José Luis Soto Olivas

Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1173/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • José Luis Soto Olivas

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y apareciendo que no se recurrió la resolución de fecha treinta de septiembre del año en curso, en la que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ****, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta y en funciones de Juez de Control del Décimo Tercer Distrito Judicial en esta ciudad; con fundamento en los artículos 97 fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, así como el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicha resolución. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, a consideración del suscrito juzgador, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Juez de Primera Instancia con Jurisdicción Mixta y en funciones de Juez de Control del Décimo Tercer Distrito Judicial de Nombre de Dios, Durango. II. Creación del expediente. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1173/2022. III. Decisión sobre la instancia. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo que se provee, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse. Se explica, los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y, que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En el caso particular, se materializa la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" De lo transcrito se tiene que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos en el juicio, únicamente cuando tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. De lo que se tiene que el juicio de amparo no podrá promoverse contra cualquier resolución o actuación que se dicte en un procedimiento, sino sólo contra aquéllos cuyos efectos causen un gravamen irreparable al peticionario del amparo, definido éste por la propia ley, como aquél que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Ahora, del análisis del escrito de demanda que se provee, se advierte que el quejoso reclama la negativa del Juzgado responsable de ampliar el plazo para el cierre de la investigación en la causa penal de origen, resolución emitida en audiencia de fecha cinco de septiembre del año en curso, lo que vulnera su derecho de defensa, al no contar con el tiempo suficiente para exhibir pruebas de su intención. En ese tenor, se considera que dicho acto involucra una violación que reside en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. En efecto, atendiendo a los requisitos que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 167/2020, determinó que debían reunirse para que surta un supuesto excepcional que haga procedente el juicio de amparo indirecto, a la luz de "acto de imposible reparación", debe decirse que: La negativa a otorgar prórroga para realizar actos de investigación, no implica por sí una afectación que "pueda" involucrar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiendo por éstos últimos, aquéllos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la Litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente de índole adjetiva, sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado, que contextualizados en el momento de la emisión del auto de apertura a juicio sean independientes del resultado y desarrollo del proceso penal, así como que no se trate de una afectación material, que no sea real y actual, ni tampoco inminente. Esto, porque los datos de prueba que pudiese aportar el promovente en la etapa de investigación de la cual solicita su prórroga, no compone un producto final en el proceso con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva, la valoración en el juicio y por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Es decir, la imposibilidad del impetrante para realizar actos de investigación no tiene una ejecución inmediata y directa sobre sus derechos sustantivos, toda vez que no trastocan los derechos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria. En la inteligencia de que el calificativo de "imposible reparación" para un acto no depende de que el debate sobre su apego a la normativa vigente pueda o no ser retomado o reabierto posteriormente, en la siguiente etapa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.XVII. J/34 P (10a.) emitida por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA NEGATIVA DE DESAHOGAR EL MEDIO DE PRUEBA RELATIVO A LA OPINIÓN PERICIAL, EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN FORMALIZADA, PUES NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN AL NO TRASTOCAR LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DE DEFENSA, IGUALDAD PROCESAL Y DEBIDO PROCESO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al analizar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando en la etapa de investigación formalizada se niega al imputado exhibir los estudios que sirvieron para emitir un dictamen pericial, esto es, el descubrimiento probatorio, pues mientras para uno es improcedente, el diverso resolvió la procedencia, cuando en dicha etapa, se niegue al imputado el auxilio respecto a una diligencia de investigación para realizar una valoración pericial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito establece que es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en contra de los actos indicados, pues no se ubican dentro de aquellos de imposible reparación que como categoría excepcional prevén los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, debido a que no trastocan los derechos sustantivos de defensa, igualdad procesal y oportunidad probatoria, pues sus alcances impactan en derechos de índole procesal por no incidir en la configuración probatoria del proceso que habrá de valorar el Tribunal de Juicio Oral al dictar la sentencia. Justificación: Lo anterior, porque el Juez de Control en la etapa intermedia corrobora el descubrimiento probatorio y puede analizar la legalidad de la negativa de auxilio en la práctica de una diligencia de investigación, esto es, emprende las acciones y verifica que existan las condiciones necesarias tendentes a garantizar un trato digno e idéntico a las partes sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos previstos en la Constitución General, en los tratados internacionales y en las leyes que de ellos emanen, de manera que no se produce ningún tipo de privilegio sobre el debate; asimismo, porque aun cuando el imputado conociera la información pericial tres días antes de la audiencia intermedia, el artículo 337, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que si se requiere de más tiempo para preparar el descubrimiento podrá solicitar al Juez de Control, antes de celebrarse la audiencia intermedia o en la misma audiencia, le conceda un plazo razonable y justificado para tales efectos; aunado a ello, no se trastoca el debido proceso pues, se reitera, los datos y medios de prueba que puedan ser allegados por las partes no constituyen prueba, ni serán valorados en el juicio, por lo que no existe una incidencia respecto de la condición del imputado frente al mismo." En esa línea argumentativa, el hecho de que el debate sobre la admisión de medios de prueba no pueda ser reabierto en la audiencia de juicio, no implica que éste sea un "acto de imposible reparación", pues como ha quedado constatado, esa calificativa depende de que pueda afectar materialmente derechos sustantivos. De lo que se colige que no es factible hablar de una afectación inmediata y actual que conlleve a considerar que la negativa de prorrogar el plazo de cierre de investigación constituya un acto de imposible reparación en contra del quejoso, dado que no afecta sus derechos sustantivos, como lo serían la vida, la libertad, etc., ni su afectación es material, dado que no es real y actual. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se desecha la demanda de amparo intentada. VI. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejoso: ****. a. Domicilio. Téngase como domicilio para recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda. b. Autorizados. Se tiene como su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la ley de la materia, al licenciado ****. Asimismo, con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias de todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio se le autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio con el usuario "****", así como la práctica de notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. VI. Firma del presente acuerdo. En el entendido que de conformidad con el párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales", el presente acuerdo será firmado mediante el certificado digital de firma electrónica. Notifíquese personalmente y vía electrónica al usuario proporcionado por la parte quejosa.

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