José Luis Ugarte Holguín
Expediente 815/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 815/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Luis Ugarte Holguín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 815/2019-III. RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua, turnado ese mismo día al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esa ciudad, ********** solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto emitido por las autoridades que a continuación se indican: IV. ACTOS RECLAMADOS: A. DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ SÉPTIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS: Reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad de la actuación del embargo efectuado sobre el 100% del terreno urbano y finca propiedad del suscrito identificado como **********, inmueble inscrito bajo el número ************, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, embargo que fue inscrito ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua el 11 de mayo del 2019. Puesto que aquel embargo es derivado del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ********** en contra *********, juicio seguido bajo el número ****/2018 ante el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. El presente auto se reclama ya que el suscrito adquirí la propiedad del referido INMUEBLE mediante Contrato de Compraventa celebrado con ************ y ************* a fecha 01 de mayo del 2017 y dicho inmueble dejó de ser propiedad de la Sra. *********** desde aquella fecha. B. REGISTRADOR Y/O ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS. Reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad de la inscripción marginal del embargo efectuado sobre el 100% del terreno urbano y finca propiedad del suscrito identificado como lote *************, inmueble inscrito bajo el número **********, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, embargo que fue inscrito ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua el 11 de mayo del 2019. Puesto que aquel embargo es derivado del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ******* en contra de ***********o, juicio seguido bajo el número ****/2018 ante el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. El presente auto se reclama ya que el suscrito adquirí la propiedad del referido INMUEBLE mediante Contrato de Compraventa celebrado con ********** a fecha 01 de mayo del 2017 y dicho inmueble dejó de ser propiedad de la ********** desde aquella fecha. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramite del asunto. Mediante auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esa ciudad, ordenó abrir el expediente respectivo, registró la demanda con el número ****/2019-VIII, se declaró legalmente incompetente para conocer la demanda de amparo y declinó competencia a favor del Juez de Distrito en Turno, con residencia en esta ciudad, remitiendo los autos para los efectos de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley de Amparo. Por cuestión de turno correspondió conocer del presente juicio de amparo a este Juzgado de Distrito, por lo que en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, aceptó la competencia planteada para conocer la demanda de amparo, se ordenó capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotarlo en el libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ****/2019-III, se previno a la parte quejosa para que aclarara la demanda; hecho lo cual en proveído de doce de noviembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se ordenó emplazar a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese juzgado, quien no formuló pedimento, se ordenó el emplazamiento a la tercera interesada; y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual después de diferirla, se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto proveniente de autoridades civiles, que tuvo ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de amparo. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Del análisis integral del escrito inicial de demanda y de los presentes autos se desprende que el peticionario del amparo reclama: 1. Del Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua: El acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ***/2018 de su índice, promovido por ******** en contra de **********, en el que ordena el embargo del terreno urbano y finca identificado como *************, de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, que afirma es de su propiedad. 2. Del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La inscripción marginal del embargo efectuado sobre el 100% (cien por ciento) del referido inmueble. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua, al rendir su informe justificado aceptó de manera parcial la existencia del acto reclamado, pues refirió que en los autos del juicio ejecutivo mercantil ****/2018 de su índice, se señaló para embargo el bien inmueble consistente en terreno urbano y finca identificado como ********, inscrito bajo el número ********* de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a nombre *********** pero que contrario a las afirmaciones del quejoso, dicho embargo fue únicamente respecto al 50% (cincuenta por ciento) que pertenece a ********, y hasta por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional). Por su parte, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, pues manifestó que según **********, el once de marzo de dos mil diecinueve, se registró un embargo en contra de **********, promovido por ************ ordenado por el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, en el expediente ****/2018, quedando registrado únicamente por los derechos que corresponden al deudor, sobre el inmueble registrado bajo la inscripción *********** Lo que se corrobora con las constancias que integran el expediente ****/2018 que remitió junto con su informe justificado el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en Chihuahua, Chihuahua y las constancias que adjuntó a su informe el registrador responsable. Documentos a los cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, al ser expedidos por funcionarios públicos en uso de las facultades que les confiere la ley. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En la especie, respecto de los actos que trastocaron el inmueble que el quejoso pretende defender en la instancia constitucional (embargo), el presente juicio deviene improcedente en atención a que la parte quejosa no justificó contar con un derecho jurídicamente tutelado, que fuera lesionado por el actuar de la autoridad responsable, es decir, no demostró que gozara de interés jurídico para promover el juicio de control constitucional. Para evidenciar este aserto, es menester citar el contenido de los artículos 61, fracción XII, y 5o., fracción I, de la Ley de Amparo que, respectivamente, estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. De la interpretación conjunta de los preceptos transcritos se deduce que la acción constitucional de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que quien acuda en ejercicio de la acción de amparo, debe cumplir las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tanto el interés jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Desde esta perspectiva, al referirse la Ley de Amparo a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho humano del que sea titular la parte quejosa en lo individual, es decir, tenga interés jurídico. Sobre este aspecto, es oportuno precisar que la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada, conforme al cual, el acto que se reclama debe causar un perjuicio a la persona que se estime afectada. Así, no toda afectación puede ser considerada suficiente para acreditar el interés jurídico, pues sólo tiene legitimación para promover el juicio de amparo el titular del derecho afectado y no terceras personas, aun cuando éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata alguna lesión o afectación por el acto de autoridad, por grave que aquélla pudiera parecer. Lo anterior se concibe de esa manera, ya que el interés jurídico para los efectos del juicio de amparo se identifica con el derecho humano, que es el derivado de la norma objetiva que se concreta en alguna persona determinada otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible frente al resto de los gobernados e, incluso, de la propia autoridad. Como la tutela del derecho sólo comprende bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones a ese derecho deben ser igualmente susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, de modo que la naturaleza intrínseca del acto reclamado es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera jurídica del particular, sin que pueda existir entonces agravio cuando las afectaciones que una persona pueda sufrir no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, ante lo cual es estrictamente necesario acreditar verse afectado por el acto que se tilda de inconstitucional. Ilustra lo anterior, analógicamente al nuevo sistema constitucional, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo II, de julio a diciembre de 1988, página 224, del siguiente tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUÉ LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. De manera reiterada la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el interés jurídico, para efectos del juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente, sin que pueda inferirse con base en presunciones, por su naturaleza excepcional y los efectos que debe tener la sentencia que conceda el amparo, ya que encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad, según se desprende de las jurisprudencias 16/97 y 21/98, emitidas por la Segunda Sala, así como la tesis XXV/89 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros y textos, respectivamente, señalan: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso. INTERÉS JURÍDICO. DEBE ACREDITARSE PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Al establecer los artículos 4o, 76 y 80 de la ley de Amparo, respectivamente, el principio de instancia de parte agraviada, el de particularidad de la sentencia de amparo que prohíbe hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el caso concreto, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer si el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existe la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que, en principio, no les causen ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos de la Ley de Amparo. A partir de esas bases, se concluye que la afectación al interés jurídico como condición para la procedencia del amparo tiene como sustento la titularidad de un derecho humano que puede ser de carácter subjetivo, o bien de carácter objetivo o erga omnes. Así, este último lo tiene cualquier eventual afectado que resienta un daño concreto por su situación frente al orden jurídico, cuando se vea afectado por el hecho de que las autoridades no se conduzcan dentro del margen de la ley, y pueda ser remediado a través de una medida individualizada por parte de las autoridades. Cabe señalar que esta hipótesis debe distinguirse claramente de aquella situación en que simplemente se aduzca la pérdida del beneficio o ventaja, ya sea fáctica o material, y no derive de una actuación irregular de la autoridad, pues tal supuesto equivale a un interés simple, que no faculta al particular para exigir una determinada prestación, de manera que no es susceptible de tutela judicial. Por ende, la comprobación del referido interés tiene que vincularse directamente con el bien jurídico que se aduce afectado, esto es, con el carácter con que acude el quejoso al juicio, por lo que debe acreditar fehacientemente ser el titular del derecho que se estima vulnerado, ya que de no ser de esa forma la acción constitucional resulta improcedente. En la especie, de las constancias que obran en el expediente de origen, remitidas por el juez responsable en copia certificada, se advierten los siguientes antecedentes relevantes: Por escrito presentado el seis de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de turnos del Tribunal Superior de Justicia en el Estado **********, endosatarios en procuración de ********* demandaron en la vía ejecutiva mercantil de ********** el pago de la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional), entre otras prestaciones (fojas 42 a 44). Por razón de turno, correspondió conocer del asunto al Juzgado Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, quien el seis de julio de dos mil dieciocho, radicó el asunto bajo el consecutivo ****/2018 (folio 50). Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, a solicitud de la parte actora, el Juez responsable declaró formal y legalmente embargado el bien inmueble consistente en terreno urbano y finca, identificado *************, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a nombre ***********, únicamente respecto al 50% (cincuenta por ciento), que pertenece a ************ hasta por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional); asimismo, ordenó mediante exhorto girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, para que inscribiera el embargo trabado (foja 80). Seguido el procedimiento, el trece de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva en la que se condenó a la demandada al pago de las prestaciones que les fueron reclamadas, sin que fuera impugnada, por lo que causó ejecutoria (fojas 84 a 96). El veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, el Juez responsable tuvo a la parte actora exhibiendo certificado de existencia de gravámenes de la inscripción número **********, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, del cual se advierte que el terreno urbano y finca identificado como***********, en esta ciudad, es propiedad de ******** y que registra un gravamen a favor de la parte actora por la cantidad de $80,000.00 (ochenta mil pesos cero centavos moneda nacional), según inscripción *********** de la oficina registral mencionada (folio 106). El tres de junio de dos mil diecinueve, el juez responsable procedió a abrir la vía de apremio y debido a que hasta ese momento la demandada no había dado cumplimiento voluntario a la sentencia de trece de noviembre de dos mil dieciocho, le concedió un plazo de tres días para que diera cumplimiento, bajo apercibimiento que de no hacerlo se procedería a la ejecución forzosa de la misma. Asimismo, tuvo a la parte actora designando perito valuador y requirió a la parte demandada para que designara el suyo (folio 109). Inconforme con el acto consistente en el embargo, el peticionario de amparo formuló la demanda de amparo, ostentándose como propietario del inmueble identificado como ***********, inscrito bajo el número **************, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, y para acreditar su interés jurídico ofreció, entre otras documentales, las siguientes: i) Original del contrato privado de compraventa fechado el uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que se advierte que el quejoso (como comprador) adquirió de ******** y de ******** (vendedores), la propiedad de la casa habitación y terreno urbano sobre el cual está construida identificado como lote ********, inscrito bajo el número **************, en el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, de cuyo contenido se advierte, en lo que aquí es trascendente, que en la cláusula octava se pactó lo siguiente: OCTAVA.- LA PARTE VENDEDORA se obliga a otorgar un Poder Especial Para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración y de Dominio en favor de LA PARTE COMPRADORA, solamente por lo que corresponde al bien inmueble objeto del presente contrato, para que LA PARTE COMPRADORA proceda a formalizar este contrato en la Escritura Pública que elija en el momento que considere apropiado. ii) Copia certificada del instrumento notarial de quince de mayo de dos mil diecisiete, pasado ante la fe pública del licenciado Rubén Aguirre Duarte, Notario Público Número Dieciséis con ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en el que consta el poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que ********** otorgaron al ahora quejoso, exclusivamente respecto del bien raíz que se identifica como lote ************, de cuya lectura se advierte que se otorgó en los siguientes términos: Este poder es limitado y en consecuencia sólo podrá hacer uso de él, respecto de la casa habitación y del terreno urbano sobre el cual está construida, conocido como lote **********, con superficie de 93.36m2 (noventa y tres metros treinta y seis centímetros). Queda el apoderado expresamente facultado a transmitir a favor de un tercero la propiedad de dicho inmueble; en caso de que dicho tercero sea beneficiario de un crédito otorgado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), se faculta a la apoderado para que el importe total del crédito le sea acreditado en su cuenta bancaria, por dicho instituto. También queda expresamente facultado, para hacer todo tipo de manifestaciones, aún de tipo fiscal y para formalizar en escritura la venta del citado inmueble, que sea firmada por usted, en ejercicio del mismo, manifestando y acreditando que el inmueble aludido es la casa habitación del mandantes y que su enajenación, en su caso, es la única que ha hecho en los últimos 3 años. iii) Original de certificado de ingresos ********* de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal del municipio de Juárez a nombre *********, relativo al pago del impuesto predial de la dirección: "****************". iv) Original de cuatro recibos de pago del servicio de agua, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez a nombre de ******** relativos a la dirección "CL **********" correspondientes a los periodos del nueve de julio al ocho de agosto, del ocho de agosto al siete de septiembre, del ocho de octubre al ocho de noviembre y del ocho de noviembre al seis de diciembre, todos de dos mil dieciocho. v) Original de tres recibos de depósito expedidos por la institución bancaria ********** al cliente **************, los días doce, trece y catorce de junio de dos mil diecisiete. vi) Copia certificada de certificado de existencia de gravamen, expedido por el Encargado de la Oficina del Registro de la Propiedad para el Distrito Judicial Bravos de diez de octubre de dos mil diecinueve, relativo al terreno urbano y finca ubicado en el lote **************, en esta ciudad, registrado el ocho de agosto de dos mil diecisiete a nombre de: ********* CASADO (A) EN SOCIEDAD CONYUGAL CON ********** bajo los siguientes datos: "INSCRIPCIÓN ********** DEL DISTRITO BRAVOS ", que al diez de octubre de dos mil diecinueve, a las catorce horas con cincuenta y dos minutos y veintitrés segundos, reporta el siguiente gravamen: "(EMBARGO A FAVOR DE ********** Y OTRO COMO ENDOSATARIOS EN PROCURACIÓN DE ************ SOBRE EL 100% DE LA PROPIEDAD, POR LA CANTIDAD DE $80,000.00 PESOS (OCHENTA MIL PESOS 00/100 M. N.) SEGÚN INSCRIPCIÓN *********** DE FECHA 11 DE MARZO DE 2019 (.)". Por las particularidades del caso, esas documentales no confieren a la parte quejosa el interés jurídico necesario para acreditar el derecho de propiedad para promover el presente juicio de amparo, ni que adquirió el bien de que se trata con anterioridad a que se materializaran los actos contra los que se inconforma. En efecto, si bien es verdad que los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba, esta regla, no es aplicable tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, lo que el Alto Tribunal del país ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. A partir de lo anterior, es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 220, aprobada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Sexta Época, Tomo IV, materia civil, sección Jurisprudencia SCJN, página 180, del siguiente tenor: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Bajo esas premisas, del examen de los presentes autos se advierte que al momento de promover la demanda de amparo, la parte quejosa no comprobó tener un derecho jurídicamente tutelado respecto del mencionado inmueble, toda vez que de acuerdo con las constancias que se allegaron al expediente, no se encuentra fehacientemente acreditado que el citado inmueble haya ingresado a su patrimonio, ni la fecha en que ello ocurrió. Así se sostiene, pues el original del acto traslativo de dominio, aun cuando se trata de un contrato privado de compraventa, carece de fecha cierta por no haberse presentado para su celebración o ratificación ante fedatario público o funcionario autorizado, ni que hubiera sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, ni mucho menos se brindó información acerca de la muerte de cualquiera de los firmantes que intervinieron en su celebración. De esta manera, el referido contrato de compraventa no revela que a la fecha en que el quejoso promovió la demanda de amparo, el bien inmueble materia del embargo, remate y adjudicación en el juicio natural era de su propiedad, pues tal documental carece de fecha cierta sobre su celebración. Lo anterior es así, porque ninguno de los supuestos que permiten revelar que un acto traslativo es de fecha cierta -señalados en líneas precedentes- fue justificado por la parte quejosa en este contradictorio constitucional, pues la sola mención de la fecha referida en el contrato privado que exhibió, no revela en modo alguno la certeza de ésta, es decir, de la fecha en que dicho documento fue elaborado, aspecto que resulta indispensable a fin de otorgarle valor probatorio frente a terceros y en esa medida, acreditar el derecho que el peticionario de amparo arguye le asiste para promover el juicio constitucional bajo la calidad de propietario, ya que ese dato proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido y avalado por ese documento de fecha cierta, en tanto que evita con ello la simulación indiscriminada de actos jurídicos con el pretexto de haberlos llevado a cabo en fecha anterior al acto reclamado en perjuicio de terceros y garantiza de esa manera la legalidad y seguridad jurídica que debe imperar en cualquier acto traslativo del uso, e impide además que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, pues no hay que perder de vista que el contrato presentado en esos términos, sin ningún requisito de certeza, es de fácil elaboración y de prefecharlo al arbitrio y conveniencia. Al respecto, se cita en lo conducente para ilustrar el momento a partir del cual un documento privado adquiere fecha cierta, la jurisprudencia 1ª./J.21/2010, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de Abril de 2010, Tomo XXXI, página 259, que estatuye: DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable. De ahí que, el contrato de compraventa que exhibió el quejoso no puede considerarse como un título de la propiedad que dice tener, de manera previa a la emisión de los actos reclamados, precisamente porque carece de fecha cierta; por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico del disconforme, al ser imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo intentado, motivo por el cual el peticionario de derechos fundamentales no justificó tener una propiedad jurídica del inmueble de que se trata. No obsta para arribar a esta conclusión que el promovente de la demanda de amparo haya exhibido el original del instrumento notarial de quince de mayo de dos mil diecisiete, pasado ante la fe pública del licenciado *********, Notario Público Número ***** con ejercicio en el Distrito Judicial Bravos, en el que consta el poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y de dominio, que ************ otorgaron al ahora quejoso, exclusivamente respecto del bien raíz que se identifica como lote **************, extendido para disponer del mismo bien raíz; sin embargo, si bien es verdad que esta clase de mandato puede otorgarse para el cumplimiento de una obligación, como lo es la compraventa de un inmueble y que por virtud de esa obligación contraída otorga el poder especial para actos de dominio sobre el inmueble determinado, con una cláusula de irrevocabilidad, debe decirse que esa cláusula irrevocable, no es más que la garantía de que el obligado cumpla con la obligación que es del conocimiento del mandatario. En efecto, por el otorgamiento del poder irrevocable, el mandatario recibe facultades para dar cabal cumplimiento de una obligación del mandante; sin embargo, lo cierto es, que se trata de dos actos: uno el contrato de compraventa, y otro, el mandato que se otorga para el cumplimiento de la obligación, como lo es la compraventa de un inmueble; por tanto, el hecho de que el acto citado en segundo término (mandato) tenga fecha cierta, al haber sido ratificado ante notario, no implica que el primer acto (compraventa) adquiera certeza en esa misma fecha, al tratarse de actos que, si bien están vinculados, son independientes. Máxime que no se debe perder de vista que el mencionado mandato si bien se concedió facultades exclusivas respecto del referido inmueble en favor del quejoso, lo cierto es que dichas facultades son para actuar en nombre y representación de los propietarios y no en nombre propio, lo cual revela que no se tenga prueba fehaciente de que el bien respectivo se haya incorporado a su patrimonio antes de la materialización de los actos reclamados, por una omisión que se advierte, sólo es atribuible al quejoso; y, mucho menos, la fecha cierta en que ello ocurrió. Luego, la falta de inscripción o presentación ante fedatario público o autoridad con fe pública del citado contrato de compraventa y, en su caso, del instrumento notarial en que hace descansar su acción la parte quejosa (para efectos de darle publicidad y que surta efectos contra terceros de buena fe), trae como consecuencia que no puedan oponerse frente a terceros que hayan adquirido un derecho real sobre ese mismo bien. Lo anterior es así, porque cuando no se registran los documentos que transmiten un derecho real (contrato de compraventa) no producirá perjuicios contra terceros quienes sí pueden aprovecharse de esa omisión de registro en cuanto le fuere favorable. Tiene aplicación a lo anterior por similitud la jurisprudencia 1a./J. 18/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, de Agosto de 2013, Tomo 1, página 644, del siguiente tenor: SOCIEDAD CONYUGAL NO INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. EL DERECHO REAL INMOBILIARIO DEL CÓNYUGE QUE NO APARECE EN LA INSCRIPCIÓN NO ES OPONIBLE AL DERECHO REAL DE PROPIEDAD DE QUIEN RESULTÓ ADJUDICATARIO DE BUENA FE EN EL PROCEDIMIENTO DE REMATE Y ADJUDICACIÓN EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. La otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 3a./J. 7/93, de rubro: "SOCIEDAD CONYUGAL. LA FALTA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DE LOS BIENES INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE ELLA, NO IMPIDE QUE EXISTA LEGITIMACIÓN PARA HACER VALER TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.", sostuvo que la falta de inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble registrado a nombre de uno de los cónyuges, provoca que el derecho del otro que no aparece en la inscripción no pueda oponerse a un tercero que haya adquirido un derecho real respecto del mismo bien. Ahora bien, en el Código de Comercio el legislador previó que cuando la sentencia de un juicio ejecutivo mercantil es condenatoria y declara procedente la venta de los bienes embargados para hacer pago al acreedor, se tramitará su remate, y que enajenado el bien, ya sea por remate o adjudicación tratándose de inmuebles, el juez y el adjudicatario otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público; lo cual permite afirmar que, mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación, derivado de un juicio ejecutivo mercantil, el postor o el adjudicatario adquiere un derecho real de propiedad sobre el inmueble rematado. Consecuentemente, cuando falte la inscripción de la sociedad conyugal en el Registro Público de la Propiedad respecto de un inmueble que se encuentra registrado a nombre de uno de los cónyuges, el derecho real de propiedad del cónyuge que no aparece en la inscripción, derivado de la sociedad conyugal, no puede oponerse al derecho real de propiedad adquirido de buena fe por el postor o el adjudicatario mediante la tramitación y culminación del procedimiento de remate y adjudicación en un juicio ejecutivo mercantil. No obsta a la anterior conclusión, lo que pretende el quejoso a partir del origen remoto del derecho de propiedad que afirma tener mediante el contrato de compraventa, que refiere se garantizó a través del mandato de marras, que sólo confiere un derecho personal para que, eventualmente, pueda ser ejercido, pues a juicio de quien resuelve, no puede confundirse la existencia de un derecho personal que deriva de la obligación contenida en el referido mandato con el derecho real que adquiere quien cubre el precio fijado para la venta judicial del inmueble embargado en el juicio natural, dado que este último es completamente independiente del primero, a partir de que la venta judicial constituye por sí misma un acto traslativo de dominio que importa necesariamente la concurrencia de un derecho real. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 256, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo IV, materia civil, página 214, del tenor: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. Por su parte, con las documentales consistentes en el certificado de ingresos ********** de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, expedido por la Tesorería Municipal del municipio de Juárez a nombre de *********, relativo al pago del impuesto predial de la dirección: ***********"; los cuatro recibos de pago del servicio de agua, expedidos por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez a nombre de **********, relativos a la dirección "CL **********" correspondientes a los periodos del nueve de julio al ocho de agosto, del ocho de agosto al siete de septiembre, del ocho de octubre al ocho de noviembre y del ocho de noviembre al seis de diciembre, todos de dos mil dieciocho; y los tres recibos de depósito expedidos por la institución bancaria ********** al cliente ************, los días doce, trece y catorce de junio de dos mil diecisiete, la parte quejosa únicamente acredita que diversas personas al quejoso realizaron los pagos de impuesto predial y servicio de agua, a las instituciones que ahí se mencionan y respecto de diverso inmueble al que es materia de la presente litis constitucional. Asimismo, se acredita que se realizó un depósito bancario a favor de ************, sin que tales documentos sean idóneos para acreditar la existencia de un acto jurídico por el cual haya adquirido la propiedad del bien materia de este juicio de amparo. Finalmente, la copia certificada del certificado de existencia de gravamen, expedido por el Encargado de la Oficina del Registro de la Propiedad para el Distrito Judicial Bravos de diez de octubre de dos mil diecinueve, relativo al terreno urbano y finca ubicado en el **********, hace prueba en contra de los intereses del quejoso, toda vez que se advierte que dicho inmueble se encuentra registrado a favor de *********** casado en sociedad conyugal con ************* y no a favor del aquí quejoso, por lo que tampoco es un documento apto para acreditar la propiedad del bienes inmueble de referencia a favor del quejoso. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del mismo cuerpo normativo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los actos consistentes en el embargo del bien raíz que la parte quejosa adujo ser de su propiedad. Este sobreseimiento se debe hacer extensivo a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad ejecutora Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos que se señaló en la demanda, pues la ejecución que se le imputa no se reclamó por vicios propios, sino como una consecuencia de la orden dictada por la ordenadora. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 516, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 339, del siguiente contenido: SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios. Atento el sentido que rige el presente fallo, existe un impedimento legal para abordar el estudio del fondo de la cuestión planteada por el quejoso. Es aplicable a esta consideración, la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo 70, de octubre de 1993, página 57, que estatuye: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 126/2018, de su índice, en sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en el que consideró, en lo que aquí es relevante, que el contrato privado de compraventa carecía de fecha cierta y, por ende, no era apto para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, aun cuando de forma paralela se hubiera otorgado ante Notario Público un mandato irrevocable para actos de dominio, respecto del mismo bien materia de la compraventa, al tratarse de dos actos jurídicos independientes entre sí. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **************, respecto de los actos y autoridades por los que se realizó pronunciamiento en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********** Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que a partir del once de diciembre de dos mil diecinueve, se designó al licenciado *****, como Secretario en Funciones de Juez de Distrito de este Órgano Jurisdiccional, autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 43, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, quien quedará responsable de este Juzgado. Lo anterior, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, de la certificación de cuenta secretarial se advierte, que el quejoso ******y la tercera interesada ******, no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, dentro del término otorgado para ello; por tanto, les surte efectos los apercibimientos insertos en proveídos de seis y veintisiete de noviembre del año en curso, respectivamente, y el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, háganseles por medio de lista que se publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos de lo dispuesto por la primer porción normativa de la fracción II del artículo 27, de la ley de la materia. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada *******, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. *eej.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 40742/2019 signado por el Juez Decimoprimero de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 339/2019, del índice de dicho juzgado, derivado del diverso 531/2019, deducido del presente juicio de amparo acúsese el recibo correspondiente. Atento a lo anterior, se tiene por notificada a la parte quejosa el proveído de veintisiete de noviembre del año en curso. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado ******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada Yara ********, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 815/2019-III, y; RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil diecinueve, en este juzgado, *******, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua y Registrador y/o Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, de quienes reclama: DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ SÉPTIMO CIVIL POR AUDIENCIAS DEL DISTRITO JUDICIAL MORELOS: (sic) Reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad de la actuación del embargo efectuado sobre el 100% del terreno urbano y finca propiedad del suscrito identificado como lote *******, manzana ******* del Fraccionamiento *******, Municipio de Juárez, Chihuahua, Inmueble inscrito bajo el número ******* a folios *******, del Libro *******, de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, embargo que fue inscrito ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua el 11 de mayo del 2019. Puesto que aquel embargo es derivado del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ******* en contra de *******. juicio seguido bajo el número ******* ante el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. El presente acto se reclama ya que el suscrito adquirí la propiedad del referido INMBUEBLE (sic) mediante Contrato de Compraventa celebrado con ******* y ******* a fecha 01 de mayo del 2017 y dicho inmueble dejó de ser propiedad de la Sra. ******* desde aquella fecha. REGISTRADOR Y/O ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS: Reclamo la ilegalidad e inconstitucionalidad de la inscripción marginal del embargo efectuado sobre el 100% del terreno urbano y finca propiedad del suscrito identificado como lote *******, manzana *******, del Fraccionamiento *******, Municipio de Juárez, Chihuahua, inmueble inscrito bajo el número ******* a folios *******, del Libro *******, de la Sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, embargo que fue inscrito ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua el 11 de mayo del 2019. Puesto que aquel embargo es derivado del juicio Ejecutivo Mercantil promovido por ******* en contra de *******, juicio seguido bajo el número *******, ante el Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos. El presente acto se reclama ya que el suscrito adquirí la propiedad del referido INMUEBLE mediante Contrato de Compraventa celebrado con ******* y ******* a fecha 01 de mayo del 2017 y dicho inmueble dejó de ser propiedad de la Sra. ******* desde aquella fecha. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de doce de noviembre de dos mil diecinueve, previa aclaración de la demanda, se tramitó el incidente de suspensión, se solicitó su informe previo a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, la cual se resolvió por los actos reclamados al Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, difiriéndose para el día de hoy respecto al Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, la cual se celebra de acuerdo al acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, capital del mismo nombre, al rendir su informe previo, conviene en la existencia del acto que se le reclamó, informando que son parcialmente ciertos los actos reclamados, debido a que en el juicio de origen se embargó el cincuenta por ciento de la propiedad de *******, del inmueble consistente en terreno urbano y finca identificado como lote *******, manzana *******, del *******, del municipio de Juárez, Chihuahua, inscrito bajo el registro *******, a folio *******, del libro ******* de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad del Registro Judicial Bravos. TERCERO. Concesión de la medida cautelar. Así, respecto de la suspensión que se solicita, debe precisarse que el artículo 128 de la Ley de Amparo establece los requisitos que deben reunirse previo a conceder la medida suspensional, los cuales son los siguientes: a) Que la suspensión sea solicitada por el agraviado; b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. En esa tesitura, debe acreditarse que se es parte agraviada, en el caso, dada la prontitud que se requiere para su emisión, es necesario únicamente acreditar de manera indiciaria que se es titular del derecho que se invoca. De manera indiciaria implica que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, al realizar una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar resultará agraviado, además, de que pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán daños y perjuicios de difícil reparación. En atención a que la parte quejosa en su demanda de amparo, adjuntó las siguientes documentales, de la cuales se ordenó su cotejo para que fueran agregadas al presente incidente de suspensión: Original del contrato de compraventa celebrado por ******* y ******* como parte vendedora y *******, aquí quejoso, como parte compradora, respecto de la casa habitación y del terreno urbano sobre el cual está construida, conocido como lote *******, de la manzana ******* de *******, de esta ciudad, con superficie de ******* centímetros). Certificado de existencia de gravamen, expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua, respecto del terreno urbano y finca, lote *******, manzana *******, del fraccionamiento *******, en el que se asienta un embargo a favor de ******* y otro como endosatarios en procuración de *******, sobre el 100% de la propiedad. Copia certificada del poder especial para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio otorgado a *******, por ******* y *******, respecto de la casa habitación y terreno urbano sobre el cual está construida, conocido como lote *******, de la manzana *******, de *******, en esta ciudad. Tres depósitos en la cuenta ******* a nombre de *******, por diversas cantidades. Por lo que con dichas documentales acredita, el interés jurídico suspensional en el presente juicio. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia: 1a./J. 4/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 515, del Tomo XXIX, Abril de 2009, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO Y RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, PUEDE ACREDITAR SU INTERÉS JURÍDICO INDICIARIA O PRESUNTIVAMENTE. Conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario, además de comprobarse la existencia del acto reclamado, que: a) la solicite el agraviado, b) no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y, c) sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. Ahora bien, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar de la posesión, corresponde al peticionario de garantías la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho posesorio sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución. Lo anterior, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Así, la sola presentación, por quien se ostenta tercero extraño al juicio, de un contrato privado de comodato, arrendamiento o compraventa original, aunque carente de fecha cierta, con la demanda de garantías, configura su interés presuntivo, al dar certeza, en un cálculo de probabilidades, de que efectivamente tiene una causa legal y que realmente posee el bien. En ese orden, con fundamento en el artículo 128 de legislación de la materia, y debido a que la medida cautelar solicitada no causa perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y porque de ejecutarse el acto reclamado, se causarían a la parte agraviada daños y perjuicios de difícil reparación; se concede la suspensión definitiva a José Luis Ugarte Holguín, en términos del artículo 151 de la Ley de Amparo, para que sin suspender el curso del procedimiento del que deriva el acto reclamado, se impida la entrega material al adjudicatario del inmueble identificado como lote *******, manzana *******, del fraccionamiento *******, en esta ciudad, hasta que las responsables reciban notificación de la resolución que sobre el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales se dicte. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. A fin de establecer la cantidad para el efecto señalado en el acápite anterior, es menester traer a contexto el contenido del arábigo 132 de la legislación aludida, a saber: 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para efectos suspensionales, por daño debe entenderse la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea el hecho de que el tercero perjudicado no pueda disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de aquello a lo que tiene derecho con motivo de lo resuelto por la autoridad judicial en su favor, esto es, que dicha garantía tiene por objeto únicamente resarcir el menoscabo a su poder adquisitivo por el diferimiento de obtener lo que le corresponde hasta que concluya el juicio constitucional; en tanto que los perjuicios se integran por la privación de las ganancias lícitas que se obtendrían con motivo de la disposición de lo que le pertenece. En la especie, como se vio, la medida suspensional se concedió en contra de las consecuencias jurídicas de la orden de desposesión y/o desalojo. Ahora, a fin de garantizar los posibles daños y perjuicios que se ocasionen a terceros interesados con motivo de esta medida, en caso de no concedérsele en el juicio el amparo solicitado, la presente medida cautelar surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no exhibe en cualquiera de las formas que establece la ley, como garantía la cantidad de $*******, cantidad que se determina discrecionalmente a criterio de este Juzgador, toda vez que no se cuenta con dato alguno del juicio del que deriva el acto reclamado, a fin de ponderar la naturaleza de dicho acto y tomar en cuenta las prestaciones exigidas en el procedimiento del que emana, o en su caso el monto por el que se realizó el embargo, pues lo único que exhibió la parte quejosa son los documentos descritos en párrafos que anteceden. Aunado a lo anterior, se toma en consideración que el trámite de un juicio de amparo dura aproximadamente seis meses, en el entendido que la presente medida sólo suspende la ejecución del acto reclamado, sin afectar la validez y existencia del mismo, por lo que es necesario garantizar los posibles daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar con la medida suspensional decretada a terceros interesados, por no incorporar a su patrimonio, desde que se concedió la suspensión del acto reclamado, hasta que se resuelva en definitiva, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Lo anterior, con fundamento en los artículos 129 y 132 de la Ley de Amparo. La presente suspensión surte efectos, siempre y cuando a la fecha no se hubieran realizado los actos reclamados, de lo contrario se le estaría dando efectos restitutorios los que sólo son propios de la sentencia que se pronuncia en el juicio de amparo de donde derivan los presentes autos incidentales. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2ª. LIII/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. En el entendido que si la garantía se exhibe mediante póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este Juzgado; debiendo señalar agente autorizado y domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones. La vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si opta por billete de depósito, éste contendrá entre otros, los siguientes requisitos: nombre del depositante, en el rubro correspondiente al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la quejosa" (nombre del garante por el que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión 815/2019-III; y, en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva a *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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