José Manuel Jaramillo Viera
Expediente 838/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 838/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/02/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Manuel Jaramillo Viera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de veintiocho de enero de dos mil quince (fojas 31 a 35), en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de garantías, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo señalada, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado.
- Principal
El día de hoy queda notificada la parte quejosa por medio de la presente lista de acuerdos, del auto de veintiocho de enero de dos mil quince, dictado dentro del juicio de amparo 838/2014 por no haberse presentado a recibir la notificación de manera personal al local de este Juzgado de Distrito.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que del escrito inicial de demanda que motivó la formación del presente juicio de garantías, José Manuel Jaramillo Viera, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables denominadas Director de Planeación y Desarrollo Urbano, y Cabildo, ambos del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, por el acto reclamado siguiente: .IV.- La omisión que se reclama: La omisión de proveer las siguientes solicitudes: a).- Solicitud de acceso a la información peticionada al H. Cabildo el Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 31 de Octubre del 2014. b).- Solicitud de acceso a la información peticionada al C. Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila, el pasado 31 de Octubre del 2014. V.- Hechos: Bajo protesta de decir verdad, se manifiestan los siguientes: 1.- Como se acreditara en la audiencia de mérito, el suscrito el pasado 31 de Octubre del 2014, con fundamento en los artículos 1, 5, 6, 98, 99 y 100 y demás relativos y aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila, realice las siguientes solicitudes: a).- Al Director de Planeación y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila, le solicite copia debidamente certificada de cualquier factibilidad de uso de suelo que haya otorgado a favor de la empresa Gas Licuado de Sabinas S.A. de C.V., ubicada en la carretera Santa Eulalia número 810 en el Parque Industrial La Paz. b).- Al H. Cabildo del Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila, le solicite copia debidamente certificada del acta de la sesión ordinaria de cabildo celebrada el pasado día 25 de Septiembre del 2014, por medio de la cual se rechazó por unanimidad la instalación de carburación de gas I.p. la cual se pretendía ubicar en la carretera Santa Eulalia número 810 en el Parque Industrial de Ciudad Acuña, Coahuila. Mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil catorce (fojas 3 y 4), se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 838/2014; se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, mediante diversos acuerdos se recibieron los informes justificados solicitados a las autoridades responsables. Ahora bien, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el artículo 61 de dicha ley, la cual por ende acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, el que ahora resuelve advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:... (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de garantías y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica del quejoso, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en mención, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de garantías contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo, la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu propio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal mencionada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos. Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Asimismo, el máximo tribunal de la República, ha sustentado que la cesación de efectos, también puede devenir a causa de una reforma legal (como se comentó), lo cual es patente acorde al texto de la siguiente tesis: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL. CASO EN QUE TRATÁNDOSE DE UNA LEY, SE CONFIGURA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA AUN CUANDO AQUELLA NO FUE DEROGADA TOTALMENTE. Si la autoridad a quien se le atribuye el acto de aplicación de una ley fiscal que ha sido derogada, aun parcialmente, niega haberla aplicado, sin que existan pruebas que desvirtúen esa negativa, y por otra parte, a virtud del excesivo tiempo que ha transcurrido, existe la presunción de que las facultades del fisco para determinar los respectivos créditos, en todo caso han caducado, debe estimarse que en tal hipótesis cesaron en su totalidad los efectos de la ley reclamada y que por tanto se configura la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo. La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En el caso, del contenido de los informes justificados rendidos por la Síndico de Mayoría, y Director de Planeación y Desarrollo Urbano, ambos del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte lo siguiente: .QUE ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. Ya que están a disposición del quejoso en la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano. Para apoyar su informe, las autoridades responsables de cuenta, remitieron copia certificada de las constancias requeridas (fojas 21 a 29). Documentales a las que por tener el carácter de públicas se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. En efecto, el quejoso reclamó la omisión de las responsables de proporcionarle copias de la documentación requerida; al efecto las autoridades le comunicaron al quejoso que las copias solicitadas se encontraban a su disposición en las oficinas de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano, aunado a que adjuntaron copia certificada de la Sesión Ordinaria de Cabildo de veinticinco de septiembre de dos mil catorce. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues las autoridades responsables con su actuar restituyeron en el pleno goce de sus garantías al quejoso, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizando así la causa de improcedencia invocada. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En tales circunstancias, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. En apoyo de lo anterior es de invocarse la jurisprudencia número 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trecientos treinta y cinco, del tomo VI, parte SCJN, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con diez minutos del diez de febrero de dos mil quince. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Vista la cuenta, agréguense a los autos, los oficios signados por las autoridades relacionadas en el siguiente recuadro: Subdirector de Planeación y Desarrollo Urbano del Municipio de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña. Síndico de Mayoría del Republicano Ayuntamiento de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompaña. Atento a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de las autoridades de mérito, las documentales que acompañan a sus oficios de cuenta, las que se admiten y se desahogan en atención a su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer referencias de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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