José Manuel Luna Cornejo
Expediente 477/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 477/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Manuel Luna Cornejo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra de la determinación de trece de mayo de dos mil veintidós, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
Desechamiento de la demanda. Ahora, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: La notificación o emplazamiento al incidente de ejecución promovido en el juicio ordinario familiar número *************** del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato. El auto de ocho de abril de dos mil veintidós, dictado en el expediente aludido, en el cual se desechó el incidente de nulidad de notificaciones promovido por el aquí quejoso. De lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, debe precisarse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veintidós de mayo de dos mil catorce, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, estimó que en los trabajos legislativos de la reforma constitucional: a) Se destacó la demora excesiva que en algunos casos provocaba la interposición del juicio de amparo; b) Por ende, se apreció como una demanda social la necesidad de abreviar su procedimiento, eliminando a su vez la traba que significa su múltiple promoción indiscriminada, erigiéndose como un obstáculo para la pronta impartición de justicia; c) Se advirtió a título de hecho notorio que la substanciación y resolución del sumario constitucional propiciaba el alargamiento de los juicios; d) De ahí que hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles, para que las presuntas infracciones al procedimiento se planteen mayormente en forma simultánea contra la sentencia de fondo; y e) Con ello, se analicen todas las impugnaciones relacionadas con aspectos de naturaleza puramente adjetiva. Así, consideró el más alto tribunal que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin a juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento y, en vía de consecuencia, impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaban injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. De manera que para que los actos que se reclamen en el juicio de amparo indirecto puedan ser estimados como de imposible reparación, es necesario: i. Producir una afectación material a derechos sustantivos; ii. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y iii. Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589, de rubro y contenido siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Bajo ese contexto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si la afectada obtiene una sentencia favorable. Estas consideraciones son aplicables, por analogía, a los procedimientos incidentales, puesto que el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. Por tanto, para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, es necesario esperar a que se pronuncie la interlocutoria correspondiente, en contra de esta resolución final, previo agotamiento de los medios ordinarios de defensa, podrá promoverse el juicio de amparo indirecto, en donde podrán impugnarse -vía conceptos de violación-las violaciones procesales ahí acontecidas. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IX.1o. J/22 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, con registro digital 163233, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 2859, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA DETERMINACIONES DE TRÁMITE DICTADAS DENTRO DE LA SECUELA PROCESAL DE UN INCIDENTE. Es improcedente el juicio de amparo en sus dos vías (directa o indirecta) para reclamar determinaciones de trámite dictadas dentro de la secuela procesal de un incidente, porque éstas no constituyen una resolución definitiva, en tanto que no deciden todos los puntos jurídicos debatidos, dado que aún falta por pronunciar la interlocutoria del propio incidente. En este sentido, para efectos del juicio de garantías, el trámite de un incidente es equiparable a un juicio común, con sus características procesales como demanda, contestación, término de ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y sentencia, con la aclaración de que en los incidentes la demanda y contestación vendrían siendo el escrito en que éste se plantea y el desahogo de la vista a la contraparte, respectivamente. En consecuencia, el juicio de amparo no puede promoverse contra cualquier auto, acuerdo, determinación o sentencia pronunciada en un juicio, sino únicamente contra aquellas que constituyan una resolución final y que en su contra no proceda ni esté pendiente de resolver un medio de defensa o recurso ordinario que pueda tener por efecto nulificar, revocar o modificar dicha determinación, salvo cuando se trata de algún acto que cause un gravamen irreparable en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo." Ahora, de los elementos objetivos que derivan del escrito de demanda, vertidos por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, se advierten los siguientes antecedentes: El aquí quejoso promovió demanda de disolución del vínculo matrimonial en contra de ************, la cual fue registrada con el número ************* de la estadística del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, la que concluyó por la celebración de un convenio judicial elevado a la categoría de cosa juzgada. La parte demandada en el juicio de origen promovió incidente de ejecución de convenio. El treinta y uno de marzo de la presente anualidad, se emplazó o se notificó la radicación de ese incidente al ahora quejoso. Este es uno de los actos reclamados en esta instancia constitucional. En contra de dicha diligencia, el peticionario del amparo promovió incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue desechado por el juicio de origen mediante auto de ocho de abril de dos mil veintidós. Esta determinación también constituye uno de los actos reclamados en este juicio de amparo. El quejoso precisó que dicha incidencia se encuentra en la etapa de contestación, que no hay audiencias ni sentencias, es decir, está en trámite. Con base en lo anterior, es válido afirmar que los actos reclamados en esta vía constitucional, no son de aquellos que puedan considerarse como de imposible reparación, en virtud que, de ninguna manera afecta inmediata ni directamente derechos humanos de la parte disconforme que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, sino únicamente le producen una afectación de carácter procesal, que de trascender desfavorablemente al quejoso, en el resultado de la sentencia que resuelva el incidente de ejecución de mérito -previo agotamiento del recurso ordinario- es reclamable a través del juicio de amparo indirecto, esto es, se trata de actos dentro de un procedimiento incidental tramitado dentro del juicio de origen, reclamables en amparo indirecto, hasta que se resuelva esa instancia incidental. En efecto, para que los actos reclamados puedan ser calificados de irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran de forma actual el ejercicio de un derecho y, no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. De lo descrito anteriormente, se puede apreciar que el incidente de ejecución de convenio se encuentra en trámite; en dicho procedimiento incidental, el demandado incidental -ahora quejoso- fue emplazado y contra esa diligencia promovió un incidente de nulidad de notificaciones, el cual fue desechado. De lo anterior, se pone de manifiesto que los actos reclamados en ese momento procesal no le irrogan un perjuicio irreparable al promovente del amparo, dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo, sino, sólo afectan derechos adjetivos, cuenta habida que de obtener resolución favorable en el incidente de origen, las consecuencias jurídicas del proveído descrito, quedaría sin efectos, dejando intacta su esfera jurídica, y, en caso contrario, esto es, que la resolución que resuelva el incidente de mérito favoreciera a su contraria -parte actora incidental- entonces, el peticionario del amparo, podrá impugnar las posibles violaciones que se hubieren cometido y trascendido al resultado del fallo, a través del juicio de amparo constitucional, vía conceptos de violación; de ahí que, en contra del acto que aquí se combate, en este momento del procedimiento incidental no proceda el juicio de amparo indirecto, pues se trata de actos dentro del procedimiento incidental, reclamables en amparo indirecto contra la resolución interlocutoria definitiva. En ese sentido, se estima que los actos reclamados constituyen violaciones intraprocesales, que no ameritan desde luego su análisis en el amparo indirecto, debido a que, lo reclamado no causa perjuicio de carácter irreparable a la parte solicitante de amparo. Por tanto, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente al reclamarse actos que no son considerados como de imposible reparación al no producir una afectación material y directa a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales, sino que trasgreden derechos de naturaleza formal, procesal o adjetiva respecto de los que no se justifica la intervención inmediata del órgano de control constitucional en la vía indirecta. Es aplicable, por los motivos que en ella se exponen, la jurisprudencia I.6o.C. J/28 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo de dos mil uno, Novena Época, materia civil, común, visible en la página 1696, que establece lo siguiente: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN EL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. SON IMPUGNABLES, JUNTO CON LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE, EN AMPARO INDIRECTO. Si en ejecución de sentencia, en la tramitación de un incidente que culmina con una interlocutoria, susceptible de ser reclamada en amparo indirecto, se cometen violaciones a las normas del procedimiento, el afectado puede reclamar éstas, junto con dicha interlocutoria, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, pudiéndose aplicar por analogía los principios que rigen el juicio de amparo directo, contenidos en los numerales 158, 159, 160 y 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de nuestra Ley Fundamental." De ahí que en el particular, al reclamarse actos dictados dentro de un procedimiento incidental que no son de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu; consecuentemente, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
SENTENCIA Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******************, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando quinto, por los motivos ahí expuestos. Segundo. La justicia federal no ampara ni protege a ****************, en contra de los actos y autoridades indicadas en el considerando sexto, por las razones ahí expresadas.
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