José Manuel Bautista Gerónimo
Expediente 1008/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1008/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Manuel Bautista Gerónimo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
MESA 3.-[...] SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE, EN LA QUE SE SOBRESEYÓ EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO EJECUTORIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES PROCEDENTES. TÓMESE NOTA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Incidental
MESA 3.- ARCHÍVENSE LOS PRESENTES CUADERNOS INCIDENTALES.
- Principal
MESA 3.-En Villahermosa, Tabasco, a las once horas con cincuenta minutos del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Jorge Alberto Orantes López, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Santiago Cornelio García, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio 1008/2018-3, promovido por JOSÉ MANUEL BAUTISTA JERÓNIMO, a través de su apoderada Hilda Gerónimo Gerónimo. A continuación, el Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informó de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. Abierto el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda; así como la presuncional legal y humana ofrecida por la autoridad responsable Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco; y las documentales ofrecidas por las demás autoridades responsables; al respecto el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas citadas con antelación, teniéndose por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos el secretario certifica que las partes no hicieron uso de ese derecho; El Juez acuerda: Se tiene por hecha la anterior certificación, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 1008/2018-3, promovido por JOSÉ MANUEL BAUTISTA JERÓNIMO, por propio derecho, contra un acto del GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, y otras autoridades, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 14, 16, 17, 27 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, JOSÉ MANUEL BAUTISTA JERÓNIMO, a través su apoderada Hilda Gerónimo Gerónimo, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO: ".La invasión, uso, construcción y apropiación ilegal así como construcción y modificación de la propiedad ubicada en la ranchería Cumuapa segunda sección del municipio de Cunduacán, Tabasco, registrada a nombre de José Manuel Bautista Jerónimo, bajo el número de escritura 23,869." (sic). AUTORIDADES RESPONSABLES: 1. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. 2. SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO DE TABASCO. 3. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS, MEXICO. 4. CM DEL GOLFO SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previa prevención el seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 78 a 82), este Juzgado admitió a trámite la demanda de que se trata, la registró con el número de expediente 1008/2018-3, requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, dio la intervención correspondiente al Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque se reclaman actos atribuidos a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este Juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; para eso, es imprescindible efectuar un examen conjunto de la demanda de derechos fundamentales. Al respecto, es de tomar en cuenta la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Asimismo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa expuso como acto reclamado: La invasión, uso, construcción y apropiación ilegal así como la modificación de la propiedad ubicada en la ranchería Cumuapa, segunda sección del municipio de Cunduacán, Tabasco, propiedad de José Manuel Bautista Jerónimo. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo dicho proceder debe ocurrir previamente, y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Las autoridades señaladas como responsables, desconocieron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que a la fecha de la celebración de la audiencia constitucional ofreciera prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, aun cuando la carga procesal le correspondía, acorde a lo dispuesto en el numeral 119 del aludido ordenamiento jurídico. Lo anterior es así porque al negar la existencia de los actos reclamados, en el caso particular no se produce la obligación de las autoridades responsables, en el sentido de que al rendir sus respectivos informes justificados, expliquen las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y de acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Ello, porque tal carga sólo cobra vigencia cuando esas documentales sean necesarias para apoyar dicho informe, en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando dichas autoridades negaron categóricamente el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa el deber de aportar al juicio constitucional los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata; lo cual no hizo a pesar de haber tenido la oportunidad para ello. Al respecto es de tomar en cuenta lo expuesto en la tesis VI.2o.A.4 K, formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, de texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Asimismo, sirve de apoyo lo expuesto por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, en la tesis IX.1o.83 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Septiembre de 2004, página 1714, cuyo texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." De lo anterior, se puede concluir que a la parte quejosa, desde la presentación de la demanda que motivó este juicio, hasta antes de que concluyera la respectiva audiencia constitucional, correspondía acreditar con medio de convicción idóneo la existencia de los actos reclamados, sin que lo haya hecho; por tanto, ante la falta de tales probanzas lo procedente es tener por inexistentes los actos que se analizan reclamados a las referidas autoridades responsables. En ese tenor, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la ley de la materia, toda vez que, como se dijo, la parte quejosa no demostró la existencia del acto reclamado a pesar de haber tenido la oportunidad para hacerlo; en consecuencia, con base en el numeral precitado se SOBRESEE el presente juicio de amparo. Lo anterior, sin que se haya dejado en estado de indefensión a la parte impetrante del amparo, ya que a decir de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tabasco, fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Federación, quien integró el expediente de expropiación 01/TAB/2014, respecto del libramiento de Villahermosa; lo que motivó que en proveído de tres de octubre de dos mil dieciocho (foja 183), se diera vista a la parte solicitante del amparo para que dentro del término de quince días, siguientes al que surtiera sus efectos la notificación relativa, manifestara si era su voluntad llamar a juicio con el carácter de autoridad responsable a la mencionada Secretaría, sin que desahogara tal prevención; por lo que en auto de treinta de octubre del presente año (foja 198), se hizo efectivo el apercibimiento contenido en el proveído referido en primer término y se tuvo por no señalada como responsable a la aludida autoridad. Máxime que, si en el caso en estudio, el impetrante de amparo, no señaló como responsable a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad del acto reclamado, en virtud de que no se llamó a la autoridad en cita, y por ende, no fue oída en esta vía constitucional. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XC, Quinta Época, Materia Común, visible en la página 1681, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, cuya literalidad es la siguiente: "AUTORIDAD ORDENADORA NO SEÑALA COMO RESPONSABLE. Si la autoridad ordenadora no fue señalada como responsable, no es dable estudiar la constitucionalidad del acto reclamado." Asimismo, encuentra apoyo la anterior consideración, en la jurisprudencia 93, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setenta y tres, tomo VI, Materia Común, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída". Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis 69, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y tres, tomo VI, Materia Común, Novena Época, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". CUARTO. Transparencia y Acceso a la Información Pública. En otro orden, toda vez que aun cuando por auto de seis de julio de dos mil dieciocho (fojas 78 a 82), dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. En consecuencia, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18, del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento antes precisado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de aquéllas de oponerse a la publicación de sus datos, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por JOSÉ MANUEL BAUTISTA JERÓNIMO, por conducto de su apoderada Hilda Gerónimo Gerónimo, contra los actos reclamados y autoridades referidas en el resultando primero, por las razones y motivos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en la parte final de este fallo, elabórese versión pública de la resolución.
- Principal
MESA 3.- SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO A LA PARTE QUEJOSA POR AUTO DE TRES DE OCTUBRE ACTUAL, POR TANTO, CONTINÚESE CON EL TRÁMITE DEL PRESENTE ASUNTO, EN LOS TÉRMINOS ORIGINALMENTE PLANTEADOS.
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