José Luis Sánchez Vázquez
Expediente 752/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 752/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- José Luis Sánchez Vázquez
Actuaciones
- Principal
A los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. En él comunica que dicho órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer del juicio de amparo promovido por +++. En tales condiciones se toma conocimiento que en el referido juzgado de distrito, se radicó el juicio de amparo con el número 1652/2018-I de su índice. En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción, porque carece de relevancia documental y conforme al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente
- Principal
Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ************ por propio derecho, contra un acto del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP) y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda, se observa que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: ".el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y el consentimiento otorgado a dicho proveído por una de las autoridades responsables". Dichos actos se combaten en forma exclusiva a las autoridades denominadas Director General y Coordinador General del Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP). Pero atañen a un acuerdo emitido por una de dichas autoridades, así como el consentimiento por parte de la otra autoridad señalada como responsable. Sin embargo, ningún dato existe para declarar la competencia de este juzgado, pues la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables es administrativa, además los actos reclamados son ajenos a todos los supuestos de la materia penal, que contempla el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con independencia del uso o manejo que se pretenda dar a la información solicitada por la defensora pública. Entonces el trámite y estudio del referido acto corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Estado de Puebla. Para demostrarlo basta indicar que el acuerdo emitido el veintitrés de mayo del año en curso, por el cual se da contestación al escrito de quince de mayo de dos mil dieciocho, en el que la defensora pública del quejoso solicitó a la autoridad responsable el expediente clínico de ************, toda vez que es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), es un acto emitido de una autoridad administrativa. Entonces la naturaleza de los actos reclamados en la demanda son ajenos a los actos que corresponde conocer a este órgano jurisdiccional. Por lo que el acuerdo emitido el veintitrés de mayo de esta anualidad, por el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), para nada se puede considerar materia de amparo penal, al corresponder dicho proveído a una autoridad de carácter administrativo. Todo lo cual permite considerar una excepción a la competencia de los juzgados de distrito de amparo en materia penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el artículo invocado excluye de la materia penal los actos reclamados a una autoridad administrativa, en el cual encuadra el acuerdo emitido por el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), así como el consentimiento del mismo por parte de la diversa autoridad responsable. Declinación de competencia legal. Bajo este contexto, se declara la incompetencia legal para tramitar la demanda presentada por el quejoso ********* por propio derecho, dado que este juzgado tiene asignada en forma exclusiva la materia penal -ajena a los temas de naturaleza administrativa-. Lo anterior en términos del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla. De modo que la competencia para tramitar y resolver la demanda de protección recibida, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo -relacionado con los términos del Acuerdo General 23/2015- se ordena remitir el expediente original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que ésta lo turne al juez correspondiente (en turno). Se hace notar en este punto que la decisión de remitir el expediente con la sola declaración de incompetencia legal, se justifica en el hecho de que los actos reclamados son ajenos a los supuestos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas y los delimitados en el artículo 22 de la constitución federal. En este orden, se pide al titular del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en específico al que le corresponda el trámite del presente asunto, que remita a este órgano el acuse de recibo en cuanto tenga en su poder el juicio que se remite, ya que resulta necesario para tener seguridad de la recepción y conocer la postura asumida respecto de la competencia declinada. Mientras tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes, con copia de las actuaciones del presente juicio para debida constancia legal. Además, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que cumpla en forma debida con los reportes estadísticos y las anotaciones especiales que derivan de la remisión del presente expediente. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y quedan autorizados para los mismos efectos las personas de nombre *************, **********, ********** y **********, por así haberlo solicitado. En cambio, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ***********, por encontrarse registrado en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. En otro punto, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, se hace notar que la determinación contenida en este acuerdo deberá registrarse en el sistema electrónico como una incompetencia; y una vez que se tenga el acuse del juzgado al cual se remite la demanda, habrá de ordenarse el archivo definitivo.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO, POR LO CUAL SE NOTIFICA POR LISTA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: Se recibe la demanda de protección de derechos signada por ************** por propio derecho, contra un acto del Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP) y otra autoridad. En consecuencia, se ordena formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda, se observa que el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: ".el acuerdo de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho y el consentimiento otorgado a dicho proveído por una de las autoridades responsables". Dichos actos se combaten en forma exclusiva a las autoridades denominadas Director General y Coordinador General del Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ambas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP). Pero atañen a un acuerdo emitido por una de dichas autoridades, así como el consentimiento por parte de la otra autoridad señalada como responsable. Sin embargo, ningún dato existe para declarar la competencia de este juzgado, pues la naturaleza de las autoridades señaladas como responsables es administrativa, además los actos reclamados son ajenos a todos los supuestos de la materia penal, que contempla el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, con independencia del uso o manejo que se pretenda dar a la información solicitada por la defensora pública. Entonces el trámite y estudio del referido acto corresponde a un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en el Estado de Puebla. Para demostrarlo basta indicar que el acuerdo emitido el veintitrés de mayo del año en curso, por el cual se da contestación al escrito de quince de mayo de dos mil dieciocho, en el que la defensora pública del quejoso solicitó a la autoridad responsable el expediente clínico de ********************, toda vez que es derechohabiente del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), es un acto emitido de una autoridad administrativa. Entonces la naturaleza de los actos reclamados en la demanda son ajenos a los actos que corresponde conocer a este órgano jurisdiccional. Por lo que el acuerdo emitido el veintitrés de mayo de esta anualidad, por el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), para nada se puede considerar materia de amparo penal, al corresponder dicho proveído a una autoridad de carácter administrativo. Todo lo cual permite considerar una excepción a la competencia de los juzgados de distrito de amparo en materia penal, en términos del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues el artículo invocado excluye de la materia penal los actos reclamados a una autoridad administrativa, en el cual encuadra el acuerdo emitido por el Director General del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores de los Poderes al Servicio del Estado de Puebla (ISSSTEP), así como el consentimiento del mismo por parte de la diversa autoridad responsable. Declinación de competencia legal. Bajo este contexto, se declara la incompetencia legal para tramitar la demanda presentada por el quejoso *********************por propio derecho, dado que este juzgado tiene asignada en forma exclusiva la materia penal -ajena a los temas de naturaleza administrativa-. Lo anterior en términos del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla. De modo que la competencia para tramitar y resolver la demanda de protección recibida, corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla. Por tanto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo -relacionado con los términos del Acuerdo General 23/2015- se ordena remitir el expediente original a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que ésta lo turne al juez correspondiente (en turno). Se hace notar en este punto que la decisión de remitir el expediente con la sola declaración de incompetencia legal, se justifica en el hecho de que los actos reclamados son ajenos a los supuestos de peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, proscripción, destierro, extradición, desaparición forzada de personas y los delimitados en el artículo 22 de la constitución federal. En este orden, se pide al titular del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en específico al que le corresponda el trámite del presente asunto, que remita a este órgano el acuse de recibo en cuanto tenga en su poder el juicio que se remite, ya que resulta necesario para tener seguridad de la recepción y conocer la postura asumida respecto de la competencia declinada. Mientras tanto, se ordena formar cuaderno de antecedentes, con copia de las actuaciones del presente juicio para debida constancia legal. Además, se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que cumpla en forma debida con los reportes estadísticos y las anotaciones especiales que derivan de la remisión del presente expediente. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y quedan autorizados para los mismos efectos las personas de nombre ************, por así haberlo solicitado. En cambio, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista *************, por encontrarse registrado en el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. En otro punto, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, se hace notar que la determinación contenida en este acuerdo deberá registrarse en el sistema electrónico como una incompetencia; y una vez que se tenga el acuse del juzgado al cual se remite la demanda, habrá de ordenarse el archivo definitivo.
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