José Manuel López Galvan
Expediente 1663/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 31 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1663/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 13/07/2017
Partes del expediente
- José Manuel López Galvan
- Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro
- Comandante de la Unidad de Investigacion Y Ejecucion de Mandatos Judiciales Y Ministeriales de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Incidental
Vista la promoción de cuenta signada por ****** parte quejosa dentro del presente juicio de amparo, mediante la cual solicita la devolución del billete de depósito número N 778797, por la cantidad de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), expedido por BANSEFI, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., exhibido en la presente incidencia a fin de que surtiera efectos en su momento la suspensión provisional y posteriormente la definitiva concedida al quejoso; por lo tanto, con apoyo en el artículo 129 de la Ley de Amparo anterior, devuélvase billete de depósito solicitado en razón a que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en fecha doce de mayo del presente año, se acordó lo relativo al testimonio recibido de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 18/2017 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito del Estado de Querétaro, en la que se confirmó la sentencia concesoria de amparo emitida por este Juzgado, por ende, se autoriza la devolución únicamente al quejoso o a cualquiera de sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Ampasro, previa razón que de su recibo quede en autos; en la inteligencia que la orden de pago será endosada exclusivamente a nombre del quejoso.....IV-A
- Principal
V I S T O el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose que únicamente la parte quejosa desahogó la vista ordenada en auto de veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, manifestando su conformidad respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en autos. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar que por sentencia de quince de diciembre de dos mil dieciséis, este Juzgado determinó conceder el amparo a la parte quejosa para los efectos siguientes: "Los efectos de la concesión son para que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro deje insubsistente la resolución de once de octubre de dos mil dieciséis y dicte una nueva en la que determine que no se actualiza el elemento típico consistente en el requerimiento formal que exige el tipo penal de Abuso de Confianza previsto en el artículo 192 fracción II y sancionado por el diverso numeral 191 fracción II del Código Penal del Estado de Querétaro; y en consecuencia, ordene al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro deje sin efectos la orden de aprehensión emitida al aquí quejoso ******." Inconforme con lo anterior, la tercero interesada, interpuso recurso de revisión; medio impugnativo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito, el que mediante resolución de cuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada en el toca en revisión 18/2017, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, por los motivos precisados en el considerando sexto de la sentencia impugnada, y para los efectos precisados en el último considerando de la misma, reflejado en el resolutivo único." Por auto de doce de mayo último, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, por lo que se requirió a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, diera cumplimiento al fallo protector en el término de tres días. (foja 247) Mediante oficios 497 y 521, recepcionados en este juzgado el dieciséis y diecinueve de mayo del año en curso, respectivamente, la Secretaria de Acuerdos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo dictada en autos, con el primero de ellos remitió copia certificada de la resolución de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, dictada en los autos del toca penal 1035/2016, en la que dejó insubsistente la resolución reclamada de once de octubre de dos mil dieciséis, y confirmó el auto que negó la orden de aprehensión de veintiséis de julio de esa anualidad, que había dictado el Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, en la causa penal 117/2016, instruido al aquí quejoso José Manuel López Galván, por el delito de abuso de confianza, en agravio de Ma. Concepción González Rico; y, con el segundo de los oficios, anexó copia certificada del diverso 1035/2016 JC, dirigido al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por el que le comunicó lo resuelto por aquélla. Con motivo de lo anterior, el veintidós de mayo del año en curso, se requirió al Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial de Querétaro, para que en el término de tres días remitiera copia certificada del acuse de recibo del oficio por el que informó a las autoridades ejecutoras que había dejado sin efectos la orden de aprehensión reclamada. En cumplimiento a ello, por oficio 1586, recibido en este juzgado el veinticinco del mismo mes y año, la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Séptimo de Primera Instancia Penal en el Distrito Judicial de Querétaro, remitió copia certificada del oficio 1534, enviado al Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por el que le informó la cancelación de la orden de aprehensión impugnada por el aquí quejoso José Manuel López Galván. En relación con lo anterior, este Juzgador federal estima que la Sala Penal responsable ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se advierte del siguiente cuadro comparativo: Lineamientos de la Ejecutoria de Amparo Resolución dictada en cumplimiento (.) En ese sentido, del análisis de la resolución en estudio se desprende que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, determinó que el segundo elemento del tipo penal de Abuso de Confianza previsto en el artículo 192 fracción II y sancionado por el diverso numeral 191 fracción II del Código Penal del Estado de Querétaro, consistente en que el sujeto activo no devuelva la cosa mueble cuando debiera hacerlo, a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, lo tuvo por acreditado con las declaraciones de Ma. Concepción González Rico, Juan Manuel Molina Molina y José Rafael Hernández León; de las cuales advirtió que el inculpado José Manuel López Galván debía regresar las maquinas el trece de noviembre de dos mil catorce y no obstante ello no se presentó, motivo por el cual la ofendida se comunicó vía telefónica al número que proporcionó el acusado, solicitándole la entrega de los bienes, contestándole una persona que dijo ser su empleado y que era la oficina del inculpado, pero que a pesar de ello no hizo la devolución de las máquinas, por lo que Juan Manuel Molina Molina acudió al domicilio proporcionado en el contrato, ubicado en calle Paseo Pirámides del Pueblito número 10, interior 14, en Corregidora, Querétaro, para requerirle la entrega de las máquinas, lugar donde le comunicaron que no lo conocían; que ante tal situación, la agraviada citó al acusado en el centro ministerial de mediación ya que lo único que pedía era que le devolviera las máquinas y no se presentó y que en la constancia de hechos de ocho de abril de dos mil dieciséis, levantada por la Oficial Secretario de la Agencia del Ministerio Público, en la que hizo constar la presencia del inculpado y de la ofendida, en la que no pudieron llegar a un arreglo toda vez que el imputado manifestó que la persona que le asesora le recomendó que lo mejor era no convenir y por ende solicitó la consignación de la averiguación previa a la autoridad judicial competente; empero dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el segundo elemento del cuerpo del delito en estudio, específicamente por lo que se refiere a la existencia de un requerimiento formal de entrega del bien mueble cuya tenencia es derivada. En efecto, dichas probanzas resultan insuficientes para acreditar el requerimiento formal a que alude el tipo penal de Abuso de Confianza en estudio, ya que como se estableció en párrafos que anteceden el requerimiento para que sea formal necesita que se autenticado (ante la presencia de juez, notario o corredor público, por ejemplo, ya que ellos tienen facultades para autentificar actos jurídicos). Así pues, si en el presente asunto, la Sala responsable determinó que el requerimiento formal se actualizó al momento en que la ofendida aquí tercero interesada se comunicó vía telefónica al número proporcionado por el inculpado y le contestó una persona que dijo ser empleado de aquél, es de concluirse que dicha circunstancia no se traduce en un requerimiento formal, aunado a que dicha llamada no la atendió directamente con el imputado de referencia. Similar consideración se sostiene respecto del testimonio de Juan Manuel Molina Molina, quien manifestó que acudió al domicilio proporcionado en el contrato, ubicado en calle Paseo Pirámides del Pueblito número 10, interior 14, en Corregidora, Querétaro, para requerirle la entrega de las máquinas, lugar donde le comunicaron que no lo conocían; lo cual no resulta ser un requerimiento formal e inclusive se advierte que no se entrevistó directamente con el imputado pues no resultó ser el domicilio de éste. De igual manera, no resulta suficiente para acreditar el requerimiento formal la constancia de hechos de ocho de abril de dos mil dieciséis, pues si bien es cierto la representación social certificó que el inculpado aquí quejoso José Manuel López Galván manifestó que la persona que lo asesora le recomendó que lo mejor era no llegar a un arreglo con la agraviada aquí tercero interesada Ma. Concepción Hernández Ramírez, también lo es que en dicha diligencia no se advierte que se le haya efectuado por parte de la autoridad ministerial un requerimiento para la devolución de la maquinaria de la cual es poseedor derivado; sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones de la víctima en el sentido de que únicamente solicitaba la devolución de las 3 máquinas de soldar que otorgó en arrendamiento al aquí quejoso, no obstante, ello fue con el fin de conciliar, más no de hacer un requerimiento formal de la cosa como el tipo penal lo exige; de ahí que tampoco resulte útil para acreditar el citado requerimiento formal. Por tal motivo, si en la causa penal 117/2016 no se advierte que haya mediado requerimiento formal hacia el sujeto activo del delito, siendo éste un requisito sine quan non en la descripción típica, resulta inconcuso que el cuerpo del delito de Abuso de Confianza previsto en el artículo 192 fracción II y sancionado por el diverso numeral 191 fracción II del Código Penal del Estado de Querétaro no se encuentra debidamente acreditado. (..)". La Sala Penal al emitir su resolución determinó que no se acreditaba el segundo de los elementos del delito de abuso de confianza, consistente en la existencia de un requerimiento formal por quien cuente con derecho respecto del bien cuya tenencia la tiene el sujeto activo, o bien, éste no la entregue a la autoridad competente. Lo anterior lo estimó así, en virtud de que los medios de prueba consistentes en las declaraciones de Ma. Concepción González Rico, Juan Manuel Molina Molina y José Rafael Hernández León, así como la constancia de hechos de ocho de abril de dos mil dieciséis, levantada por el Oficial Secretario de la Agencia del Ministerio Público, resultaron insuficientes para acreditar el segundo elemento del cuerpo del delito en estudio, relativo a la existencia de un requerimiento formal de entrega del bien mueble cuya tenencia es derivada, pues estimó que para que hubiese sido formal el requerimiento se necesitaba que hubiere sido autentificado ante la presencia de juez, notario o corredor público, ya que ellos tienen facultades para autentificar actos jurídicos. En efecto, la Sala responsable estimó que no se traduce en un requerimiento formal el hecho de que la aquí tercero interesada Ma. Concepción González Rico se hubiere comunicado vía telefónica al número proporcionado por el aquí quejoso José Manuel López Galván, y que le hubiere contestado una persona que dijo ser empleado de aquél, sin ser atendida directamente por el buscado. Asimismo, la responsable agregó que la circunstancia de que Juan Manuel Molina Molina hubiere acudido al domicilio proporcionado en el contrato para requerir al inculpado la entrega de las maquinas, lugar donde le comunicaron que no lo conocían, no era suficiente para acreditar los extremos del elemento "requerimiento formal". Finalmente, estimó que tampoco se advertía que hubiere existido un requerimiento formal del medio de prueba consistente en la constancia ministerial de ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que el Agente del Ministerio Público certificó que el inculpado había manifestado que la persona que lo asesoraba le recomendó que lo mejor era no llegar a un arreglo con la agraviada, pues en esa diligencia no se advertía que se hubiere efectuado a aquél un requerimiento formal por parte de la autoridad ministerial para la devolución de la maquinaria de la cual es poseedor derivado, sin que fuere obstáculo que la ofendida hubiese manifestado que únicamente solicitó la devolución de las tres máquinas de soldar que otorgó en arrendamiento al inculpado, pues ello fue con el fin de conciliar, mas no de hacer un requerimiento formal de la cosa. En consecuencia, la Sala responsable al advertir que con los medios de prueba aportados no se había acreditado el delito de Abuso de Confianza, previsto en el artículo 192, fracción II y sancionado por el diverso 191, fracción II, del Código Penal del Estado de Querétaro, confirmó el auto que negó la orden de aprehensión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis. Aspectos cumplidos En ese contexto, este juzgador federal estima que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, pues como quedó establecido en líneas superiores, la Sala responsable demostró que dejó insubsistente la resolución reclamada de once de octubre de dos mil dieciséis, siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia, y emitió una nueva resolución en la que confirmó el auto que negó la orden de aprehensión de veintiséis de julio de dos mil dieciséis (ya que no se acreditaba el segundo de los elementos del tipo penal consistente en el requerimiento formal por quien tenga derecho respecto del bien cuya tenencia derivada la tiene el sujeto activo); lo cual constituyó el punto primordial de la concesión del amparo. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Sin que en el caso resulte necesario analizar el escrito del quejoso José Manuel López Galván, por el que desahogó la vista otorgada en auto de veintiséis de mayo de la presente anualidad, pues tal como se advierte en supralíneas, las autoridades responsables dieron cumplimiento al fallo protector, máxime que del contenido del aludido ocurso se advierte que el promovente manifestó su conformidad con los actos realizados por las responsables. En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruido....IV NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
Visto; agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ****, por el que desahoga la vista otorgada el veintisiete de mayo del año en curso, y realiza diversas manifestaciones respecto de las actuaciones realizadas por las autoridades responsables en cumplimiento al fallo protector; ocurso que será tomado en consideración al momento de realizar el pronunciamiento respectivo, lo anterior con base en el artículo 196 de la Ley de Amparo....IV
- Principal
SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 29/05/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA TERCERO INTERESADA MA. CONCEPCIÓN GONZÁLEZ RÍCO EL AUTO DE 26/05/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Visto; agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos en funciones de Juez Séptimo de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintidós de mayo último, y remite copia certificada del oficio 1534, girado al Director de la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, por el que se le informó la cancelación de la orden de aprehensión girada en contra del aquí quejoso *****, por el delito de abuso de confianza, cometido en agravio de la tercero interesada ***** ; en consecuencia con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa y a la tercero interesada con copia del presente auto, de los diversos de veintidós y diecisiete de mayo del año en curso, y de los oficios acordados en estas datas, por el término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez transcurrido dicho término, este Juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base a los elementos que obren en el expediente en que se actúa
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