José Luis Rodríguez Guevara

Expediente 609/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
609/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • José Luis Rodríguez Guevara
  • Juzgado Mercantil y de Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de quince de mayo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 609/2019, en la que concedió a José Luis Rodríguez Guevara, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable: ". a) Deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 761/2017; b) En su lugar, emita otra en la que, atienda puntualmente los argumentos con los que la parte quejosa justifica la objeción que planteó, prescindiendo de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio al dar respuesta a los mismos (tratándose de objeciones a documentales privadas). 2. Prescinda de considerar que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre del endosante "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el seis de abril de ese año; mientras que el tercero, por siete mil pesos, el veintiocho de mayo posterior, tienen eficacia demostrativa plena, en los términos precisados en la última parte de esta sentencia. c) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda" (Foja 93 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 932/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 609/2019, que contiene la sentencia dictada en el mismo, el expediente 761/2017, así como un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (fojas 112 y 113). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 147 y 148), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 153 y 154). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de uno de octubre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada (fojas 118 y 119). No se inadvierte que en tal proveído se alude a la insubsistencia de una dictada el "dieciocho de julio de dos mil diecinueve", cuando la reclamada es de dieciocho de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, el error que existe en la denominación del mes se aprecia que es solamente mecanográfico y, por lo mismo, se estima que no tiene el alcance de considerar que no quedó insubsistente el fallo impugnado en este juicio. Máxime que en la nueva sentencia dictada por la responsable, se pronunció en el sentido que la insubsistencia decretada en auto de uno de octubre de dos mil veinte, se refería a la resolución de "dieciocho de junio" (foja 129). Ahora bien, el dieciséis de octubre dos mil veinte el juez responsable emitió una nueva sentencia (fojas 126 a 145), en la que: a) Por tratarse de un tema sobre el que ya existe cosa juzgada, reiteró la absolución del pago de veinticinco mil pesos, por concepto de suerte principal, porque la misma fue cubierta por la demandada. b) Con libertad de jurisdicción determinó que la excepción de quita o pago parcial opuesta por el demandado, no quedó acreditada, ya que los tres depósitos bancarios que ofreció como prueba, no tienen alguna relación o vinculación con el importe del pagaré, sino que se refieren a un negocio distinto, y que dicha excepción no fue corroborada con algún otro medio de prueba (fojas 132 vuelta y 133). Para ello, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo, prescindió de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio, ya que dicha legislación no prevé que para que sea procedente la objeción contra las documentales privadas en el que se soporta la excepción de quita o pago parcial, el oponente debe precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar. c) Determinó que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre de "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de seis de abril siguiente; mientras que el tercero, por siete mil pesos, de veintiocho de mayo posterior, no tienen eficacia demostrativa plena para acreditar que los depósitos bancarios referidos se hicieron para cubrir alguna cantidad del préstamo de origen, al haber sido objetados y no estar adminiculados con alguna prueba que justificara que se hicieron para cubrir el préstamo (foja 133 vuelta). d) En consecuencia, también con libertad de jurisdicción, la responsable condenó a la demandada, en su calidad de deudora principal, al pago de intereses moratorios sobre la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional, demandada como suerte principal, desde la fecha en que se hizo exigible su cumplimiento, al veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que es un día ante a aquél en que se exhibió el importe de la suerte principal, y su cuantificación la reservó para la etapa de ejecución. En esta parte se advierte que la responsable reiteró que el pago de los intereses moratorios se realizara a razón del 3% mensual, luego de considerar usurario el interés pactado en el documento base de la acción a razón del 5% mensual. Finalmente, también con plenitud de jurisdicción, la responsable condenó al pago de gastos y costas originados con motivo del juicio de origen (fojas 143 y 144). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de quince de mayo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 609/2019, en la que concedió a José Luis Rodríguez Guevara, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable: ". a) Deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 761/2017; b) En su lugar, emita otra en la que, atienda puntualmente los argumentos con los que la parte quejosa justifica la objeción que planteó, prescindiendo de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio al dar respuesta a los mismos (tratándose de objeciones a documentales privadas). 2. Prescinda de considerar que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre del endosante "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el seis de abril de ese año; mientras que el tercero, por siete mil pesos, el veintiocho de mayo posterior, tienen eficacia demostrativa plena, en los términos precisados en la última parte de esta sentencia. c) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda" (Foja 93 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 932/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 609/2019, que contiene la sentencia dictada en el mismo, el expediente 761/2017, así como un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (fojas 112 y 113). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 147 y 148), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 153 y 154). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de uno de octubre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada (fojas 118 y 119). No se inadvierte que en tal proveído se alude a la insubsistencia de una dictada el "dieciocho de julio de dos mil diecinueve", cuando la reclamada es de dieciocho de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, el error que existe en la denominación del mes se aprecia que es solamente mecanográfico y, por lo mismo, se estima que no tiene el alcance de considerar que no quedó insubsistente el fallo impugnado en este juicio. Máxime que en la nueva sentencia dictada por la responsable, se pronunció en el sentido que la insubsistencia decretada en auto de uno de octubre de dos mil veinte, se refería a la resolución de "dieciocho de junio" (foja 129). Ahora bien, el dieciséis de octubre dos mil veinte el juez responsable emitió una nueva sentencia (fojas 126 a 145), en la que: a) Por tratarse de un tema sobre el que ya existe cosa juzgada, reiteró la absolución del pago de veinticinco mil pesos, por concepto de suerte principal, porque la misma fue cubierta por la demandada. b) Con libertad de jurisdicción determinó que la excepción de quita o pago parcial opuesta por el demandado, no quedó acreditada, ya que los tres depósitos bancarios que ofreció como prueba, no tienen alguna relación o vinculación con el importe del pagaré, sino que se refieren a un negocio distinto, y que dicha excepción no fue corroborada con algún otro medio de prueba (fojas 132 vuelta y 133). Para ello, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo, prescindió de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio, ya que dicha legislación no prevé que para que sea procedente la objeción contra las documentales privadas en el que se soporta la excepción de quita o pago parcial, el oponente debe precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar. c) Determinó que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre de "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de seis de abril siguiente; mientras que el tercero, por siete mil pesos, de veintiocho de mayo posterior, no tienen eficacia demostrativa plena para acreditar que los depósitos bancarios referidos se hicieron para cubrir alguna cantidad del préstamo de origen, al haber sido objetados y no estar adminiculados con alguna prueba que justificara que se hicieron para cubrir el préstamo (foja 133 vuelta). d) En consecuencia, también con libertad de jurisdicción, la responsable condenó a la demandada, en su calidad de deudora principal, al pago de intereses moratorios sobre la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional, demandada como suerte principal, desde la fecha en que se hizo exigible su cumplimiento, al veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que es un día ante a aquél en que se exhibió el importe de la suerte principal, y su cuantificación la reservó para la etapa de ejecución. En esta parte se advierte que la responsable reiteró que el pago de los intereses moratorios se realizara a razón del 3% mensual, luego de considerar usurario el interés pactado en el documento base de la acción a razón del 5% mensual. Finalmente, también con plenitud de jurisdicción, la responsable condenó al pago de gastos y costas originados con motivo del juicio de origen (fojas 143 y 144). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiséis de marzo de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de quince de mayo de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 609/2019, en la que concedió a José Luis Rodríguez Guevara, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable: ". a) Deje insubsistente la resolución dictada el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 761/2017; b) En su lugar, emita otra en la que, atienda puntualmente los argumentos con los que la parte quejosa justifica la objeción que planteó, prescindiendo de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio al dar respuesta a los mismos (tratándose de objeciones a documentales privadas). 2. Prescinda de considerar que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre del endosante "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, el seis de abril de ese año; mientras que el tercero, por siete mil pesos, el veintiocho de mayo posterior, tienen eficacia demostrativa plena, en los términos precisados en la última parte de esta sentencia. c) Hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda" (Foja 93 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 932/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, el amparo directo 609/2019, que contiene la sentencia dictada en el mismo, el expediente 761/2017, así como un sobre que contiene un pagaré por la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M.N.); y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (fojas 112 y 113). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 147 y 148), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 153 y 154). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de uno de octubre de dos mil veinte dejó insubsistente la sentencia reclamada (fojas 118 y 119). No se inadvierte que en tal proveído se alude a la insubsistencia de una dictada el "dieciocho de julio de dos mil diecinueve", cuando la reclamada es de dieciocho de junio de dos mil diecinueve; sin embargo, el error que existe en la denominación del mes se aprecia que es solamente mecanográfico y, por lo mismo, se estima que no tiene el alcance de considerar que no quedó insubsistente el fallo impugnado en este juicio. Máxime que en la nueva sentencia dictada por la responsable, se pronunció en el sentido que la insubsistencia decretada en auto de uno de octubre de dos mil veinte, se refería a la resolución de "dieciocho de junio" (foja 129). Ahora bien, el dieciséis de octubre dos mil veinte el juez responsable emitió una nueva sentencia (fojas 126 a 145), en la que: a) Por tratarse de un tema sobre el que ya existe cosa juzgada, reiteró la absolución del pago de veinticinco mil pesos, por concepto de suerte principal, porque la misma fue cubierta por la demandada. b) Con libertad de jurisdicción determinó que la excepción de quita o pago parcial opuesta por el demandado, no quedó acreditada, ya que los tres depósitos bancarios que ofreció como prueba, no tienen alguna relación o vinculación con el importe del pagaré, sino que se refieren a un negocio distinto, y que dicha excepción no fue corroborada con algún otro medio de prueba (fojas 132 vuelta y 133). Para ello, tal como se indicó en la ejecutoria de amparo, prescindió de exigir algún requisito ajeno al Código de Comercio, ya que dicha legislación no prevé que para que sea procedente la objeción contra las documentales privadas en el que se soporta la excepción de quita o pago parcial, el oponente debe precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar. c) Determinó que las documentales privadas consistentes en los comprobantes de depósito de la institución bancaria HSBC, realizados a la cuenta 6343755412, a nombre de "BONILLA R. ENRIQUE C"; el primero, por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de tres de marzo de dos mil quince; el segundo, también por dos mil trescientos setenta y cinco pesos, de seis de abril siguiente; mientras que el tercero, por siete mil pesos, de veintiocho de mayo posterior, no tienen eficacia demostrativa plena para acreditar que los depósitos bancarios referidos se hicieron para cubrir alguna cantidad del préstamo de origen, al haber sido objetados y no estar adminiculados con alguna prueba que justificara que se hicieron para cubrir el préstamo (foja 133 vuelta). d) En consecuencia, también con libertad de jurisdicción, la responsable condenó a la demandada, en su calidad de deudora principal, al pago de intereses moratorios sobre la cantidad de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional, demandada como suerte principal, desde la fecha en que se hizo exigible su cumplimiento, al veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, que es un día ante a aquél en que se exhibió el importe de la suerte principal, y su cuantificación la reservó para la etapa de ejecución. En esta parte se advierte que la responsable reiteró que el pago de los intereses moratorios se realizara a razón del 3% mensual, luego de considerar usurario el interés pactado en el documento base de la acción a razón del 5% mensual. Finalmente, también con plenitud de jurisdicción, la responsable condenó al pago de gastos y costas originados con motivo del juicio de origen (fojas 143 y 144). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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