Jose Manuel Mercado Centeno
Expediente 1487/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1487/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/01/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Mercado Centeno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de enero de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 1487/2015-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el cuatro de enero de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, se ordena agregar a los autos los cuadernos incidentales y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción, sin embrago, el cuaderno incidental por el cual se concedió la suspensión definitiva se declara susceptible de depuración. Tomando en consideración que el quejoso se encuentra interno el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos; en esas condiciones, y toda vez que dicho centro de reclusión se encuentra fuera del lugar de residencia de este Juzgado, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, proceda notificar al quejoso José Manuel Mercado Centeno, el presente acuerdo, corriendo traslado con copia simple de las constancias que se acompañan. Asimismo, se requiere al Juez Penal que reciba la presente comunicación, para que una vez que lleve a cabo la notificación encomendada, dentro de las veinticuatro horas siguientes, remita a este juzgado las constancias del mismo. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso José Manuel Mercado Centeno corriendo traslado con las constancias que se anexan, debiendo asentar la descripción de cada una de ellas y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1487/2015-V, promovido por JOSÉ MANUEL MERCADO CENTENO, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito recibido en este juzgado el tres de agosto de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado en la misma fecha ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, JOSÉ MANUEL MERCADO CENTENO, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal. SEGUNDO. Por auto de cuatro de agosto de dos mil quince se previno al quejoso a fin de que aclarara la denominación de las autoridades responsables y los actos concretos que le reclamaba a cada una de ellas. Tal y como consta en la notificación realizada el once de agosto de dos mil quince, el quejoso señaló como autoridades responsables, al CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, y al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. Reclamó, además, la falta de atención médica especializada para sus padecimientos, así como la determinación de dieciocho de junio de dos mil quince, consistente en el alta médica y el traslado a otro Centro de Reinserción Social. TERCERO. Por auto de catorce de agosto de dos mil quince, se desechó la demanda respecto de los actos identificados como la falta de atención médica especializada para sus padecimientos, así como la determinación de dieciocho de junio de dos mil quince, consistente en el alta médica y el traslado a otro Centro de Reinserción Social; al considerarse que no estaban relacionados con el originalmente reclamado. Por otro lado, se admitió la demanda respecto a los actos consistentes en la incomunicación telefónica ocurrida el siete de julio de dos mil quince; así como, la obligación que se le impuso para que realice sus llamadas telefónicas, vía operadora y por cobrar, a través del número 020, teniéndose como autoridades responsables, únicamente al CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, y al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, por lo que se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en su numeral cuarto, fracción XVIII, establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, el acto reclamado, que tiene ejecución material, se atribuye a autoridad residente en el lugar del juicio, donde, además, es el señalado como el de ejecución. SEGUNDO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la Jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que, además, se deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, y precisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Bajo esa premisa, en el presente juicio de garantías, es necesario fijar adecuadamente el acto o actos reclamados por el imperante. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda y, atendiendo además a los aspectos explicados en líneas precedentes, debe decirse que los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, se traducen en lo siguiente: La obligación que se le impuso para que realice sus llamadas telefónicas, vía operadora y por cobrar, a través del número 020; La incomunicación telefónica ocurrida el siete de julio de dos mil quince; No es cierto el acto reclamado consistente en la obligación que se le impuso para que realice sus llamadas telefónicas, vía operadora y por cobrar, a través del número 020, que reclama a las autoridades responsables, CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, y al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. Ello es así, porque al rendir su informe justificado, negaron la existencia de tal acto; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en aras de desvirtuar dicha negativa. Si bien se demuestra con las bitácoras que las autoridades responsables exhibieron (fojas 85 a 89), que en efecto el quejoso realiza llamadas a través del número 020, esto no acredita la existencia de una imposición al quejoso. Por el contrario, exhibieron fotocopia certificada de un convenio telefónico (foja 83), en el que aparece que el interno realiza llamadas telefónicas los días martes de cada semana, a las quince horas, bajo la modalidad del 020, a los números de sus familiares, constando la firma del interno. Documento al que se otorga plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y que crea convicción en quien resuelve, de que existe consentimiento del quejoso de la modalidad de llamadas; pues lo cierto es que no aparece que firmara protestando las condiciones ahí descritas. Además, no obstante que con dicha documental se le corrió traslado, se abstuvo de impugnarla en cuanto a su autenticidad, contenido o eficacia probatoria. Por lo tanto, se considera inexistente la determinación o resolución, ya sea escrita o tácita, mediante la que se impusiera obligatoriamente al quejoso, realizar sus llamadas telefónicas, exclusivamente a través de operadora mediante el número 020; máxime que tampoco demostró que hubiera realizado petición a las responsables, para realizar llamadas bajo cualquier otra modalidad. Por otra parte, tampoco es cierto el acto reclamado consistente en la incomunicación telefónica ocurrida el siete de julio de dos mil quince, ya que las responsables lo niegan expresamente, y aunque aceptan que el día siete de julio de dos mil quince no fue posible la realización de llamada telefónica por parte del quejoso, alegando que se encontraba descompuesto el teléfono; tal como se advierte de la tarjeta informativa, de veinte de agosto de dos mil quince, suscrita por la Encargada del Departamento de Diagnóstico y Determinación de Tratamiento (fojas 82 a 89), del que se aprecia que el ahora quejoso, con excepción del siete de julio de dos mil quince, ha venido realizando sus llamadas telefónicas con normalidad, y que en la fecha que alega incomunicación, el aparato telefónico había sido destruido por otro interno: pues con ello no se demuestra la incomunicación reclamada. Así, debe sobreseerse en el juicio respecto a los actos descritos, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Toda vez que el quejoso está interno en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones se practiquen al quejoso de forma personal en el lugar de su reclusión; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia en turno del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique a JOSÉ MANUEL MERCADO CENTENO, el presente acuerdo y, hecho lo anterior, dentro de las tres días siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia. De igual forma hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Por lo expuesto y con fundamento en el articulo 74, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSÉ MANUEL MERCADO CENTENO, respecto de los actos consistentes en la obligación que se le impuso para que realice sus llamadas telefónicas, vía operadora y por cobrar, a través del número 020; así como respecto a la incomunicación telefónica; que reclamó de las autoridades responsables, CONSEJO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL, y al DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de enero de dos mil dieciséis, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, primero de octubre de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por el Tesorero del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del acuse de recibo del cheque 0002512, fechado el catorce de noviembre de dos mil catorce, por la cantidad de $8.364.51 (OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 51/100 M.N.); el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Con el oficio de cuenta, y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En obvio de mayores dilaciones, requiérase al impetrante de garantías para que dentro del término de tres días que serán computadas legalmente, informe a este Juzgado, si recibió los citados cheques; en el entendido que de no hacerlo así dentro del término señalado, éste Juzgado, procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. Ahora bien, toda vez que el original del presente juicio de amparo se encuentra en el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia correspondiente, remítase copia autorizada del presente acuerdo al Tribunal de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Tesorero Municipal de Cuernavaca, Morelos, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procede a dictar el siguiente acuerdo: LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. La ley en comento prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el Juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Bajo ese contexto, el Pleno del Alto Tribunal señala en la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de dos mil catorce, Tomo I, página diecinueve, registro 2007918, Décima Época, el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo, a saber: I. El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. II. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumpla la sentencia de amparo, tiene tres excepciones: 1) Se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. III. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. IV. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. V. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. VI. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. VII. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. III. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere al Director del departamento de recursos humanos del H. Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos y al Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, para que dentro del término de veinte días, siguientes a los que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, debiendo remitir las constancias que así lo justifiquen. Cabe precisar que el término de veinte días, se fija en virtud de que, para la devolución de las cantidades por concepto de las contribuciones que se declararon inconstitucionales, las autoridades responsables deben realizar una secuencia actos para la entrega de las sumas a reintegrar; asimismo, se puntualiza que dentro de dicho plazo las autoridades deberán realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria, considerando que ya tienen conocimiento de los actos reclamados, de sus antecedentes, de que tienen acceso al expediente de amparo para revisar constancias del juicio y de que fueron notificadas de la sentencia como se aprecia de las constancias de notificación que obran en autos; razón por la cual, el término señalado es improrrogable. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yecapixtla, Morelos, y por la Encargada de Despacho de la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento en mención, por medio del cual solicitan una prórroga a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como corresponda, y dígase que se esté a lo acordado en párrafos precedentes. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
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