José Manuel Aguirre Colorado
Expediente 1037/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1037/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Manuel Aguirre Colorado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José Manuel Aguirre Colorado; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que de la certificación de cuenta se aprecia que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, por tanto, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el citado artículo 21, párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, la copia certificada a partir del laudo de quince de julio de dos mil once, que obran en el expediente laboral 83/2001 de su índice, constante de seis tomos, las que adjuntó como complemento al informe justificado que rindió y que se manejaron por cuerda separada. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1037/2022-5, promovido por **********, contra actos del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlos violatorios de los artículos 1 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintisiete siguiente, José Manuel Aguirre Colorado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de acordar el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 83/2001. 2 La omisión de continuar con el procedimiento de la etapa de ejecución del laudo de quince de julio del dos mil once. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo con el expediente 1037/2022-5; se ordenó requerir informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que precede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917, septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa sustancialmente reclama: La omisión de acordar el escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintiuno, en el juicio laboral 83/2001, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. La omisión de continuar con el procedimiento de la etapa de ejecución del laudo de quince de julio del dos mil once. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO CONCERNIENTE A LA OMISIÓN DE ACORDAR EL PRECITADO ESCRITO. No es cierto el aludido acto reclamado porque, además de haberlo negado la autoridad responsable, de las copias certificadas que remitió del referido expediente, no se advierte la existencia del referido escrito. Aunado a ello, el impetrante omitió exhibir medio de prueba fehaciente que corroborara que presentó ante la autoridad responsable el escrito que refiere. Por lo que, aun cuando el acto en cuestión reviste la característica de ser negativo y, por regla general, en quien recae la carga de la prueba es a quien se le imputa la abstención; tratándose de aquellos donde se reclame una conducta omisa, respecto de la cual requiere forzosamente de la existencia de una solicitud de manera previa, a efecto que la autoridad ejercite sus facultades previstas en las leyes aplicables, es precisamente al gobernado al que le corresponde probar que efectivamente llevó a cabo, o cumplió con el trámite correspondiente, a fin de exigir la actuación de ésta. En consecuencia, si la parte quejosa en este juicio de amparo, no acreditó con medio de prueba idóneo durante la secuela procesal, haber presentado ante la autoridad responsable el escrito de referencia, es inconcuso que la omisión que reclama no existe para efectos de este medio de control constitucional. Al respecto, resulta aplicable la tesis 2a. CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo: VI, diciembre de 1997, página 366, del siguiente rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: 'ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.', constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última" . En consecuencia, respecto del aludido acto reclamado, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del siguiente rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO CONCERNIENTE A LA OMISIÓN DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO DE QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL ONCE. Es cierto el precitado acto reclamado, aun cuando lo haya negado el Magistrado Presidente del Tribunal responsable en el informe justificado. En efecto, de las constancias que remitió, se advierte que: El veintinueve de abril de dos mil diecinueve (fojas 7531 a 7546 del romo de pruebas), dictó resolución interlocutoria de liquidación en favor del aquí quejoso. Por escrito de treinta de agosto de dos mil diecinueve, dicho impetrante le solicitó fecha para la diligencia de requerimiento de pago., lo cual acordó favorable el ocho de octubre del mismo año (fojas 7661 a 7666 y 7681 a 7683 del tomo de pruebas), sin que con posterioridad, continuara con la fase de ejecución del laudo de mérito. Sobre el particular, sirve de apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa; de orden público y estudio preferente. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese tenor, la suscrita advierte que en el presente caso han cesado los efectos de los actos precisados en el considerando que antecede; por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". En efecto, el aludido ordinal dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocarlo o dejarlo insubsistente, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior es así, porque de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se obtiene que, en proveído de siete de julio de dos mil veintidós, señaló las diez horas del diecinueve de octubre del mismo año, para la diligencia de requerimiento de pago en el juicio natural, con lo cual reanudó el procedimiento de ejecución del laudo relativo, pretensión del quejoso. Luego, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa -veintitrés de junio de dos mil veintidós-, indudablemente existía la omisión reclamada. Sin embargo, a la data del presente fallo, sus efectos ya habían cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **********, contra los actos reclamados y la autoridad precisada en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la misma con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, autoridad señalada como responsable y anexos que acompaña, consistente en copia certificada a partir del laudo de quince de julio de dos mil once, que obran en el expediente laboral 83/2001 de su índice, constante de seis tomos; en consecuencia, téngase los anexos como complementos a su informe justificado, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que, dese vista con éstos a las partes, a efecto de que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de veintiocho de junio del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa, en su libelo de amparo, consistente en el informe justificado que rindiera la autoridad responsable y, en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de la misma en la audiencia constitucional. Debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, manéjense éstas por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano de control constitucional. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado de Tabasco, mediante el cual informa la imposibilidad de remitir las constancias solicitadas en los oficios 25392/2022 y 25393/2022, de veintidós de julio del presente año, por lo que solicita una prórroga a fin de estar en aptitud de remitir las mismas. Al respecto, dígase al citado promovente que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el que se concedió una prórroga por el término de tres días hábiles, al en que quede notificado, para que remita las constancias requeridas. Notifíquese.
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