José Luis Puente Soto

Expediente 17/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
17/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
21/02/2019

Partes del expediente

  • José Luis Puente Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del proveído de once de febrero de la presente anualidad (fojas 10 a 15), mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo instaurada, ha transcurrido sin que se haya interpuesto dicho recurso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se acuerda: Se declara que ha causado estado el proveído de once de febrero del presente año, en el que se desechó la demanda de garantías promovida por José Luis Puentes Soto, contra actos que reclamó del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial del Estado, residente en esta ciudad, y de otra autoridad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Por otra parte, se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Finalmente, conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, para los efectos conducentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese.(4)

  2. Principal

    En Nuevo Laredo, Tamaulipas, once de febrero de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual José Luis Puentes Soto, cumple con las prevenciones que se le hicieran en auto de veintinueve de enero del año en curso (fojas 4 a 5), en el que manifiesta, entre otras cuestiones, lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que efectivamente se me vinculó a proceso, en audiencia el día 20 de Diciembre del año 2018, pero como el suscrito era la primera vez que estaba en un problema similar, me encontraba sumamente nervioso y me costaba trabajo captar y entender los términos jurídicos y no entendí nada de lo que resolvieron en esa audiencia y al salir le pregunté a mi defensor que de que se había tratado la audiencia y me contestó que después me decía y estuve yendo a su oficina en dos días seguidos y nunca lo encontraba y era para que me diera los por menores del expediente 73/2018, y fue por ello que me vi en la necesidad de cambiar de abogado y al solicitar las copias autentificadas y disco de video y audio mismo que fue entregado a mi nuevo asesor legal el día 11 del pasado mes de enero y fue entonces que mi nuevo asesor legal, me explicó la vinculación a proceso que me habían dictado. Pero no hay que dejar de pasar desapercibido, que del día 21 de diciembre del 2018, al 7 de enero de 2019, fue periodo vacacional, por lo que estuve en tiempo para promover este nuevo juicio de amparo. " Ahora bien, atento a las manifestaciones realizadas por el quejoso en el escrito de cuenta, así como de lo expuesto en su propia demanda de garantías, se tiene que desde el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, tuvo conocimiento de la vinculación a proceso, emitida en su contra dentro del expediente 73/2018, por el Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, con sede en esta ciudad, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de confianza. Esto es así, pues bajo protesta de decir verdad manifiesta que fue en esa data que se llevó a cabo la celebración de la audiencia inicial dentro del expediente citado, misma en la que se determinó su vinculación a proceso, de la cual tuvo conocimiento en dicha audiencia. Desechamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que establece: ... Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad hace el promovente en el escrito de la demanda de amparo, y así considerarla probada sin lugar a dudas, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la parte quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. ... Como se dijo, el promovente del amparo, reclama el auto de veinte de diciembre de la pasada anualidad, emitido dentro del expediente 73/2018, del índice del Juez de Control de la Cuarta Región Judicial, en el que se le vinculó a dicho proceso penal. Así, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de ese mismo ordenamiento, que disponen lo siguiente: ...... El artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece claramente que no pueden ser materia de estudio las normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Al respecto, el artículo 17 de la ley de la materia establece, como regla general, que el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días; y, en las cuatro fracciones que lo integran prevé diversas excepciones que operan de acuerdo con la naturaleza del acto que se reclame. Cabe señalar en este punto, que el acto reclamado no se ubica en alguno de esos supuestos de excepción, debido a que no se trata de una norma general autoaplicativa o del procedimiento de extradición; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; de un acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; o de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. No obsta a lo anterior que el acto reclamado lo constituya un auto de vinculación a proceso que pudiera afectar la libertad personal del quejoso puesto que, dicha afectación ocurre en un procedimiento acusatorio y dicho auto es pronunciado en la audiencia inicial y con su emisión se considera iniciado el procedimiento acusatorio tal como lo dispone el último párrafo de la fracción I, del artículo 170 de la Ley de Amparo. ...Por tanto, en este caso debe aplicarse el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo. En ese tenor, el artículo 18 de la Ley de Amparo contiene tres supuestos para computar el plazo de presentación de la demanda, a saber: 1. A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; o, 2. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento; o, 3. A partir del día siguiente a aquél en que se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. El precepto en consulta hace una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", que implica exclusión, alternativa o contraposición; en consecuencia, es válido concluir que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia. Atento a lo anterior, y ya que de las propias manifestaciones que realizó el promovente bajo protesta de decir verdad, se advierte que tuvo conocimiento del acto que reclama desde el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, puesto que fue en esa misma data, en la que se celebró la audiencia inicial, la cual culminó con la vinculación a proceso (lo cual constituye el acto aquí reclamado); se concluye que el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, ha fenecido, pues si la demanda de amparo se presentó el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta localidad, según se desprende del sello de recepción correspondiente, es claro que ello aconteció fuera del plazo legal previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Ello es así, toda vez que el propio impetrante José Luis Puentes Soto, tanto en su escrito inicial como en el aclaratorio de demanda, manifiesta que fue el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, durante la celebración de la audiencia inicial, cuando tuvo conocimiento del auto de vinculación a proceso que ahora reclama. Por tanto, como se dijo, el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar la acción constitucional, ha transcurrido en exceso, pues desde el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, al veinticinco de enero en curso (fecha en que se presentó la demanda de amparo en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado), transcurrieron más de veinte días hábiles. Lo anterior es así, puesto que, si el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en la vinculación a proceso dictada en su contra desde el veinte de diciembre de dos mil dieciocho, el plazo para la promoción de la demanda de garantías comenzó a correr a partir del siguiente día hábil al que surtió efectos dicha notificación, esto es, del veinticuatro de diciembre de la pasada anualidad, al quince de enero de este año, sin contar los días veinticinco, veintinueve y treinta de diciembre de dos mil dieciocho, así como el uno, cinco, seis, doce y trece de enero de dos mil diecinueve, en términos de lo dispuesto por el artículo 19 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido lo manifestado por el quejoso en relación a no haber comprendido el significado de dicha determinación judicial, pues, tal circunstancia no está contemplada dentro del precepto legal anteriormente citado (artículo 18 de la ley de la materia) y que establece los términos para computar los plazos correspondientes para la presentación de la demanda de amparo. Tampoco obsta a lo anterior, que el promovente manifieste que del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al siete de enero de esta anualidad fue periodo vacacional, puesto que, son días hábiles para promover el juicio de amparo, todos los del año, excepto sábados y domingos, así como el veinticinco de diciembre y uno de enero, tal como lo prevé el artículo 19 de la Ley de Amparo, por lo que el promovente estuvo en aptitud de promover el juicio de amparo ante los tribunales de la federación. Máxime que, de acuerdo con la circular 1/2018, dictada en sesión de nueve de enero de dos mil dieciocho, por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, se determinó el segundo periodo vacacional de ese año, comprendido del viernes veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho al viernes cuatro de enero de esta anualidad, para reanudar labores el siete de enero pasado; sin embargo, tal periodo vacacional no es aplicable a los jueces de control y de Tribunal de Juicio Oral o Enjuiciamiento en los Sistemas de Juicio Penal Acusatorio y Oral, tal y como lo indica la propia circular. ...En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de garantías intentada, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracciones XIV y XXIII, así como con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente al quejoso. (4)

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