José Luis Santana Jaimez
Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Santana Jaimez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a quince de noviembre de dos mil veintitrés Visto el estado de los autos, de los que se advierte que el once de julio de dos mil veintitrés, se dictó la sentencia correspondiente en el presente asunto; sin embargo, no se cuenta con los acuses de recibo de los oficios con los cuales se hizo del conocimiento de las autoridades responsables dicha determinación; por tal motivo, con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, gírese oficio a las autoridades responsables adjuntándoles copia de la sentencia dictada. Asimismo, se encomienda a los fedatarios judiciales adscritos a este Juzgado para que a la brevedad posible una vez realizadas las notificaciones a las autoridades, verifiquen que dentro del expediente electrónico se encuentren debidamente vinculadas Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 797/2023, promovido por José Luis Santana Jaimez contra actos del Congreso del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Luis Santana Jaimez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLESACTOS RECLAMADOS Congreso del Estado de Morelos. Comisión de Trabajo, y Seguridad Social del congreso del Estado"La omisión de acordar el escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte y catorce de febrero de dos mil veintitrés." SEGUNDO. El nueve de junio de dos mil veintitrés, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 797/2023, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; la competencia de un Juzgado proviene de la ejecución del acto, no de la residencia de las autoridades. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La omisión de acordar los escritos de veintiocho de febrero de dos mil veinte y catorce de febrero de dos mil veintitrés, por el que solicita pensión por jubilación. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Así, se tiene que la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, del Congreso del Estado de Morelos, aceptó el acto que la quejosa reclama en su contra; lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el rubro y tenor literal siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la Jurisprudencia número 278, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior conformación, visible en la página 231, tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, número de registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por su parte la autoridad responsable Congreso del Estado de Morelos, negó el acto reclamado, sin embargo, debe tenerse por cierto el mismo, en consideración a que le compete la discusión y aprobación en su caso del decreto pensionario del quejoso, una vez que le sea turnado el dictamen correspondiente. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, se procede a examinar de manera oficiosa si en la especie opera alguna causal de improcedencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, esto, al constituir una cuestión de orden público, y por tanto, de análisis previo y preferente lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia de los actos reclamados. Así, este juzgador analizará si en el caso, se actualiza alguna de las causales de improcedencia previstas en la ley de amparo, ya sea de las hechas valer por alguna de las partes o de manera oficiosa. Ahora, la autoridad responsable invoca la causal de sobreseimiento contenida en el numeral 61 fracción XXIII y 5 fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que aduce que no le asiste el carácter de autoridad, pues no interviene en la emisión del decreto reclamado. Ahora, dicha causal a juicio de quien resuelve involucra una cuestión del estudio del fondo del asunto, pues el análisis del acto reclamado consistirá en que se violentó el derecho petición contenido en el artículo 8º Constitucional en relación con dicho ocurso, lo que es suficiente para desestimar dicha causal y entrar al estudio de los conceptos de violación esgrimidos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J.135/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, enero de 2002, página 5, Registro 187973, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Por lo anterior, al no advertir diversa causal de improcedencia que deba analizarse de oficio o invocada por alguna de las partes, se procede entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa en la demanda de amparo. QUINTO. Estudio del concepto de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis del único concepto de violación expuesto en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. La parte quejosa refiere que la omisión de la autoridad responsable viola en su perjuicio el artículo 8° de la Constitución general, ya que no ha obtenido una respuesta a su solicitud de pensión por jubilación solicitada el veintiocho de febrero de dos mil veinte y catorce de febrero de dos mil veintitrés. Dicho concepto de violación es fundado y suficiente para conceder el amparo y protección solicitado, debido a que la responsable incurre en una violación al artículo 8° de la Constitución general, en virtud de que ha sido omiso en emitir una respuesta y notificarla en el domicilio proporcionado para tal efecto. Para justificar lo anterior, se estima pertinente transcribir el precepto constitucional invocado, el cual dice: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". En términos generales, el derecho de petición se refiere al requerimiento que hace el gobernado para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por escrito a la solicitud del peticionario. La importancia de este derecho se manifiesta en que sus diversas modalidades dan origen a las más variadas formas de relación institucional entre gobernantes y gobernados, además de que contribuye a la creación de los mecanismos para garantizar a los segundos, la respuesta eficiente y expedita de parte de las autoridades del Estado a la formulación de sus requerimientos. Así, se tiene que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece los elementos que debe tener la petición que se formule a las autoridades, los cuales son: -Debe realizarse de manera pacífica y respetuosa; -Ser dirigida a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada, y -El peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. Por su parte, la respuesta de la autoridad debe ceñirse a lo siguiente: -Debe ineludiblemente emitir un acuerdo o respuesta; -Ha de producirse en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; -Tendrá que ser congruente con la petición; -La autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; -No existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quién se formuló, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y -La respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejerció el derecho y no por autoridad diversa. Precisadas las características de la petición y su consecuente respuesta, se tiene a la vista el escrito de la parte quejosa, ingresado el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la oficialía de partes del Poder Legislativo del Estado de Morelos, por el cual solicitó su pensión por jubilación y señaló el domicilio para oír y recibir notificaciones, asimismo, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, ingreso hoja de servicios para ser considerada al momento de resolver la petición de pensión. Así, se tiene que la parte quejosa cumplió a cabalidad con los requisitos para ejercer su derecho de petición. No obstante ello, a la fecha de la presente resolución no se tiene noticia de que la autoridad responsable hubiere emitido el acuerdo o respuesta a través de la cual hubiere dado contestación a la solicitud que se planteó, ni mucho menos que se hubiere notificado en el domicilio señalado para ello. Por tanto, ante la omisión de la responsable, se vulnera en perjuicio de la parte quejosa el derecho consagrado en el referido artículo 8° constitucional. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número XXI.1o.P.A. J/27, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa. Así, se insiste ha sido omisa en pronunciarse sobre lo solicitado por la parte quejosa (solicitud de decreto pensionario al Congreso del Estado de Morelos), lo anterior de conformidad con el artículo 57 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. SEXTO. Efectos del amparo. Por lo tanto, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por José Luis Santana Jaimez, para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, en caso de no haberlo hecho: Realice las gestiones necesarias para que con plenitud de jurisdicción, resuelva de manera fundada, motivada y congruente la solicitud de pensión presentada mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veinte y catorce de febrero de dos mil veintitrés, y lo notifique en términos de las leyes y normatividad aplicable al acto. Sin que la presente determinación constriña a la autoridad responsable, a que provea necesariamente de conformidad con lo solicitado por el promovente -aquí quejoso-, sino que están en libertad de resolver de conformidad conforme los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso concreto. Con independencia de lo anterior, debe señalarse que en caso de ser necesario podrá vincularse al cumplimiento del presente juicio de amparo, a una autoridad diversa; en el entendido de que se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento al punto precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento del que se duele la parte quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1° y 77, fracción II, y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Santana Jaimez, respecto de la omisión reclamada al Congreso del Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de la secretaria con quien actúa Roberto Bravo Vargas. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del estado de Morelos LV Legislatura y el Presidente del Congreso del Estado de Morelos, LV Legislatura. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable citada en primer término a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por formuladas las causales de improcedencia y sobreseimiento que hace valer la autoridad oficiante, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de junio de dos mil veintitrés Téngase por recibida la demanda de amparo presentada físicamente, por José Luis Santana Jaimez, contra actos de Congreso del Estado de Morelos y la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el número que corresponda, de conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Admisión de la demanda Con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. Precisión del acto reclamado Ahora bien, del escrito de demanda, se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Congreso del Estado de Morelos La omisión de acordar el escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil veinte Comisión de trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos La omisión de acordar el escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés Del incidente de suspensión Sin que haya lugar a tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Requerimiento a la autoridad responsable de informe justificado Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias en que se apoye el acto que se le reclama. Se exhorta a las responsables para que remitan su informe justificado a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o bien, a través del correo electrónico 3jdo18cto@correo.cjf.gob.mx, escaneado de manera clara y legible, y con la evidencia criptográfica que acredite el empleo de la Firma Electrónica Certificada "FIREL" o "e.firma" del Servicio de Administración Tributaria, en términos del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". En el entendido de que, de presentarse promociones o recursos a través de esos medios, sin que cuenten con la firma electrónica de la persona servidora pública que los suscriba, podrán ser desechados, de conformidad con la jurisprudencia PC.XVII. J/3 K (11a.) , del Pleno del Decimoséptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDAS, PROMOCIONES Y RECURSOS EN EL JUICIO DE AMPARO. SI SE PRESENTAN EN EL CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL EN FORMA DIGITAL, DEBEN DESECHARSE SI NO CUENTAN CON LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL)". A su vez, se pone a disposición de las partes el teléfono celular 7773890206, para efectos de confirmar la recepción de promociones. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe con justificación, se les impondrá en la sentencia respectiva, una medida de apremio equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 de la Ley de Amparo, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que las autoridades responsables podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De la audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. De las pruebas Por otra parte, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por anunciadas las pruebas documentales que ofrece, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional respectiva. Del expediente electrónico Se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, así como las notificaciones electrónicas, siempre y cuando la cuenta se encuentre registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.) , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL. Domicilio procesal y autorizados Para el caso en que el usuario proporcionado no se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la ley reglamentaria, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala. Respecto de las demás personas se les tiene por autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, dado que no cuentan con cédulas profesionales. De las notificaciones a las partes Se instruye al Actuario de la adscripción para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª/J.176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero 2013, tomo 2, página 1253, materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Ahora bien, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación En términos del numeral 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción y con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III, del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. Obligación de las partes de informar causal de sobreseimiento Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten; en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una medida de apremio equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a que se ha hecho referencia, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Disponibilidad del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea" a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Consulta del expediente vía internet Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de Internet www.cjf.gob.mx. Notifíquese Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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