José Luis Salinas Martínez

Expediente 130/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
130/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • José Luis Salinas Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 2339, signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual acusa recibo del diverso 2078/2023, por el que se remitieron los autos originales del presente juicio en el que se actúa, asimismo, informa que dicho tribunal aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del referido asunto. Cúmplase.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio 2988, signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, mediante el cual devuelve diligenciado a este Juzgado Federal el exhorto número 80/2023 (27/2023-E), por el que se le solicitó que en auxilio y delegación de las labores de este Juzgado, notificara al quejoso ******, el proveído de tres de febrero actual; acúsese recibo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. En esas condiciones, se tiene legalmente notificado al quejoso *******, del proveído de tres de febrero del presente año; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que de una consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se conoció que mediante auto de ocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado del juicio de amparo 85/2023, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, aceptó la competencia planteada a favor de un juzgado de distrito con residencia en Uruapan, para conocer de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, mismo que dada la naturaleza de los actos reclamados se ordenó su envió provisional vía electrónica. Por tanto, se ordena remitir al citado Juzgado Octavo el expediente original que se formó con la referida demanda, lo anterior para los efectos legales procedentes. De igual forma, con apoyo en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este expediente, como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio JE/2806/2023, signado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, con competencia en ejecución penal, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el diverso oficio 432/2023, signado por el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas en la Ciudad de México, en el que a su vez se adjunta escrito de demanda signado por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", y otras autoridades, en relación a que declaró su incompetencia para conocer de la citada demanda de amparo. En atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Se ordena formar y registrar los expedientes impreso, y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número 130/2023. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que este juzgado carece de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la misma por las consideraciones que a continuación se especifican. El artículo 37 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la transcripción literal que precede, se desprende que el dispositivo legal en comento establece tres reglas fundamentales para fijar la competencia: a) Que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De ahí que, para que surta efectos la competencia de un Juez de Distrito para conocer y resolver un juicio de amparo, tratándose de actos que sí tengan ejecución material, es menester que el acto reclamado deba tener ejecución, se ejecute o se haya ejecutado dentro de la jurisdicción atribuida a dicho órgano jurisdiccional. Ahora bien, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en síntesis: Falta de atención medica debido a sus padecimientos. Por tanto, este órgano de control Constitucional estima competente para conocer de la demanda de mérito, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en Uruapan, pues el acto reclamado se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", ubicado en la Carretera La Ruana-Tazumbos Km. 2 del Ejido 18 de Marzo, Buenavista Tomatlan, Michoacán, Código Postal 60500, lugar donde actualmente se encuentra privado de su libertad el quejoso ********************, pues así lo manifiesto el propio quejoso en su escrito inicial de demanda, lugar donde de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, tiene competencia dicha autoridad federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 254, de rubro y texto siguientes: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." Así como la diversa tesis sustentada por la entonces Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la página 15, Volumen 65 Segunda Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a continuación se transcribe: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares.". Y la tesis aplicada por identidad de razón, consultable en la página 41, volumen 205-216, cuarta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYA DE EJECUTARSE EL ACTO RECLAMADO. "Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que debe conocer de un juicio de garantías biinstancial es el de la jurisdicción en donde haya de ejecutarse el acto reclamado, independientemente de que la autoridad responsable radique en una demarcación distinta". Por otro lado, toda vez que el quejoso, señala como acto reclamado destacado la negativa de proporcionarle acceso al derecho y protección a la salud, traducido a que no se le atiende el padecimiento de epilepsia que ostenta, atribuidos al Director General, Director Técnico y Subdirector Técnico, así como al Titular encargado del departamento de Servicio Médico todos del Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán. En mérito a lo anterior, atendiendo a que los artículos 1°, párrafo quinto, 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señalan que en la República Mexicana, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías de protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, que queda prohibida toda discriminación motivada, entre otras cosas, por las condiciones de salud, y que toda persona tiene derecho de protección a la salud, conforme a las modalidades que defina la ley para el acceso a los servicios de salud; con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE OFICIO Y DE PLANO, los actos que impliquen riesgo en la salud del quejoso ********************, que puedan poner en peligro su vida, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, debiendo obedecer esta orden bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. En el entendido de que atendiendo al derecho humano contemplado en el mencionado artículo 4° constitucional y a la complementariedad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos, las autoridades responsables, en el ámbito que a ellas les corresponde, deberán otorgar al citado quejoso la atención y tratamiento médicos, estudios médicos, así como los medicamentos necesarios para preservar su vida, de acuerdo al padecimiento que ostenta, esto en atención a la valoración de la urgencia que se realice. Tiene aplicación, en lo conducente, la tesis I.7o.A.316 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1880, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. ES PROCEDENTE CONTRA LA ORDEN DE NO PROPORCIONAR EL TRATAMIENTO MÉDICO QUE PREVIAMENTE SE SUMINISTRABA AL QUEJOSO. El derecho a la salud, consagrado por el artículo 4o., cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la tesis P. XIX/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, comprende la recepción de medicamentos básicos para el tratamiento de las enfermedades y su suministro por las dependencias y entidades que prestan los servicios respectivos. Por tanto, si el peticionario de garantías señala como acto reclamado la orden de dejar de proporcionar medicamentos y servicio médico, necesarios para el tratamiento de una enfermedad, que recibía con anterioridad a la presentación de la demanda, debe concederse la suspensión solicitada, al reunirse los requisitos contemplados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, toda vez que la consumación del acto reclamado sería de difícil reparación, pues podría implicar un deterioro irreversible en las condiciones de salud del agraviado; además, con el otorgamiento de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público.". Lo anterior comuníquese sin demora a las autoridades responsables por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento; por lo que se requiere a las autoridades responsables para que de inmediato dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas siguientes al momento en que queden notificadas del presente acuerdo, conforme al artículo 22, última parte del párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, informen a este juzgado sobre las medidas que hayan tomado a efecto de dar cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano otorgada al multicitado quejoso..., apercibidas que de no hacerlo así, se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato implica la comisión del delito previsto en el numeral 262, fracción III, de la Ley de la materia en vigor. En la inteligencia de que si al momento de rendir su informe afirmaren una falsedad o negaren la verdad en todo o en parte, serán sancionadas en términos de la fracción I del artículo 262, de la Ley de Amparo, esto es, con una pena de prisión de tres a nueve años, multa de cincuenta a quinientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Dígase a las autoridades responsables que si desean rendir su informe respecto de la suspensión de plano vía fax o correo electrónico, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 322-69-60, extensión 1175, o al correo electrónico oficial 9jdo11cto@correo.cjf.gob.mx. En virtud a lo anterior, sin proveer sobre la admisión de la demanda, previo cuaderno de antecedentes que se forme y se deje en este órgano jurisdiccional se ordena remitir la demanda de amparo vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al juzgado de turno para la tramitación de asuntos urgentes, esto es, al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, dada la naturaleza de los actos que por esta vía se reclaman, con la atenta suplica de acusar recibo correspondiente e informar acerca de lo que provea, referente a la competencia planteada, con independencia de remitir en su momento el expediente original. Por su contenido ilustrativo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Volumen 74 Cuarta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA EN AMPARO.- La competencia en amparo corresponde al juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que ejecuta, o puede ejecutar, los actos que se reclaman, aunque la autoridad de quien emanen las órdenes, resida fuera de la jurisdicción de ese juez". Por otra parte, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), notifíquese personalmente el presente proveído al quejoso..., quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1o.4 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, publicada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con número de registro 2019918, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO A LOS QUEJOSOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR QUE SE REALICEN TANTO A ÉSTOS EN EL CENTRO DE RECLUSIÓN RESPECTIVO, COMO A QUIEN, EN EL SUMARIO CONSTITUCIONAL, TENGA ASIGNADA SU DEFENSA (INTERPRETACIÓN PRO PERSONA DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO). Conforme a la doctrina establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la concurrencia de múltiples interpretaciones respecto de una disposición normativa, debe preferirse aquella que sea más extensiva y, especialmente, la que tienda a favorecer el acceso efectivo a la jurisdicción. Ahora bien, acorde con una directriz gramatical, en su vertiente semántica, deriva que el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo puede implicar dos escenarios: (i) uno, en el que la conjunción (o) contenida en dicho precepto, se entienda en su acepción alternativa y, por ende, quede a elección del Juez de Distrito instruir que las comunicaciones condignas se materialicen, ya sea al quejoso privado de su libertad en el lugar de internamiento correspondiente, o bien, a su defensor, representante legal o persona designada para esa finalidad; y, (ii) otro, en el que la conjunción de trato, lejos de representar una disyunción al resolutor federal, conlleve la obligación ineludible de que éste ordene su práctica, invariablemente, tanto al directo quejoso privado de su libertad como a la persona que tenga asignada su defensa, para efectos del juicio biinstancial; de ahí que a pesar de que ambas opciones interpretativas deriven de procesos hermenéuticos válidos, la exégesis que produce un mayor espectro protector al justiciable es la segunda, en la medida en que potencializa el acceso a la justicia al sujeto privado de su libertad personal, ya que con esa perspectiva se garantiza que, en todos los casos, tengan conocimiento de las determinaciones dictadas en el sumario de derechos fundamentales, la persona encargada de velar por los intereses del individuo sujeto a la rectoría de la autoridad penitenciaria, así como este último de manera directa, con lo cual, a su vez, se diluye la posibilidad de que, por un descuido o negligencia del primero, se le impida al segundo controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable.". Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.11o.C.27 K (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 3424, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016464, de texto y rubro siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de amparo se harán: I. En forma personal: a) Al quejoso privado de su libertad, en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para oír notificaciones.", sin hacer distinción en la materia propia del juicio de amparo, cuya razón radica en que la falta de la notificación personal de las determinaciones emitidas en el procedimiento constitucional al quejoso privado de su libertad, puede acarrearle perjuicios de trascendencia y gravedad, no reparables con el dictado del fallo correspondiente. Con esa norma el legislador estableció una medida especial con la manifiesta intención de que el gobernado, en esa condición, tenga conocimiento de toda actuación emitida en el amparo, entre ellas, del informe justificado y los documentos que se acompañen, cuyo conocimiento certero logra que pueda objetar las pruebas aportadas por la o las responsables para desvirtuarlo, o bien, ampliar su demanda por cuanto a alguna otra autoridad, sobre diversos actos vinculados estrechamente con el reclamado, sus conceptos de violación, etcétera, que al momento de rendirse dicho informe desconocía, precisamente, por su situación." En tales condiciones, toda vez que el Centro Federal de Readaptación Social No. 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlan, Michoacán, se encuentran fuera de la jurisdicción de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, gírese, atento exhorto vía interconexión a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado, ordene a quien corresponda, notifique personalmente al aquí quejoso..., el presente proveído. Para lo cual, y a fin de evitar dilaciones procesales innecesarias, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de llevar a cabo la notificación de mérito. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente vía exhorto.

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