Jose Luis Rodriguez Montalvo

Expediente 298/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
298/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
15/04/2019

Partes del expediente

  • Jose Luis Rodriguez Montalvo

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de tres de abril de dos mil diecinueve (fojas 14 a 20), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se declara que HA QUEDADO FIRME el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente totalmente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de DESTRUCCIÓN después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de abril de dos mil diecinueve RADICACIÓN Vista la demanda de cuenta, promovida por José Luis Rodríguez Montalvo por su propio derecho; fórmese expediente y regístrese con el número 298/2019-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado CUESTIONES PRELIMINARES En primer término, debe precisarse que el promovente acude a esta instancia constitucional en su carácter de defensor particular del imputado Marcos Altamirano de Fermín, dentro de la causa penal 50/2019, del índice del Juzgado de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con sede en Chignahuapan, Puebla, y reclama, lo siguiente: La inexacta aplicación del Artículo 8 y 14 Constitucional y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación a que el C Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial de Chignahuapan, Estado de Puebla, me revocó como Defensor del inculpado de nombre MARCOS ALATAMIRANO (sic) DE FERMÍN, fundamento ni motivo legal alguno para tal determinación en la audiencia de fecha 11 de marzo del 2019 Y que por tal motivo de impedimento no cuento con las pruebas para demostrar mi agravios De la anterior transcripción y del análisis integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado por el quejoso en la presente vía constitucional, es haber sido revocado como defensor particular del imputado Marcos Altamirano de Fermín DESECHAMIENTO Respecto del acto reclamado precisado con antelación, debe concluirse que la acción intentada mediante la demanda de amparo que se analiza, deviene improcedente, pues en la especie se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61 El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) El artículo transcrito regula el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual, como juicio excepcional que es, sólo procede contra aquellas resoluciones o actos de autoridad que no admitan recurso o medio de defensa alguno conforme al cual puedan ser revocados, modificados o nulificados; de modo que aquellas resoluciones susceptibles de ser revocadas, modificadas o anuladas, a través de tales medios de defensa ordinarios, no pueden ser impugnadas directa e inmediatamente a través del juicio de amparo (como ocurre en la especie), sino sólo lo serán aquellas resoluciones que recaigan a tales medios de defensa ordinarios previstos en la ley aplicable al caso en concreto Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I6oC J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: AMPARO PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías Ahora bien, en el caso concreto, como ya se indicó, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la determinación tomada por la juez responsable en audiencia de once de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 50/2019, mediante la cual, removió del cargo al defensor particular -aquí quejoso- del imputado En el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que contra dicho acto reclamado procede el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: Artículo 465 El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda Se afirma lo anterior, toda vez que del numeral invocado se extraen dos exigencias esenciales de procedencia: a) resoluciones de mero trámite y b) resueltas sin sustanciación Luego, del análisis de la clase de resolución emitida por la Juez de control en la audiencia de once de marzo de dos mil diecinueve, nos permite arribar a la conclusión de que se trata de una determinación de mero trámite y sin sustanciación El artículo 16 párrafo décimo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 3, fracción VII, 133, fracción I, 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevén la figura del Juez de Control, quien actúa durante las fases preliminares al juicio oral, en diversas acciones, principalmente para ponderar el correcto y necesario desenvolvimiento de la función de la justicia penal, con la preservación de los derechos y garantías; además de valorar entre otras facultades la legalidad y legitimidad de la intromisión Estatal en los derechos fundamentales, frente a las necesidades de la persecución penal Es por ello que, parte de su labor jurisdiccional, está enmarcada al respeto de los derechos fundamentales en las fases procesales iniciales, y dentro de esta categoría se extrae la tutela de una garantía de defensa técnica, que opera en favor del investigado en términos de lo establecido en el diverso 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: Artículo 121 Siempre que el Órgano jurisdiccional advierta que existe una manifiesta y sistemática incapacidad técnica del Defensor, prevendrá al imputado para que designe otro Si se trata de un Defensor privado, el imputado contará con tres días para designar un nuevo Defensor Si prevenido el imputado, no se designa otro, un Defensor público será asignado para colaborar en su defensa Si se trata de un Defensor público, con independencia de la responsabilidad en que incurriere, se dará vista al superior jerárquico para los efectos de sustitución En ambos casos se otorgará un término que no excederá de diez días para que se desarrolle una defensa adecuada a partir del acto que suscitó el cambio De lo anterior, se aprecia una facultad que posee la Juez de Control para garantizar una defensa técnica en favor del imputado, que de advertir en cualquier intervención además de ser evidente una deficiencia que comprometa el derecho sustantivo de defensa adecuada, el órgano jurisdiccional, ante esa convicción, sin mayor sustanciación, puede prevenir al imputado para que designe otro defensor y en caso de no hacerlo, designar al defensor público; de ahí que sin hacer uso de una interpretación adicional o fundamento legal, es viable arribar a la misma conclusión respecto a la procedencia del recurso de revocación, por tratarse de una determinación de mero trámite en uso de las atribuciones de tutela de derechos que otorga la ley al juzgador y sin mayor sustanciación al advertirla durante el desarrollo de su actividad jurisdiccional Lo anterior es así, puesto que por resoluciones de mero trámite a que se refiere el invocado artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe entenderse aquéllas en las que omiten analizar cuestiones de fondo del asunto; aunado a que por la expresión sin sustanciación, utilizada por el legislador en dicho precepto, debe entenderse que previo a la determinación judicial no es necesario debate de las partes Luego, si la determinación reclamada, revocación de defensa en audiencia de once de marzo de dos mil diecinueve, es considerada como una resolución de mero trámite, con la característica de ser resuelta sin sustanciación, es recurrible por la vía de revocación, con el objeto de que el mismo Órgano jurisdiccional que emitió la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda Si esto es así, previo a instar el correspondiente juicio de amparo, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio constitucional, el recurrente debió agotar el recurso aludido de revocación; por lo que, al no hacerlo, conlleva a desechar de plano la demanda de derechos fundamentales En efecto del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se contiene el principio de definitividad del juicio constitucional, el cual ordena que antes de promover la demanda de amparo, el agraviado por un acto de autoridad debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar el acto recurrido El principio de definitividad consiste en que por tratarse, el juicio de amparo, de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria De tal manera que de la lectura a la fracción del precepto invocado, puede concluirse que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, d) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto, o bien, cualquier otra parte de la ley Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada Luego, si en el caso en particular el quejoso tuvo conocimiento del acto que reclama el once de marzo de dos mil diecinueve, sin haber agotado el recurso ordinario de revocación previsto en el diverso 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ante la misma autoridad jurisdiccional, procede decretar el desechamiento de la presente demanda de garantías En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, lo procedente es desechar de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I13oA J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: DEMANDA DE AMPARO DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos manifiesto e indudable a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita Finalmente, no pasa inadvertido para el suscrito juez Federal que el aquí quejoso acude a esta instancia constitucional por propio derecho, cuando la afectación al derecho de defensa corresponde al imputado y no a éste; sin embargo, la causal de improcedencia analizada es de estudio preferente, razón por la cual, únicamente se examinó ésta Ilustra dicha consideración la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y datos siguientes: IMPROCEDENCIA ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito DOMICILIO Toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones, los estrados de este Juzgado, los cuales técnicamente no constituyen un domicilio para realizar notificaciones personales, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa, por lista de acuerdos Tiene aplicación al caso la Tesis aislada número XXII1°22k, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito que se lee a foja 1067, del tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro dice: NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público AUTORIZADOS Se tiene como autorizado en términos restringidos previstos en la última parte del segundo párrafo de la Ley de Amparo a la persona que indica el quejoso por así haberlo solicitado SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Atento a la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, Estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del Estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información DIGITALIZACIÓN Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico

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