José Luis Prieto Chacón

Expediente 726/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
726/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
10/08/2023

Partes del expediente

  • José Luis Prieto Chacón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación que precede, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 en relación con el diverso 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que se hubiese hecho valer recurso de queja contra el proveído de treinta y un de julio de dos mil veintitrés, en que se tuvo por no presentada la demanda promovida por Perla Paola Aguayo Hernández a favor del directo quejoso José Luis Prieto Chacón y además se desechó de plano la demanda origen del expediente en que se actúa, respecto al acto consisten en la orden de traslado, por actualizar una causal de improcedencia y ser notoriamente improcedente; en tales condiciones, se declara que dicha determinación ha causado estado. Ahora bien, tomando en consideración que no existe actuación alguna por cumplimentar, aunado a que, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.); archívese el presente asunto como totalmente concluido y, en su oportunidad, remítase al archivo de este juzgado para su resguardo. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de íntegra conservación, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en los artículos 6, 12, 17, fracción III, inciso b) y 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en los supuestos previstos en el capítulo 7, apartado 7.1, subnumeral 7.1.1., número 2, 7.3 y 7.4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; pues no obstante que se tuvo por no presentada la demanda, en el auto en que se tuvo por recibida la demanda se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, aunado a que al prudente arbitrio del suscrito no tienen relevancia documental. Sin dejar de mencionar que el Manual vigente referido en el párrafo anterior, resulta aplicable en lo conducente, tal como lo dispone el artículo noveno transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los oficios de cuenta, signados por el encargado del despacho de la Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaría de Despliegue Policial Zona Norte, ambos con sede en esta localidad fronteriza, con los que rinden informe sobre la suspensión de plano, sin que haya lugar a dictar mayor proveído, ya que el treinta y uno de julio último, se tuvieron por recibidos sendos oficios de similar contenido, acordándose lo conducente. Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Vista la constancia signada por el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, se advierte que al notificar el acuerdo de veintisiete de los actuales, al directo quejoso ********************, quien se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social número Tres, con sede en esta ciudad, manifestó expresamente su deseo de no ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por ********************, respecto a los actos reclamados consistentes en la incomunicación y aislamiento de las que se dijo eran objeto el directo quejoso por parte de las autoridades responsables, por así convenir a sus intereses; por lo que con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda única y exclusivamente por lo que a dichos actos, y se dejan sin efectos las providencias decretadas a su favor. Con independencia de lo anterior, de la citada constancia de notificación recabada se desprende que el quejoso ******************** externo su deseo de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor respecto al acto reclamado consistente en la orden de traslado. Ahora bien, tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En efecto, el artículo en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda es necesario que se encuentre causa de improcedencia del juicio constitucional; además que esta causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, página 1631, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". El artículo transcrito en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda, es necesario que exista una causa de improcedencia; además, que ésta sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En la especie se reclama de manera destacada la orden de traslado del quejoso a diverso centro penitenciario y su cumplimiento, respecto de los cuales actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de Amparo. En la ejecutoria de los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, del índice de la Primera Sala de la Suprema de Corte de Justicia de la Nación, se consideró lo siguiente: a) La procedencia del traslado urgente o excepcional, se encuentra previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Dicho precepto dispone la facultad de la autoridad penitenciaria para ejecutar el traslado. Sin embargo, especifica que se deberá notificar a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su ejecución, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, se resuelva sobre la legalidad de la medida. Cualquier orden de traslado que se emita sin control judicial previo, se le puede considerar como un acto emitido dentro del procedimiento, dada la facultad para que la revisión judicial se realice con posterioridad al traslado, y porque la persona privada de la libertad ya no se queda sin defensa, al disponer de un recurso que puede intentar con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de la actuación de las autoridades tanto administrativa como judicial. Los medios de defensa legal contra el traslado involuntario son: el recurso de apelación y la controversia judicial. Su procedencia depende del actuar del Juez de Control o de Ejecución, ya que una vez que esa autoridad ha sido notificada de la orden de traslado urgente o excepcional, cuenta con cuarenta y ocho horas para emitir la resolución en la que calificará la legalidad de la orden de traslado, y contra dicha resolución es procedente el recurso de apelación. Cuando se reclama una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite el Juez de Ejecución, lo procedente será que el afectado promueva una "controversia judicial", -dentro de los diez días siguientes a la misma o a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiera sido notificada previamente- a fin de que sea el Juez de Control o de Ejecución, quien resuelva respecto de sus derechos implicados, conforme a lo dispuesto por el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal. e) Procederá también el recurso de controversia judicial, contra los traslados que no se someten a control judicial previo, en cualquiera de los siguientes dos escenarios: i) cuando el Juez de Control o de Ejecución omite pronunciarse una vez que la autoridad administrativa le notificó del traslado urgente; y, ii) cuando la autoridad administrativa es omisa en notificar a la autoridad judicial el traslado que ya ha sido ejecutado. f) La Ley Nacional de Ejecución Penal, no rebasa las previsiones establecidas en el citado artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo porque: - No establece un plazo mayor que el que se prevé para el otorgamiento de la suspensión provisional que acorde al numeral artículo 190 de la ley de la materia, es de veinticuatro horas; mientras que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene el alcance de conceder la suspensión de la determinación administrativa que ordena el traslado urgente o excepcional de forma inmediata. -No se exigen mayores requisitos que los que la Ley de Amparo establece para la concesión de esa medida cautelar, ya que únicamente requiere de que el interesado formule una petición en ese sentido en el escrito inicial; e incluso, de no hacerlo, la autoridad jurisdiccional puede pronunciarse de oficio respecto del otorgamiento de la medida cautelar. En el caso concreto se advierte que la demanda de amparo se instó por una posibilidad de traslado, por lo que el quejoso está en aptitud de promover los recursos aludidos. No pasa desapercibido que el agraviado señaló como responsable a los jueces de ejecución en esta ciudad, quienes podrían realizar la calificación de la legalidad del traslado, lo que pudiera dar origen a que se actualizara diversa causal de improcedencia (cambio de situación jurídica); sin embargo, no se tiene la certeza de si en el caso, ya existe un pronunciamiento al respecto. Máxime que la propia Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó procedente dicha causal de improcedencia aun y cuando ya se hubiere realizado el pronunciamiento respectivo, porque respecto de tal autorización procede el recurso de apelación consignado en el artículo 132, fracción VII, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, del tenor siguiente: Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre:(.) VII. Traslados; (.)". En ese sentido, también deviene improcedente, atento a lo establecido en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, ya que dicha causal determina la improcedencia del juicio constitucional contra actos emitidos por autoridades jurisdiccionales contra los cuáles proceda un recurso ordinario que tenga por efectos, revocar, nulificar o modificar el acto reclamado. Cómo se anticipó, el recurso de apelación previsto en el numeral 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, procede contra las resoluciones que se pronuncien respecto de traslados. En ese sentido, al reclamarse la participación de quien califica la legalidad de una orden de tal naturaleza, resulta evidente la procedencia del medio de defensa relativo. Sin que el caso la parte quejosa se ubique en alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XVIII, del referido numeral 61, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.), con registro digital 2023190, de rubro y texto siguientes [se añade énfasis]: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En consecuencia, se actualizan las causas de improcedencia en estudio y ante ello, con base en lo establecido en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Finamente, agréguense los oficios suscritos por la Jueza del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, encargado del despacho del Dirección del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres y encargada de la Unidad Jurídica de la Subsecretaria de Despliegue Policial Zona Norte, todos con sede en esta ciudad, con los que rinden el informe sobre el cumplimiento a la suspensión de plano otorgada el veintisiete de julio de dos mil veintitrés, a favor del quejoso ********************, sin que haya lugar a dictar mayor proveído dado lo acordado en los párrafos que anteceden. Sin perjuicio de lo anterior, se tiene a la segunda de las responsables mencionadas, designando como sus delegadas a las profesionistas que refieren de conformidad con el numeral 9 de la ley invocada. Notifíquese personalmente a ******************** en el lugar en el que se dice se encuentra privado de su libertad y cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida, por XXXX a favor de XXXXXX, respecto de los actos que atribuye al Juez de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Director del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres y Subsecretaría de Despliegue Policial, Zona Norte (denominación correcta de la autoridad señalada como Director de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal), todos con residencia en esta localidad fronteriza; en virtud de que el directo agraviado se encuentra imposibilitado para ello, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 15, 17, fracción IV, 19, 109, 112, primer párrafo, 125, 126 y 127 de la Ley de Amparo, a reserva de que sea ratificada, provéase lo conducente. Regístrese en el en el libro electrónico implementado por el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.), con el número 726/2023-III y fórmese expediente electrónico e impreso, únicamente con las constancias que resulten necesarias, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los Actuarios de la adscripción para que se constituya en las instalaciones del Centro de Reinserción Social Estatal número Tres, en esta ciudad, o bien donde le sea informado que se encuentran privado de la libertad el directo agraviado José Luis Prieto Chacón, lo requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo que a su favor promueve XXXX, apercibido que de no hacer manifestación al respecto se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se dicten en el presente auto. Por otra parte, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la promovente XXXX reclama la incomunicación, aislamiento y la orden de traslado de que dice está siendo objeto el directo agraviado José Luis Prieto Chacón, por parte de las autoridades responsables. En consecuencia, respecto de la incomunicación y aislamiento de los que se dice es objeto el agraviado indicado, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato, así como cualquier otro acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. En esas condiciones, se ordena al actuario judicial adscrito a este juzgado, notificar a las autoridades responsables o encargados del lugar en que se dice se encuentra el agraviado o, en su defecto, a las autoridades que en ese momento las representen o la sustituyas en sus funciones, la suspensión que se concede. Para el debido cumplimiento de esta determinación, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridades señaladas como responsables para que proporcionen al notificador las medidas necesarias a efecto de que cumpla con su encomienda, apercibidas que en caso de negativa o evasión para la ejecución y cumplimiento de esta suspensión se aplicarán en su contra los medios de apremio legalmente establecidos, sin dejar de mencionar que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo; por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista al Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Con la aclaración para dichas autoridades que tratándose de juicios de amparo en los que se reclaman cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. En el entendido que podrán rendir dicho informe a esta autoridad al correo electrónico de este órgano jurisdiccional 5jdo17cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, al correo electrónico oficial de la secretaria pdtorres@cjf.gob.mx, en atención a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, acorde a lo dispuesto en la jurisprudencia PC.XVI.P. J/1 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Decimosexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes 05 de enero de 2018, Materia Común, Décima Época, registro 2015908, que establece: "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO. PROCEDE OTORGARLA CUANDO QUIEN LA SOLICITA SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO PENITENCIARIO Y SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA POR LAS AUTORIDADES DE ÉSTE, PUES ESA OMISIÓN CONLLEVA UN TRATO CRUEL E INHUMANO. El artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, el cual abarca a quienes se encuentran privados de su libertad en un centro penitenciario y, por lo mismo, en estado de vulnerabilidad, situación esta última que convierte al Estado en garante de ese derecho. Ahora bien, el artículo 126 de la Ley de Amparo, dispone que la suspensión se concederá de oficio y de plano, entre otros casos, cuando se trate de actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre ellos, los que implican un trato o pena cruel, inhumano o degradante; así, si se atiende a que acorde con el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver el Caso Vélez Loor vs Panamá, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, asistencia médica, cuyo incumplimiento puede resultar en una violación a la prohibición absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se concluye que el Juez de Distrito que conozca del amparo promovido por un interno en algún centro carcelario que señale como acto reclamado la falta de atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, a partir de las manifestaciones y los elementos contenidos en su demanda, debe conceder la suspensión de oficio y de plano, ya que el hecho de continuar con esa situación, implica un trato cruel e inhumano y, por ende, se actualiza un caso de excepción que torna procedente la medida suspensional, dada su gravedad, notoria urgencia e imposible restitución, que debe paralizarse inmediatamente, sin necesidad de contar con pruebas acerca de la existencia y consecuencias del acto reclamado, ya que en esos casos el nivel probatorio debe ser mínimo". Lo anterior, sin perjuicio de que una vez que sea ratificada la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa, se provea lo conducente respecto al restante acto consistente en la orden de traslado de que se dice es objeto el directo quejoso José Luis Prieto Chacón. Asimismo, con apoyo en los artículos 6 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 16 y 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1, 40 y 41, del Reglamento de la citada ley; y 8º, párrafo primero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Unión y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, infórmese a las partes que sus datos personales aparecerán en las listas de notificación que se publiquen por vía electrónica, excepto cuando se haga valer la oposición a la que se refiere el artículo 8° de la precitada ley, para lo cual quedan expeditos sus derechos. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Asimismo, con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista únicamente mediante la publicación en internet, la cual se puede consultar en la liga siguiente https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se autoriza firmar electrónicamente, mediante el uso de la Firel, los oficios que correspondan a este asunto. Se exhorta a las partes para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL); para el caso de no contar con la misma, podrán realizar su trámite de firma electrónica y continuar siguiendo las directrices del manual de uso que se encuentra disponible en la liga del propio portal de servicios en línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda o https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales; por ende, por ende, se requiere a todas las partes para que faciliten un correo electrónico y en su caso el usuario registrado para la consulta de expedientes electrónicos a través del Portal de Servicios en Línea. Se hace saber a las partes que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. De conformidad con lo dispuesto en la circular 12/2009 el Consejo de la Judicatura Federal, en concordancia con el contenido del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, desde este momento se autoriza la utilización de cualquier medio digital, fotográfico o que resulte apto para copiar el contenido de las constancias que integren este expediente; así como la expedición a su costa de copias simples o certificadas que sean de su interés, para lo cual deberá acudir ante este juzgado o bien, proporcionar una dirección de correo electrónico a fin de hacerlas llegar previa constancia de entrega- recepción que se deje en autos. En la inteligencia que tal autorización excluye la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el ubicado en calle XXXX, número XXXXX, fraccionamiento XXXX, en esta localidad fronteriza; asimismo, como su autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones y documentos, al licenciado XXXX, cuya cédula profesional no aparece registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por lo que respecta al correo electrónico que señala en su escrito, silverio1839@gmail.com, ténganse únicamente como nueva forma de contacto entre las partes y el personal jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico, coincida con el expediente electrónico. Notifíquese personalmente a XXXXX en el lugar en que se dice se encuentra privado de su libertad y cúmplase.

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