesis en el ejercicio de funciones estatales, como la prestación de un servicio público, o en la realización de una actividad supeditada al otorgamiento de una autorización, licencia o permiso, se sitúa en un ámbito de supra a subordinación con respecto a la autoridad sancionadora que, evidentemente, actuó en uso de su potestad de imperio, en tanto que su acción proviene del ejercicio de las facultades sancionatorias de las que se halla investida por ministerio de ley; de ahí que la entidad pública a la que se impone la multa se ubica, en ese supuesto, en condiciones esencialmente iguales que los particulares a quienes se les fija una sanción pecuniaria, al verse sometida a la decisión de una autoridad diversa que goza de fuerza vinculante y que impacta directamente en su esfera patrimonial, cuya efectividad no se ve desvirtuada por la naturaleza pública del destinatario de ese acto, lo que legitima a este último para promover juicio de amparo, ya sea que se trate de la vía directa, cuando se combata la resolución que pone fin al procedimiento o la sentencia dictada en el juicio contencioso en que se impugna una multa, o bien, en la indirecta, cuando proceda desde luego al no existir medio ordinario de defensa en su contra o por operar una excepción al principio de definitividad.". Ahora bien, por cuanto a la suspensión del acto reclamado, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en sus numerales del 82 y 141 al 149 establecen que: "ARTÍCULO 82. El promovente deberá adjuntar a su demanda: I.- Una copia de la demanda y de los documentos anexos para cada una de las partes; II.- El documento con el cual acredite su personalidad, cuando promueva en nombre de otro o en representación de una persona moral; III.- El documento en el que conste el acto o resolución impugnada; IV. En el supuesto de que se impugne una resolución negativa o positiva fictas, deberá acompañar una copia en la que obre el sello de recepción de la instancia no resuelta expresamente por la autoridad; V. La constancia de la notificación de la resolución impugnada; y VI. Las pruebas documentales que obren en su poder y que pretenda ofrecer en el juicio. Una vez que le fue turnada la demanda por el Secretario General, el Magistrado Instructor, dentro de las veinticuatro horas siguientes deberá dictar el auto que la admita, aclare o deseche. Si la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por esta Ley y está acompañada de los documentos que le son exigidos, se admitirá a trámite. Si la demanda es irregular, obscura o ambigua o no está acompañada de los documentos exigidos por esta ley, o de las copias necesarias para el emplazamiento y traslado, se le prevendrá al promovente para que en el término de cinco días, la aclare, corrija o complete. Si el promovente no subsana la prevención en el plazo conferido para tal efecto, se tendrá por no interpuesta la demanda. La demanda y la ampliación de la demanda deberán estar firmadas siempre, con firma autógrafa, por el actor interesado. El autorizado o el delegado sólo podrán subsanar la demanda cuando se trata de la incorporación de documentos o de otros datos que no sean esenciales. Cuando la demanda sea promovida por una autoridad administrativa, en el auto de admisión se le hará saber al particular demandado que podrá recibir asesoría jurídica gratuita por medio del Asesor Jurídico de este Tribunal.". "ARTÍCULO 142. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante. ARTÍCULO 143. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento. ARTÍCULO 144. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo. ARTÍCULO 145. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias. ARTÍCULO 146. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 147. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior, quedará sin efectos si el tercero, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada. ARTÍCULO 148. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contraafianza, procederá el recurso de reclamación en la forma y términos previstos por esta Ley. ARTÍCULO 149. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes. En cuanto a los requisitos para que se conceda la suspensión en el juicio de amparo, los artículos 128 y 132 de la ley de la materia disponen: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía." De acuerdo con las anteriores trascripciones, debe decirse que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé la suspensión del acto y no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, ya que sólo requiere los siguientes: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III.- Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto; y IV.- Que no se deje sin materia el juicio. De la confrontación de las disposiciones legales que rigen la suspensión del acto en el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo, previstas en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y los requisitos establecidos en la Ley de Amparo para la procedencia de la suspensión de los actos reclamados, es claro advertir que el primero de los ordenamientos legales en consulta no exige mayores requisitos para la suspensión de los actos de autoridad que los establecidos en la citada ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el contrario, la comparación de tales disposiciones legales pone de relieve que las exigencias previstas en uno y otro ordenamiento son semejantes. De acuerdo con lo anterior, resulta válido concluir que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no exige mayores requisitos o condiciones que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. En tales condiciones, queda claro que la parte quejosa tiene la obligación de agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, antes de acudir a impugnar el acto que reclama a través del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que, como se mencionó, la legislación local prevé, al igual que la Ley de Amparo, la suspensión del acto administrativo, puesto que el numeral 138 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, establece que al conceder la suspensión el objeto será fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Encuentra apoyo en lo conducente, en la jurisprudencia 2a./J.19/2015, consultable en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época, página 783, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, con registro 2008807, del rubro y texto siguientes: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Cabe destacar que la causa de improcedencia que se estudia, prevé que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa respectivos, si el acto reclamado carece de fundamentación, situación que no acontece tomando en cuenta que desde la incoación del procedimiento administrativo de ejecución, las autoridades que lo instruyen, han fundado su proceder, como consta en el mandato de ejecución de siete de octubre de dos mil dieciséis, suscrito por la Directora General de Recaudación (foja 54), en las diligencias de citatorio de veinte de junio (foja 60 y 61 y en el acta de requerimiento de pago y embargo de veintiuno de junio de dos mil dieciséis, como en el acta circunstanciada (fojas 64 y 65), diligencias en las que se citaron disposiciones de la Constitución General, de la Constitución del Estado de Morelos, de la Ley de Ingresos del Estado de Morelos, Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, así como del Código Fiscal del Estado de Morelos. Lo que implica que el acto reclamado sí tiene fundamentación, con independencia de que tal precepto legal sea o no aplicable o esté indebidamente citado; bajo ese contexto, no se actualiza la excepción de procedencia que contempla el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, por tanto, sí existe la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia XXI.2o. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 83, registro 209892, Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, página 87, Octava Época, de la literalidad siguiente: "AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PARRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional." Así como en la siguiente tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, registro 212868, Tomo XIII, Abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época: "FUNDAMENTACION, INDEBIDA. NO CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PREVISTO EN LA FRACCION XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- La fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, contiene la obligatoriedad de agotar los medios de defensa que se establecen en las leyes en contra de los actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos, o del trabajo, la propia fracción en su última parte prevé una excepción a este principio que consiste en la falta de fundamentación del acto reclamado, la que obedece a que no es posible obligar a los particulares a agotar un recurso cuando no se le han dado a conocer los fundamentos del acto y por ende de la ley en donde se contemple el mismo. De esta manera, si la autoridad emite un acto de molestia pero en él se omite invocar precepto alguno que lo justifique, entonces el juicio de amparo sí es procedente, sin necesidad de agotar previamente algún medio de defensa, pero esta omisión debe ser total, esto es, el acto en sí debe carecer de precepto alguno y no debe confundirse con una indebida fundamentación, porque este último supuesto implica que el acto sí tiene fundamentación, ya que si se citan preceptos, pero éstos son inaplicables o están indebidamente citados, caso en el cual, si existe obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa, atacando precisamente dicha circunstancia. Así, la falta de fundamentación del acto de molestia, no tiene el mismo alcance de la indebida fundamentación, porque el primer supuesto, es una violación directa a la Constitución, y esto sucede cuando no se cita precepto alguno en el acto, esta hipótesis es la que se establece en la última parte de la fracción en comento. En cambio, el segundo supuesto (indebida fundamentación), produce una ilegalidad del acto, en el cual, sí se deben agotar los medios ordinarios previo al amparo. Lo anterior obedece a que la primera es una violación formal al artículo 16 constitucional, porque hay ausencia de fundamentación, y el acto de molestia es en sí mismo inconstitucional, porque no evidencia norma alguna que pudiera justificarlo, mientras, habrá una violación material a este precepto constitucional, por una incorrecta fundamentación en el acto de molestia." En las relatadas circunstancias, es inconcuso que la existencia de un medio de defensa legal, como lo es el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, que es idóneo para combatir el acto reclamado que se impugna, hace obligatorio su agotamiento de manera previa al juicio de garantías. En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Amen de lo anterior, contra la instauración del procedimiento administrativo de ejecución, en su caso, se actualiza la diversa causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo; este último interpretado en sentido contrario, pues el juicio de amparo sólo procede contra resolución que resuelve dicho procedimiento; de ahí que la instauración del procedimiento y sus actos intermedios (con salvedad del embargo de cuentas bancarias y respecto de la cual se actualizó una diversa causal de improcedencia), deben combatirse conjuntamente con la resolución que ponga fin a ese procedimiento de ejecución. No pasa por alto que la autoridad hacendaria responsable invoque la actualización de diversa causal; sin embargo, bastando el estudio de una sola, pues aun cuando se actualizara una diversa, no cambiaría el sentido de sobreseimiento. Es aplicable la jurisprudencia Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VIII, Agosto de 1998, Página: 414, Tesis: 2a./J. 54/98, Jurisprudencia Materia Común, rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución.". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO, promovido por JOSÉ MANUEL MORALES HERNÁNDEZ, por propio derecho y con el carácter de Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, respecto de los actos y por la autoridad identificados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio signado por el Magistrado Titular de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de todo lo actuado en el expediente TJA/3AS/196/2016, ello en atención al requerimiento efectuado el diecinueve de septiembre del año en curso; agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Para facilitar el manejo del presente expediente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, fórmese el anexo ll, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, para que se impongan de su contenido; en el entendido que se continuará actuando en el presente expediente. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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