Jose Luis Torres Alatorre

Expediente 859/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 45 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
859/2020
Año
2020
Actuaciones
45
Última actuación
03/12/2021

Partes del expediente

  • Jose Luis Torres Alatorre
  • Jose Luis Torres Alatorre y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "1.- La calificación de detención del quejoso 2.- La medida cautelar de prisión preventiva 3.- El auto de vinculación a proceso" En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: " [.] a) Que la juez responsable deje insubsistente la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente por lo que respecta a la medida cautelar de prisión preventiva, a efecto de que subsane la deficiencia apuntada en este fallo y con plenitud de jurisdicción, se pronuncie sobre la petición realizada por el Ministerio Publico, sobre la imposición de dicha medida. b) Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia de dos de octubre de dos mil veinte, empero, con los mismos datos de prueba previamente aportados y las alegaciones de las partes, determine con libertad de jurisdicción si se advierten datos que permitan establecer que el activo puso en peligro la vida de la víctima y cuáles son éstos. Concesión que se hace extensiva al diverso acto de ejecución reclamado a la Directora del Centro de Reinserción Social número del Estado de Durango, por no haberse atacado por vicios propios. [.]" Contra ese fallo se interpuso recurso de revisión, por lo que en sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión penal 89/2021, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, confirmó el fallo recurrido. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio CJM/5830/201 signado por la Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, adjuntó el disco digital versátil que contiene la audiencia inicial de formulación de imputación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente el diverso auto de vinculación de dos de octubre de dos mil veinte, así como la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el veintiocho de septiembre de esa anualidad, y procedió emitir una nueva resolución sobre dicha vinculación y medida cautelar; documental con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con dicha documental para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; así el impetrante del amparo se inconformó con el cumplimiento que dio la responsable sobre la medida cautelar de prisión preventiva; luego, en proveído de cuatro de noviembre de esta anualidad, se tuvo por cumplida la sentencia protectora únicamente por lo que respecta a la resolución de vinculación, en tanto, se determinó que no se encontraba acatada a cabalidad en relación con la medida cautelar de prisión preventiva; por lo que requirió nuevamente a la juez responsable. Luego, en oficio CJM/6366/2021 la Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial, adjuntó el disco digital versátil que contiene la audiencia de diez de noviembre de esta anualidad, mediante la cual en cumplimiento al fallo protector y requerimiento señalado en párrafo precedente, resolvió nuevamente sobre la medida cautelar de prisión preventiva. En acuerdo de doce de noviembre siguiente, se dio vista a las partes con dicha documental. Del análisis de la resolución dictada el diez de noviembre, se advierte que la autoridad responsable al momento de resolver sobre la prisión preventiva, cerró el debate y determinó imponer de manera oficiosa prisión preventiva, por haberse realizado el hecho delictivo con un medio violento como lo es un arma; además, en relación al ejercicio de proporcionalidad que prevé el numeral 156 de Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó por lo que respecta a la idoneidad y proporcionalidad que no obstante que no hubiera en la carpeta de investigación un análisis de riesgo, empero, se advertía que la víctima se encontraba en riesgo de ser agredida nuevamente, por lo que la imposición de dicha medida cautelar era precisamente para garantizar la vida de aquélla. Además, señaló que tratándose de prisión preventiva oficiosa no es necesario atender al requisito que señala el dispositivo 156 de dicha codificación, con lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de los documentos mencionados. Por otra parte, si bien es cierto que el impetrante al desahogar la vista que se le dio con el citado cumplimiento, aduce, no se encuentra cumplida la sentencia que concedió el amparo y la protección de la justicia, en virtud que no se realizó el ejercicio de proporcionalidad, empero, de los argumentos reseñados en párrafos precedentes se estima que la juez responsable sí realizó dicho ejercicio conforme a los argumentos a que se ha hecho referencia, de ahí que no le asista la razón. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de su anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    AVISO TERCERO INTERESADO Y AVISO PARTE QUEJOSA ACUERDO DE FECHA TRES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "1.- La calificación de detención del quejoso 2.- La medida cautelar de prisión preventiva 3.- El auto de vinculación a proceso" En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: " [.] a) Que la juez responsable deje insubsistente la audiencia de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, únicamente por lo que respecta a la medida cautelar de prisión preventiva, a efecto de que subsane la deficiencia apuntada en este fallo y con plenitud de jurisdicción, se pronuncie sobre la petición realizada por el Ministerio Publico, sobre la imposición de dicha medida. b) Deje insubsistente la resolución de vinculación a proceso dictada en audiencia de dos de octubre de dos mil veinte, empero, con los mismos datos de prueba previamente aportados y las alegaciones de las partes, determine con libertad de jurisdicción si se advierten datos que permitan establecer que el activo puso en peligro la vida de la víctima y cuáles son éstos. Concesión que se hace extensiva al diverso acto de ejecución reclamado a la Directora del Centro de Reinserción Social número del Estado de Durango, por no haberse atacado por vicios propios. [.]" Contra ese fallo se interpuso recurso de revisión, por lo que en sentencia dictada el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión penal 89/2021, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, confirmó el fallo recurrido. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio CJM/5830/201 signado por la Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, adjuntó el disco digital versátil que contiene la audiencia inicial de formulación de imputación de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, mediante la cual en cumplimiento al fallo protector, dejó insubsistente el diverso auto de vinculación de dos de octubre de dos mil veinte, así como la medida cautelar de prisión preventiva impuesta el veintiocho de septiembre de esa anualidad, y procedió emitir una nueva resolución sobre dicha vinculación y medida cautelar; documental con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con dicha documental para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera; así el impetrante del amparo se inconformó con el cumplimiento que dio la responsable sobre la medida cautelar de prisión preventiva; luego, en proveído de cuatro de noviembre de esta anualidad, se tuvo por cumplida la sentencia protectora únicamente por lo que respecta a la resolución de vinculación, en tanto, se determinó que no se encontraba acatada a cabalidad en relación con la medida cautelar de prisión preventiva; por lo que requirió nuevamente a la juez responsable. Luego, en oficio CJM/6366/2021 la Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Familiar del Primer Distrito Judicial, adjuntó el disco digital versátil que contiene la audiencia de diez de noviembre de esta anualidad, mediante la cual en cumplimiento al fallo protector y requerimiento señalado en párrafo precedente, resolvió nuevamente sobre la medida cautelar de prisión preventiva. En acuerdo de doce de noviembre siguiente, se dio vista a las partes con dicha documental. Del análisis de la resolución dictada el diez de noviembre, se advierte que la autoridad responsable al momento de resolver sobre la prisión preventiva, cerró el debate y determinó imponer de manera oficiosa prisión preventiva, por haberse realizado el hecho delictivo con un medio violento como lo es un arma; además, en relación al ejercicio de proporcionalidad que prevé el numeral 156 de Código Nacional de Procedimientos Penales, determinó por lo que respecta a la idoneidad y proporcionalidad que no obstante que no hubiera en la carpeta de investigación un análisis de riesgo, empero, se advertía que la víctima se encontraba en riesgo de ser agredida nuevamente, por lo que la imposición de dicha medida cautelar era precisamente para garantizar la vida de aquélla. Además, señaló que tratándose de prisión preventiva oficiosa no es necesario atender al requisito que señala el dispositivo 156 de dicha codificación, con lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de los documentos mencionados. Por otra parte, si bien es cierto que el impetrante al desahogar la vista que se le dio con el citado cumplimiento, aduce, no se encuentra cumplida la sentencia que concedió el amparo y la protección de la justicia, en virtud que no se realizó el ejercicio de proporcionalidad, empero, de los argumentos reseñados en párrafos precedentes se estima que la juez responsable sí realizó dicho ejercicio conforme a los argumentos a que se ha hecho referencia, de ahí que no le asista la razón. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido del oficio como de su anexo que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido manual, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y la definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista que se ordenó darle en proveído de doce del mes y año en curso, y realiza diversas manifestaciones; resérvese acordar lo que en derecho corresponda hasta que se aborde el estudio sobre el cumplimiento o no que las autoridades dieron a la sentencia dictada en autos. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por la Juez Primera Especializada en Materia Familiar y de Control y Enjuiciamiento en Materia Penal del Primer Distrito Judicial, residente en esta ciudad, al que anexa constancias relativas al cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Con fundamento en el artículo 196 de la citada ley reglamentaria, dese vista de manera personal a las partes con dicho oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, computado legalmente, expresen lo que a sus derechos convenga; hecho lo anterior, provéase lo procedente. Notifíquese personalmente.

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