Jose Manuel Garcia Acevedo
Expediente 1012/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1012/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Manuel Garcia Acevedo
- Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase desapercibido el hecho de que no se cuenta con los acuses de recibo dirigido a la autoridad responsable, mediante el cual se le comunicó la sentencia dictada en los presentes autos, toda vez que dicha situación no es obstáculo para que la resolución cause estado en términos del artículo 87 fracción segunda de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, remítase a la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y a la Encargada del Despacho de la Dirección de Licencias, copia de la sentencia dictada en autos, para que este en posibilidades de dar cumplimiento a la misma. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión. Cabe señalar que no se formó cuaderno del incidente de suspensión en el juicio en que se actúa. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, José Manuel Garcia Acevedo solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Ayuntamiento Constitucional de Cuernavaca, Morelos. Coordinador Administrativo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Encargada de Despacho de la Dirección de Licencias. Acto reclamado. ". la retención de mi salario de fecha 10 de octubre de dos mil veinte así como el retraso del pago de todas las quincenas durante la pandemia a la fecha.toda vez que me encuentro en las personas consideradas como grupos vulnerables, pues el suscrito padezco de insuficiencia hepática. El resguardo domiciliario en virtud de encontrarse en riesgo mi salud, mi integridad física, la exposición al posible contagio y por consecuencia la muerte del suscrito causada por el virus covid 19. El temor fundado de la separación de mi cargo." SEGUNDO. El catorce de octubre de dos mil veinte, el mencionado órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo. TERCERO. Por escrito presentado el treinta de octubre de dos mil veinte, el quejoso pretendió ampliar su demanda de amparo, en el cual señaló como acto reclamado y autoridad responsable, los siguientes: Autoridad responsable. Ayuntamiento y Cabildo de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado. ".el DECRETO publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5869 de fecha 21 de Octubre del 2020.en donde dicha autoridad responsable.publicó un acuerdo de cabildo que fue aprobado en sesión ordinaria de fecha 17 de septiembre del 2020, donde hace una reestructura de áreas de trabajo, y como consecuencia desaparece diversas plazas, afectando al suscrito.que se me separaba del cargo. .Memorándum SDEyT/0570/X2020.donde la autoridad que señalo nuevamente como responsable manifiesta que derivado del acuerdo de cabildo de fecha 17 de septiembre de 2020 que mis servicios y los de mis demás compañeros no son necesarios para el funcionamiento de dicha institución." CUARTO. En mérito de lo anterior, la Juez Sexto de Distrito en la entidad, estimó que al tratarse de un acto reclamado autónomo y que no guardaba relación con el inicialmente planteado, es que decretó la separación de autos. QUINTO. El trece de noviembre de dos mil veinte, se recibió el oficio OCC/C18JDM/481/2020, por el cual se remitió la demanda de amparo relacionada al acto reclamado citado en el resultando tercero. SEXTO. El trece de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 1012/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: El acuerdo SO/AC-319/17-IX-2020, emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través del cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Cuernavaca, Morelos, en específico lo relativo a la supresión de plazas, de las cuales una de ellas pertenecía al quejoso . TERCERO. Certeza del acto reclamado. Acto reclamado existente. Es cierto el acto que se atribuye a la responsable, pues así se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser una cuestión de estudio oficioso. Así, el suscrito juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. (.)." Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió que, para determinar la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, la quejosa debe acreditar el interés jurídico o legítimo, que le asiste cuando promueve la acción, de la siguiente manera: a) Tratándose del interés jurídico: es necesario demostrar la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado y que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente que podrá o no estar justificado, pero que legitima el ejercicio de la acción. b) Por lo que respecta al interés legítimo: se debe acreditar la presencia de una norma que establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de alguna colectividad determinada; la afectación de ese interés difuso en perjuicio de la colectividad por la ley o acto que se reclama; y, la pertenencia de la parte quejosa a dicha colectividad. La interpretación en comento, se encuentra contenida en la tesis 2a. LXXX/2013, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de 2013, tomo 3, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. " Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la agraviada acredite contar con un interés jurídico, o bien, tener un interés legítimo ya sea individual o colectivo. En el caso, el quejoso expresó que prestaba sus servicios como trabajador del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. En ese contexto adujo que el veintiuno de octubre de dos mil veinte, se publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el mencionado Acuerdo, y ello originó que se vea obligado a solicitar el Amparo y Protección de la Justicia Federal, apoyando la procedencia en el contenido del artículo 107 fracción I de la Ley de Amparo. Por tanto, atendiendo a dichas manifestaciones resulta claro que la parte quejosa promueve el juicio de amparo aduciendo tener un interés legítimo para reclamar las normas impugnadas porque considera que violan sus derechos fundamentales en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sin embargo, se estima que no demostró contar con dicho interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional por las siguientes consideraciones jurídicas: El artículo 107, fracción I de la Constitución Federal, en la parte que interesa establece lo siguiente: "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;" Asimismo, conviene citar el contenido de los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." De los dispositivos legales antes transcritos, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de ese juicio, es la demostración, en el caso, de un interés legítimo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 69/2002-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo, Cuarto y Décimo Tercero, todos en Materia Administrativa del Primer Circuito, en lo que interesa, precisó que la doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo, tienen, sin embargo, un interés en que la violación del derecho o libertad sea reparado; en otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación del gobernado, cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por la normatividad, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. Las características que permiten identificarlo, son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad, que en su caso resulte, produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico; esto es, el interés legítimo es aquel que tienen aquellas personas que, por la situación objetiva en que se encuentran, por una circunstancia de carácter personal o por ser los destinatarios de una norma, son titulares de un interés propio, distinto del de los demás individuos y tendente a que los poderes públicos actúen de acuerdo con el orden jurídico cuando, con motivo de la persecución de sus propios fines generales, incidan en el ámbito de su interés propio, aunque la actuación de que se trate no les ocasione, en concreto, un beneficio o servicio inmediato. Requiriendo así para estimar acreditado el interés legítimo siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente haya de obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Al respecto sirve de sustento, en lo conducente, la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1736, de rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO." De igual manera es aplicable al caso, la tesis 2a. LXXX/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, página 1854, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Así el interés legítimo reconoce el carácter de agraviado en el juicio de amparo a aquella persona que alegue que la ley o acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. A través del juicio de amparo, el denominado interés legítimo representa una extensión a las posibilidades de impugnación a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. En la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del rubro "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, entre otras cosas, que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, para efectos de acudir al juicio de amparo a buscar la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto de autoridad, pero tampoco se trata de un interés genérico como ocurre con el interés simple. Bajo esa línea de pensamiento, determinó que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico; de ahí que el interés del que se habla debe ser cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto o ley que se reclama produzca un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica ya sea actual o futura, pero cierta, lo que se traduce en que una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. En consecuencia, tratándose de supuestos de interés legítimo sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, a partir de una situación calificada, actual, real y jurídicamente relevante a sus intereses, que esté tutelada por el derecho objetivo requiriendo, en caso de obtener el amparo, que pueda traducirse en un beneficio para el quejoso (entendido en lo individual o colectivo). Al respecto es orientadora la tesis aislada 1a. CLXXXII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. UNA PERSONA NO DESTINATARIA DE UNA NORMA LEGAL PUEDE IMPUGNARLA EN SU CALIDAD DE TERCERO, SIEMPRE Y CUANDO LA AFECTACIÓN COLATERAL ALEGADA NO SEA HIPOTÉTICA, CONJETURAL O ABSTRACTA.". Luego, se considera que el quejoso, carece de interés legítimo frente al acuerdo SO/AC-319/17-IX-2020, emitido por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, a través del cual se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones al Reglamento de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Cuernavaca, Morelos, así como el anexo relativo a la supresión de plazas, en razón de que, en el caso, no se advierte que el mismo se encuentre dirigido directamente a éste, sino que es una reestructura administrativa, que si bien es cierto ordena la supresión de plazas dentro del Ayuntamiento, no sería válido concluir que forzosamente sería el quejoso uno de los cuales sería suprimida su plaza laboral. Razón por la que se considera que no está acreditado su interés legítimo, pues como se ha establecido en los párrafos que anteceden jurisprudencialmente se ha determinado como una característica o nota distintiva de esta clase de interés. Además, en el caso, tampoco sería dable analizar la baja de José Manuel Garcia Acevedo efectuada el cinco de octubre de dos mil veinte, del puesto en que se encontraba laborando, ya que en todo caso, dicha situación resulta improcedente de estudio en el juicio de amparo, al no ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que incluso, de las propias manifestaciones que obran en el juicio de amparo, se desprende que se encuentra combatiendo en los tribunales burocráticos respectivos. En consecuencia, al no acreditarse la afectación al interés legítimo del quejoso se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, esta última a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 63 fracción V de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Manuel Garcia Acevedo, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos establecidos en la última parte de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la razón que antecede, con fundamento en los numerales 219 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal 2° de esta última, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por la parte quejosa; mediante el cual realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos, en torno a la vista ordenada en proveído de veintinueve de abril del año en curso; al respecto, ténganse por hechas sus manifestaciones, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suárez, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que mediante oficio 8894/2021, signado por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el quince de abril del año en curso, adjunto copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 1075/2020, de su índice, sin embargo, no se ordeno dar vistas a las partes con las mismas; por tal motivo, y en estricta observancia de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuyo cumplimiento es obligatorio para los tribunales de control constitucional, se ordena dar vista a la partes con las referidas constancias, para que manifiesten lo que a su interés convenga; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha, fijándose de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON TREINTA Y DOS MINUTOS DEL DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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