José Luis Vázquez Núñez

Expediente 838/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
838/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • José Luis Vázquez Núñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el veinte de febrero de dos mil veinte, se establece que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis antes referida, del citado Acuerdo General, al tratarse de un expediente en el que se sobreseyó el juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos del artículo 15 del citado acuerdo, aplicado a contrario sensu. Asimismo, se ordena glosar el original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el cual es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción I, incido a), del artículo 18 del acuerdo general relativo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, se ordena la transferencia al Centro de Documentación y Análisis, del juicio principal, así como del original del incidente de suspensión, mismo que se encuentra glosado, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los artículos 18, fracción I, inciso a, capítulo décimo, numerales 27, 28 y 29 del acuerdo normativo invocado. En cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 35, del referido acuerdo, hágase constar por la Secretaria en la carátula del expediente principal e incidente de suspensión en que se actúa, los datos aquí ordenados, así como la fecha en que se ordena su archivo. En términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses de la fecha en que se dictó la resolución interlocutoria correspondiente, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo establece el párrafo tercero del citado artículo. Finalmente, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), tal y como lo dispone el artículo 29, cuarto párrafo, del acuerdo normativo invocado.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento signado por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Colima, cumple con el requerimiento formulado en proveído de veinte de enero del año en curso, y al efecto, remite las constancias solicitadas. Ahora bien, para determinar lo que en derecho corresponda, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador advierte de manera notoria la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, que determina el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Para sustentar lo anterior, es oportuno trascribir el contenido del numeral de referencia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que en consecuencia, impugna a través del mismo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la paralización definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos de dicho acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el quejoso reclama la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en la ciudad de Colima, en acordar las promociones presentadas el trece de agosto y veintiuno de octubre de dos mil veinte, en las que el quejoso solicitó se ordene el remate de un inmueble y que se inscriba nuevamente el embargo establecido en el auto de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, respectivamente; sin embargo, tal como se precisó al inicio del presente acuerdo, la responsable ya emitió los respectivos acuerdos en el juicio laboral ***, los cuales ya fueron notificados a la parte quejosa. Situación que se corrobora del análisis de las constancias remitidas por la Junta responsable, de donde se desprende que el doce de octubre y catorce de diciembre de dos mil veinte, dictó los acuerdos correspondientes en el juicio laboral ***; donde proveyó las promociones presentadas el trece de agosto y veintiuno de octubre de dos mil veinte, y dio vista a las partes con el avalúo del bien inmueble relativo a ese juicio, y que el diecinueve de junio de dos mil veinte, se envió oficio al Director del Registro Público de la Propiedad, respectivamente, lo que además fue notificado a dicha parte por medio de cédula de notificación el siete de enero de dos mil veintiuno. Por lo que al haberse dado respuesta a los escritos presentados el trece de agosto y veintiuno de octubre del dos mil veinte por la parte quejosa en el juicio laboral del que deriva el acto reclamado, las que además fueron notificadas al quejoso, es evidente que se colmó la omisión reclamada, cesando sus efectos, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, así como sus consecuencias; cesación de efectos que trajo consigo que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de la vulneración a sus derechos fundamentales. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si el acto reclamado nunca se hubiese desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al haber cesado los efectos del acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; por tanto, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo en términos del diverso numeral 63, fracción V, de la propia ley. Corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causa de sobreseimiento indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causas de sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho fundamental al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales relativos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo promovido por ***, por su propio derecho. En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con siete minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

  3. Principal

    Colima, Colima, veinte de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Colima, rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, atendiendo a que la autoridad responsable fue omisa en remitir las copias certificadas de donde deriva el acto reclamado en esta instancia; en tales condiciones, se le requiere, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el comunicado correspondiente, remita las referidas constancias del Juicio Ordinario Laboral 81/2010, mismas que deben estar completas y legibles, incluyendo las pruebas que hubiesen sido rendidas y que por alguna razón no se hayan incorporado al expediente, considerando las siguientes directrices: Si algunas fojas se encuentran ilegibles, porque así están los documentos de donde se obtuvieron; entonces, deberá aclarar esa circunstancia, especificando el número de folio que le corresponda a cada una de ellas. Si las copias son legibles, pero las reproducciones fotostáticas se obtienen ilegibles; deberá efectuar su transcripción (trasunto) y enviarla. Si las copias solicitadas pueden enviarse legibles obteniéndolas con cuidado, así lo realice. Esta determinación se dicta con el objeto de que el suscrito esté en aptitud de resolver el presente juicio de amparo, sin dilación alguna, ya que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita de acuerdo a lo establecido en el ordinal 17 de la Ley Suprema; bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo de la manera expresada, se hará acreedora, a una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos), de conformidad con lo previsto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/1/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el siete de enero de dos mil veintiuno. Por otro lado, con diversa Circular SECNO/1/2021, suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo del conocimiento a las y los titulares de los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, la reanudación de plazos y términos en los Circuitos Judiciales no incluidos en el punto I, como lo son: Ciudad de México-Primer Circuito; Estado de México-Segundo Circuito; Morelos-Décimo Octavo Circuito; Guanajuato-Décimo Sexto Circuito y Baja California- Décimo Quinto Circuito. Por tanto, toda vez que ya se reanudaron las labores, se señalan las nueve horas con siete minutos del tres de febrero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional.

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