José Luis Sánchez Contreras
Expediente 1002/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Luis Sánchez Contreras
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diez de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del recurso de queja 360/2022, concluyendo en su punto resolutivo que es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja.". En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se determinó desechar la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que si presentaron documentos originales dentro del juicio de amparo que nos ocupa se le haga entrega de los mismos; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, trece de septiembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de quince de agosto de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha ninguna de las partes ejerciera ese derecho; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ". Respecto de la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Deyanira Flores Estrada, Julio CésarAranda Vázquez y Felipe Alberto Munguía Herrera, y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. Del mismo modo, con el propósito de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. En caso de no haberlo hecho, notifique personalmente a las partes el contenido del acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veinte para que puedan tener conocimiento de su contenido y surta sus efectos legales. Por cuanto a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, y testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González ofrecidas por la demandada, deberá señalar nueva fecha para su desahogo. A efecto de evitar diferimientos innecesarios, deberá notificar oportunamente a las partes que deban tener intervención en la confesional de mérito, o en su defecto, declarar la imposibilidad para ello o bien, la deserción de las mismas. Finalmente, deberá realizar las gestiones necesarias para logra el desahogo de los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada. .". Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo a la parte actora por desistida de su desahogo por así convenir a sus intereses; la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y, el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, la Junta responsable decretó su deserción. Y la prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno se hicieron efectivos los apercibimientos y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós, fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; constancias con las cuales se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Con base en lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber realizado las gestiones necesarias y procedió al desahogo y/o decretar su deserción de las pruebas faltantes por desahogar, tal como quedó señalado en párrafos que anteceden y fue indicado en la ejecutoria de amparo. Por ello este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable realizara las gestiones a efecto de desahogar las pruebas faltantes por desahogar las cuales fueron ofrecidas por las partes o declarar su imposibilidad para su desahogo. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acreditó que la prueba confesional a cargo del ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, por conducto de la persona física facultada para ello, el ocho de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por desistida a la actora de su desahogo por así haberlo manifestado y convenir a sus intereses, la prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Julio César Aranda Vázquez, y de Deyanira Flores Estrada el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada. La prueba confesional y el interrogatorio libre a cargo de Felipe Alberto Munguía Herrera, se cambió la naturaleza del desahogo de dicha probanza por la prueba testimonial por hechos propios, atendiendo a las manifestaciones del actor en diligencia de ocho de julio de dos mil veintiuno y el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno la Junta responsable decretó su deserción. Y prueba confesional a cargo de Marisol Becerra de la Fuente ofrecidas por la actora, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, se decretó la deserción de dicha probanza. La prueba a la prueba confesional a cargo del José Torres Morales, el ocho de julio de dos mil veintiuno, fue desahogada, y la testimonial a cargo de Magda Karina Aranda Mejía y José Manuel Cruz González, el ocho de julio de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento y tuvo por desierta el desahogo de dicha probanza. La prueba consistente en los medios de perfeccionamiento de las pruebas documentales ofrecidas por la demandada, el diecisiete de enero de dos mil veintidós fue desahogada dicha probanza. Finalmente, por auto de ocho de junio de dos mil veintidós la Junta responsable certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar concediendo un término de dos días a las partes para formular los alegatos correspondientes, todo ello desahogado en el juicio laboral 01/485/2020; tal como se advierte de las constancias que remitió la responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Cabe destacar que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberse solicitado. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguense a los autos los oficios signados por el Delegado, el Secretario Técnico de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Estado de Michoacán y el Director de Asuntos Constitucionales y Legales, de la Consejería Jurídica del Despacho del Gobernador del Estado de Michoacán, en representación del Gobernador del Estado de Michoacán, autoridad responsable en el presente juicio, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos. Al respecto, téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María Del Rosario García Jiménez, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. Por recibido el escrito de José Luis Sánchez Contreras, directo quejoso, mediante el cual refiere interponer recurso de queja en contra del acuerdo que desechó la presente demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo se tiene a la parte quejosa interponiendo recurso de queja en contra de la determinación de cuatro de agosto de dos mil veintidós, por la que se desechó la demanda de amparo. Finalmente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa en turno del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, copia certificada del auto recurrido, el informe sobre la materia de la queja, así como de las demás constancias necesarias para el mejor conocimiento del asunto. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del diecisiete al treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el seis de junio del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/2215/2022, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
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