José Luis Treviño Flores

Expediente 186/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
186/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/10/2020

Partes del expediente

  • José Luis Treviño Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de octubre de dos mil veinte. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó respecto del acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del Artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Valoración de los cuadernos incidentales En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se negó la suspensión definitiva el incidente de suspensión original y duplicado son destruibles; de conformidad con el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de octubre de dos mil veinte, con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de octubre de dos mil veinte. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 186/2020-I-2. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, por cuestión de turno, se recibió en este Juzgado Séptimo de Distrito, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, Titular de la Fiscalía Especializada en Investigación y Persecución del Delito, Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia del Ministerio Público Zona Norte, Policía Estatal Única, Secretario de Seguridad Pública Municipal y Titular de la Comisión Estatal de Seguridad, todos con sede en esta ciudad, y del Fiscal General del Estado, con asiento en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua; a quienes les reclamó la orden de detención y/o orden de aprehensión en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró con el número 186/2020-I, se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclama un acto en materia penal, que puede tener ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra, así como su ejecución Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente, de los que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA E LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el Encargado del Despacho de la Dirección de Asunto Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en representación por ausencia del Secretario de esa corporación, la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y el Director General Jurídico en representación del Fiscal General del Estado, negaron categóricamente la existencia de los actos endilgados consistentes en la orden de detención, la orden de aprehensión y su ejecución. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 236 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, tomo VI, Materia Común, registro 917818, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Ahora, si bien es cierto que las autoridades responsables Fiscal de Distrito Zona Norte, Agente del Ministerio Público de la Agencia del Ministerio Público Zona Norte, Comisión Estatal de Seguridad y Coordinador de la Comisión Estatal de Seguridad, en sus denominaciones correctas, fueron omisas en rendir su informe justificado, y ante tal omisión debería operar la presunción del acto reclamado, en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, en el caso en concreto no es posible tal presunción. Lo anterior, dado que las autoridades de referencia tienen la calidad de ejecutoras, de modo que, si las autoridades ordenadoras Jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y el Fiscal General del Estado, negaron categóricamente la existencia de las ordenes de aprehensión y detención, resultas inconcuso que no existe un mandamiento de captura que deba cumplimentarse. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia de la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXXIV, Materia Común, visible en la página 2430, con registro 305316, del tenor que sigue: AUTORIDADES EJECUTORAS, FALTA DE INFORME DE LAS. Aunque la autoridad ejecutora no haya rendido informe justificado, no es posible presumir, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, que el acto que de ella se reclama sea cierto, si se niega por la autoridad ordenadora la existencia del mismo, pues la ejecución de lo inexistente resulta imposible. De modo que, se tienen como inexistentes los actos reclamados consistentes en las ordenes de aprehensión y detención dictadas contra la parte quejosa y su ejecución, en la medida que no fue aportado medio de prueba alguno para desvirtuar la inexistencia. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 62, 63, fracciones IV, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 186/2020-I-2, promovido por ******* respecto de los actos, por las autoridades y dadas las razones que quedaron establecidas en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Así, lo resolvió y firma el licenciado *******, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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