José Manuel Mancera Gómez
Expediente 609/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 609/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Manuel Mancera Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el catorce de junio de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo presentada por *********, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.
- Principal
Se desecha la demanda de plano por las razones que se exponen.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL PROVEÍDO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE A LA LETRA DICE: Por recibido el escrito de cuenta, suscrito por XXXXXXXX, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado el nueve de junio del año en curso, pues al efecto manifiesta que el acto que reclama es el auto de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, mediante el cual se ordenó dejar a disposición del Notario Público número 4, de Cortázar, Guanajuato, los autos originales para realizar la escritura en rebeldía en favor de la parte actora; en consecuencia, se provee: Ahora bien, con la finalidad de proveer respecto a la admisión de la demanda de amparo, debe considerarse lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior, se impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, página 890, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente destacar que el acto reclamado por el quejoso consiste en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil M659/2006; mediante el cual se dejó a disposición del Notario Público número 4, de la ciudad de Cortázar, Guanajuato, los autos originales para realizar la escritura de adjudicaciones respectiva de la nuda propiedad. Asimismo, señaló los actos de ejecución del citado expediente. De lo anterior se advierte que se actualizan de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Ahora bien, dichos preceptos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. (.). XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Del artículo citado se advierte, que la procedencia del juicio de amparo, como medio extraordinario de defensa, está condicionada a que el gobernado agote los recursos legales establecidos en la ley que regula el acto que reclama. Esto es, que previamente a la promoción del juicio de amparo, se deben sustanciar todos los medios ordinarios de defensa que se tengan al alcance para modificar o revocar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. Ese principio responde, indiscutiblemente, a la naturaleza jurídica del juicio de derechos como medio extraordinario y supremo de defensa de los derechos públicos subjetivos de los gobernados, por lo que lógicamente, antes de promoverlo, el particular debe agotar todos aquellos medios ordinarios de invalidación del acto reclamado legalmente reconocidos. En ese orden de ideas, del precepto legal trascrito, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: Que se trate de resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Que la ley ordinaria que rige el acto reclamado conceda contra el mismo algún recurso o medio de defensa; Que ese recurso o medio de defensa se prevea dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, Que por virtud de dicho medio, la resolución pueda ser modificada, revocada o nulificada. No obstante lo anterior, por regla general existen cuatro casos de excepción al citado principio previstos en la transcrita fracción XVIII, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, que son: 1) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, y la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; 2) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución, orden de arresto, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y 4) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Asimismo, se advierte que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Así, la primera de las excepciones se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional; el segundo, cuando el acto reclamado consista en órdenes que afecten la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; el tercero, se refiere a los terceros extraños al juicio o procedimiento y el cuarto al auto de vinculación a proceso; quienes no están obligados a agotar los recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107 Constitucional, fracción III, inciso c), del máximo ordenamiento, lo que aparece reproducido en el numeral antes citado. Como se señaló en párrafos precedentes, los actos reclamados por XXXXXXXX, los hizo consistir en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictado por el juez responsable en el juicio ejecutivo mercantil M659/2006; consistente en la orden de remitir los autos a la Notaria Pública número 4 de Cortázar, Guanajuato para la adjudicación respetiva de la nuda propiedad. Asimismo, señaló como acto reclamado la ejecución del juicio mercantil. Ahora bien, a fin de determinar la procedencia del medio de impugnación idóneo para controvertir dicho proveído, se transcriben los artículos correspondientes del Código de Comercio vigente y aplicable al asunto que nos ocupa: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición. Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso. Artículo 1336. Se llama apelación el recurso que se interpone para que el tribunal superior confirme, reforme o revoque las resoluciones del inferior que puedan ser impugnadas por la apelación. Artículo 1338. La apelación puede admitirse en el efecto devolutivo y en el suspensivo, o sólo en el primero. Artículo 1339. En los juicios mercantiles, tanto ordinarios como ejecutivos, procederá la apelación en ambos efectos: I. Respecto de sentencias definitivas; II. Respecto de sentencias interlocutorias o autos definitivos que pongan término al juicio, cualquiera que sea la naturaleza de éste. En cualquier otra resolución que sea apelable, la alzada sólo se admitirá en el efecto devolutivo. Artículo 1340. La apelación sólo procede en juicios mercantiles cuando su interés exceda de ciento ochenta y dos veces el salario mínimo general vigente, en la fecha de interposición en el lugar en que se ventile el procedimiento. Artículo 1341. Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone. Artículo 1342. Las apelaciones se admitirán ó denegarán de plano, y se sustanciarán con un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo. Artículo 1345. Cuando la apelación proceda en un solo efecto no se suspenderá la ejecución de la resolución impugnada, pero en este caso el recurrente al interponerla deberá señalar las constancias para integrar el testimonio de apelación, que podrán ser adicionadas por la contraria y las que el juez estime necesarias, remitiéndose desde luego el testimonio que se forme al tribunal de alzada. De no señalarse las constancias por el recurrente, se tendrá por no interpuesta la apelación. Si el que no señale constancias es la parte apelada, se le tendrá por conforme con las que hubiere señalado el apelante. Respecto del señalamiento de constancias, las partes y el juez deben de cumplir con lo que se ordena en el párrafo final de este artículo. Si se tratare de sentencia definitiva en que la apelación se admita en efecto devolutivo se remitirán las originales al Superior, pero se dejará en el juzgado para ejecutarla copia certificada de ella y de las demás constancias. Si la apelación se admite en ambos efectos suspende desde luego la ejecución de la resolución, hasta que cause ejecutoria. Al recibirse las constancias por el Superior, no se notificará personalmente a las partes para que comparezcan ante dicho tribunal, a menos que se haya dejado de actuar por más de seis meses. Llegados los autos o el testimonio, en su caso, al Superior, éste dentro de los tres días siguientes dictará providencia en la que decidirá sobre la admisión del recurso, la calificación del grado y la oportuna expresión de agravios y su contestación hechas por y ante el juez a quo, citando en su caso a las partes para oír sentencia, misma que se pronunciará dentro del plazo de quince días contados a partir de la citación para sentencia. Sólo cuando hubiere necesidad de que el Superior examine documentos voluminosos, podrá disfrutar de ocho días más para pronunciar resolución. Declarada inadmisible la apelación, se devolverán los autos al inferior, revocada la calificación, se procederá en consecuencia. El tribunal de apelación formará un solo expediente, iniciándose con la primera apelación que se integre con las constancias que se remitan por el inferior, y se continúe agregándose las subsecuentes que se remitan para el trámite de apelaciones posteriores." De estos preceptos legales se advierte que la ley aplicable reconoce, en lo que interesa, los medios de impugnación denominados: revocación y apelación. Respecto del recurso de revocación, los propios numerales proporcionan sus notas distintivas: Procede contra autos y decretos que no fueren apelables. En cuanto a la apelación procede contra aquellos autos que, dictados en procedimientos, decidan un incidente o lo disponga el mismo Código, además de que la sentencia definitiva sea susceptible de apelar. De ahí que en el particular, al reclamarse la actuación respecto la cual procede un medio de defensa que podría nulificarla o revocarla, en el caso el recurso de revocación, trae como consecuencia, que la demanda planteada resulte improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de la materia y conforme lo dispuesto en el numeral 145 de la citada Ley, se desecha de plano. Entonces, si existe certeza de que contra la resolución reclamada en el juicio de amparo procede el recurso de revocación para lograr su nulidad, modificación o revocación dentro del procedimiento del que deriva, en términos de lo previsto en la porción normativa en cita, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que conduce a desechar de plano la demanda en términos del diverso numeral 113 de la propia Ley. Aunado a lo anterior debe señalarse que el propio quejoso en su primer concepto de violación refiere que ninguna parte ha impugnado el auto que ahora combate. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Con fundamento, también, en la jurisprudencia I.13º.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Asimismo, se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, como lo señala la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época, Página: 12 "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." Conforme a las normas y jurisprudencia citadas, la causa de improcedencia del juicio de amparo en relación con actos derivados de otros consentidos, no se encuentra prevista expresamente como tal en la Ley de Amparo, sino que constituye una creación de la jurisprudencia. En ese tenor, los requisitos para que se actualice dicha causa se determinan en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 217-228, Primera Parte, página 9, cuyo rubro y texto a continuación se reproducen: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." Del criterio transcrito se destaca que para considerar un acto derivado de otro consentido se requiere: a) La existencia de un acto anterior consentido; y b) La existencia de un acto posterior que sea consecuencia directa y necesaria de aquél. Establecido lo anterior, se tiene que la pretensión del quejoso es que se le conceda el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Sin embargo, como se dijo, el acto aquí controvertido, se trata de un derivado de otro consentido. Para evidenciar lo anterior, resulta necesario traer a colación que en los antecedentes de lo que reclama el aquí quejoso, en el punto once de los mismos, precisa que mediante auto de doce de mayo, se ordenó otorgar en rebeldía la escritura por lo cual se dejaran a disposición del Notario Público número 2 de Cortázar, Guanajuato; y posteriormente ante la manifestación de la parte actora, por así convenir a sus intereses solicitó se dejaron a disposición los autos de la diversa Notaria Pública número 4 de la misma ciudad. En estas condiciones, el auto que reclama en la presente instancia es derivado del diverso de doce de mayo del presente año, que no reclamó debidamente. De ahí que, es evidente que sí se consintió el auto, al no interponer juicio de amparo debidamente, o bien, algún recurso ordinario de defensa, tal norma general adquiere la calidad de acto consentido. Si el quejoso no impugnó debidamente el auto de doce de mayo del presente año, en el que se dejaron a disposición del Notario Público número 2 de Cortázar, Guanajuato, para que otorgara la escritura a favor del adjudicatario, es inconcuso, que consintió tal auto, de ahí que se advierte que lo que el quejoso combate en esta vía constitucional es un acto derivado de otro consentido. Por tanto, al acreditarse que no se agotó el requisito de definitividad y que el acto controvertido deriva de uno que ya consintió, es evidente que con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo en vigor, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, presentada por XXXXXXXX, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualizan las causales de improcedencia previstas en las fracciones XVIII y XIII del artículo 61, en relación con el diverso 217, primer párrafo, ambos de la Ley de la materia en vigor.
- Principal
Vista la demanda de amparo signada por ********, por propio derecho, contra actos del Juez Menor Mixto de Cortázar, Guanajuato y otra autoridad; por violaciones a los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y regístrese con el número 609/2017. Ahora, previo al pronunciamiento con relación a la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído y con las copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. Indique con exactitud cuál es el acto o actos que reclama; toda vez que del escrito de demanda se advierte por una parte, que señala como tal la resolución de fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, auto mediante el cual dejó a disposición del Notario Público número 4, de Cortázar, Guanajuato, los autos originales para realizar la escritura de adjudicación respectiva, asimismo, manifiesta que se dejó a disposición del titular de la Notaria Pública número 2, de la misma ciudad los autos originales, quien deberá recogerlos personalmente para su protocolización; sin embargo, de los propios antecedentes del ocurso que se atiende, se evidencia que fue en diverso acuerdo de doce de mayo de la presente anualidad cuando se dejaron a disposición del segundo de los Notarios citados, los autos originales del juicio. Explicado lo anterior, es que se estima necesario que el quejoso particularice cuál es el acto o actos, que estima violatorios de sus derechos fundamentales. Lo anterior, porque de acuerdo con la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, es un requisito indispensable que debe contener la demanda constitucional, aunado a que son datos necesarios para estar en condiciones de determinar la procedencia o improcedencia del juicio constitucional de que se trata. En el entendido que las prevenciones realizadas deben ser desahogada por el propio promovente del amparo, no así por los profesionistas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal y acontecidos con anterioridad a la presentación de la demanda, y debe manifestarlo bajo protesta de decir verdad, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Apercibido que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por NO PRESENTADA la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Siendo aplicable la jurisprudencia número 36/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIII, de abril de dos mil uno, página setenta y nueve, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se tiene autorizando en términos restringidos del numeral 12 de la Ley de Amparo, a José Antonio Lozano Gutiérrez y Francisco Chávez Medina, por así solicitarlo expresamente y, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *********de esta ciudad. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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