Jose Luis Sanchez Andrade
Expediente 81/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 81/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Fausto Daniel Gonzalez Gonzalez
- Jose Luis Sanchez Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio III-1528/2019, signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 23/2019, interpuesto por la parte quejosa en contra del auto dictado el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 50 a 58), en el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías; misma que en su punto resolutivo señala: "ÚNICO.- Se declara infundado el recurso de queja." En tales condiciones, acúsese el recibo de estilo correspondiente al tribunal de revisión; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento. Finalmente, toda vez que los quejosos manifestaron estar recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 81/2019-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó el emplazamiento de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que la comunicación antes ordenada sea remitida con las constancias necesarias para su diligenciación.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veinte de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual comunica que por auto dictado por el Presidente de dicho órgano colegiado el dieciocho de febrero del actual, se admitió el recurso de queja interpuesto por Julio Castillo Parra defensor particular de los quejosos Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, en contra del auto dictado el treinta de enero de dos mil diecinueve, quedando registrado bajo el recurso de queja 23/2019, de lo que se toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. .
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por el defensor particular Julio Castillo Parra de los quejosos Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el treinta de enero de dos mil diecinueve (fojas 50 a 58), en el presente juicio de amparo 81/2019-D, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Así mismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios.
- Principal
(SE PUBLICA POR LISTA CITATORIO) SE NOTIFICA POR LISTA A LOS AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de enero de dos mil diecinueve RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, promovida por Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, por conducto de quien se ostenta como su defensor particular Julio Castillo Parra; fórmese expediente y regístrese con el número 81/2019-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. CUESTIONES PRELIMINARES. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente de la demanda de cuenta, la parte promovente indicó que reclama a las autoridades responsables 1. Juez Penal de Tehuacán, Puebla y 2. Director del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, lo siguiente: "(.) 1.- La resolución del incidente no especificado de revisión de prisión preventiva, de fecha catorce de Diciembre del año dos mil dieciocho, dictada en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de Amparo número 832/2018. Y Dictada por el C. JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, como autoridad ordenadora, en la cual justifica su actuar relacionándola con actividad procesal de los ahora quejosos, ya que es la que ha prolongado el dictado de la sentencia, Dentro del proceso número 284/2013-II y su acumulado 395/2013-II, resolviendo, infundada la petición formulada por el defensor particular de los ahora quejosos, relativa al cese de la prisión preventiva, y se niega a los procesados la imposición de una medida cautelar distinta, por las razones expuestas en la resolución, resolutivo que a la letra dice: `Por lo anteriormente expuesto y fundado, en lo establecido en los artículos 20 constitucional, 161,162, del código de procedimientos penales, se RESUELVE: PRIMERO: Es infundada la petición formulada por el defensor particular de los procesados, FAUSTO DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CARRASCO; O JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ANDRADE O JUAN JOSÉ SÁNCHEZ CARRASCO O JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CARRASCO, relativa al cese de la prisión preventiva de sus representados. SEGUNDO: Se niega a los procesados FAUSTO DANIEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ y JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CARRASCO; O JOSÉ LUIS SÁNCHEZ ANDRADE O JUAN JOSÉ SÁNCHEZ CARRASCO O JOSÉ LUIS SÁNCHEZ CARRASCO, la imposición de una medida cautelar distinta por las razones expuestas en la presente resolución.´ De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados en la presente vía constitucional, son la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto 832/2018, del índice de este órgano jurisdiccional, por el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, en el incidente no especificado de revisión de prisión preventiva derivado del proceso penal 284/2013-II y su acumulado 395/2013-II, en la que resolvió infundada la petición relativa al cese de prisión preventiva y negó la imposición de una medida cautelar distinta a los aquí quejosos; y su ejecución. DESECHAMIENTO. En tales condiciones, respecto del acto precisado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (..). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" XV.-(.)". Al respecto, se transcriben los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente que dicen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Por su parte, el artículo 18 de dicho cuerpo de leyes refiere: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de los numerales transcritos se colige que el juicio de amparo que no sea promovido, entre otros casos, dentro del plazo de quince días que marca el artículo 17, deviene improcedente Ello, cuando no se esté en ninguno de los cuatro supuestos de excepción a que aluden las fracciones de dicho numeral, esto es: - De treinta días, tratándose de leyes autoaplicativas o del procedimiento de extradición; - De ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión; - De siete años, si el amparo se promueve contra actos que puedan ser violatorios de los derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal; y, - En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales En el caso, no se está en ninguno de los supuestos anteriores, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 18 de la Ley de Amparo, el término para la presentación de la presente demanda es de quince días. No se soslaya que si bien, la resolución reclamada incide en la libertad personal de los aquí quejosos, lo cierto es que fue dictada dentro de un procedimiento penal, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción señaladas, y por ello, debe sujetarse por mandato del legislador, al plazo genérico de quince días para la promoción de la demanda de amparo. Resulta aplicable al caso la tesis: I.9o.P.85 P (10a.), sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, AL PERMITIR QUE TRATÁNDOSE DE ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AQUÉLLA SE PROMUEVA EN EL TÉRMINO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, NO ES INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. El artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, al establecer que cuando el acto reclamado implique, entre otros, peligro de privación de la vida o ataques a la libertad fuera de procedimiento, el juicio de amparo puede promoverse en cualquier tiempo, permite que tratándose de actos privativos de la libertad dentro de aquél, la demanda debe promoverse en el término genérico de quince días, no obstante, ello no es incompatible con los estándares establecidos en la Constitución Federal y en los instrumentos internacionales, ya que se trata de un precepto de naturaleza predominantemente procesal que tiene por objeto conservar la Norma Constitucional, lo que realiza al establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo contra actos dentro del procedimiento, y busca equilibrar los derechos humanos tanto del sentenciado como de las víctimas, sin generar al afectado un obstáculo desproporcionado que impida a alguna de las partes ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, por lo que la circunstancia de establecer un plazo para la promoción del juicio de amparo aun en tratándose de actos privativos de la libertad, obedece a una finalidad legítima, además de que con ello delimita razonablemente el derecho de acceso efectivo a la justicia, con lo que se logra un mejor equilibrio entre la prerrogativa fundamental y los derechos de las víctimas de una conducta delictiva, incluso con la regulación del plazo para acudir al juicio de amparo se rige el principio de progresividad, dado que para el ejercicio del mencionado derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 constitucional, es determinante contar con un plazo razonable que permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. Aunado a que con ello, se brinda seguridad jurídica a la víctima del delito, ya que la indefinición sobre la pervivencia jurídica de no establecerse término para promover juicios de amparo contra actos privativos de la libertad dictados dentro de un procedimiento, implica una afectación al derecho de seguridad jurídica para algunas de las partes involucradas en el proceso penal. " Ahora, según lo narrado por la parte quejosa, así como de las actuaciones deducidas del diverso juicio de amparo 832/2018 del índice de este juzgado de Distrito, con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte a manera de antecedentes, lo siguiente: 1. Por escrito presentado el treinta y uno de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, turnado al día siguiente hábil, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla con sede en San Andrés Cholula, Fausto Daniel González Gonzales y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, por conducto de su defensor particular Julio Castillo Parra, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: Teniendo tal carácter las siguientes autoridades: 1. AUTORIDAD ORDENADORA: EL JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA 2. AUTORIDAD EJECUTORA: EL DIRECTOR DEL CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE LA CIUDAD DE TEHUACÁN PUEBLA IV. ACTOS RECLAMADOS De la primera, JUEZ DE LO PENAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA reclamo: a. La resolución que resuelve el INCIDENTE NO ESPECIFICADO DE REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR (PRISIÓN PREVENTIVA) relacionado a los procesos acumulados 284/2013-II y 395/2013-lI, que se tramita ante el juez segundo de lo penal CELESTINO MARTÍNEZ BONES del Distrito judicial de Tehuacán, en la cual resolvió, la no modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, confirmando la prisión preventiva impuesta a los procesados, por considerar `Este Tribunal está imposibilitado para ello, no solo porque constitucionalmente sea improcedente, sino porque también como ya se vio en esta resolución, no se dan las condiciones objetivas para ese efecto´ argumentos que combatiré en los conceptos de violación. b. De la autoridad ejecutora, director del CERESO DE TEHUACÁN PUEBLA, se reclama la ejecución de la no modificación de la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa, dictado en contra de los quejosos al tenerlos internos en el CERESO DE TEHUACÁN PUEBLA La sentencia interlocutoria que constituye el Acto Reclamado, fue notificada a los quejosos, con fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, y al que promueve con la misma fecha, por lo que la interposición de la demanda de amparo se hace dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 17 de Ley de Amparo." (fojas 3 y 4 del juicio de amparo 832/2018). 2. Por acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, se registró bajo el número de juicio de amparo indirecto 832/208 y se admitió a trámite la demanda de garantías (fojas 22 a 29 del juicio de amparo 832/2018). 3. Seguido el procedimiento, el quince de noviembre de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Fausto Daniel González González o Fausto Daniel González Gonzáles y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, contra el acto que reclamaron del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, consistente en la resolución de diez de agosto de dos mil dieciocho, dictada en el incidente no especificado de revisión de medida cautelar tramitado en la causa penal 284/2013 y su acumulada 395/2013, en la que declaró improcedente modificar o sustituir la medida cautelar de prisión preventiva; y la ejecución de dicho acto que atribuyó al Director del Centro de Reinserción Social Regional de Tehuacán, Puebla; en términos y para los efectos precisados en los considerados séptimo y octavo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. (.)" (fojas 365 a 389 del juicio de amparo 832/2018) 4. Por auto de siete de diciembre de dos mil dieciocho, se requirió a la autoridad responsable al Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el citado juicio de derechos fundamentales. 5. A través del oficio 6446-II, el Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla, remitió a este Juzgado Federal copia certificada de la resolución que dictó el catorce de diciembre de dos mil dieciocho (la cual constituye el acto que por esta vía se combate) en el proceso penal 284/2013-II y su acumulado 395/2013-II, de su índice (fojas 465 a 474 del juicio de amparo 832/2018). 6. Mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la referida autoridad dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el mencionado juicio, ordenándose dar vista a la parte quejosa por el plazo de tres días con las constancias remitidas por el juez responsable. (fojas 475 y 476 del juicio de amparo 832/2018) 7. Dicho auto, se notificó por lista a las partes el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho (con excepción de los quejosos directos); y personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión (vía despacho) el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho; momento en el cual se les hizo saber los actos aquí reclamados (fojas 478 y 497 del juicio de amparo 832/2018) Todo lo anterior, se hace valer como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista Así, en el caso a estudio, como ya se dijo, el plazo para presentar la demanda de amparo que nos ocupa es de quince días; lapso que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de Amparo, ya transcrito, se computa de tres maneras: a) A partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) A partir del día siguiente a aquel en que el quejoso se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución Atento a lo anterior, tenemos que el plazo para presentar la demanda de los actos aquí reclamados, debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del nuevo acto o resolución que reclama, o a aquel que haya tenido conocimiento o se ostente sabedora de los actos emitidos en cumplimiento. Luego, si de los antecedentes que fueron narrados con anterioridad, se advierte que la parte quejosa conoció el acto aquí reclamado, con motivo de la vista que este juzgado de Distrito le dio en el diverso juicio de amparo 832/2018, con las constancias remitidas por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, relativas al cumplimiento de la ejecutoria dictada en dicho sumario constitucional, mediante acuerdo de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, notificado personalmente vía despacho el veintiséis del mismo mes y año, entonces, estamos ante el supuesto identificado con el inciso b) para computar los quince días, por ser ese momento cuando adquirió conocimiento de la resolución que hoy se reclama Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 40/2015 (10a.), cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo se sigue que el plazo para presentar la demanda cuando el acto reclamado se emite en cumplimiento de una sentencia que concedió la protección constitucional, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación al quejoso del nuevo acto o resolución que reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto emitido en cumplimiento o de su ejecución, y no así hasta el momento en que se le notifique, tenga conocimiento o se haga sabedor del acuerdo que declare cumplida la ejecutoria de amparo, ya que ese supuesto no está previsto en las disposiciones legales apuntadas y, por tanto, no constituye una salvedad a la regla general para el cómputo del plazo establecido en la ley para presentar la demanda respectiva." Entonces, si los quejosos tuvieron conocimiento de los actos reclamados, el veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho al diecisiete de enero de do mil diecinueve, sin contar sábados, domingos y uno de enero de dos mil diecinueve, por ser días inhábiles de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos, es evidente que su promoción fue inoportuna, lo que trae como consecuencia que el acto de que se trata, y su ejecución, sean considerados consentidos tácitamente. Es aplicable al caso, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "AMPARO CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. EL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA PROMOVER LA DEMANDA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA LEY DE AMPARO ACTUAL ENTRÓ EN VIGOR Y SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE AQUÉLLOS, POR LO QUE SI NO SE PRESENTÓ DENTRO DE ESE TÉRMINO, EXISTE CONSENTIMIENTO TÁCITO. Conforme a la regla general contenida en el artículo 17 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el juicio de amparo contra actos que afectan la libertad personal dentro del procedimiento, debe promoverse dentro del plazo de quince días, cuyo cómputo debe hacerse a partir de que ésta entró en vigor (tres de abril siguiente), y surta efectos la notificación de dichos actos; por tanto, si el quejoso estuvo en aptitud de promover la demanda dentro de ese plazo, de conformidad con el artículo quinto transitorio, párrafo segundo, de la misma ley, y no lo hizo, es evidente que tácitamente consintió el acto reclamado." En las relatadas condiciones, toda vez que, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con el 17 del mismo ordenamiento, con fundamento en lo establecido por el artículo 113 de la propia ley, se desecha de plano la demanda de amparo Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Por otra parte, este juzgador no desatiende que la finalidad del juicio de amparo es tutelar los derechos humanos de los gobernados así como de las garantías para su protección, de manera tal que no solamente les evite perjuicio que puedan ocasionarse con la ilegalidad o inconstitucionalidad de los actos de las autoridades, sino también, que dicho juicio constitucional resulta ser un medio eficaz para que se les restituya en el goce de sus derechos fundamentales afectados. Así las cosas, de la interpretación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que los mismos deben ser efectivos; es decir, ser capaces de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada, sin que ello se entienda que debe concederse, al final, lo que pide el promovente, sino solo analizar legalmente y de manera completa sus peticiones. Así, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, sino que el mismo debe ser idóneo para combatir la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida; y que además para su procedencia que sea oportuno Por tanto, aun cuando tiene el derecho a un recurso efectivo no lo exime de la obligación de cumplir con los términos y plazos establecidos en la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE No se soslaya que la demanda de cuenta fue promovida por Julio Castillo Parra, quien se ostenta como defensor particular de los quejosos Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, dentro del proceso penal 284/2013-II y su acumulado 395/2013-II, del índice del Juzgado de lo Penal de Tehuacán, Puebla; sin embargo, dado el sentido del presente acuerdo, no ha lugar a requerir la certificación correspondiente de la que se advierta la personalidad del promovente al juez de la causa, en términos del artículo 14 de Ley de Amparo. DOMICILIO. No obstante que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, toda vez que manifestaron estar recluidos en el Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que este juzgado estime pertinentes en dicho centro penitenciario. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a, de la Ley de Amparo, así como por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, líbrese despacho al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán Puebla, a efecto de que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de quien legalmente corresponda, realice lo siguiente: a) Se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social de Tehuacán, Puebla; b) Busque, por conducto del personal de custodia correspondiente, a los quejosos Fausto Daniel González González y José Luis Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Andrade o Juan José Sánchez Carrasco o José Luis Sánchez Carrasco, y se cerciore de su identidad; c) Les haga saber el órgano jurisdiccional que ordena su notificación -Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como el número de expediente -juicio de amparo 81/2019-D; d) Notifique a la parte quejosa el presente proveído; e) Les corra traslado con copia autorizada del presente auto; y, f) Asiente razón en el sentido de si los quejosos quisieron o no recibir la notificación, así como si fue su deseo o no firmar para constancia; sin que se encuentre facultada la persona encargada de realizar la diligencia para asentar manifestaciones que no se encuentren relacionadas con la notificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza a las personas encomendadas para que realicen la diligencia aún en horas y días inhábiles. En ese orden, dígase al juez auxiliante que deberá remitir dentro del término de cuarenta y ocho horas a partir de su notificación, copia certificada de las constancias que acrediten que se practicó el emplazamiento de mérito; apercibido que de no hacerlo se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo Queda a cargo de la Secretaria encargada de este asunto, cerciorarse de que las comunicaciones antes ordenadas sean remitidas con las constancias necesarias para su diligenciación AUTORIZADOS Ténganse en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, de la Ley de Amparo, como autorizados de la parte quejosa sólo para oír notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por así haberlo manifestado expresamente la parte quejosa SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico
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