José Luis Roque Villarreal

Expediente 56/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
56/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
10/05/2017

Partes del expediente

  • José Luis Roque Villarreal
  • Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guarda el presente incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 56/2017-4, se considera que el duplicado de este expediente deberá destruirse por parte de este juzgado, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria, en virtud de que existe el original, no tiene documentos originales exhibidos por las partes, y no es de relevancia documental, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Por cuanto al original del cuaderno incidental, toda vez que se negó la suspensión provisional y la medida cautelar definitiva respecto del acto reclamado, conforme a la fracción III del punto vigésimo primero del referido acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el original de este incidente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente, y procédase conforme al acuerdo señalado en este propio auto. Notifíquese. (4)

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diez de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra la sentencia de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitida por este juzgado de distrito, asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de diecinueve de abril de dos mil diecisiete, que sobreseyó en el presente juicio de amparo 56/2017-4, promovido por ***************************, contra el acto que reclamó del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de otras autoridades. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Asimismo, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (4)

  3. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, siendo las once horas con treinta minutos del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo (foja 86), ante la presencia judicial del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con la licenciada María Alejandra Velázquez Hernández, secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. RELACIÓN DE CONSTANCIAS Seguidamente, la secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolver el presente asunto. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con las documentales que anexó a su informe con justificación la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", por sí y en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas (fojas 34 a 74), así como la presuncional e instrumental de actuaciones que refieren la citada responsable (foja 32 vuelta) y la diversa autoridad Joel Ramírez García, Verificador adscrito a la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas (foja 83 vuelta). A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales de mérito, ya que las mismas dada su propia naturaleza no requieren preparación especial para su desahogo; por cuanto hace a la presuncional e instrumental de actuaciones se admiten sin perjuicio de tomarlas en consideración al emitir el fallo correspondiente, sin más pruebas que relatar se cierra el período probatorio. PERÍODO DE ALEGATOS Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló. A lo que el juez acuerda: en virtud de que las partes no realizaron manifestaciones a título de alegatos, se cierra dicho período. Con lo anterior, se da por concluida la presente diligencia y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 56/2017-4, promovido por **************************, contra el acto que reclamó del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y de otras autoridades, por estimar como derechos fundamentales violados en su perjuicio los consagrados en los artículos 14, 16, 17 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, **************************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que a continuación se trascriben: "3.- Autoridades responsables: 1.- C. ADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO, C. SUBADMINISTRADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO y C. VERIFICADOR DE LA ADUANA DE NUEVO LAREDO EL C. JOEL RAMIREZ GARCIA [.]. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- La privación ilegal sobre la posesión de mi vehículo MARCA DODGE, LÍNEA DURANGO TIPO SUV, MODELO 2005, COLOR GRIS, CON PLACAS DE CURCULACION NÚMERO CG4W368 DEL ESTADOS DE TEXAS E.U.A., CON NUMERO DE SERIE 1D4HB38N75F583222, por parte de las Responsables en fecha 16 de febrero del 2017 en las instalaciones del puente internacional 1 Juárez-Lincoln." SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de derechos fundamentales a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas; mediante proveído de veintitrés de febrero del presente año, se registró con el número 56/2017-4; se admitió a trámite la misma; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede (fojas 9 a 11 y 86); y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, pues en este asunto se reclaman actos de autoridades administrativas cuya ejecución se llevó a cabo dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados."; lo que además se dispone en la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 192097, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", así como en la diversa tesis P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 181810, página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, así como a las constancias que remitieron en copia certificada las autoridades responsables Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", por sí y en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las que constituyen documento público por estar certificadas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, al que se le da valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado en esta vía consiste en: ? Acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM240170180, de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete (fojas 52 a 62), en la que se decretó el embargo precautorio del vehículo Dodge, línea Durango, tipo Suv, modelo 2005, color gris, con placas de circulación CG4W368, del estado de Texas de los Estados Unidos de América, y número de serie 1D4HB38N75F583222. TERCERO. Existencia del acto reclamado Como la existencia o inexistencia del acto reclamado, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar los informes justificados rendidos por las responsables, así como las documentales remitidas en justificación de sus actos. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 206225, página 95, tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, materia común, Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Joel Ramírez García, Verificador adscrito a la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, lo que además se corrobora con las propias constancias remitidas por las responsables (fojas 34 a 74), a las que ya se les otorgó valor probatorio pleno. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 305, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394261, página 206, tomo VI, Apéndice de 1995, Parte SCJN, Quinta Época, materia común, del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia Examinada la existencia del acto reclamado se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo último del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso que nos ocupa, las autoridades responsables refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, primera parte, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley [.]." La causa de improcedencia invocada resulta fundada. El artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y el 107, fracción I, de la Constitución Federal, prevén: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.]." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico [.]." Del contenido de los preceptos trascritos, se obtienen como requisitos de procedencia del juicio de amparo: a) el quejoso acredite tener interés jurídico o legítimo -individual o colectivo-, para los asuntos en que se reclamen actos de tribunales habrá de contar con el primero de los mencionados; y, b) que ese interés legítimo o jurídico se vea agraviado. Asimismo, por agravio debe entenderse de forma general toda afectación real y actual; empero, tratándose de interés jurídico es menester que, además, sea personal y directo; en cambio, para el interés legítimo no se requiere dicha exigencia pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico -indirecta- y además provenir de un interés individual o colectivo. Los preceptos trascritos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Ley de Amparo, son claros en establecer que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, necesariamente se debe aducir la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; es decir, subsiste la necesidad de acreditar el interés jurídico. Respecto al punto aludido, conviene traer a colación que del contenido de la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación en dos de abril de dos mil trece, se obtiene que el poder constituyente decidió conservar ese aspecto del juicio de amparo, en razón de que sería inconveniente que en un juicio donde existen dos partes que estén litigando con idéntico interés, intervenga un tercero a obstaculizar el ejercicio de su derecho, con lo cual se crearía un caos ante la imposibilidad de que se ejecutaran las decisiones judiciales, y por esa razón, se establece la diferencia entre lo que son procedimientos judiciales, para los que se exige interés jurídico, y los demás actos, para cuya impugnación basta el interés legítimo. Asimismo, debe destacarse que la característica propia de los juicios, consiste en estar integrados por las fases siguientes: a) previo al juicio; b) instrucción del juicio; c) sentencia; y d) ejecución; así, análogamente se aprecia que en los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera -considerado como un procedimiento seguido en forma de juicio-, se dan etapas o fases similares a las indicadas, siendo éstas: a) fiscalización; b) determinación de créditos fiscales; y, c) ejecución; en esa tesitura, y tomando en cuenta que la posibilidad de justificar actos privativos en cualquiera de estos momentos se presenta cuando previamente se satisfagan las formalidades esenciales del procedimiento, lo cual constituye la garantía de audiencia, que implica que la persona que pueda ser afectada sea emplazada, se le dé la oportunidad de ofrecer y rendir pruebas, formule alegatos y, que se le dicte una sentencia o decisión que contemple los extremos de legalidad previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta que por identidad de razón, tratándose de actos provenientes de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, es necesario la acreditación del interés jurídico. Lo que resulta claro, pues tal y como se plantea en la demanda de amparo, el quejoso no persigue únicamente el respeto del derecho objetivo; es decir, el respeto a la norma jurídica como regla de conducta, sino que al combatir el embargo precautorio del vehículo que describe en su demanda, busca la restitución del bien afecto; dicha voluntad constituye el derecho subjetivo, al que en sentido lato se define como el interés de un bien, garantizada por la voluntad de la ley. Luego, en tratándose de actos provenientes de procedimientos seguidos en forma de juicio, como en el caso, debe subsistir la necesidad de acreditar el interés jurídico, y que el acto de autoridad le cause un agravio actual, personal y directo. Así, se estima que en el presente asunto, opera la causa de improcedencia señalada con antelación, ya que respecto de la privación del vehículo marca: Dodge, línea Durango, tipo sub, modelo 2005, color gris, con placas de circulación CG4W368, del estado de Texas de los Estados Unidos de América, y número de serie 1D4HB38N75F583222, realizado con motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM240170180; no se advierte afectación a la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior es así, ya que del informe justificado rendido por las autoridades responsables, se advierte que en el acta de dieciséis de febrero del año que trranscurre, se decretó el embargo precautorio del vehículo aludido, dentro del procedimiento administrativo en materia aduanera número AVM240170180, y que este fue instaurado en contra de **************************, en su calidad de conductor, tenedor y/o poseedor del automotriz afecto, el cual debió acreditar fehacientemente el derecho de propiedad que dice tener sobre el vehículo materia del acto reclamado, para encontrarse así, en el supuesto de afectación a su patrimonio y entonces demostrar que tiene un derecho que lo legitima a acudir a este juicio de amparo. Máxime que, como ha quedado asentado en líneas precedentes, el interés jurídico se traduce en la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado y la posterior violación o desconocimiento del mismo, lo que configura uno de los presupuestos para promover el juicio de amparo en términos de lo que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Pólitica de los Estados Unidos Mexicanos y 5, de la Ley de Amparo; por lo que, para determinar cuál es el derecho jurídicamente protegido, debe estarse a la naturaleza del acto que se reclama, y de ser éste el desposeimiento de un vehículo, el referido interés jurídico debe demostrarse fehacientemente con datos inequívocos. Así, en el caso el quejoso omitió acompañar prueba alguna para acreditar que las actuaciones de las responsables violan su esfera de derechos pues, se insiste, no acreditó la propiedad del bien mueble embargado a través del acto aquí reclamado. Sin que las constancias que acompañó la subadministradora responsable a su informe justificado resulten suficientes para acreditar el interés jurídico a que se hizo alusión en párrafos anteriores, debido a que si bien es cierto se advierten documentos exhibidos por el quejoso ante esa dependencia federal y que aparentemente corresponden al vehículo que el impetrante pretende defender en esta sede constitucional; sin embargo, los mismos se aprecian en idioma extranjero y no obra en autos su traducción al idioma español, así como no acompaña la apostilla correspondiente, las cuales requieren de conocimientos técnicos que la ley no exige al juzgador, de ahí que no puedan ser tomados en consideración por quien esto resuelve y, por ende, no se pueda desprender documentación idónea con la que acredite un derecho subjetivo legítimamente reconocido sobre el vehículo que aquí reclama, es decir, título legítimo para poner de manifiesto su dicho. Resulta aplicable al caso concreto la jurisprudencia XIX.1o. J/7 , emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto dice: [...] Además, sobre el particular, es aplicable la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: [...] En suma, se reitera, en el caso el impetrante de amparo no acompañó prueba alguna para acreditar el interés jurídico, ni tampoco obran en autos constancias que demuestren que le asiste el mismo en relación con el vehículo motivo del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM240170180, seguido ante las autoridades responsables. Apoya a la anterior consideración, la tesis 2a./J. 53/96 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: [...] En tales circunstancias, al no acreditarse el interés jurídico para promover la presente instancia constitucional en contra de la privación del vehículo reclamado por el quejoso **************************, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo con apoyo en la fracción V del numeral 63 del ordenamiento jurídico invocado. Sirve de apoyo a estas consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 1/2002 , aprobada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, que establece: [...] QUINTO. Oposición de datos personales Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 56/2017-4, promovido por ********* *****************, respecto del acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, y por las razones expuestas en el diverso cuarto de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese. (4)

  4. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, diecisiete de marzo de dos mil diecisiete. Ténganse por recibidos los oficios signados por la Subadministradora Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas "3", por sí y en representación del Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas; así como por Joel Ramírez García, Verificador adscrito a la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, mediante los cuales rinden sus informes justificados. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguense a los presentes autos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con apoyo en lo dispuesto por el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de las citadas autoridades responsables, las documentales que refieren en sus informes, así como la presuncional e instrumental de actuaciones que mencionan en los mismos, sin perjuicio de ser tomadas en consideración en su momento procesal oportuno. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, y como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia, los que se indican en los informes con justificación. Notifíquese. (4)

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