Jose Luis Rubio Navarro

Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
622/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Luis Rubio Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso d), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    hago constar: que en esta fecha, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, y en atención a que el quejoso ni sus abogados autorizados, compareció a este órgano jurisdiccional a notificarse, no obstante el aviso que el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, a efecto de que dentro de los dos días hábiles siguientes se presentara a notificarse, por lo cual, al haber transcurrido dicho plazo sin que se presentara, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aviso y le notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y por lista en la página electrónica correspondiente, el contenido de la determinación de treinta de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 622/2021-VI, del índice de esta Juzgado "...Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 622/2021-VI. Desechamiento. Una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que debe desecharse respecto a las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se observa que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida, desecharla de plano. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial de demanda, mientras que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa atribuye a la Comisión Federal de Electricidad el acto reclamado siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades responsables lo siguiente: 1.- El número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana Baja California a 10 de Agosto de 2021. 2.- La falta de notificación del número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana, Baja California a 10 de Agosto de 2021. 3:- El indebido e infundado cobro por la cantidad de 9,762.68 (nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 98/100 moneda nacional). 4.- La falta de fundamentación y motivación del número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana, Baja California a 10 de Agosto de 2021. 5.- La negativa infundada por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, para la Instalación de un nuevo servicio de suministro de luz en el domicilio ubicado en callé Benito Juárez, lote 7 (siete), manzana 35 (treinta: y cinco), actualmente Avenida Benito Juárez, número 22971 (veintidós mil novecientos setenta y uno), Colonia Ejido Matamoros, en esta ciudad, solicitada por el suscrito, aun y cuando fueron cubiertos todos y cada uno de los requisitos solicitados por dicha comisión." Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Conforme a lo anterior, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, con los diversos arábigos 1° fracción I y 5° fracción II interpretado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo transcrito se advierte que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras veintidós fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita decretar la improcedencia de la instancia constitucional en razón de cualquier otro motivo derivado de la constitución Federal o de la ley, uno de los cuales es el que se obtiene de la interpretación en sentido contrario de lo establecido en el artículo 1° fracción I, en vinculación con el 5° fracción II, ambos de la ley de la materia. Ahora, el artículo 5° fracción II, transcrito con antelación, no define el concepto de autoridad, sino únicamente establece qué actos pueden considerarse como reclamables a las autoridades en la medida que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, los artículos 103 constitucional y 1° de la ley de la materia, establecen que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad; atento a lo cual, es preciso determinar el contenido y alcance de ese concepto. En primer término, desde un punto de vista estrictamente formal, las autoridades son los órganos del Estado. En cambio desde un enfoque material o sustancial, autoridad es toda entidad o persona que crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, por lo que para establecer si a quien se atribuye el acto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el País (funcionando tanto en Pleno como en Salas) ha establecido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales; las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que en palabras del Tribunal Pleno, quiere decir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. De manera que, concluye que son actos de autoridad los que resultan de las relaciones jurídicas de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y por otro, el gobernado, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la constitución. De lo hasta aquí dicho, se aprecia que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de una autoridad que actuando de manera unilateral, imperativa y coercitiva, con fundamento en una norma legal, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, que se generen en una relación de supra a subordinación, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos. De ahí que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, aun cuando en estas últimas intervenga una autoridad desprovista de imperio, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." También apoya el anterior argumento la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Caso concreto. La causa de improcedencia invocada se actualiza, debido a que el acto que se reclama a la diversa autoridad Comisión Federal de Electricidad, no constituye, ni son equiparables a actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017 que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), en la cual consideró lo siguiente: La Comisión Federal de Electricidad estará sujeta, en primer término, a lo dispuesto en sus respectivas leyes, sus reglamentos y las disposiciones que deriven de dichos ordenamientos, tales como la normatividad que emitan sus respectivos Consejos de Administración. El derecho mercantil y civil serán supletorios. La Comisión Federal de Electricidad operará como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen exorbitante de derecho privado, que permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles, esto es, que están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. La intervención del Estado consiste en asegurar, regular y controlar su prestación a través de las instituciones encargadas del sistema eléctrico nacional, mediante los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, o bien, por la operadora Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Por ejemplo, al establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores, al fiscalizar que el contrato de adhesión no someta arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, al verificar que su contenido no tenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. Tal empresa opera bajo principios de derechos privado y no público, por lo que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios, sino que está instituida para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la referencia al tema de los contratos no puede entenderse que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. La Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. El contrato de suministro de energía eléctrica tiene como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión, desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por lo que se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pactaron. Los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En los actos pactados en contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Precisado lo anterior, es dable concluir que si el acto reclamado deriva de una relación contractual, como la del suministro de energía eléctrica, generan una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entre el usuario y el referido organismo descentralizado, es inconcuso que no se le haya notificado el aviso de cobro por ajuste de factura, pues este organismo es quien envía los recibos o facturas correspondientes de los meses consumidos, facturas que en la actualidad se emiten físicamente como electrónicamente, de igual forma, el indebido cobro por la cantidad de nueve mil setecientos sesenta y dos pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional, sin referir a los meses de facturación quienes llevan un control y registro de consumo de energía eléctrica o que le haya negado la instalación de un nuevo servicio de suministro de luz en el domicilio del quejoso; pues todos estos argumentos, son trámites que se deben desahogar ante la Comisión Federal de Electricidad y llenar una serie de requisitos, así como evaluar la instalación de un nuevo servicio, no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste. Lo anterior es así, toda vez que tratándose de relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En ese contexto, es dable concluir que las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa como Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad, carecen de tal carácter para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Asimismo, es pertinente señalar que la propia Segunda Sala del alto tribunal en una nueva reflexión determinó que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; por tanto, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Robustece a lo anterior la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Por los motivos expuestos, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, así como lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Rubio Navarro, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad. Apoya esta determinación la tesis 2a./J. 2/2019 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que a la letra establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizado. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Lucía Orozco Ruiz y Alicia Martínez Aguilar, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; más no así Karen Fátima Martínez Aguilar y María Guadalupe Martínez Aguilar, a quien se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de cuenta y anexos, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 622/2021-VI. Desechamiento. Una vez analizado el escrito inicial de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que debe desecharse respecto a las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dicho precepto se observa que es obligación de este Juzgado de Distrito analizar si en la especie se actualiza alguna causal que haga improcedente el juicio de amparo y de ser así, ante lo manifiesto e indudable de la improcedencia advertida, desecharla de plano. En ese sentido, lo manifiesto consiste en que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito inicial de demanda, mientras que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causal de improcedencia es operante, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no será factible formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista de la juzgadora y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa atribuye a la Comisión Federal de Electricidad el acto reclamado siguiente: "IV.-ACTO RECLAMADO.- Reclamo de las autoridades responsables lo siguiente: 1.- El número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana Baja California a 10 de Agosto de 2021. 2.- La falta de notificación del número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana, Baja California a 10 de Agosto de 2021. 3:- El indebido e infundado cobro por la cantidad de 9,762.68 (nueve mil setecientos sesenta y dos pesos 98/100 moneda nacional). 4.- La falta de fundamentación y motivación del número de orden A0104829933, aviso de cobro por ajuste a la facturación 6591/2021, oficio número 6591/2021, Tijuana, Baja California a 10 de Agosto de 2021. 5.- La negativa infundada por parte de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en esta ciudad, para la Instalación de un nuevo servicio de suministro de luz en el domicilio ubicado en callé Benito Juárez, lote 7 (siete), manzana 35 (treinta: y cinco), actualmente Avenida Benito Juárez, número 22971 (veintidós mil novecientos setenta y uno), Colonia Ejido Matamoros, en esta ciudad, solicitada por el suscrito, aun y cuando fueron cubiertos todos y cada uno de los requisitos solicitados por dicha comisión." Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Conforme a lo anterior, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia derivada de la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXIII, con los diversos arábigos 1° fracción I y 5° fracción II interpretado a contrario sentido, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". De lo transcrito se advierte que las causas de improcedencia factibles de actualizarse en el juicio de amparo no se limitan a las hipótesis previstas en las primeras veintidós fracciones del citado numeral 61 de la Ley de Amparo, dado que su fracción XXIII posibilita decretar la improcedencia de la instancia constitucional en razón de cualquier otro motivo derivado de la constitución Federal o de la ley, uno de los cuales es el que se obtiene de la interpretación en sentido contrario de lo establecido en el artículo 1° fracción I, en vinculación con el 5° fracción II, ambos de la ley de la materia. Ahora, el artículo 5° fracción II, transcrito con antelación, no define el concepto de autoridad, sino únicamente establece qué actos pueden considerarse como reclamables a las autoridades en la medida que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto que crea, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otro lado, los artículos 103 constitucional y 1° de la ley de la materia, establecen que el juicio de amparo procede contra actos de autoridad; atento a lo cual, es preciso determinar el contenido y alcance de ese concepto. En primer término, desde un punto de vista estrictamente formal, las autoridades son los órganos del Estado. En cambio desde un enfoque material o sustancial, autoridad es toda entidad o persona que crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, por lo que para establecer si a quien se atribuye el acto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Nuestro Máximo Tribunal de Justicia en el País (funcionando tanto en Pleno como en Salas) ha establecido que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquéllas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales; las que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, lo que en palabras del Tribunal Pleno, quiere decir que el concepto de autoridad excluye a los actos de particulares. De manera que, concluye que son actos de autoridad los que resultan de las relaciones jurídicas de supra a subordinación entabladas entre los órganos de autoridad del Estado, por un lado y por otro, el gobernado, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la constitución. De lo hasta aquí dicho, se aprecia que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos que en éste se reclamen provengan de una autoridad que actuando de manera unilateral, imperativa y coercitiva, con fundamento en una norma legal, cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; es decir, que se generen en una relación de supra a subordinación, por actuar las primeras en un plano superior a los segundos. De ahí que los actos que emanan de las relaciones de supraordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, aun cuando en estas últimas intervenga una autoridad desprovista de imperio, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. En ese sentido se pronunció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." También apoya el anterior argumento la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito3, de rubro siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES." Caso concreto. La causa de improcedencia invocada se actualiza, debido a que el acto que se reclama a la diversa autoridad Comisión Federal de Electricidad, no constituye, ni son equiparables a actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que así lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017 que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), en la cual consideró lo siguiente: La Comisión Federal de Electricidad estará sujeta, en primer término, a lo dispuesto en sus respectivas leyes, sus reglamentos y las disposiciones que deriven de dichos ordenamientos, tales como la normatividad que emitan sus respectivos Consejos de Administración. El derecho mercantil y civil serán supletorios. La Comisión Federal de Electricidad operará como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. Dicho régimen exorbitante de derecho privado, que permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles, esto es, que están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. La intervención del Estado consiste en asegurar, regular y controlar su prestación a través de las instituciones encargadas del sistema eléctrico nacional, mediante los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía, o bien, por la operadora Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Por ejemplo, al establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores, al fiscalizar que el contrato de adhesión no someta arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, al verificar que su contenido no tenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. Tal empresa opera bajo principios de derechos privado y no público, por lo que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios, sino que está instituida para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la referencia al tema de los contratos no puede entenderse que dicha ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. La Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. El contrato de suministro de energía eléctrica tiene como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión, desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por lo que se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pactaron. Los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En los actos pactados en contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a Comisión Federal de Electricidad no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Precisado lo anterior, es dable concluir que si el acto reclamado deriva de una relación contractual, como la del suministro de energía eléctrica, generan una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entre el usuario y el referido organismo descentralizado, es inconcuso que no se le haya notificado el aviso de cobro por ajuste de factura, pues este organismo es quien envía los recibos o facturas correspondientes de los meses consumidos, facturas que en la actualidad se emiten físicamente como electrónicamente, de igual forma, el indebido cobro por la cantidad de nueve mil setecientos sesenta y dos pesos con sesenta y ocho centavos moneda nacional, sin referir a los meses de facturación quienes llevan un control y registro de consumo de energía eléctrica o que le haya negado la instalación de un nuevo servicio de suministro de luz en el domicilio del quejoso; pues todos estos argumentos, son trámites que se deben desahogar ante la Comisión Federal de Electricidad y llenar una serie de requisitos, así como evaluar la instalación de un nuevo servicio, no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste. Lo anterior es así, toda vez que tratándose de relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. En ese contexto, es dable concluir que las autoridades señaladas como responsables por la parte quejosa como Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad, carecen de tal carácter para efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Asimismo, es pertinente señalar que la propia Segunda Sala del alto tribunal en una nueva reflexión determinó que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial; por tanto, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil. Robustece a lo anterior la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubro y texto siguiente: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SON IMPUGNABLES EN LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. [INTERRUPCIÓN DEL CRITERIO CONTENIDO EN LA TESIS AISLADA 2a. CVII/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en criterio mayoritario, determinó en la tesis aludida que los contratos de suministro de energía eléctrica son de naturaleza administrativa. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a interrumpir dicho criterio, para determinar que de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, se advierte que las cuestiones inherentes a los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común." Por los motivos expuestos, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, así como lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por José Luis Rubio Navarro, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables Comisión Federal de Electricidad; CFE (Comisión Federal de Electricidad) Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Baja California, Zona Tijuana/Procesos Comerciales; CFE (Comisión Federal de Electricidad), Distribución en esta ciudad; CFE Suministrador de Servicios Básicos y licenciado Eduardo Sosa Montemayor, Agente Comercial de la Comisión Federal de Electricidad; todas con sede en esta ciudad. Apoya esta determinación la tesis 2a./J. 2/2019 (10a.), Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, que a la letra establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizado. Asimismo, se tienen por autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Lucía Orozco Ruiz y Alicia Martínez Aguilar, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuentan con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; más no así Karen Fátima Martínez Aguilar y María Guadalupe Martínez Aguilar, a quien se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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