José Luis Rodríguez González

Expediente 140/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
140/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • José Luis Rodríguez González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; en tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. De conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/953/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de catorce de marzo actual, y al efecto informa que no existen pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente ordinario laboral número *******, de su estadística. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable mediante oficio TCA/PRES/AMP/779/2023 presentado el trece de marzo del año actual, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama en esta instancia Constitucional, lo siguiente: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMADO.- La omisión de la Responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que desde el día que se emitió el acuerdo de pruebas en fecha 03 de noviembre del año 2022 y hasta la fecha de presentación del presente amparo, la responsable no le ha notificado a la parte demandada el referido acuerdo y por consiguiente no se ha desahogado la prueba de INSPECCION OCULAR ofrecida de nuestra parte, señalada en el punto de acuerdo IV.- del referido acuerdo, en virtud de que como ya se mencionó la autoridad responsable ha sido omisa en notificar a la demandada del referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, cometiendo violación a lo establecido en el numeral 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que obliga al referido Tribunal Laboral a admitir las pruebas que estime pertinentes y desechar aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis, así como a señalar el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; por lo que resulta violatorio en nuestro perjuicio las garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales (sic) notificar a la demandada del referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, cometiendo violación a lo establecido en el numeral 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que obliga al referido Tribunal Laboral a admitir las pruebas que estime pertinentes y desechar aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis, así como a señalar el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; y como el Tribunal Laboral lejos de procurar la celeridad en el juicio ha sido omisa, ya que como podrá observar este Juzgado Federal a la fecha de presentación de la demanda de garantías sigue siendo omisa en notificar el referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, lo que se corroborara con el informe justificado y/o con las constancias que adjunte de las notificaciones hechas a las partes y de la constancia levantada en fecha 18 de enero del año 2023 (día y hora en la cual se desahogaría la PRUEBA DE INSPECCION OCULAR OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA), así como de la constancia levantadas en fecha 16 de enero del año 2023, en la cual la actuaria adscrita a dicha autoridad responsable levantó constancia de que le fue imposible notificar dicho acuerdo a la demanda ya que nadie acudía a sus llamados en el domicilio que la demanda señalo para su notificación, por lo tanto no le fue posible notificar el acuerdo; haciendo notar a este Juzgado Laboral que la responsable tuvo aproximadamente más de 60 días a efecto de realizar la notificación a la demandada desde la emisión del referido acuerdo de data 03 de noviembre del año del año 2022 a la fecha en que se desahogaría la prueba de INSPECCION OCULAR, lo que evidencia la conducta omisiva de la responsable y violatoria en nuestro perjuicio de las garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO.- La conducta omisiva de la responsable sigue siendo en perjuicio de la parte quejosa, de nuestros derechos humanos y garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16y 17 de nuestra Carta Magna, ya que de su proceder se desprende que no viene cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento Laboral, conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos, pues no ajusta su actuación a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, omitiendo impartir justicia de manera expedita, en razón a que a la fecha de presentación de la presente demanda, la responsable ha sido omisa en reprogramar y señalar nuevo día y hora para el desahogo de la prueba de INSPECCION OCULAR admitida bajo el punto de acuerdo IV. en virtud de que en fecha 18 de enero del año que transcurre no se desahogó dicha probanza por la falta de notificación de la demandada del acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, en el cual así lo ordenaba y que se ha hecho referencia en el primer concepto de violación expuesto; por lo solicitamos se nos restituya en nuestras garantías constitucionales a obtener una justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, obligando a la autoridad responsable a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran." Es decir, esencialmente la parte quejosa se duele de la omisión de desahogar la prueba de inspección ocular que ofreció en el controvertido de origen, en cuanto actora. Luego, de las copias certificadas recibidas, se advierte que la responsable mediante acta levantada el tres de marzo de dos mil veintitrés, llevó a cabo la diligencia en relación con la prueba de inspección ocular, fijada para las nueve horas con treinta minutos de ese día, dentro del expediente número *************, de su estadística. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De esta manera, de las referidas documentales se evidencia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto, que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, esto es, notificar a la parte demandada el acuerdo de la admisión de pruebas y por consiguiente el desahogo de la prueba de Inspección Ocular ofrecida por la parte aquí quejosa, también lo es, que la responsable mediante acta levantada el tres de marzo de dos mil veintitrés, llevó a cabo el desahogo de la diligencia con relación a dicha prueba de Inspección Ocular, dentro del expediente número ********************, de su estadística, habiendo notificado a todas las partes en el referido asunto. Máxime que a través del oficio que se recibe en esta actuación, la autoridad responsable indica que a la fecha no existen medios de convicción pendientes de desahogo. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/953/2023, signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por el cual da cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de catorce de marzo actual, y al efecto informa que no existen pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente ordinario laboral número *******, de su estadística. Ahora, de las constancias remitidas por la responsable mediante oficio TCA/PRES/AMP/779/2023 presentado el trece de marzo del año actual, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama en esta instancia Constitucional, lo siguiente: "IV. ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMADO.- La omisión de la Responsable de Administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que desde el día que se emitió el acuerdo de pruebas en fecha 03 de noviembre del año 2022 y hasta la fecha de presentación del presente amparo, la responsable no le ha notificado a la parte demandada el referido acuerdo y por consiguiente no se ha desahogado la prueba de INSPECCION OCULAR ofrecida de nuestra parte, señalada en el punto de acuerdo IV.- del referido acuerdo, en virtud de que como ya se mencionó la autoridad responsable ha sido omisa en notificar a la demandada del referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, cometiendo violación a lo establecido en el numeral 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que obliga al referido Tribunal Laboral a admitir las pruebas que estime pertinentes y desechar aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis, así como a señalar el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; por lo que resulta violatorio en nuestro perjuicio las garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales (sic) notificar a la demandada del referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, cometiendo violación a lo establecido en el numeral 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, que obliga al referido Tribunal Laboral a admitir las pruebas que estime pertinentes y desechar aquellas que resulten notoriamente improcedentes, contrarias a la Ley y a las buenas costumbres o que no tengan relación con la litis, así como a señalar el orden de su desahogo, primero, las del actor y después las del demandado en la forma y términos que el Tribunal estime oportuno tomando en cuenta la naturaleza de las mismas y procurando la celeridad en el procedimiento; y como el Tribunal Laboral lejos de procurar la celeridad en el juicio ha sido omisa, ya que como podrá observar este Juzgado Federal a la fecha de presentación de la demanda de garantías sigue siendo omisa en notificar el referido acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, lo que se corroborara con el informe justificado y/o con las constancias que adjunte de las notificaciones hechas a las partes y de la constancia levantada en fecha 18 de enero del año 2023 (día y hora en la cual se desahogaría la PRUEBA DE INSPECCION OCULAR OFRECIDA POR LA PARTE ACTORA), así como de la constancia levantadas en fecha 16 de enero del año 2023, en la cual la actuaria adscrita a dicha autoridad responsable levantó constancia de que le fue imposible notificar dicho acuerdo a la demanda ya que nadie acudía a sus llamados en el domicilio que la demanda señalo para su notificación, por lo tanto no le fue posible notificar el acuerdo; haciendo notar a este Juzgado Laboral que la responsable tuvo aproximadamente más de 60 días a efecto de realizar la notificación a la demandada desde la emisión del referido acuerdo de data 03 de noviembre del año del año 2022 a la fecha en que se desahogaría la prueba de INSPECCION OCULAR, lo que evidencia la conducta omisiva de la responsable y violatoria en nuestro perjuicio de las garantías previstas por los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO.- La conducta omisiva de la responsable sigue siendo en perjuicio de la parte quejosa, de nuestros derechos humanos y garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16y 17 de nuestra Carta Magna, ya que de su proceder se desprende que no viene cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento Laboral, conforme a las leyes expedidas con anterioridad a los hechos, pues no ajusta su actuación a los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, omitiendo impartir justicia de manera expedita, en razón a que a la fecha de presentación de la presente demanda, la responsable ha sido omisa en reprogramar y señalar nuevo día y hora para el desahogo de la prueba de INSPECCION OCULAR admitida bajo el punto de acuerdo IV. en virtud de que en fecha 18 de enero del año que transcurre no se desahogó dicha probanza por la falta de notificación de la demandada del acuerdo de fecha 03 de noviembre del año 2022, en el cual así lo ordenaba y que se ha hecho referencia en el primer concepto de violación expuesto; por lo solicitamos se nos restituya en nuestras garantías constitucionales a obtener una justicia de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, obligando a la autoridad responsable a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran." Es decir, esencialmente la parte quejosa se duele de la omisión de desahogar la prueba de inspección ocular que ofreció en el controvertido de origen, en cuanto actora. Luego, de las copias certificadas recibidas, se advierte que la responsable mediante acta levantada el tres de marzo de dos mil veintitrés, llevó a cabo la diligencia en relación con la prueba de inspección ocular, fijada para las nueve horas con treinta minutos de ese día, dentro del expediente número *************, de su estadística. Documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." De esta manera, de las referidas documentales se evidencia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado en este asunto, ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto, que dentro del presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de la responsable de administrar Justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, esto es, notificar a la parte demandada el acuerdo de la admisión de pruebas y por consiguiente el desahogo de la prueba de Inspección Ocular ofrecida por la parte aquí quejosa, también lo es, que la responsable mediante acta levantada el tres de marzo de dos mil veintitrés, llevó a cabo el desahogo de la diligencia con relación a dicha prueba de Inspección Ocular, dentro del expediente número ********************, de su estadística, habiendo notificado a todas las partes en el referido asunto. Máxime que a través del oficio que se recibe en esta actuación, la autoridad responsable indica que a la fecha no existen medios de convicción pendientes de desahogo. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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