José Luis Toscano Ramírez

Expediente 374/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
374/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis Toscano Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Notificación personal.

  2. Principal

    Notificación personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta con folio 5833 signado por la Coordinadora Jurídica del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintiséis de abril de la presente anualidad, como autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, realiza el cálculo del importe de los derechos a cubrir al quejoso ********************. En atención a ello, se tiene a la autoridad oficiante informando las gestiones de cumplimiento al fallo protector. Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, el documento con número de folio 5834, el cual se advierte que va dirigido a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Colima, por tanto, remítase el documento con el que se da cuenta a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo dejar en autos copia simple de los mismos. Ahora, en atención que la Coordinadora Jurídica del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, realiza el cálculo del importe de los derechos a cubrir al quejoso ********************, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración de Gobierno del Estado de Colima para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá de devolver la cantidad de ******************** por ser la cantidad que resulta favorable al quejoso, por concepto de pago erogado por la expedición de constancias en copias fotostáticas certificadas. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, que corresponden a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos) con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el juez responsable, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, pues ninguna autoridad puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver. Es aplicable por analogía e identidad de razón, la tesis I.3º.C J/8 (10ª.), visible en la página 2894, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común (registro 2005326), del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el comunicado de cuenta signado por el Director de Asuntos Contenciosos y Resoluciones de la Dirección General Jurídica, de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, mediante el cual informa que acata la ejecutoria de amparo desincorporando de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación contemplada en el artículo 62 Bis 1, fracción XXX, inciso f) de la Ley de Hacienda para el Estado de Colima, para la expedición de constancias en copias fotostáticas certificadas, en todos sus términos en la parte que le corresponde en base a la recepción -recaudación como autoridad únicamente receptora de la contribución- del importe que corresponde al cálculo de que, con base en lo ordenado en la resolución recaída al recurso de revisión, debe calcular y a su vez determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa por concepto de pago de lo indebido, quedando supeditada a que el Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima (responsable), haga lo que le concierne a la tramitación del servicio y remita el documento en el que conste el cálculo del importe de los derechos a cubrir, mismo que corresponde prestarlo en adelante cada vez que el quejoso requiera de dicho trámite y servicio, mientras subsista el vicio de la inconstitucionalidad apuntado. En atención a ello, se tiene a las autoridades oficiantes en vías de cumplimiento al fallo protector. No obstante lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase al Director del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima, para que dentro del término de tres días siguientes al en que reciba el oficio que derive del presente acuerdo, remita a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, el trámite del servicio y remita el documento en el que conste el cálculo del importe de los derechos a cubrir al quejoso ********************, mismo que corresponde prestarlo en adelante cada vez que el quejoso requiera de dicho trámite y servicio, mientras subsista el vicio de la inconstitucionalidad apuntado, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional con las constancias con las que acredite. En el entendido, que dicha autoridad fue la que realizó la orden de pago con folio ********************, correspondiente a la solicitud de trámite de uno de abril de dos mil veintidós, con número de prelación ******************** recibo de pago ********************, así como la orden de pago con número de folio ********************, todos expedidos por dicho Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima; en el entendido, que el cálculo debe efectuarse sobre el número de copias que se expidieron, atendiendo los lineamientos que estableció el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad capital, en el recurso de revisión ********************. Lo anterior, sin perjuicio de que se haya sobreseído en el juicio respecto a los actos que se le reclamaron en el presente asunto, pues en razón de sus funciones legales, se encuentra vinculada a efectuar actos en relación con el cumplimiento del fallo protector, en términos de lo dispuesto en el numeral 197 de la ley de la materia. Se apercibe a la autoridad antes vinculada que de no hacerlo, se les impondrá multa de cien veces el valor por unidad de medida y actualización equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), dando un total de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2007 consultable en la página 144, Tomo XXV, mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO.SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Tal y como lo establece el citado numeral 192 de la ley de la materia, en razón de que el juez responsable, no se encuentra sometido a la potestad de autoridad alguna, pues ninguna autoridad puede inferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirle como ha de resolver. Es aplicable por analogía e identidad de razón, la tesis I.3º.C J/8 (10ª.), visible en la página 2894, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Materia Común (registro 2005326), del rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL CARECEN DE SUPERIOR JERÁRQUICO A QUIEN FORMULARLE EL REQUERIMIENTO PARA ORDENAR SU CUMPLIMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Apoya lo anterior, la tesis número I.3o.(I Región) 3 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, septiembre de dos mil doce, Tomo 3, página 2047, que es del tenor literal siguiente: "SENTENCIAS EJECUTORIADAS. PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO LOS ÓRGANOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL TIENEN FACULTADES PARA REQUERIR A AUTORIDADES DIVERSAS DE LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, QUE SE ENCUENTREN VINCULADAS A ESOS FALLOS. De la reforma al párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se advierte un nuevo diseño respecto del tratamiento que debe darse a los derechos humanos, atendiendo al contenido normativo ahí previsto y, en su caso, a los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano sobre este rubro, en aras de beneficiar en cualquier momento a todas las personas y así poder proporcionarles una tutela mayor. Así, por imperativo constitucional, debe procurarse que la interpretación se haga conforme al principio pro persona, que también se encuentra contenido en el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en el que se establece la obligación de los Estados Partes de garantizar el pronto y efectivo cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso judicial. En estas condiciones, se concluye que el derecho a la administración pronta y expedita de justicia es una prerrogativa fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos reconocidos en los pactos internacionales en forma no limitativa sino enunciativa, ya que no puede circunscribirse al simple significado del vocablo, pues es el continente de un sinnúmero de derechos y obligaciones tanto internos como externos, es decir, inter país y a nivel internacional. Consecuentemente, si se atiende al artículo 17 de la Carta Magna, en el que se consignan, entre otros derechos fundamentales, el relativo a la administración pronta y expedita de justicia, a fin de que se cumplan cabalmente las sentencias ejecutoriadas, se estima que los órganos de control constitucional tienen facultades, no sólo para precisar los alcances de esos fallos, sino también para requerir a autoridades diversas de las señaladas como responsables, que se encuentren vinculadas a éstos, y conseguir su eficaz, completo y pronto acatamiento". Notifíquese por lista.

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