José Manuel Martínez Castro

Expediente 583/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 32 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
583/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
08/11/2017

Partes del expediente

  • José Manuel Martínez Castro
  • Fiscal General del Estado de Querétaro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y advirtiéndose que la partes no desahogaron la vista otorgada en auto de veinticuatro de octubre de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación a la ejecutoria dictada en el presente juicio, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. En principio debe precisarse que por sentencia de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito determinó en su segundo punto resolutivo conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en los términos siguientes: "[.] Lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ CASTRO, para el efecto de que la Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro: a) Deje insubsistente los autos de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, en los aspectos anotados; y, b) Dicte una nueva determinación en la que reitere la concesión de la libertad caucional al aquí quejoso y siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria purgue los vicios formales de los que adoleció el auto de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis en cuanto a la fundamentación y motivación, y con plenitud de jurisdicción fije los montos que estime adecuados para que el quejoso goce de su libertad caucional, sin que pueda agravar la situación del inculpado, esto es, fijar montos mayores a lo que previamente estableció." (Folio 133) Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se declaró ejecutoriada la sentencia y se requirió al Juez Mixto de Primera Instancia de Cadereyta de Montes, Querétaro, al Director de Policía de Investigación del Delito y al Comandante de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales y Ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. (Folio 145 y 146) Por lo que mediante oficios 01817/2017 y 01818/2017 recibidos el dos y tres de octubre de la presente anualidad, el Director de Policía de Investigación del Delito y Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales y Ministeriales, ambos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, informaron que en cuanto a sus atribuciones observaran la ejecutoria de amparo. (Folio 152 y 154) Por oficio 3725 recibido en este juzgado el veintitrés de octubre del año en curso, la Titular Provisional del Juzgado Mixto de Primera Instancia en Cadereyta de Montes, Querétaro, remitió copia certificada del acuerdo emitido el veinte del citado mes y año, en la causa penal 66/2015, en el cual, determinó dejar insubsistentes los autos de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, y en su lugar dictó un diverso en el que dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, por las razones que se vierten a continuación: LINEAMIENTOS SENTENCIA RESOLUCION EMITIDA EN CUMPLIMIENTO [.] No obstante lo anterior, la responsable también estableció dos montos para garantizar la reparación del daño, sin embargo, no precisó a cuál de los delitos por lo que se sigue la causa penal LESIONES Y DAÑOS CULPOSOS, contra el aquí quejoso corresponde cada una esas cantidades. En el mismo sentido, la responsable no estableció de manera pormenorizada las razones que la llevaron a fijar la suma de $43,625.79 (cuarenta y tres mil seiscientos veinticinco 79/100 m.n.), como GARANTÍA DE REPARACIÓN DEL DAÑO de alguno de los ilícitos que se instruyen al quejoso, ya que se limitó a señalar que esa suma fue determinada ".en base a las diversas documentales agregadas por el pasivo del injusto, a través de la Fiscalía de Procesos.", sin embargo, la autoridad fue omisa en establecer específicamente qué documentos tomó en consideración y por qué con base en ellos concluyó que se causó a los ofendidos un daño por esa cuantía. Luego, en lo que respecta a la cantidad de $43,031.30 (cuarenta y tres mil treinta y un pesos 30/100 m.n.), que estableció por concepto de INDEMNIZACIÓN del delito de HOMICIDIO, la responsable nada dijo en torno a porque calculó esa suma a razón de 790 días multa y en base al salario mínimo general vigente al momento del hecho (enero 2010), que lo era de $54.47, es decir, no estableció los motivos o el fundamento en base al que determinó los factores que sirvieron de base para determinar ese monto. Bajo ese orden de ideas, también se destaca que la Juez responsable fijó al aquí quejoso, la cantidad de $2,753.50 (dos mil setecientos cincuenta y tres pesos 50/100 m.n.) como garantía de la multa que pudiera imponerse a éste en sentencia, cantidad que obtuvo en función de que estableció un factor de cincuenta días multa equivalente al salario mínimo vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, con base en que el numeral 75 del Código Penal del Estado de Querétaro, prevé como sanción de multa de los delitos culposos una pena que comprende de tres a noventa días multa; sin embargo, la autoridad no estableció qué razones la llevaron aplicar el factor de cincuenta días multa, es decir, nada dijo en torno a por qué es válido que aumente del mínimo que la ley establece como pena de multa. "(...) De ahí que, considerando todo lo antes expuesto, así como la plena voluntad del activo para quebrantar la norma que tutela el bien jurídico SE CONCEDERÁ A JOSE MANUEL MARTÍNEZ CASTRO la libertad provisional bajo caución, siempre y cuando deposite: (.) B.$2,451.15 (DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N.), a razón de 45 cuarenta y cinco días multa, en la zona y época a la comisión del delito (enero- 2010), que lo fue en esta ciudad a razón de $54.47 cincuenta y cuatro pesos 47/100 m.n., lo que da un total ya mencionado, cantidad que se fija atento las circunstancias y modalidades del delito y personales del activo que ya han sido citadas y que se tienen por reproducidas en obviedad de repeticiones innecesarias, atendiendo que de conformidad con el diverso 75 del Código Penal en vigor, los ilícitos que nos ocupan, se castigan de 03 tres a 90 noventa días MULTA, a más que con su conducta se transgredió más de un bien jurídico tutelado, a saber, uno de los bienes jurídicos más preciados como lo es la vida humana de quien respondiera al nombre de Jacqueline Muñoz Alvarado, así como también la integridad física de Oscar Alfredo Muñoz Alvarado, Luis Felipe Muñoz Alvarado, María de los Ángeles Alvarado, Ma. Lizbeth Muñoz Alvarado, Oscar Felipe Muñoz Martínez y finalmente, transgrede el bien jurídico consistente en él patrimonio de Oscar Felipe Muñoz Martínez; por lo que estima que el monto señalado garantiza de manera suficiente el pago de una posible multa en caso de llegar a una sentencia condenatoria, a resultas de lo que se resuelva en la misma; cumpliendo así el lineamiento de la autoridad federal, al solicitar que se expongan las razones que Ilevaron a aplicar el factor de días multa. C. Por lo que ve al concepto de REPARACIÓN DEL DAÑO, en primer lugar ha de decirse, que el Código Penal en vigor en el Estado, en su artículo137 señala: Artículo 37. La reparación de daños y perjuicios comprende: I.-La restitución de la cosa obtenida por el delito y si no fuera posible, el pago del precio de la misma. II.-La indemnización del daño material y moral causado... III.- El resarcimiento de los perjuicios ocasionados. Así, se establece que opera la segunda hipótesis, pues en el caso del homicidio no es factible restituir el bien jurídico tutelado por el código punitivo, y tampoco pagar o cuantificar su precio, por ello opera una indemnización en el daño causado, dado que, la Ley prevé que a falta de pruebas específicas que acrediten el daño ocasionado, se debe de remitir a la Ley Federal del Trabajo, adquiriendo por ende el activo la obligación de reparar el daño material en los términos de tal Legislación. Luego entonces, por lo que ve al delito de homicidio ha de decirse, que de conformidad con lo establecido por el diverso 49 del Código Penal en relación al 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo -vigente al acontecer los hechos-, se debe hacer un pago de 730 setecientos treinta días por INDEMNIZACIÓN y otro de 60 sesenta días por GASTOS FUNERARIOS, a razón del salario mínimo general vigente en la zona económica al momento de suceder el evento. Así, por lo que ve a la INDEMNIZACION al hacer la multiplicación de los 730 setecientos treinta días de salario que señala la Ley, mismo que el día del evento -enero de 2010 dos mil diez- era de $54.47 (Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) en la zona, arroja la cantidad de $39,763.10 (TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 10/100 M.N.) en efectivo. Y tocante a los GASTOS FUNERARIOS, al hacer la operación de los 60 días de salario que señala la Ley, equivale a la suma de $3,268.20 (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N.) en efectivo. De ahí que por la indemnización y gastos funerarios por la muerte de la menor ofendida Jaqueline Muñoz Alvarado, en suma hacen un total de 790 setecientos noventa días de salario mismo que el día del evento -enero de 2010 dos mil diez- era de $54.47 (Cincuenta y cuatro pesos 47/100 M.N.) en la zona, arroja la cantidad de $43,031.30 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 30/100 M.N.). Cantidad que se fija por concepto de Reparación del Daño por lo que ve al resultado de Homicidio cometido en agravio de la menor antes precisada. Además el artículo 49 del Código Penal, establece: "Artículo 49. En caso de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específicas respecto del daño causado, los jueces tomarán como base el salario mínimo vigente en el lugar donde ocurran los hechos y las disposiciones que en materia de indemnizaciones sobre riesgos de trabajo establezca la Ley Federal del Trabajo." Esto es, de la lectura integra del numeral transcrito, se advierte que, en efecto, la Ley Penal en los casos de lesiones y homicidio y a falta de pruebas específicas tocante al daño causado, nos remite a la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria, es decir, que debemos atender a éste Ordenamiento Legal en todo aquello que la Codificación Penal no prevea mas en el caso concreto, y específicamente en el ordinal en mención, la Ley Penal es clara al estatuir que, se debe tomar como base el salario mínimo vigente en el lugar donde ocurran los hechos; cumpliendo así el lineamiento de la autoridad federal, al solicitar explicación en torno a por qué se calculó la suma de $43,031.30 (CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y UNO PESOS 30/100 M.N.), a razón de 790 días multa y en base al salario mínimo general vigente al momento del hecho (enero 2010), que lo era de $54.47 (.)" (Folios 156 a 167) Es así, que esta Juzgadora estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que la responsable dejó insubsistentes los autos de diecisiete de octubre de dos mil dieciséis y de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, y en su lugar dictó un diverso en el que estableció de manera pormenorizada las razones por las cuales fijó los montos por concepto de garantía de reparación del daño, así también estableció porque calculó de tal manera la suma correspondiente a la indemnización por homicidio, además estableció las razones por las que aplicó el factor de cuarenta y cinco días multa por concepto de garantía de una posible multa, lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Hágase del conocimiento de las partes este proveído, asimismo, dese vista con lo aquí determinado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado para que manifieste lo que a su representación social corresponda; y al no haber actos pendientes por cumplimentar con fundamento en el artículo 214 Ibídem, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.....II-A NP

  2. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el oficio signado por el Juez Provisional del Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Distrito Judicial de Cadereyta de Montes, Querétaro, mediante el cual remite el auto de veinte de octubre de dos mil diecisiete dictado en la causa penal 66/2015, con las que acredita dar cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado con una copia del oficio que se provee y su anexo, para que en el plazo de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa....II NP

  3. Principal

    Agréguese a los autos, para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Jefe de Grupo Encargado de la Unidad de Investigación y Ejecución de Mandatos Judiciales y Ministeriales de Policía de Investigación del Delito, mediante el cual informa que en su carácter de autoridad ejecutora, observara el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.....ii-a

  4. Principal

    Visto; agréguese a los presentes autos, para que obre como corresponda, el oficio signado por el Director de la Policía de Investigación del Delito, mediante el cual informa que en su carácter de autoridad ejecutora, observara el cumplimiento de la ejecutoria dictada en autos.....II-A|.

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