José Luis Ramírez Téllez

Expediente 838/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
838/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2022

Partes del expediente

  • José Luis Ramírez Téllez

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que la parte quejosa no recurrió el acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el mismo ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. Valoración documental. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. Devolución de documentos originales a las partes. Toda vez que no se advierten documentos originales exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Resguardo del expediente. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 838/2022-VIII. Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por... .Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa 423/2014 (denominada en lo subsecuente como la causa penal). En ese proveído fue desechado el recurso de revocación que interpuso Silvia Baños Rosales, defensora particular del quejoso José Luis Ramírez Téllez, contra el diverso de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó reanudar el procedimiento y dar vista a la representación social por un plazo de quince días para formular sus conclusiones. Cabe indicar que de los antecedentes asentados en el escrito de protección, se observa que fue mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de origen, donde se declaró cerrada la instrucción y se suspendió el procedimiento con motivo de un diverso juicio de amparo tramitado por el propio quejoso. Bajo ese contexto, el encargado del despacho responsable desechó de plano el recurso de revocación planteado, ya que consideró que el mismo fue interpuesto de manera extemporánea, como se observa en el reclamado proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal y que fue transcrito en la demanda de amparo. Pero el reclamo formulado por la parte quejosa contra el proveído de marras, encuentra desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos, se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el proveído reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós (único acto combatido), sólo contiene el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por aquél, contra un diverso acuerdo de la causa penal que ordenó la reanudación del procedimiento y otorgó una vista de quince días a la representación social para la formulación de sus conclusiones. Ello impide considerar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el desechamiento del recurso únicamente quedó soportado en el factor de extemporaneidad. De modo que al haberse soportado el desechamiento en el factor de extemporaneidad, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el proveído reclamado, porque el secretario encargado del despacho responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso, ya que su actuar únicamente generó como consecuencia reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, como lo fue en el caso, dar vista a la representación social para que aquella formule las conclusiones que considere pertinentes. Además, dicho sea de paso, cabe indicar que si bien la pretensión del peticionario de amparo es impugnar la falta de desahogo de pruebas derivado de la declaración procesal de haberse cerrado la instrucción (lo cual aconteció en proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no así en el auto que se pretendió impugnar a través del recurso de revocación), ello no influye en una afectación directa a sus derechos sustantivos, ya que acorde al material probatorio que obre en el proceso, existe la posibilidad de que el aquí quejoso pueda obtener una sentencia favorable. Por consiguiente, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del impetrante de amparo, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Más aún, los conceptos de violación formulados por el quejoso, permiten visualizar que el recurso de revocación que interpuso -el desechado-, pretendía la nulidad del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, ya que su deseo es tener la oportunidad de desahogar pruebas ofrecidas por su defensa. Sólo que la ruta legal para oponerse en contra del cierre de la instrucción, era impugnar, con oportunidad a través del recurso de revocación, el proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no así el proveído de veintiséis de abril de este año, el cual constituye un auto de mero trámite. Todo lo cual permite afirmar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, el cual está circunscrito al desechamiento del recurso de revocación por el factor de extemporaneidad (actos consentidos), no afectó derechos sustantivos del quejoso en la causa penal, ya que la única consecuencia generada por el auto impugnado es reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, dando vista a la representación social para la formulación de sus conclusiones. De ahí que no pueda considerarse que el proveído reclamado, de catorce de julio de dos mil veintidós, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente contiene el desechamiento de un recurso de revocación por el factor de extemporaneidad (actos consentidos), motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que el quejoso pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, debe estimarse que el acuerdo reclamado por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso José Luis Ramírez Téllez, por derecho propio, dado que el proveído que reclamó a la autoridad responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación. Autorizados, expediente y notificaciones electrónicas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal el que se indica en el escrito de tutela constitucional (ubicado en la ciudad de Puebla). Téngase por autorizado en términos restringidos del numeral 12, de la Ley de Amparo, al profesional Eduardo Jair Márquez López; lo anterior, porque se encontró su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. No así a las restantes personas que el quejoso autoriza en su demanda, ya que no cuentan con el registro de su cédula en el indicado sistema, motivo por el cual únicamente se les tendrá por autorizados en términos restringidos del mencionado artículo. Asimismo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario " " (perteneciente al quejoso). Notifíquese; personalmente al quejoso en su domicilio procesal (con las medidas de protección); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJO AVISO DDE NOTIFICACION A LA PARTE QUEJOSA JUICIO DE AMPARO 838/2022-VIII. Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintidós. Radicación. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), promovida por... .Para demostrarlo, es necesario indicar que la lectura integral efectuada a la demanda, llevó a visualizar el reclamo de un solo acto: el proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa 423/2014 (denominada en lo subsecuente como la causa penal). En ese proveído fue desechado el recurso de revocación que interpuso Silvia Baños Rosales, defensora particular del quejoso José Luis Ramírez Téllez, contra el diverso de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en el que se ordenó reanudar el procedimiento y dar vista a la representación social por un plazo de quince días para formular sus conclusiones. Cabe indicar que de los antecedentes asentados en el escrito de protección, se observa que fue mediante proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, emitido en el juicio de origen, donde se declaró cerrada la instrucción y se suspendió el procedimiento con motivo de un diverso juicio de amparo tramitado por el propio quejoso. Bajo ese contexto, el encargado del despacho responsable desechó de plano el recurso de revocación planteado, ya que consideró que el mismo fue interpuesto de manera extemporánea, como se observa en el reclamado proveído de catorce de junio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal y que fue transcrito en la demanda de amparo. Pero el reclamo formulado por la parte quejosa contra el proveído de marras, encuentra desde este momento una causal manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretada en sentido contrario, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De los anteriores preceptos, se obtiene para efectos del juicio de amparo indirecto, que un acto de imposible reparación será el que afecte de modo directo e inmediato los derechos fundamentales, consagrados en la constitución federal y los tratados internacionales. Es más, las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo, contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto, este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales de la persona.3 Entonces, los actos intraprocesales que no reúnan esas características, deben estimarse insuficientes para visualizar una afectación a los gobernados, porque sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá el afectado interponer los medios de defensa conducentes. Así, puede decirse que los actos procesales no tienen el carácter de irreparables, mientras la afectación no incida directamente en derechos sustantivos y en su caso, exista la posibilidad legal que el gobernado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalar expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo que ahora, en la legislación citada, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación el espectro para estimar cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una afectación jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. Esas premisas conducen a visualizar que el proveído reclamado por el quejoso, no encuadra en los actos de imposible reparación. A fin de demostrarlo, basta indicar que el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós (único acto combatido), sólo contiene el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por aquél, contra un diverso acuerdo de la causa penal que ordenó la reanudación del procedimiento y otorgó una vista de quince días a la representación social para la formulación de sus conclusiones. Ello impide considerar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, tenga las características de los actos de imposible reparación, pues las circunstancias relatadas en los antecedentes de la demanda, reflejan que el desechamiento del recurso únicamente quedó soportado en el factor de extemporaneidad. De modo que al haberse soportado el desechamiento en el factor de extemporaneidad, no pueden visualizarse atributos de imposible reparación en el proveído reclamado, porque el secretario encargado del despacho responsable nunca afectó derechos sustantivos del quejoso, ya que su actuar únicamente generó como consecuencia reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, como lo fue en el caso, dar vista a la representación social para que aquella formule las conclusiones que considere pertinentes. Además, dicho sea de paso, cabe indicar que si bien la pretensión del peticionario de amparo es impugnar la falta de desahogo de pruebas derivado de la declaración procesal de haberse cerrado la instrucción (lo cual aconteció en proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no así en el auto que se pretendió impugnar a través del recurso de revocación), ello no influye en una afectación directa a sus derechos sustantivos, ya que acorde al material probatorio que obre en el proceso, existe la posibilidad de que el aquí quejoso pueda obtener una sentencia favorable. Por consiguiente, no existen los atributos necesarios para estimar una afectación directa a algún derecho fundamental del impetrante de amparo, que se encuentre tutelado en la constitución federal o en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano. Más aún, los conceptos de violación formulados por el quejoso, permiten visualizar que el recurso de revocación que interpuso -el desechado-, pretendía la nulidad del acuerdo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, ya que su deseo es tener la oportunidad de desahogar pruebas ofrecidas por su defensa. Sólo que la ruta legal para oponerse en contra del cierre de la instrucción, era impugnar, con oportunidad a través del recurso de revocación, el proveído de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, no así el proveído de veintiséis de abril de este año, el cual constituye un auto de mero trámite. Todo lo cual permite afirmar que el proveído reclamado en la demanda de amparo, el cual está circunscrito al desechamiento del recurso de revocación por el factor de extemporaneidad (actos consentidos), no afectó derechos sustantivos del quejoso en la causa penal, ya que la única consecuencia generada por el auto impugnado es reanudar el procedimiento y continuar con la secuela procesal, dando vista a la representación social para la formulación de sus conclusiones. De ahí que no pueda considerarse que el proveído reclamado, de catorce de julio de dos mil veintidós, haya afectado derechos sustantivos del quejoso en la causa penal, que es la condición indispensable para generar un acto de imposible reparación. Entonces, debe estimarse que el acuerdo combatido en la demanda, sólo pudo generar violaciones de naturaleza adjetiva en el trámite de la causa penal y por ende no constituye un acto de ejecución irreparable, porque únicamente contiene el desechamiento de un recurso de revocación por el factor de extemporaneidad (actos consentidos), motivo por el cual jamás generó afectaciones directas a algún derecho fundamental tutelado por la constitución federal. Así, debe concluirse que el quejoso pretende reclamar un proveído que generó afectaciones de naturaleza adjetiva en el procedimiento jurisdiccional, y por ende, no puede visualizarse que encuadre en los actos de ejecución irreparable. Por tanto, debe estimarse que el acuerdo reclamado por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, de la Ley de Amparo, con las características de indudable y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V del numeral 107, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso José Luis Ramírez Téllez, por derecho propio, dado que el proveído que reclamó a la autoridad responsable, no encuadra en los actos de imposible reparación. Autorizados, expediente y notificaciones electrónicas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de carácter personal el que se indica en el escrito de tutela constitucional (ubicado en la ciudad de Puebla). Téngase por autorizado en términos restringidos del numeral 12, de la Ley de Amparo, al profesional Eduardo Jair Márquez López; lo anterior, porque se encontró su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal. No así a las restantes personas que el quejoso autoriza en su demanda, ya que no cuentan con el registro de su cédula en el indicado sistema, motivo por el cual únicamente se les tendrá por autorizados en términos restringidos del mencionado artículo. Asimismo, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico al usuario " " (perteneciente al quejoso). Notifíquese; personalmente al quejoso en su domicilio procesal (con las medidas de protección); y cúmplase.

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