José Luis Solano Ramírez

Expediente 380/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
380/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • José Luis Solano Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se observa que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el uno de agosto de dos mil veintidós, en la que SE SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas o que les transcurra el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo; en razón de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice 1995, del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el original del incidente de suspensión deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Se establece que el juicio principal no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General señalado, por lo que no se considera de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En cuanto al cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de DEPURACIÓN, una vez transcurridos tres años, de conformidad con lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión POR UNA PARTE SE CONCEDIÓ Y POR OTRA SE NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA. Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de DESTRUCCIÓN, al existir el cuaderno original de dicho incidente

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL...Vistos para dictar sentencia...SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. Las autoridades responsables, licenciados 1. Saray Hernández Pérez, 2. Verónica Portilla Suazo, 3. Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Jueces de Control de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz; y 6. Policía Ministerial encargado de la Jefatura de Detectives con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos que se les reclaman. La parte quejosa no aportó medio de convicción que desvirtuara la negativa pronunciada por las autoridades responsables en torno a los actos reclamados; en consecuencia, con apoyo en la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio. Se aplica a lo anterior, la jurisprudencia número 284, publicada en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." No obsta lo anterior, que los licenciados Verónica Portilla Suazo y Lulio Guadalupe Valenzuela Domínguez, Jueces de Control de Procedimiento Penal Oral y Enjuiciamiento de Orizaba, Veracruz, al rendir su informe hayan indicado que en sus respectivas salas se encuentran radicados los procesos penales *********** instruidos contra los quejosos ******** en los que, en el primero de ellos se les dictó auto de vinculación a proceso, y en el segundo no existe orden vigente en su contra; sin embargo, dichas manifestaciones no tienden a evidenciar de modo alguno la existencia de alguna orden de orden de aprehensión, búsqueda, localización y/o presentación; y su ejecución. TERCERO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que el auto admisorio se hizo del conocimiento a las partes que se requería de su consentimiento para permitir el acceso a la información confidencial, esto es, la publicación de sus datos personales, con la prevención de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73 a 79 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por *********contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas en el considerando segundo de esta sentencia, y por los motivos que se exponen en el mismo.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintiuno de julio de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en proveído de ocho de julio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto de la inexistencia de las autoridades señaladas como responsables, 4. Primer Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, y 5. Segundo Comandante Regional y/o Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, ambos con residencia en Orizaba, Veracruz; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto, y con fundamento en los artículos 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, 57 y 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la ley de la materia, se tienen por inexistentes a dichas autoridades.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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