José Luis Ramos Hernández

Expediente 323/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
323/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2018

Partes del expediente

  • José Luis Ramos Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Se agrega al expediente el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual informa a este juzgado que dicho órgano jurisdiccional se declaró competente para conocer del juicio de amparo promovido por +++++. En tales condiciones, este juzgado toma conocimiento que en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, se radicó el juicio de amparo con el número ++++ de su índice. En consecuencia, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. Por tanto, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo, se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción, porque carece de relevancia documental y conforme al sentido del acuerdo pronunciado en el mismo. Por último, se instruye al secretario para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de amparo signada por ** , por propio derecho, contra actos del Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de la lectura integral de la demanda de protección, se advierte que el quejoso reclama: a). La sentencia condenatoria de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, dictada en su contra por el delito de violación equiparada, en el proceso ** ; b). La ejecutoria de catorce de septiembre de dos mil diecisiete -que confirmó la referida sentencia- en la cual se decidieron los recursos de apelación materia del toca ** , de la Segunda Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla; y c). El cumplimiento que se realice en la vía de ejecución, que consiste en mantener al quejoso privado de su libertad. Bajo este contexto, es válido afirmar que el reclamo de la ejecutoria de apelación (el principal acto combatido) debe ser materia de un juicio de amparo directo que está asignado a los tribunales colegiados de circuito, motivo por el cual habrá de declinarse la competencia legal hasta lo que decida la superioridad. Para demostrar lo anterior, es menester señalar que la Ley de Amparo en sus artículos 107 y 170 , dispone de modo expreso los casos en los que el juicio de amparo debe pedirse ante los jueces de distrito; y cuándo ante los tribunales colegiados de circuito. Dicho en otras palabras, precisa la procedencia del juicio de protección ante uno u otro órgano jurisdiccional (según la vía indirecta o directa). En torno a ese tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia número 51/2004, señaló que de conformidad con los indicados artículos, así como de lo dispuesto en el diverso 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se puede establecer por exclusión, que cuando los actos reclamados sean ajenos a los previstos en el artículo 158 de la Ley de Amparo -anterior a la vigente- que enumera a las sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio o laudos, procederá el amparo indirecto. Lo que hace concluir que cuando se reclamen esos actos (sentencias definitivas, resoluciones que ponen fin al juicio y laudos), procederá el amparo directo. Bajo tales argumentos la sala en comento, definió los supuestos que demarcan la procedencia del amparo directo, de la siguiente manera: ". 1) Se está ante una sentencia definitiva cuando: a) Ésta (sentencia) resuelve el juicio en lo principal y respecto de la cual las leyes no conceden ningún recurso ordinario, en virtud del cual pueda ser modificada o revocada, y b) Cuando los interesados renuncian expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, tratándose de la sentencia dictada en primera instancia, en materia civil siempre que la ley así lo autorice. 2) Las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, siempre que respecto de ellas las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario, (es oportuno recordar que conforme al principio de definitividad, para efectos de la promoción del juicio de amparo (directo o indirecto), deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos en las leyes, antes de acudir al amparo, pues el incumplimiento de ello tiene como consecuencia la improcedencia del juicio de garantías) y, 3) Los laudos son las sentencias definitivas dictadas en los juicios del orden laboral." La jurisprudencia aludida es del tenor siguiente: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Asimismo, el numeral 47 de la Ley de Amparo, en su parte conducente, dispone lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.)." Entonces, la resolución que constituye el principal acto reclamado (la ejecutoria de apelación que confirmó la sentencia condenatoria dictada al quejoso) debe ser materia de un juicio de amparo directo, porque se trata de una sentencia definitiva que puso fin a un juicio de naturaleza penal. Luego, si de conformidad con lo dispuesto en el artículo 170 de la Ley de Amparo, los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del amparo directo, este órgano de control constitucional declara carecer de competencia legal para resolver este asunto. Por tanto, se ordena remitir el expediente original al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, porque a un tribunal de dicha materia le corresponde resolver este asunto, salvo que se determine lo contrario. Además se le hace notar lo siguiente: este juzgado omitió pronunciarse sobre la admisión y la suspensión de los actos, como lo ordena el artículo 48 de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados son ajenos a las hipótesis de este precepto (privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, entre otros). Máxime que la demanda de amparo carece de menciones relativas a la suspensión del acto reclamado (la ejecutoria de apelación). Luego, se ordena formar expedientillo (cuaderno de antecedentes) con las constancias necesarias; y hacer las anotaciones respectivas -del egreso de este asunto por incompetencia- tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Asimismo, se instruye remitir el expediente original con las copias de la demanda; y se solicita en forma atenta al tribunal de mérito, se sirva acusar recibo del mismo y haga saber a esta autoridad la resolución que dicte respecto a la competencia que se le declina. Por otro lado, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el centro donde está recluido; y como autorizada para los mismos efectos a ** , pues en ningún momento le confirió facultades en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la constitución federal, y con fundamento en el artículo 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda realizar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a las partes el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. En último lugar, se hace notar que la remisión de este juicio deberá realizarse a través de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito.

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