José Manuel García Arciniega
Expediente 1522/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Manuel García Arciniega
- Fiscal General del estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Del incidente de suspensión (ambos destruibles) Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado de dicho incidente, de igual forma, una vez que transcurran tres años a esta fecha, procédase a la destrucción del original toda vez que encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso c), de dicha normativa, ello en razón de que la medida cautelar fue negada definitivamente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Caderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 1522/2022, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y vinculado en esa fecha por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a favor de ********************, en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Fiscal General del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. 2. Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. 3. Comandante del Grupo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. 4. Director de la Policía Municipal de Cuernavaca, Morelos. 5. Coordinador Estatal de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca. ACTOS RECLAMADOS "A.- La ilegal detención de mi defendido. (.) B.- INCOMUNICACIÓN, ABUSO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES Y TORTURA PSICOLÓGICA a las que pudieran ser sometidos los directos quejosos, así como tratos crueles y atención déspota por los oficiales. C.- Negativa de la autoridad para identificarse al momento de la detención. D.- Negativa de las autoridades para permitir al detenido de una debida defensa. E. Negativa de las autoridades responsables por cuanto a manifestar identificación y orden judicial en la detención.". SEGUNDO. RADICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO E IMPEDIMENTO. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, quien mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil veintidós, radicó dicho asunto con el número de expediente 1355/2022; asimismo, acordó lo relativo a la suspensión de plano y a petición de parte de los actos reclamados. Por otra parte, en la mencionada determinación, el Titular del citado órgano federal, por los motivos que estimó pertinentes, se declaró impedido para conocer de la demanda de amparo, y ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, con sede en esta ciudad, a efecto de que se calificara el impedimento planteado. Por cuestión de turno, conoció del impedimento planteado el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, quien en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, declaró fundado el impedimento hecho valer, y ordenó la remisión del asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, para que por su conducto se turnara a diverso órgano jurisdiccional. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO ANTE ESTE JUZGADO. En mérito de lo anterior, por razón de turno, el seguimiento del asunto correspondió a este juzgado de distrito, por lo que mediante acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se avocó a continuar con el procedimiento, se registró la demanda con el número de expediente 1522/2022, y se admitió a trámite, se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró el día de hoy al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, que estatuye la fijación clara y precisa de los actos reclamados, se advierte de la demanda de amparo que el quejoso directo ******************** reclama: La (1) detención efectuada en su contra el catorce de octubre de dos mil veintidós, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de resistencia de particulares y desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 289 del Código Penal vigente en la época de los hechos en el Estado de Morelos, y, La (2) incomunicación, abuso de autoridad, tortura psicológica, tratos crueles, atención déspota, y las negativas de las autoridades para identificarse al momento de la detención, para permitirle una debida defensa e identificar la orden judicial de su detención. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No son ciertos los actos reclamados indicados con los números (1) y (2), que se atribuyeron a las autoridades responsables Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos (folio 31967) y Director General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano (folio 32117); asimismo, no son ciertos los actos indicados en el numeral (2), reclamados al Fiscal General del Estado de Morelos (folio 32047), Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (folio 32084), y Encargado del Grupo de Feminicidio de la Agencia de Investigación Criminal adscrito en la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio (folio 33005), todas con sede en esta ciudad, pues al rendir su informe justificado negaron su existencia. En esa virtud, la parte quejosa no aportó al presente juicio prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados; por lo que al no haberse ofrecido prueba en contrario que desvirtúe tales negativas de las autoridades responsables respecto a los actos de los que se duele, procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, sobreseer en el presente juicio de amparo al no evidenciarse su existencia. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia, que se transcribe a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Máxime, que ante las negativas de las autoridades responsables, a la parte quejosa le correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia del acto reclamado y no colmó tal extremo con pruebas certeras y eficientes. Por ilustrativa, es aplicable la tesis, que literalmente dice: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Asimismo, cabe precisar que en relación con los actos reclamados consistentes en la incomunicación, tortura psicológica y tratos crueles que alegó el quejoso, de las constancias que obran en este expediente, específicamente las relativas a la carpeta de investigación ********************, se observa que el quejoso estuvo asistido de un defensor público (foja 4 de constancias remitidas), se le permitió realizar una llamada telefónica, no obstante refirió no recordar número alguno para comunicarse con un familiar (foja 9 de constancias remitidas), asimismo, obra la constancia de lectura de derechos al detenido (quejoso) donde se aprecia una rúbrica con el nombre del justiciable, y también se asienta haberle proporcionado copia de tal constancia de lectura de derechos, asimismo, del certificado médico que se practicó al agraviado, se observa que en las conclusiones de tal certificado, el quejoso no presentó lesiones que calificar al momento de la intervención médica, clínicamente no ebrio, no intoxicado y apto para declarar (foja 54 de constancias remitidas). Además, a foja treinta (30) de autos, se advierte la constancia de notificación practicada al quejoso el catorce de octubre de dos mil veintidós, suscrita por la actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, en la que notificó al quejoso el auto de esa fecha en el que, entre otras cuestiones, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, y donde asentó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "Asimismo a simple vista no advierto golpe alguno en su cuerpo y manifiesta no haber sido maltratado (golpes, azotes, etc.)". Cuestiones las anteriores que evidencian aún más la inexistencia de los actos reclamados indicados con el numeral (2). En esas condiciones, se reitera, lo procedente es sobreseer en el juicio por lo que respecta a los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con antelación. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado (1) consistente en la detención del quejoso, toda vez que las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Morelos (folio 32047), Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos (folio 32084), y Encargado del Grupo de Feminicidio de la Agencia de Investigación Criminal adscrito en la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio (folio 33005), todas con sede en esta ciudad, ya que así lo expresaron en sus informes justificados. Certeza que se corrobora con las constancias que adjuntó a su informe justificado el Fiscal General del Estado de Morelos, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones habidas en las carpetas de investigación FEDF-RM/140/2022 y ********************, mismas que cuentan con valor probatorio pleno, según lo establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, con sustento en el artículo 2º de la Ley de Amparo. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Con apoyo en lo previsto por el artículo 62 de la Ley de amparo, se analiza la procedencia de este juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. La suscrita juzgadora estima que respecto del acto reclamado (1) consistente en la detención de que fue objeto el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. ." El análisis de la disposición en comento implica que la acción constitucional es improcedente, cuando se está en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas en el acto reclamado. Tratándose de esta causa de improcedencia, existe imposibilidad jurídica para reparar las violaciones que se hayan ocasionado con el dictado o ejecución del acto reclamado, puesto que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no ha sido ni controvertida ni resulta conforme a derecho, esto es la razón que justifica la existencia de la causal en estudio. Cobra vigencia sobre el particular, la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 145, Tomo VIII, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro digital: 221961, cuyo epígrafe y sinopsis expresan: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO SE ACTUALIZA. Del texto del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que la acción constitucional es improcedente, cuando se esté en presencia de un acto dictado dentro de un procedimiento, sea éste judicial o administrativo, y con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se produce un acto que trae por resultado el cambio de situación jurídica, de tal manera que no sea posible analizar el acto reclamado sin que al hacerlo se afecte la situación creada por el nuevo acto que no fue reclamado en el juicio, resultando por lo tanto irreparablemente consumadas las violaciones cometidas por el acto reclamado. Esta causa de improcedencia se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, tratándose de esta causa de improcedencia, no existe imposibilidad física para reparar las violaciones que hubiera ocasionado el acto reclamado, pero existe un impedimento jurídico para ello, toda vez que, el permitir la destrucción de actos de autoridad que escapan a la litis planteada en el juicio constitucional, cuyo sustento legal no puede valorarse, por no formar parte de la litis en el juicio, y que quizá justifican legalmente la existencia o subsistencia del acto que se reclamó en el amparo, constituiría una extralimitación de la sentencia constitucional al conocer el amparo invalidando como consecuencia, un acto de autoridad cuya legalidad o constitucionalidad no h sido ni controvertida ni resulta conforme a derecho, esto es la razón que justifica plenamente la existencia de la causal que analizamos. Es muy importante observar que el elemento principal de este motivo de improcedencia de la acción de amparo, es el cambio de situación jurídica, es decir, la posición de la quejosa frente al orden jurídico derivado de la realización de ciertos actos y de la aplicación de ciertos preceptos a su caso en particular. Ese cambio de situación jurídica, para ser causa de improcedencia debe efectuarse dentro de un procedimiento, judicial o administrativo. Se ha entendido en términos genéricos como una sucesión de actos ligados por un nexo de causalidad, cada uno de los cuales es consecuencia del anterior y presupuesto del siguiente, y aunque usualmente la ilegalidad de uno de ellos produce la insubsistencia de todos los posteriores, esto no sucede cuando se dictan actos, que por su existencia o validez, gozan de autonomía frente a los anteriores, de modo que pueden subsistir con independencia de que los anteriores sean abiertamente ilegales, por lo cual se dice que estos actos con autonomía han cambiado la situación jurídica que existía, produciendo la irreparabilidad jurídica de las violaciones constitucionales que se hayan realizado con anterioridad. También es necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio, que no pueden examinarse las violaciones alegadas por el quejoso respecto al acto que reclama, sin que al hacerlo se afecte la nueva situación jurídica creada por el acto sobrevenido, esto es, si el tribunal de amparo analiza el acto reclamado y declara fundadas las objeciones del quejoso, tendría que anularlo por efecto de la sentencia protectora, dejando inexistente una parte del procedimiento y subsistiendo el acto autónomo posterior y sus consecuencias, lo que sería lógico y jurídicamente inadmisible, y contrario a la finalidad del juicio de garantías, pues la sentencia de amparo no podría restituir al quejoso en el goce de sus garantías individuales violadas, debiendo en tal caso considerar consumadas en forma irreparable las violaciones sufridas por el quejoso.". Bajo ese contexto, de las constancias que obran dentro del sumario, se desprende, por cuanto hace a la carpeta de investigación ********************, el quejoso fue detenido en flagrancia el catorce de octubre de dos mil veintidós, por el delito de resistencia de particulares y desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 289 del Código Penal vigente en la época de los hechos en el Estado de Morelos, y fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público titular del Primer Turno de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, quien mediante oficio sin número de catorce de octubre de dos mil veintidós, internó al aquí quejoso en el Área de Separos de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía Metropolitana. Posteriormente, el dieciséis de octubre de dos mil veintidós, al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, por los motivos que estimó pertinentes, decretó la inmediata libertad del quejoso directo ********************. Lo que se corrobora con la cancelación de la boleta de internación de dieciséis de octubre de dos mil veintidós. Por tanto, es claro que se actualizó un cambio en su situación jurídica que se vería afectada en caso de resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque ahora el quejoso quedó en libertad desde el dieciséis de octubre de dos mil veintidós; por lo que es evidente que opera la causal de improcedencia del juicio de amparo invocada. En apoyo a lo expuesto, se cita la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2575 del Tomo CV del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que señala: "SITUACION JURIDICA DEL REO, CAMBIO DE LA. Habiendo reclamado el quejoso su detención e internación en la cárcel pública, por autoridades administrativas; y estando justificado que el agente del Ministerio Público ya ejercitó acción penal en contra del quejoso, ante la autoridad judicial, dejando a su disposición al mismo acusado, después de haber recibido las diligencias practicadas y al detenido, ha sobrevenido la causal de improcedencia prevista por la fracción X del artículo 73, de la Ley de Amparo, puesto que, si se resolviera sobre el fondo de los actos reclamados, se estaría juzgando un estado jurídico que no fue materia del juicio de garantías, y que haría cesar contra derecho, la jurisdicción de la autoridad judicial, ante quien se ejercitó la acción penal, y por lo mismo, el sobreseimiento es procedente conforme al artículo 74, fracción III, de la misma ley.". Únicamente a mayor abundamiento, de las copias certificadas relativas a la diversa carpeta de investigación ********************, se advierte que al aquí quejoso se le instruye la causa penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado por el artículo 174, fracción II, en relación con el diverso 176, inciso a), fracción IV del Código Penal del Estado de Morelos, cometido en agravio de la hoy occisa quien vida respondiera al nombre de ********************. Además, se evidencia que a las veintitrés horas del catorce de octubre de dos mil veintidós (horas después de que se presentó la demanda de amparo), el Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, Atlacholoaya, libró orden de aprehensión en contra del quejoso por el ilícito antes indicado, la cual se ejecutó el dieciséis de octubre siguiente, por lo que se dejó al quejoso a disposición del citado juzgador en el Centro de Reinserción Social de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec, Morelos. Sin embargo, tal mandato de captura y detención no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, en tanto que, los hechos que motivaron los actos reclamados en esta demanda derivan de la detención en flagrancia del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de resistencia de particulares y desobediencia, previsto y sancionado por el artículo 289 del Código Penal vigente en la época de los hechos en el Estado de Morelos, en la carpeta de investigación ********************. No así de la detención ocurrida hasta el dieciséis de octubre de dos mil veintidós (posterior a la presentación de la demanda de amparo), que derivó de la cumplimentación del mandato de captura librado en la causa penal ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado.". En efecto, no se soslaya que posterior a la presentación de la demanda de amparo indirecto sí se haya emitido una orden de aprehensión; empero tal circunstancia no da lugar a que se diera vista al quejoso para que ampliara la demanda de amparo ni cambia el sentido de lo aquí fallado, pues la orden de detención reclamada inicialmente, no puede guardar relación con la dictada después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad; es decir, la orden de detención reclamada no guarda estrecha relación con una diversa emitida durante el trámite del juicio constitucional, pues esta última no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; además, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Décimo Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE QUE EL JUEZ DE DISTRITO PREVENGA AL QUEJOSO PARA QUE LA AMPLÍE CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN DICTADA DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RECLAMADA EN LA DEMANDA INICIAL RESULTÓ INEXISTENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 155/2016 de su índice, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 121/2016 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU AMPLIACIÓN PARA COMBATIR, MEDIANTE NUEVOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, LOS VICIOS PROPIOS DE LOS ACTOS NOVEDOSOS VINCULADOS CON LOS RECLAMADOS INICIALMENTE.", estableció que la exigencia de que los actos novedosos guarden estrecha relación con los impugnados inicialmente, prevista en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, constituye un requisito de procedencia de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, el cual tiene influencia en la fijación de la litis y obliga a los órganos jurisdiccionales a verificar que entre los actos reclamados exista una vinculación cercana y a argumentar sobre la existencia o inexistencia de esa relación. Bajo ese contexto, cuando se reclama una orden de aprehensión de forma genérica que resulta inexistente a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no es procedente que el Juez de Distrito prevenga al quejoso para que amplíe su demanda inicial respecto de una diversa orden dictada durante el trámite del juicio de amparo. Ello es así en virtud de que, en primer lugar, la orden de aprehensión reclamada inicialmente, que resultó inexistente, no puede guardar relación con la dictada después de la presentación de la demanda de amparo, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad; aunado a lo anterior, en segundo lugar, la orden de aprehensión reclamada de manera genérica no guarda estrecha relación con una diversa emitida durante el trámite del juicio constitucional, pues esta última no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; de igual forma, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía. Por lo anterior, en el supuesto apuntado, no se satisface el requisito de procedencia de la ampliación de la demanda, previsto en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, y por las consideraciones expuestas, es innegable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo respecto de la detención reclamada, y con apoyo en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se, R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por conducto de ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, Director General de la Policía Preventiva de la Secretaría de Protección y Auxilio Ciudadano, Fiscal General del Estado de Morelos, Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos y Encargado del Grupo de Feminicidio de la Agencia de Investigación Criminal adscrito en la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, todas con sede en esta ciudad, atento a los argumentos vertidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista, personalmente al quejoso y al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintisiete de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el encargado del grupo de Feminicidio, de la Agencia de Investigación Criminal, adscrito en la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio, con sede en esta ciudad; por tal motivo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convengan. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la Ley de la Materia, se tiene por señalado el domicilio que indica. Instrucción al Oficial Judicial "A": Finalmente, se tiene a la autoridad oficiante, realizando la aclaración de la denominación con la cual le fue requerido su informe justificado en este asunto, la cual se tiene por hecha para el envío de los oficios posteriores que se giren en este expediente; situación que debe de ser subsanada por el Oficial Judicial "A", para realizar la corrección correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo expuesto en los párrafos que preceden; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON SEIS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintidós de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón realizada por la Actuaria de la adscripción de veinte de diciembre del año en curso, mediante la cual hace constar la imposibilidad que tiene de notificar a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de noviembre del presente año, por el motivo que ahí expone. Atento a lo anterior, se comisiona a la Actuaria adscrita, para efectos de que de nueva cuenta proceda a notificar a la parte quejosa el presente acuerdo y el auto de diecisiete de noviembre del año en curso. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos, para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, la boleta de turno que remite la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, en cumplimiento al oficio 455/2022-B-I, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por medio de la que declara fundado el impedimento 30/2022, planteado por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, para conocer del juicio amparo 1355/2022. Asimismo, téngase por recibida la demanda de amparo presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, promovida por ******************** por conducto de su defensor particular ********************, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Además, se tienen por recibidos el expediente principal, los cuadernos incidentales y el testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en los autos del impedimento 30/2022. Al respecto, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, se avoca al conocimiento del asunto y continúa con el procedimiento. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, cuya última modificación se publicó en el mismo medio de difusión el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado. Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: I. Del Fiscal General del Estado de Morelos; II. Del Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de Morelos; III. Del Comandante del Grupo de la Fiscalía Especializada en Feminicidios en el Estado de Morelos; IV. Del Director de la Policía Municipal de Cuernavaca, Morelos; y V. Del Coordinador Estatal de la Policía de Investigación Criminal del Estado de Morelos. La detención, incomunicación, abuso y tortura psicológica, así como tratos crueles y atención déspota, negativa para identificarse al momento de la detención y manifestar la orden judicial, así como de permitir una debida defensa. Del incidente de suspensión Se ordena asignar carátula a los incidentes de suspensión formados por el Juez impedido y proveer lo que corresponda en cuanto a la suspensión definitiva. Requerimiento a las autoridades responsables de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se les reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.), del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que la autoridad responsable podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. Requerimiento de constancias de personería Ahora bien, como la demanda es promovida por el defensor particular del quejoso, las autoridades responsables deberán remitir, adjunto a su informe justificado, las constancias relativas en donde se reconoce a ********************, la personalidad que ostenta. Con el apercibimiento que de carecer el carácter con el que se ostentó el defensor particular ********************, con fundamento en el artículo 14 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa al momento de realizarse la conducta sancionada y se ordenará la ratificación de la demanda al agraviado ******************** dentro del término de tres días. Al ratificarse la demanda se tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado siempre en presencia de su defensor, ya sea de oficio o designado por él, mientras no constituya representante dentro del juicio de amparo. De lo contrario, la demanda se tendrá por no presentada. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas: Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, a través del usuario que refiere, siempre y cuando se encuentre registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Tomando en consideración que el promovente eligió como vía de notificación de los autos o resoluciones que se emitan en este expediente, el de "notificaciones electrónicas", lo que ya ha sido acordado favorablemente en el párrafo que antecede, no ha lugar a tener el domicilio que propone para oír y recibir notificaciones. Autorizados Se tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que propone. Autorizados conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo Se tienen por autorizados a los profesionistas que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Correo electrónico y número telefónico Ahora bien, por cuanto al correo electrónico y número telefónico que se proporciona, se tienen como medios de comunicación en lo referente a este asunto, y sólo en su caso, para agilizar alguna notificación relacionada con el mismo. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Uso de medios electrónicos Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. Sirve de apoyo a lo anterior las tesis I.1o.A.23 K (10a.) y I.1o.A.22 K (10a.), emitidas Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). "REPRODUCCIÓN DIGITAL DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA OBTENERLAS, AL TRATARSE DE UNA ACTIVIDAD COMPRENDIDA DENTRO DEL CONCEPTO DE "IMPONERSE DE AUTOS" (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Correo electrónico y número telefónico Se tiene por señalada la dirección de correo electrónico y el número telefónico que proporciona la parte quejosa como medios extraordinarios de comunicación, dado que este juzgado debe tomar las medidas necesarias a efecto de reducir el riesgo de contagio del virus SARS-Cov2 (COVID-19), en estricta observancia a lo dispuesto en el Acuerdo General 22/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, se solicita atentamente al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Morelos, que de no tener inconveniente alguno remita los oficios, escritos, constancias y demás, que tenga en su poder del presente asunto. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Julián Pantaleón Suárez, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Jose Manuel Castro Rivera484/2018
- José Manuel Celis Almada1504/2019
- José Manuel Díaz Jiménez2185/2016
- Jose Manuel Dominguez Bobadilla830/2012
- Jose Manuel Flores Landa1661/2015
- Jose Manuel Garcia Acevedo1012/2020
- Jose Manuel Garcia Merlos1681/2016
- Jose Manuel Gonzalez Cespedes1634/2015
- José Manuel Guerrero Tellez1603/2023
- Jose Manuel Jardon Hernandez1560/2014
- Jose Manuel Jardon Hernandez551/2015
- Jose Manuel Marino de la Cruz575/2015