José Luis Rosas Ramírez
Expediente 396/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 396/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Luis Rosas Ramírez
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 131 y 136 a 173); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 175), sin que hicieran manifestación al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de junio de dos mil veinte este órgano colegiado concedió a José Luis Rosas Ramírez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable procediera en los términos siguientes: "(.) I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que: 1. Reitere las determinaciones siguientes: a) Tener por demostrados los elementos constitutivos del delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 304, fracción III, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de José Luis Rosas Ramírez, así como la responsabilidad penal de la sentenciada Sandra Evangelina Munive Limón en la comisión de dicho ilícito. b) El grado de culpabilidad en el que ubicó a la sentenciada (mínimo), así como las sanciones corporal y pecuniaria impuestas. c) La suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada por el tiempo que dure la pena privativa de libertad. d) La concesión de la conmutación de la pena de prisión por multa. e) La absolución del pago de la reparación del daño moral. 2. Prescinda de dejar a salvo los derechos del ofendido para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de sentencia a través del procedimiento ágil que establece la ley de la materia. 3. En términos de esta ejecutoria de amparo, considere que el quantum de la reparación del daño moral sí está demostrado en autos y que éste asciende a trescientos ochenta mil pesos (.)" (fojas 122 vuelta y 123) Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada de uno de abril de dos mil diecinueve (foja 131). Por oficio de catorce de septiembre de dos mil veinte la Sala responsable remitió copia certificada de la nueva resolución de diez anterior, en la que realizó lo siguiente: Reiteró: a) La acreditación de los elementos constitutivos del delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala en la época de los hechos, en agravio de José Luis Rosas Ramírez, así como la responsabilidad penal de la sentenciada Sandra Evangelina Munive Limón (fojas 156 vuelta, 158, 160, 161, 162 y 172). b) El grado de culpabilidad mínimo en el que ubicó a la enjuiciada, así como la imposición de la pena corporal de tres años de prisión y un día de salario mínimo como sanción pecuniaria (fojas 163 vuelta y 164). c) La suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada (foja 172). d) La concesión del beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa (foja 172 vuelta). e) La absolución del pago de la reparación del daño moral a favor del pasivo (foja 172 vuelta). 2. Prescindió de dejar a salvo los derechos del ofendido para que los hiciera valer ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de sentencia; en consecuencia, condenó a la sentenciada al pago trescientos ochenta mil pesos por concepto de pago de la reparación del daño material (foja 172 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, seis de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo (fojas 131 y 136 a 173); además, con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 175), sin que hicieran manifestación al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de junio de dos mil veinte este órgano colegiado concedió a José Luis Rosas Ramírez, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitados, para el efecto de que la Sala responsable procediera en los términos siguientes: "(.) I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que: 1. Reitere las determinaciones siguientes: a) Tener por demostrados los elementos constitutivos del delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 304, fracción III, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, cometido en agravio de José Luis Rosas Ramírez, así como la responsabilidad penal de la sentenciada Sandra Evangelina Munive Limón en la comisión de dicho ilícito. b) El grado de culpabilidad en el que ubicó a la sentenciada (mínimo), así como las sanciones corporal y pecuniaria impuestas. c) La suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada por el tiempo que dure la pena privativa de libertad. d) La concesión de la conmutación de la pena de prisión por multa. e) La absolución del pago de la reparación del daño moral. 2. Prescinda de dejar a salvo los derechos del ofendido para que los haga valer ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de sentencia a través del procedimiento ágil que establece la ley de la materia. 3. En términos de esta ejecutoria de amparo, considere que el quantum de la reparación del daño moral sí está demostrado en autos y que éste asciende a trescientos ochenta mil pesos (.)" (fojas 122 vuelta y 123) Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que realizó lo siguiente: Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada de uno de abril de dos mil diecinueve (foja 131). Por oficio de catorce de septiembre de dos mil veinte la Sala responsable remitió copia certificada de la nueva resolución de diez anterior, en la que realizó lo siguiente: Reiteró: a) La acreditación de los elementos constitutivos del delito de fraude, previsto y sancionado por el numeral 304, fracción III, del Código Penal vigente en el Estado de Tlaxcala en la época de los hechos, en agravio de José Luis Rosas Ramírez, así como la responsabilidad penal de la sentenciada Sandra Evangelina Munive Limón (fojas 156 vuelta, 158, 160, 161, 162 y 172). b) El grado de culpabilidad mínimo en el que ubicó a la enjuiciada, así como la imposición de la pena corporal de tres años de prisión y un día de salario mínimo como sanción pecuniaria (fojas 163 vuelta y 164). c) La suspensión de los derechos políticos y civiles de la sentenciada (foja 172). d) La concesión del beneficio de la conmutación de la pena de prisión por multa (foja 172 vuelta). e) La absolución del pago de la reparación del daño moral a favor del pasivo (foja 172 vuelta). 2. Prescindió de dejar a salvo los derechos del ofendido para que los hiciera valer ante el órgano jurisdiccional competente en ejecución de sentencia; en consecuencia, condenó a la sentenciada al pago trescientos ochenta mil pesos por concepto de pago de la reparación del daño material (foja 172 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Finalmente, instrúyase a los actuarios judiciales de la adscripción para que, de ser el caso, lleven a cabo las notificaciones en el presente asunto de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Jesús Eduardo Hernández Fonseca, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe. MRA/slhl
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