Jose Luis Marine Ruiz

Expediente 567/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
567/2020
Año
2020
Actuaciones
10
Última actuación
04/05/2022

Partes del expediente

  • JOSE LUIS MARINE RUIZ y Otros.
  • Jose Luis Marine Ruiz
  • ARLEY JESUS AGUILAR SALGADO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. Que de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración, tomando en consideración que aun cuando se sobreseyó en el juicio, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; por tanto, dicha medida cautelar tiene el carácter de definitiva, por lo que una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente juicio se encontraban señaladas las once horas con treinta minutos del treinta de diciembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, la misma no tuvo lugar dada la suspensión de actividades jurisdiccionales en el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, que se sustentó en lo instruido en las circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021; y como consecuencia a la suspensión de plazos y términos procesales, práctica de diligencias y celebración de audiencias, en los asuntos no calificados como de tramitación urgente o prioritaria, o los tramitados en su modalidad de "juicio en línea". Se levanta suspensión de plazos y términos. Ahora, de conformidad con lo señalado en la diversa circular SECNO/4/2021, así como en lo establecido en el artículo 2, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, prorrogado en su vigencia por el diverso Acuerdo General 37/2020, se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al dieciocho de enero de dos mil veintiuno, lo que implica una reanudación de los plazos y términos que quedaron pausados en este juicio y no su reinicio; asimismo, se precisa que la reanudación de los plazos operará hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional; por tanto, continúese con la tramitación del presente juicio en la etapa en que se encuentra. Audiencia Constitucional. Bajo ese contexto, se señalan las doce horas con diez minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto; en el entendido que la misma se celebrará sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba en la que sea necesaria su intervención; para lo cual las partes deberán hacerlo del conocimiento de este juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante videoconferencia, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo y bajo los lineamientos establecidos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Determinación que no depara perjuicio a las partes, al estar en posibilidad de presentar alegatos de manera escrita. Se ordena notificación. Vista la certificación y el estado de autos, de los que se advierte que no obra en autos la notificación al quejoso Giovanny Peña Peña y a los defensores Marianna Lizzbeth García y Jesús Mendoza Medina del proveído de dieciocho de diciembre de dos mil veinte; por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa instrúyase a cualquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional para que de inmediato notifiquen al quejoso y a las defensoras el auto de referencia. Notificación a las partes. Por otra parte, se hace la precisión que el presente acuerdo deberá notificarse a las partes mediante lista, puesto que aun cuando el procedimiento se encontraba suspendido por causa de fuerza mayor, dicha suspensión fue menor a los seis meses a que se refiere el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, cabe decir que de la interpretación integral del artículo 26 de la Ley de Amparo, se desprende que a las autoridades responsables deberá notificarse forzosamente por oficio el auto de admisión; o en su caso, de estimarse pertinente, aquellas determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de las que son personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos o requerimientos), sin que haya disposición expresa respecto de la forma en que deban notificárseles el resto de los acuerdos, cuyo trámite es de menor trascendencia, con inclusión del diferimiento de la audiencia constitucional; por lo que se considera que éstos deben notificarse a través de lista en términos de lo previsto en la fracción III de dicho artículo. Así también, se apoya lo anterior en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 176/2012 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." A mayor abundamiento, cabe mencionar que en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020, las listas de acuerdos se harán del conocimiento de las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, conforme a lo previsto en el numeral 29 de la Ley de Amparo; y adicionalmente se colocarán en un espacio de fácil acceso al edificio para quienes acudan sin contar con una cita; aunado a la consulta que cualquiera de las partes puede realizar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1 del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Todo lo anterior, asegura el conocimiento de esta determinación. Se conmina. Por último, se conmina al secretario para que en lo subsecuente de cuenta de manera oportuna con el estado de autos. Notifíquese y personalmente al quejoso Giovanny Peña Peña y a los defensores Marianna Lizzbeth García y Jesús Mendoza Medina.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veintitrés de diciembre de dos mil veinte. Desistimiento del juicio de amparo. Vista la constancia de notificación de diecinueve de los actuales, de la cual se advierte que el quejoso José Luis Marín Ruíz, manifestó su deseo de desistirse en ese acto del presente juicio de amparo. Por tanto, al haberse producido su manifestación ante la presencia judicial se apreció su voluntad de manera indubitable y por ende, se tiene por desistido del presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo y se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia por lo que hace al quejoso José Luis Marín Ruíz; en la inteligencia que el presente juicio de amparo seguirá su trámite hasta su total conclusión por lo que hace a los diversos quejosos Carlos Efrén Estrada Cota, Javier Elías Ramírez Lugo y Giovanny Peña Peña. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia número 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la página ciento cuarenta y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, abril de dos mil, correspondiente a la Novena Época, que al rubro expresa: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; personalmente al quejoso José Luis Marín Ruíz.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Declara sin materia. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, se dio vista a la representante especial de los menores K.L.O.A. y J.Y.O.A. para que manifestara lo que a los intereses de los menores correspondiera respecto al fallecimiento del aquí quejoso, sin que hubiera realizado manifestación alguna; por lo tanto, al efecto se provee. De las constancias que obran en autos se aprecia la existencia del acta de defunción de fecha quince de mayo de dos mil veinte, a nombre del aquí quejoso Jaime Ortiz Torres, y tomando en consideración que en el presente juicio de amparo el veintiocho de febrero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que se determinó que la justicia de la unión ampara y protege al quejoso, respecto del acto reclamado, a fin de que la autoridad responsable con libertad de jurisdicción y atendiendo las circunstancias del caso, procediera a decretar un régimen de convivencia de los menores con su padre (ahora fallecido), siempre a la luz del interés superior del menor; estableciendo las medidas que estimará necesarias para que se cumplan dichas convivencias. Atento a ello, se aprecia que el amparo otorgado al quejoso no tiene un carácter económico y el amparo y protección solo afecta a su persona, es por lo que se declara sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por fallecimiento del quejoso. Sirve de sustento a lo anterior, por analogía, la tesis aislada 1a. CII/2005 que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. QUEDA SIN MATERIA SI DURANTE SU TRÁMITE FALLECE EL QUEJOSO, CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SÓLO AFECTEN DERECHOS ESTRICTAMENTE PERSONALES. La inconformidad a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo debe declararse sin materia cuando, encontrándose en trámite, se acredita fehacientemente la defunción del inconforme, siempre y cuando los actos reclamados en el juicio de garantías afecten derechos estrictamente personales del quejoso, en virtud de que la ejecutoria respectiva no podrá surtir efecto alguno". Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido la protección respecto de los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración. Cuaderno incidental original. Por su parte, se establece que el original del incidente de suspensión, se ubica en la hipótesis del artículo 21, inciso c), toda vez que se negó la suspensión provisional; por tanto, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se destruirá el expediente. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Informa periodo vacacional. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de Georgina Guadalupe Padilla Gaxiola, Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de la Defensoría Pública de la Delegación Baja California Tijuana; atento a su contenido, se tiene a la representante especial de los menores quejosos K.L.O.A. y J.Y.O.A. informando a este órgano jurisdiccional que se le autorizó su segundo periodo vacacional, el cual comprende del uno al quince de enero de dos mil veintiuno. Asimismo, informa que se designó a Eduardo Espinoza Luna, Asesor Jurídico Federal, para que en su ausencia se encargue de los requerimientos de defensa que se presenten dentro del presente juicio de amparo. En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a fin que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a Eduardo Espinoza Luna, en el domicilio Dr. ATL, número 2084, piso 7, Zona Río, C.P. 22010, en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente a Eduardo Espinoza Luna, Asesor Jurídico Federal.

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