José Manuel Jaramillo Viera

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 20 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
20
Última actuación
09/03/2023

Partes del expediente

  • José Manuel Jaramillo Viera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    1. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que dentro del plazo señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el presente juicio de garantías, y por otra, se negó la protección constitucional solicitada, no fue recurrida por alguna de las partes; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de amparo conforme a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo, y por la otra, se negó la protección constitucional solicitada, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b), fracción I, del numeral 18 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su depuración. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, como lo establece penúltimo párrafo del mencionado artículo 18. En el entendido que concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y en el caso de los incidentes de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Una vez que termine el proceso de depuración, en términos del último párrafo del artículo 18 del mencionado Acuerdo General, se deberá solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial

  2. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Este Juzgado resuelve el juicio de amparo indirecto 327/2022, emitiendo la siguiente: DECISIÓN 1a. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ***************, contra las autoridades responsables Agencia Nacional y Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional, ambas de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México, respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer a su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, dentro del proyecto clave *************. 2a. Se niega niega la protección constitucional a *********************, que solicita de las autoridades responsables Agencia Nacional y Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional, ambas de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México, en relación a los actos reclamados consistentes en la contestación otorgada a su ocurso presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio número ***************, de fecha cuatro de marzo siguiente, emitido dentro de la consulta pública *******************, el citatorio por instructivo de siete de marzo de dos mil veintidós; y, la notificación realizada por instructivo el ocho de marzo del mismo año, respecto al oficio en comento. ANTECEDENTES 1. Demanda. Mediante escrito presentado el ocho de abril de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, ************************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto ahí precisado. 2. Trámite. Por auto de once de abril de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo; posteriormente, el quince de diciembre de ese mismo año, se tuvo por ampliada dicha demanda de amparo respecto a las autoridades y actos ahí establecidos. La audiencia constitucional tuvo verificativo el día de hoy. RAZONES Y FUNDAMENTOS 3. Competencia. Este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo. 4. Precisión de los actos reclamados. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se puntualiza que la parte quejosa reclama: 4.1 Autoridades responsables. Agencia Nacional y Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional, ambas de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México. 4.2 Actos reclamados. La omisión de proveer a su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, dentro del proyecto clave ***************; la contestación otorgada a su ocurso presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio número ******************, de fecha cuatro de marzo siguiente, emitido dentro de la consulta pública ***************************, el citatorio por instructivo de siete de marzo de dos mil veintidós; y, la notificación realizada por instructivo el ocho de marzo del mismo año, respecto al oficio en comento. Es aplicable la tesis VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 5. Procedencia. En esta parte considerativa se estudiará la existencia de los actos y las causales de improcedencia alegada por las responsables, o bien, las que de oficio advierta este órgano de justicia. 5.1 Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto consistente en la omisión de proveer a su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, dentro del proyecto clave 05CO2021G0058, que se atribuye a las autoridades responsables, por así haberlo señalado al rendir sus informes justificados. Además de que, a la fecha de presentación de la demanda de amparo ante la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el ocho de abril de dos mil veintidós, la omisión reclamada no existía, dado que se desprende de las documentales que obran en autos, el oficio ************************, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la Directora General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, otorgó contestación al escrito presentado por el quejoso, relativo al proyecto identificado con el número 05CO2021G0058, respuesta que le fue notificada por medio de instructivo, previo citatorio que dejó en el lugar señalado como domicilio procesal, el ocho de marzo siguiente. Lo anterior, se advierte de las documentales allegadas por las responsables, como complemento a sus informes con justificación, así como en alcance a los mismos, a través de su oficio presentado en este juzgado el uno de febrero del año en curso, en el que fueron allegadas la totalidad de las constancias que integran el multicitado proyecto identificado con el número 05CO2021G0058. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Documentales valoradas conforme a lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento de este juicio constitucional, ante la inexistencia dicho acto que les fue atribuido. Sobre el tema se emitió la tesis de jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 308. 5.1.1 Criterio legal. Sobre el tema se emitió la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Sirve de apoyo la jurisprudencia (V Región) 2o. J/2 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región. 5.2 Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Agencia Nacional y Dirección General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional, ambas de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México, consistentes en la contestación otorgada a su ocurso presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio número ***************, de fecha cuatro de marzo siguiente, emitido dentro de la consulta pública *****************, el citatorio por instructivo de siete de marzo de dos mil veintidós; y, la notificación realizada por instructivo el ocho de marzo del mismo año, al así haberlo reconocido en sus informes justificados; manifestación que resulta suficiente para acreditar la existencia de los actos que se les reclama. Circunstancia que se corrobora con las copias certificadas de la totalidad de las constancias relativas al proyecto clave 05CO2021G0058, mismas que ya fueron valoradas en párrafos precedentes. 5.3 Causales de improcedencia. Las partes no invocaron la actualización de algún motivo de improcedencia, ni este órgano jurisdiccional advierte de oficio que se configure alguna de las hipótesis de los dispositivos 61 y 63 de la Ley de Amparo. 6. Estudio de constitucionalidad. 6.1 Conceptos de violación. La parte quejosa esencialmente expone que la autoridades responsables violan en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales, en tanto que no atendió a la totalidad de las cuestiones planteadas en su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, ante la falta de congruencia, claridad y precisión en su determinación. Además considera fue ilegal su notificación porque la notificadora no constató que se encontraba en el domicilio señalado para llevarla a cabo. Antes de entrar al estudio del presente asunto, resulta pertinente mencionar que en la especie no opera la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, al no encontrarse en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 79, de la Ley de Amparo; en tal virtud, la constitucionalidad del acto reclamado se analizará, únicamente, a la luz de los conceptos de violación que se expresaron. 6.2 Calificación de planteamientos. Son infundados los conceptos de violación expuestos. Ello es así, porque, contrario a lo aseverado por la parte quejosa, la autoridad responsable sí atendió lo efectivamente planteado en el escrito, en el cual solicitó la apertura de la consulta pública del proyecto clave ***********************, denominado "******************************"; asimismo, realizó su notificación en el domicilio procesal señalado sito en **********************************, como se verá a continuación. 6.3 Argumentos de la parte quejosa. La parte aquí quejosa al solicitar inicialmente la apertura de la consulta pública del proyecto clave en mención, a través de su escrito presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, y darle continuidad a esa solicitud por medio del diverso presentado el dos de marzo de ese mismo año, adujo medularmente lo siguiente: i) Escrito presentado ante las responsables el veinte de enero de dos mil veintidós. "******************, con domicilio procesal en **********************************, en la ciudad de México, y como autorizado a ************************, se solicita: Al constituirme afectado de un proyecto que se publicó el pasado 06 (seis) de ENERO del 2022, solicito se apertura la consulta pública del proyecto arriba indicado. Para cumplir con lo establecido en el Reglamento de Impacto Ambiental de la Ley General del Equilibrio Ecológico, y Protección al Ambiente, bajo protesta de decir verdad indico: a) La obra o actividad de que se trate; El proyecto consiste en la construcción, operación, mantenimiento, cierre, desmantelamiento y abandono de una estación de carburación de gas l.p. contará con dos tanques de 5,000 litros de gas l.p. cada uno, la estación se localizará en carretera a ****************************, contará con oficina, baño, caseta de vigilancia, área de almacenamiento y suministro, circulación, áreas verdes, estacionamiento, la poligonal que conforma la planta de almacenamiento será de 5,000 m2. Proyecto número 27, MPA, ***********************. b) Las razones que motivan la petición; Soy vecino del proyecto. Ello, ya que habito en el inmueble ubicado en calle Francisco Sarabia número 160 en la colonia Venustiano Carranza en el municipio de Acuña, Coahuila. c) El nombre o razón social y domicilio del solicitante; Señalado en líneas anteriores. Y d) La demás información que el particular desee agregar. Se adjunta certificación de hechos, de la cual se desprende que la obra ya se llevó a cabo (sin la autorización necesaria), por lo cual en términos del artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, y Protección al Ambiente, se deberá desechar el trámite intentado. Solicito: Único: Se provea de conformidad con lo peticionado." ii) Escrito ingresado el dos de marzo de dos mil veintidós, con número de folio 083384/03/22. "*********************, de generales conocidas y carácter reconocido ante esa H. Autoridad, con todo respeto índico: Por medio del presente, en cumplimiento a los puntos a) y d) del oficio *************************************, bajo protesta de decir verdad manifiesto que no coinciden los domicilios toda vez que la identificación emitida por parte del Instituto Nacional Electoral fue tramitada en base al domicilio donde laboro actualmente, asimismo se señala que no se cuenta con dirección de correo electrónico, cuestión por la que solicito se me realicen las notificaciones en el domicilio que para tales efectos se designó. Ahora bien, en lo que respecta a los puntos b) y c) del citado oficio, adjunto como anexo la siguiente documentación: Copia Simple de la INE vigente del suscrito. Comprobante de domicilio menor a 3 meses respecto del inmueble que poseo actualmente y que coincide con el lugar en donde se pretende establecer de una manera ilegal (a la vuelta de mi hogar) específicamente en el *******, la planta de almacenamiento de gas licuado de petróleo publicada mediante el proyecto relativo al expediente **************. Dado lo anterior, es que solicito se me tenga dando cabal cumplimiento en tiempo y forma con los puntos antes referidos y como consecuencia se admita a trámite la solicitud de consulta pública promovida por el suscrito. En virtud de lo expuesto, respetuosamente, Solicito: ÚNICO. Se acuerde conformidad a lo peticionado." 6.4 Consideraciones de la autoridad responsable. Luego, de las constancias remitidas por las autoridades responsables consistentes la totalidad de actuaciones que integran el proyecto clave *********************, denominado "***************************", anteriormente valoradas, se advierte que la Directora General de Gestión Comercial de la Unidad de Gestión, Supervisión, Inspección y Vigilancia Comercial de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, con sede en la Ciudad de México, a través del oficio ***************************, de cuatro de marzo de dos mil veintidós, (acto aquí reclamado), toralmente determinó lo siguiente: "NANCY EVELYN ORTIZ NAPOMUCENO, TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN COMERCIAL, ADSCRITA A LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS (AGENCIA), con fundamento en los artículos: 8, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); 40 y 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA); 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 1,4 fracción IV, 9 y 12 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos, y: En relación con el escrito sin número, de fecha de su presentación, ingresado en esta AGENCIA el 20 de enero de 2022, mediante el cual presentó solicitud de Consulta Pública de Información para el proyecto denominado estación de Carburación de Gas L.P. "****************" (PROYECTO), con pretendida ubicación en *******************************, y cuya solicitud de evaluación de la manifestación de Impacto Ambiental modalidad Particular (MIA-P), fue ingresada el 16 de diciembre de 2021 en esta AGENCIA, la cual quedó registrada con la clave *****************, así como con el escrito ingresado en esta AGENCIA el 02 de marzo de 2022, mediante el cual dio contestación a la solicitud de información adicional respecto de la solicitud de consulta pública emitida por esta Dirección General de Gestión Comercial mediante oficio *********************************** de fecha 20 de enero de 2022. En cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 34 de la LGEEPA que dispone que deberá publicarse la solicitud de autorización en materia de Impacto Ambiental en su Gaceta Ecológica y en acatamiento a lo que señala el artículo 37 del REIA, el 06 de enero de 2022, la AGENCIA publicó a través de la Separata número *********************** de su Gaceta Ecológica y en la página electrónica del portal www.asea.gob.mx, el listado del ingreso de proyectos y de la emisión de resolutivos derivados del Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, durante el periodo del 16 de diciembre de 2021 al 05 de enero de 2022 (incluye extemporáneos), dentro de los cuales se incluyó el PROYECTO, en la siguiente ruta: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/690925/GACETA01 2022.pdf. Ahora bien, el párrafo segundo del artículo 40 del REIA, establece que la solicitud para llevar a cabo una Consulta Pública deberá presentarse por escrito dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la publicación de los listados de ingreso de las manifestaciones de impacto ambiental, y toda vez que el requerimiento efectuado por el C. *********************, a través del cual cumplió con el requisito de tiempo y forma el supuesto referido con anterioridad, señalando que tiene su domicilio real en calle **************************, cuestión que acredito con copia de la identificación oficial vigente consistente en copia de la credencial de elector número simple ******************, me permito a informar a usted que esta AGENCIA determinó dar inicio al proceso de Consulta Pública del proyecto denominado "Estación de Carburación de Gas L.P. "*******************", promovido por la empresa *****************************, de conformidad en los artículos 34, fracciones la V de la LGEEPA y 40 y 41 de su REIA, ajustándose a los tiempos de ley, las cuales establecen el procedimiento a través del cual, se deberá llevar a cabo el proceso de Consulta Pública y los tiempos a los que se deberá ajustar la misma. En este sentido me permito comunicarle que la convocatoria de consulta pública, así como el medio para hacer llegar las observaciones y/o propuestas formuladas durante el proceso de consulta pública relacionados con el PROYECTO se publicarán en la Gaceta Ecológica de esta AGENCIA, ello hasta en tanto sea colmado lo establecido en el artículo 41 fracción I del REIA, lo anterior, conforme a lo previsto en la legislación aplicable. Por otro lado, hago de su conocimiento que la MIA-P del PROYECTO, se encuentra en proceso de evaluación, con la clave del PROYECTO número *******************. Finalmente, me permito comunicarle que, en el caso de que esta AGENCIA, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 43 del REIA, decida llevar a cabo una reunión pública de información, dicha determinación se dará a conocer a través de los medios informativos que para tal efecto establece la legislación ambiental. Notifíquese el presente oficio por alguno de los medios revistos por el artículo 167 BIS de la LGEEPA y demás correlativos de la Ley al C. ***********************, en su carácter de miembro de la comunidad de Ciudad Acuña, Coahuila, de acuerdo al artículo 19 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. (.) 6.5 Caso concreto. De ahí que sea claro que la responsable sí dio contestación a la totalidad de las cuestiones planteadas en su escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintidós, pues atendió lo relativo al cumplimiento de los requisitos que le fueron solicitados para la apertura de consulta pública del proyecto con número de clave ***********************, denominado "E*****************************", solicitada a través del diverso ocurso de veinte de enero de dos mil veintidós. Ahora bien, respecto a los motivos de disenso que hace valer la parte quejosa, en el sentido de que la resolución reclamada no es congruente, clara y precisa, por lo que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, este Juzgador considera que resultan infundados. Se dice lo anterior, ya que contrario a lo alegado por la parte quejosa, de la determinación que constituye el acto motivo de reclamo, se puede apreciar con claridad que la responsable fundó su competencia para dar respuesta al escrito del quejoso en los artículos 8, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA); 40 y 41 del Reglamento de la LGEEPA en Materia de Evaluación del Impacto Ambiental (REIA); 16, fracción X de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); 1,4 fracción IV, 9 y 12 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector de Hidrocarburos. Posteriormente, precisó cuál fue la petición formulada por el quejoso, la cual consistió esencialmente en la solicitud de consulta pública de información para el proyecto con número de clave *****************, denominado "*******************", con pretendida ubicación en *************************************, la cual fue ingresada a través del escrito presentado en la oficialía de partes de esa Agencia el día veinte de enero de dos mil veintidós. Indicó los antecedentes del procedimiento de la evaluación de la manifestación de impacto ambiental, con el fin de indicar el momento procesal en que fue formulada la petición de la parte quejosa y, en su caso, determinar si era o no procedente. Señaló que la solicitud de evaluación de la manifestación de impacto ambiental modalidad particular (MIA-P), había ingresado el 16 de diciembre de 2021, la cual fue registrada con la clave *****************. Estableció que el veinte de enero de dos mil veintidós, el aquí quejoso ingreso su solicitud, y que mediante escrito de dos de marzo de dos mil veintidós, desahogó el requerimiento formulado con relación a la solicitud de consulta pública. Asimismo, consideró que la solicitud del quejoso cumplía con lo previsto en los numerales 34, fracción I a IV, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, 40 y 41 de su Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental, por lo que se había presentado en tiempo. Y que se había iniciado el procedimiento de consulta pública. Por lo anterior, se estima que esa determinación no carece de una debida fundamentación y motivación. De ahí que, al exponer las responsables las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión de la determinación reclamada; razonamientos que sostuvo citando los preceptos aplicables al caso que resolvía y que estimó aplicables; es evidente que no existe la violación formal a la que aduce el impetrante, en términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, resultan infundados los argumentos en análisis. Sin que pase inadvertido que aún y cuando la parte quejosa refiere que solicitó el sobreseimiento del procedimiento de autorización de manifestación de impacto ambiental, como se puede observar de la transcripción de los escritos de petición, así como del contenido de los mismos, se evidencia que esa solicitud no fue hecha por la parte quejosa, razón por la cual era jurídica y materialmente imposible que las responsables hicieran algún pronunciamiento al respecto. No obstante, se observa que el quejoso en el último párrafo identificado con el inciso d), solicitó que en términos del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se desechara el tramite intentado"; sin embargo, las responsables en el oficio impugnado le hicieron del conocimiento que la manifestación del impacto ambiental modalidad particular (MIA-P) se encontraba en proceso de evaluación, lo que implicaba que ya había sido admitida la manifestación de impacto ambiental, al grado tal que se inició el procedimiento de consulta pública solicitado por el propio quejoso. De igual manera, se le hizo del conocimiento que en caso de que la Agencia, a través de la Dirección General de Gestión Comercial, decidiera llevar a cabo una reunión pública de información, prevista en el artículo 43 del Reglamento en Materia de Evaluación Impacto Ambiental, se daría a conocer a través de los medios previstos por la legislación ambiental. Del mismo modo, se destaca que la parte quejosa fue notificada de la contestación aquí reclamada, en el lugar que indicó como domicilio procesal en su ocurso presentado el veinte de enero de dos mil veintidós, sobre la solicitud de apertura de consulta pública en el multicitado proyecto, de ahí que resulte infundado su distinto motivo de disenso consistente en la ilegalidad de esa notificación al no haberse cerciorado la notificadora que se encontraba en el domicilio señalado para llevarla a cabo. Máxime que, posteriormente el propio quejoso, afirmó que a través de la publicación del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, bajo el número ****************, se le hizo del conocimiento la apertura de la consulta pública del proyecto denominado "***********************"; asimismo, reitero su domicilio procesal ubicado en *-*******************. Por consiguiente, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. 7. Conclusión. En tales condiciones, ante la inexistencia del acto reclamado en estudio en el punto 5.1 de este fallo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; por otra parte, ante lo infundado de los conceptos de violación esgrimidos en contra de los diversos actos precisados en el punto 5.2 de esta resolución, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados. 8. Notifíquese en términos de ley.9. Juez y Secretario que da fe. Así lo resolvió y firma Juan Marcos Dávila Rangel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, asistido del Secretario José Manuel Monsiváis Meza, quien certifica que esta resolución se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. 10. Versión pública. El Secretario certifica que se integró la versión pública para cumplir lo establecido en el artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, y el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Certifico y doy fe.

  3. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio signado por la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de seis de enero del año en curso. 1.1 Vista. En consecuencia, póngase a la vista de las partes el oficio y anexos de cuenta, para que dentro del plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se impongan de los mismos. 1.2 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.3 Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que exhibe la autoridad en cita, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional.

  4. Principal

    1. Informe justificado y vista. Se agregan al expediente los oficios enviados por la Directora General de lo Contencioso de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), con sede en la Ciudad de México (quien rinde informe justificado en relación a los oficios 15678/2022 y 15679/2022, dirigidos a la Agencia Nacional y Dirección General de Gestión Comercial de la Agencia Nacional, ambas de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos), relativos a la ampliación de demanda de quince de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, se ordena poner dichos documentos a la vista de las partes para que se impongan de los mismos, de conformidad con el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. 1.1 Instrucción. La Secretaría encargada de la mesa de trámite deberá hacer relación puntual de este informe en la audiencia constitucional, en observancia del artículo 124 del citado ordenamiento legal. 1.2 Delegados. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables antes mencionadas, a los que indican en sus informes de cuenta. 1.3 Consulta electrónica. A su vez, téngaseles solicitando que se autorice la consulta electrónica a los nombres de usuarios ''peggy.gonzalez'', ''roberto.galindo'' y ''angel.garcia''; por lo que se autoriza la consulta por dicho medio. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 1.3.1 Instrucción para Oficial Judicial "A". Se instruye a la Oficial Judicial "A", para que bajo su más estricta responsabilidad vincule a los usuarios proporcionados con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa.

Quedan 16 actuaciones en este expediente

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