Jose luis Rosas Lavariega

Expediente 571/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
571/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Jose luis Rosas Lavariega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el quejoso J*******; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el segundo precepto de la ley de la materia, expídase a su costa copia certificada en un tanto de las constancias que indica, y entréguese a las personas que autoriza para tal fin, dejando en autos razón de su recibo para debida constancia. Lo anterior, al no haber expuesto las razones por las cuales requiere la expedición de las copias certificadas por duplicado, pues la finalidad del precepto legal en cita, es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes; sin embargo, la expedición de más de un juego se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte el solicitante, lo que en caso no acontece.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha resolución para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que a la fecha no obre en autos el acuse de recibo del oficio dirigido a la autoridad responsable, por medio del cual se le notificó la resolución referida, en razón de que su sentido no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 474, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 315, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice mil novecientos noventa y cinco, que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable cuando el fallo del juez de Distrito le ha sido favorable y no afecta los actos de ellas reclamados, según lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, el juicio principal es susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido tres años, contados a partir de la emisión de este auto al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho Acuerdo General, al haberse por haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Finalmente, tomando en consideración que se encuentra glosado a este expediente un documento original exhibido por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado; apercibido que de no hacerlo, correrán la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos al quejoso.

  3. Principal

    Córdoba, Veracruz, veintiocho de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se advierte que actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" De conformidad con la disposición normativa en cita, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, el quejoso José Luis Rosas Lavariega, reclama la omisión por parte de las autoridades responsables de pronunciarse respecto a la interposición del recurso de inconformidad promovido en contra del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 6710 92 4126 4, derivado de la solicitud de pensión por viudez. Empero, de las constancias remitidas por la Jefa de Departamento Contencioso, representante del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada Regional Veracruz Sur, y en representación del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Orizaba, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, como justificación a su informe, se advierte que en fecha veintidós de marzo del actual, la primera de las autoridades mencionadas emitió la resolución correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por el impetrante, de la que se desprende la desechó de plano al no existir acto definitivo susceptible de ser impugnado; y remitió copia certificada de la constancia de notificación correspondiente a José Luis Rosas Lavariega, la cual se llevó a cabo de manera personal el cuatro de agosto de dos mil veintidós, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De ello deriva que los efectos de la omisión reclamada han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. En efecto, la omisión atribuida a la autoridad responsable, por no pronunciarse en torno a la interposición del recurso de inconformidad promovido en contra del acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitido en el expediente 6710 92 4126 4, derivado de la solicitud de pensión por viudez, cesó en sus efectos, pues con la notificación del mencionado acuerdo de veintidós de marzo del actual, dejó de existir de forma total, inmediata e incondicional la falta de pronunciamiento que se combate, en la medida de que, como se señaló, la autoridad responsable determinó desechar de plano el recurso planteado y lo notificó de forma personal al aquí quejoso el cuatro de agosto de dos mil veintidós. En lo conducente, se invoca como apoyo, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia al ser notoria, manifiesta e indudable la causa improcedencia actualizada, de manera que no existe elemento de prueba alguno con el que pueda desvirtuarse. Luego, es innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 10/2003, consultable en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, se deja sin efectos la fecha y hora señalada en autos para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese, por lista de acuerdos al quejoso.

  4. Principal

    Córdoba, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jefa de Departamento Contencioso, representante del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada Regional Veracruz Sur, y en representación del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Orizaba, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Orizaba, Veracruz, al que adjunta las constancias de cuenta; con su contenido, dese vista a las partes por el término de ocho días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley de Amparo se tiene como delegados de su parte a los profesionistas que indican; asimismo, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene por señalado el correo electrónico y número de teléfono que proporcionan, a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales. Asimismo, se tienen por ofrecidas las documentales de cuenta, y la instrumental de actuaciones de todo lo actuado en el juicio, en términos del precepto 119 del ordenamiento legal en cita, la cual de conformidad con lo dispuesto en el diverso numeral 123, se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Notifíquese.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano